¿Está Peinado obsesionado con Begoña Gómez? El fallo que deja dudas

Durante unas horas, Begoña Gómez pareció sumar otros dos delitos a una causa judicial que lleva más de dos años creciendo por ramificaciones. La nueva pieza abierta por el juez Juan Carlos Peinado vinculaba su nombre con una investigación por prevaricación y fraude contra los intereses financieros de la Unión Europea. El titular estaba servido: dos nuevas imputaciones, otra derivada y la esposa del presidente del Gobierno de nuevo en el centro del tablero.

Después llegó la rectificación judicial. Peinado aclaró que esa pieza separada se dirige únicamente contra Juan Carlos Barrabés y eliminó la referencia que había provocado la confusión. No había aparecido una nueva prueba contra Gómez, ni una intervención desconocida, ni una carta de recomendación olvidada en un expediente. Su nombre había sido incluido donde, según la corrección del propio juzgado, no correspondía.

La pregunta deja de parecer una provocación gratuita: ¿está Peinado obsesionado con Begoña Gómez hasta el punto de introducirla incluso en resoluciones que no van contra ella? No existe una prueba que permita responder afirmativamente. Una equivocación documental no revela por sí sola una fijación personal. Pero tampoco estamos ante una errata inofensiva, como confundir una fecha o dejar una tilde por el camino. En un procedimiento de enorme impacto político, colocar a una persona bajo la sombra de dos delitos más es encender una cerilla dentro de un almacén de gasolina.

Peinado rectifica una resolución que parecía ampliar la causa

La providencia inicial abrió una pieza separada para investigar posibles delitos de prevaricación y fraude relacionados con un contrato público adjudicado a una unión temporal de empresas en la que participaba Innova Next, compañía vinculada a Barrabés. El documento generó la impresión de que Gómez quedaba incorporada también a esa nueva investigación.

Horas después, el juzgado corrigió el texto y precisó que la investigación se dirige solo contra Barrabés. Esa modificación cambia por completo el alcance personal de la noticia. Begoña Gómez no ha sido imputada por esos dos nuevos delitos en esta pieza, aunque durante parte de la jornada numerosos lectores recibieran exactamente la impresión contraria.

Una plantilla no es una explicación menor

La hipótesis más sencilla es también la menos cinematográfica: el juzgado habría reproducido el listado de participantes de la causa principal al redactar la nueva resolución. Un problema de plantilla judicial, un copia y pega que dejó dentro un nombre que debía quedarse fuera. Puede ocurrir en una oficina saturada de expedientes, igual que una factura conserva por error los datos del cliente anterior.

La comparación termina ahí. En una factura, el error se corrige y normalmente se acaba el problema. En un procedimiento penal, el nombre equivocado puede convertirse en una alerta móvil, una portada, una tertulia y miles de mensajes que presentan como hecho lo que solo fue un fallo de redacción. El papel se corrige; la huella pública permanece.

¿Es normal que un juez corrija una providencia?

Sí, las resoluciones judiciales pueden contener errores materiales, omisiones o expresiones confusas y el ordenamiento permite aclararlos. Los juzgados no son laboratorios esterilizados. Trabajan personas, circulan modelos documentales y se manejan causas voluminosas donde un nombre puede arrastrarse de un archivo a otro.

Sin embargo, la normalidad del mecanismo no convierte en normal cualquier equivocación. No pesa lo mismo corregir el número de una página que eliminar a una persona de una investigación por prevaricación y fraude europeo. La posibilidad legal de rectificar explica cómo se soluciona el fallo, pero no borra la obligación de examinar por qué se produjo y qué consecuencias generó.

La imputación no es una coma mal colocada

La condición de investigado afecta al derecho de defensa, al prestigio personal y a la percepción social. En un asunto vinculado a La Moncloa, además, cualquier mención adquiere una dimensión política inmediata. El nombre de Begoña Gómez no entra en una providencia como una palabra neutra; entra acompañado por dos años de titulares, acusaciones cruzadas y una guerra abierta entre Gobierno, oposición, fiscalía, defensas y acusaciones populares.

Por eso la rectificación resulta jurídicamente válida pero informativamente insuficiente. Corrige el documento, sí. No puede regresar a cada teléfono para retirar la primera alerta ni entrar en la memoria del lector y sustituir «dos delitos nuevos» por «error del juzgado». La reputación procesal se construye también con noticias que después quedan matizadas en letra más pequeña.

¿Está Peinado obsesionado con Begoña Gómez?

Hablar de obsesión judicial exige prudencia. No conocemos la mente del magistrado ni existe una prueba pública de animadversión personal. Un juez puede equivocarse, adoptar una interpretación expansiva o redactar una resolución deficiente sin perseguir políticamente a nadie. Convertir cada error en una confesión de parcialidad sería tan poco serio como presentar cada diligencia como prueba de culpabilidad.

Pero la pregunta no nace únicamente de esta providencia. La instrucción de Peinado ha ido incorporando contratos públicos, relaciones profesionales, actividades universitarias, recursos de Presidencia del Gobierno, un software de la Universidad Complutense y la actuación de la asesora Cristina Álvarez. Algunas líneas han sido limitadas o corregidas por la Audiencia Provincial de Madrid; otras han recibido respaldo y han seguido adelante.

Una causa con fuerza gravitatoria

La sensación exterior es la de un expediente con fuerza gravitatoria: asuntos distintos, instituciones diferentes y nuevas piezas terminan orbitando alrededor del mismo nombre. Eso no demuestra una persecución. Puede responder a que las relaciones entre Gómez, Barrabés, la Universidad Complutense y determinadas estructuras públicas forman parte del contexto que el instructor considera relevante.

El problema aparece cuando la conexión deja de estar apoyada en un acto concreto y se vuelve automática. En este contrato no constan las cartas de recomendación que sí aparecieron en otras adjudicaciones. Tampoco se ha identificado una gestión, presión o decisión de Gómez relacionada con la valoración de la oferta investigada. Incluirla inicialmente en la pieza, aunque fuera por error, refuerza la impresión de que su nombre se ha convertido en el membrete invisible de toda la causa.

Qué investiga realmente la nueva pieza separada

El núcleo de la investigación no está en La Moncloa ni en una supuesta orden de Begoña Gómez. Está en una adjudicación de Red.es a una unión temporal formada por Innova Next y KPMG para prestar servicios vinculados a la oficina Acelera Pyme, un programa de digitalización empresarial.

La sospecha gira alrededor de un denominado libro blanco exigido en los pliegos. La oferta habría recibido la máxima puntuación en un criterio técnico pese a que ese documento no figuraba en la propuesta. La investigación deberá determinar quién evaluó la oferta, por qué se otorgaron esos puntos y si se trató de un error administrativo, una interpretación discutible o una decisión deliberadamente arbitraria.

Barrabés es el investigado en esta derivada

Tras la corrección, la nueva pieza afecta a Juan Carlos Barrabés, no a Gómez. La diferencia no es un matiz de abogado con lupa. Delimita quién debe defenderse frente a esas sospechas y quién no está formalmente incluido en ellas.

Si durante la investigación aparecen comunicaciones, presiones o intervenciones externas, el juzgado podrá valorar su relevancia. Hasta entonces, presentar a Gómez como investigada por esos delitos sería mantener vivo un error que el propio Peinado ya ha retirado. El proceso penal exige responsabilidad individualizada, no culpabilidad por cercanía, relación profesional o presencia habitual en los titulares.

La rectificación nunca corre tanto como la acusación

La primera versión de la noticia tenía todos los ingredientes para propagarse: Begoña Gómez, dos delitos nuevos, fondos europeos y un juez enfrentado desde hace tiempo al relato del Gobierno. Cabía en una línea y ofrecía una imagen nítida, aunque equivocada: la causa volvía a ensancharse alrededor de la esposa de Pedro Sánchez.

La rectificación necesita más espacio. Hay que explicar qué decía la providencia, por qué generó confusión, qué cambió después y cuál es el alcance real de la pieza. La acusación viaja en motocicleta; la corrección llega andando, con una carpeta bajo el brazo y varias subordinadas.

El primer titular deja una marca difícil de borrar

Los medios pueden actualizar sus noticias y publicar la aclaración, pero eso no garantiza una reparación informativa equivalente. Las alertas ya enviadas no se desenvían. Los mensajes compartidos continúan circulando. Las tertulias de la mañana no siempre reúnen de nuevo a los mismos participantes para desmontar por la tarde aquello que comentaron como cierto.

No hace falta imaginar una conspiración mediática para reconocer el desequilibrio. Los errores acusatorios producen más clics, más conversación y más daño que sus correcciones. «Dos nuevos delitos» golpea como un martillo; «la providencia fue rectificada» suena a nota administrativa. Ambos mensajes pueden ocupar espacios similares y, aun así, dejar efectos radicalmente distintos.

¿Hay sombras de lawfare en esta actuación?

El concepto de lawfare alude al uso estratégico del derecho y de los procedimientos judiciales para erosionar o neutralizar a un adversario político. Es una acusación de enorme gravedad y no puede apoyarse únicamente en una resolución equivocada, una investigación incómoda o varias decisiones discutidas.

Esta rectificación no demuestra que Peinado participe en una operación política. Tampoco prueba una coordinación con partidos, asociaciones o medios. Para sostener una acusación de lawfare harían falta indicios de una instrumentalización consciente del proceso: diligencias sin base mantenidas deliberadamente, trato desigual, filtraciones orientadas o decisiones adoptadas con una finalidad distinta a la investigación penal.

La sombra existe aunque la prueba no alcance

Que no exista una demostración suficiente no obliga a fingir que el episodio es irrelevante. La instrucción expansiva, las correcciones de la Audiencia Provincial, el enfrentamiento con la Fiscalía y la reiterada presencia de Gómez en piezas muy diferentes forman un paisaje en el que las sospechas políticas encuentran terreno fértil.

La providencia corregida añade una imagen especialmente incómoda: un juzgado abre una carpeta nueva, reproduce nombres de la anterior y coloca a Begoña Gómez en una investigación de la que después debe excluirla. Puede ser simple burocracia mal afinada. También puede revelar que la causa ha perdido la distancia necesaria respecto de su principal figura pública. La rectificación despeja el error formal, pero no disipa todas las dudas.

Investigar no permite descuidar las garantías

Begoña Gómez puede ser investigada como cualquier ciudadano. Su relación con el presidente del Gobierno no concede inmunidad y cualquier uso indebido de influencia, recursos públicos o relaciones institucionales debe examinarse. La democracia no mejora escondiendo expedientes debajo de una alfombra con el escudo de La Moncloa.

Precisamente por eso, la investigación necesita un cuidado extremo. La presunción de inocencia no es una cortesía y la precisión judicial no es un adorno. Cuanto mayor es la relevancia política de una causa, menos margen existe para resoluciones ambiguas, listados copiados o imputaciones aparentes que deben deshacerse unas horas después.

Ni persecución probada ni error insignificante

La conclusión más razonable se encuentra lejos de las dos trincheras. El episodio no permite afirmar que Peinado esté obsesionado con Begoña Gómez ni que exista una operación de lawfare demostrada. Pero tampoco puede reducirse a una errata inocua sin consecuencias.

El juez incluyó su nombre en una resolución que generaba la apariencia de dos nuevas imputaciones y posteriormente tuvo que retirarlo. Eso plantea dudas sobre el rigor del juzgado, la supervisión de documentos sensibles y la facilidad con la que Gómez queda incorporada al relato procesal incluso cuando no existe una actuación concreta atribuida a ella.

Mucho ruido judicial y una corrección que llega después

La nueva pieza debe centrarse en la adjudicación a Innova Next y KPMG, en la ausencia del libro blanco y en la puntuación concedida por Red.es. Ahí está la posible irregularidad. Ahí deben buscarse decisiones, responsables y pruebas.

Begoña Gómez no suma en esta derivada los delitos de prevaricación y fraude contra los intereses financieros de la Unión Europea. Durante unas horas lo pareció porque su nombre apareció en una resolución que después fue corregida. Ese dato merece tanta visibilidad como el titular inicial, aunque probablemente nunca alcance la misma velocidad ni deje la misma huella.

¿Está Peinado obsesionado con ella? No puede demostrarse. ¿Fue un error llamativo y grave por sus efectos? Sí. ¿Alimenta las sospechas de una instrucción demasiado centrada en un solo nombre? También. El derecho no debería avanzar a golpe de impresiones, pero las impresiones importan cuando nacen de los propios documentos judiciales.

Al final queda una escena difícil de borrar: una providencia abre otra puerta del procedimiento, el nombre de Gómez aparece detrás y, unas horas más tarde, el juez aclara que nunca debía haber cruzado ese umbral. Quizá sea solo un fallo humano. Quizá sea el síntoma de una causa que ha convertido a Begoña Gómez en presencia automática. La diferencia no la decidirá el sarcasmo ni la batalla política, sino la calidad de las resoluciones, la consistencia de las pruebas y el control de los tribunales superiores.