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¿Por qué 99 guerrilleros dejan las armas en el Putumayo colombiano?
El desarme de 99 guerrilleros en Putumayo da aire a la paz total de Petro, aunque aún permanecen dudas judiciales, territoriales y políticas.

Noventa y nueve integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano entregaron sus fusiles en una zona rural de Valle del Guamuez, en el departamento colombiano del Putumayo, como parte del acuerdo negociado con el Gobierno de Gustavo Petro. El acto abre su tránsito hacia la vida civil y constituye, por volumen y significado político, uno de los resultados más visibles alcanzados por la estrategia gubernamental de paz total.
Los combatientes depositaron simbólicamente las armas en un gran contenedor con el mensaje «Apuesto por la vida, cumplo la palabra por la paz». No podrán entrar armados ni uniformados en la zona creada para su concentración. Los fusiles y las municiones deberán ser inventariados, puestos bajo custodia institucional y posteriormente destruidos. Es un paso real. No todavía la paz, palabra enorme y a menudo maltratada por la propaganda, pero sí algo bastante más sólido que una declaración solemne desde un atril de Bogotá.
La ceremonia se desarrolló bajo la supervisión de representantes del Gobierno, organismos internacionales y la Iglesia católica. Los 99 miembros de la organización permanecerán en una Zona de Ubicación Temporal, conocida por las siglas ZUT, donde comenzarán programas de formación y un proceso gradual de reincorporación. La Fiscalía colombiana deberá revisar individualmente sus antecedentes, causas pendientes y posibles responsabilidades penales.
El acontecimiento llega, sin embargo, envuelto en una contradicción jurídica considerable. Un juez había ordenado suspender las actividades relacionadas con la zona hasta que se realizara una consulta previa con una comunidad indígena del territorio. El Gobierno decidió continuar, argumentando que los guerrilleros ya habían sido trasladados y que devolverlos a sus áreas de operación era materialmente absurdo y peligroso. El Ejecutivo anunció que impugnará el fallo.
Un desarme pactado, no el final del conflicto
La entrega de las armas no supone la desaparición de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano ni la desmovilización completa de sus estructuras. Representa el desarme de un primer grupo concreto, identificado previamente y trasladado desde distintos puntos hasta el área de concentración.
La CNEB surgió de una ruptura interna de la Segunda Marquetalia, una de las organizaciones formadas por antiguos miembros de las FARC que rechazaron o abandonaron el acuerdo de paz firmado en 2016. Está dirigida políticamente por Walter Mendoza y conserva presencia en regiones donde confluyen economías ilegales, rutas fronterizas y una debilidad histórica del Estado.
Eso importa. Mucho. Presentar lo ocurrido como el final de una guerrilla sería confundir una puerta entreabierta con una casa completamente iluminada. El grupo ha contado con numerosos combatientes y colaboradores, por lo que los 99 integrantes concentrados en Putumayo son una fracción, aunque políticamente relevante, de una estructura bastante mayor.
El acuerdo establece que quienes entren en la zona deberán respetar las leyes colombianas, abandonar la actividad armada y cumplir los protocolos pactados. No reciben una amnistía automática ni desaparecen sus expedientes judiciales por arte de birlibirloque. La responsabilidad penal sigue sobre la mesa, especialmente ante delitos graves, órdenes de captura o procesos de extradición.
Qué ocurrirá con los fusiles entregados
Las armas y municiones quedarán bajo el control del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, integrado por representantes del Gobierno, la propia organización armada y la misión de apoyo de la Organización de Estados Americanos. Después de ser registradas e inventariadas, pasarán a manos de la fuerza pública y serán trasladadas para su destrucción definitiva.
El procedimiento pretende evitar una de las trampas recurrentes de los procesos de desarme: que las armas entregadas sean pocas, estén inservibles o reaparezcan discretamente en otro frente. La ceremonia tiene valor simbólico, claro, pero la verdadera garantía está en la trazabilidad del material, la identificación de cada participante y la vigilancia del cumplimiento.
La CNEB ya había entregado en octubre de 2025 explosivos, granadas, morteros y otros materiales de guerra dentro de un compromiso que contemplaba la destrucción de unas 14 toneladas de armamento. La operación de Valle del Guamuez profundiza aquella señal inicial y traslada el proceso desde los arsenales colectivos hasta los combatientes que comienzan a abandonar la estructura.
La situación de alias Araña
Entre las personas que no han ingresado en la zona se encuentra Geovanni Andrés Rojas, conocido como alias Araña, jefe de la estructura Comandos de Frontera. El dirigente permanece detenido y su situación está condicionada por procesos judiciales y una petición de extradición.
El Gobierno ha establecido que las personas reclamadas por otros países no podrán acogerse de forma automática a este mecanismo. Tampoco basta con aparecer en una lista presentada por la guerrilla. La Fiscalía debe comprobar la identidad y el historial de cada integrante, una tarea incómoda pero imprescindible para impedir que el proceso se convierta en una salida de emergencia para responsables de delitos graves.
La paz total encuentra un resultado tangible
Gustavo Petro llegó a la presidencia con la promesa de negociar simultáneamente con guerrillas, disidencias y organizaciones armadas de distinto origen. La llamó paz total, una fórmula tan ambiciosa que casi parecía diseñada para decepcionar en cuanto chocara con la geografía, el narcotráfico, las rivalidades criminales y la realidad burocrática.
El balance ha sido irregular. Varias conversaciones atravesaron crisis, suspensiones y episodios de violencia. En algunos territorios, los ceses de operaciones permitieron a los grupos reorganizarse o ampliar su control. En otros, la población apenas percibió cambios. La paz anunciada desde la capital continuaba sonando lejana entre retenes ilegales, extorsiones y desplazamientos.
Por eso la concentración de estos 99 combatientes tiene peso político. No es una conversación sobre futuras conversaciones, deporte en el que los gobiernos latinoamericanos han alcanzado una técnica casi olímpica. Hay personas identificadas, armas entregadas, un recinto delimitado y un sistema de vigilancia. Hechos verificables, aunque todavía frágiles.
También hay un calendario incómodo. La ceremonia se produjo en plena recta final de las elecciones presidenciales colombianas, circunstancia que ha alimentado acusaciones de oportunismo y utilización electoral. La proximidad de las urnas no invalida el desarme, pero obliga a extremar la transparencia. En una democracia, la paz no puede convertirse en atrezo de campaña ni la campaña en excusa para rechazar cualquier avance.
Un fallo judicial abre una grieta
La instalación de la zona temporal fue cuestionada por el resguardo indígena Telar Luz del Amanecer, que denunció no haber participado en una consulta previa, libre e informada antes de que el proyecto comenzara a ejecutarse en su área de influencia.
Un juzgado de Valle del Guamuez ordenó suspender las obras, adecuaciones y actividades relacionadas con el recinto hasta completar ese procedimiento. La decisión también reprochó que varias entidades demandadas no respondieran a tiempo durante la tramitación de la acción judicial. Nada especialmente heroico: el Estado intenta construir la paz y, al mismo tiempo, olvida contestar papeles esenciales. La vieja maquinaria administrativa, siempre dispuesta a colocar una piedra donde ya abundan las minas.
El jefe negociador del Gobierno, Armando Novoa, sostuvo que la orden era de imposible cumplimiento porque los miembros de la CNEB ya se encontraban trasladados a las áreas de preconcentración. El Ejecutivo anunció una impugnación y defendió que había mantenido reuniones previas con representantes indígenas.
La discusión no es un detalle decorativo. La consulta previa protege los derechos de los pueblos indígenas frente a decisiones capaces de afectar a su territorio, seguridad o modo de vida. Un proceso concebido para reducir la violencia no debería comenzar debilitando las garantías de quienes llevan décadas soportándola. La paz, cuando atropella derechos, empieza a parecerse demasiado a aquello que dice querer superar.
Putumayo, donde la paz se mide a ras de suelo
Putumayo ha sido durante décadas un corredor estratégico para grupos guerrilleros, organizaciones paramilitares, narcotraficantes y redes dedicadas al contrabando. Su frontera con Ecuador, la extensión de sus zonas selváticas y el peso de los cultivos de coca lo convirtieron en un territorio disputado, con comunidades atrapadas entre actores armados y promesas estatales que llegaban tarde o no llegaban.
Valle del Guamuez conoce de sobra esa historia. Allí, la palabra paz no se mide por el número de discursos sino por detalles mucho más concretos: viajar sin encontrar un retén ilegal, cultivar sin pagar extorsiones, enviar a los niños a la escuela sin temor a un reclutamiento o denunciar un delito sin convertirse en objetivo.
La salida de 99 integrantes de la CNEB puede reducir la presión armada en determinadas áreas, pero también crea un riesgo conocido. Cuando una estructura abandona un territorio, otra puede ocupar su espacio, apropiarse de las rutas y reclutar a quienes quedan atrás. Ocurrió después del acuerdo con las FARC de 2016 y podría repetirse si el Estado se limita a retirar fusiles sin desplegar justicia, servicios públicos y oportunidades económicas.
La seguridad deberá mantenerse sin convertir la zona en un enclave ajeno al control institucional. El Ejército y la Policía conservarán sus competencias, mientras un puesto de mando coordinará el seguimiento. Los participantes, por su parte, deberán permanecer sometidos al Código Penal y a las reglas ordinarias del Estado. No es un territorio independiente ni un refugio judicial.
El verdadero examen empieza después de los fusiles
La imagen de decenas de guerrilleros dejando sus armas en un contenedor es poderosa. Tiene algo de final cinematográfico: uniformes, selva, fusiles apilados y una frase solemne pintada sobre metal. Pero Colombia ha aprendido, a un coste brutal, que las fotografías de paz pueden amarillear antes de que cambie la vida de las comunidades.
El éxito dependerá de lo que ocurra tras la ceremonia. Habrá que comprobar que las armas son destruidas, que los participantes no regresan a la clandestinidad, que sus responsabilidades judiciales se resuelven y que otros grupos no ocupan los espacios abandonados. También será necesario garantizar la seguridad de quienes dejan la guerrilla; la historia colombiana está llena de antiguos combatientes asesinados cuando intentaban vivir sin escolta y sin fusil.
La zona temporal tiene una vigencia limitada y su continuidad dependerá también del próximo Gobierno. Ese relevo político añade incertidumbre, aunque el Estado debería ser algo más duradero que el mandato de un presidente. Los acuerdos serios sobreviven a las elecciones; los montajes propagandísticos, no.
La entrega de armas en Putumayo es, por tanto, un avance importante y todavía incompleto. Noventa y nueve personas han dado un paso fuera de la guerra. Quedan el cumplimiento, la justicia, las comunidades indígenas, la inversión pública y una organización armada que no se ha disuelto. La paz total continúa lejos de ser total, pero por una vez ha dejado algo más que palabras sobre la mesa: ha dejado fusiles.












