¿Por qué Begoña Gómez irá a juicio si la Fiscalía pide absolverla?

Begoña Gómez irá a juicio ante un jurado popular por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. El juez Juan Carlos Peinado ha dictado este 21 de septiembre de 2026 la apertura de juicio oral y ha rechazado las objeciones planteadas durante la fase previa por las defensas. No hay condena, ni el auto determina que Gómez sea culpable: abre la fase en la que las acusaciones tendrán que sostener sus tesis ante el tribunal.

La decisión ha encendido inmediatamente la batalla política y las redes sociales. Entre las reacciones más contundentes ha circulado la expresión “Peinado prevarica”, vinculada a las críticas contra la validez del escrito de acusación que reclamaba llevar el caso a juicio. Conviene separar dos planos que en una publicación de unas líneas parecen casi lo mismo, pero jurídicamente están muy lejos: la defensa sostuvo que el escrito era ineficaz; Peinado no aceptó esa tesis y ha abierto el juicio. Calificar su actuación de prevaricación es una acusación formulada por terceros, no un hecho judicialmente establecido.

Qué ha decidido exactamente el juez Peinado

El auto supone que la investigación iniciada en 2024 entra en una nueva fase. Begoña Gómez deberá sentarse en el banquillo por tráfico de influencias y malversación, mientras que Cristina Álvarez, su asesora en La Moncloa, será juzgada por malversación. La causa se remitirá a la Audiencia Provincial de Madrid, que deberá encargarse del procedimiento y fijar posteriormente la fecha del juicio.

Peinado no ha acordado nuevas medidas cautelares ni ha impuesto fianza a Gómez. Sí ha ordenado comprobar su capacidad económica mediante las cinco últimas declaraciones de la renta ante las eventuales responsabilidades económicas que pudieran derivarse del proceso. Gómez y Álvarez deberán permanecer a disposición judicial y comunicar cualquier cambio de domicilio o paradero.

El magistrado sostiene en su resolución que Gómez habría utilizado simultáneamente su posición como esposa del presidente del Gobierno, su actividad académica y sus relaciones con empresas vinculadas al sector público para favorecer su proyección profesional. Se trata de la tesis del instructor, no de hechos declarados probados. Esa diferencia, bastante menos llamativa que una frase viral, es esencial para entender qué significa realmente la apertura del juicio.

Tráfico de influencias y dos vertientes de la malversación

La parte relativa al tráfico de influencias gira alrededor de la actividad profesional de Gómez y, especialmente, de la creación de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid. Peinado considera relevantes sus relaciones con responsables universitarios y empresas patrocinadoras y entiende que su vínculo con Pedro Sánchez pudo proporcionarle una posición singular en esas relaciones.

La malversación se proyecta sobre cuestiones relacionadas con el supuesto empleo de recursos y del trabajo de su asesora pública en actividades vinculadas a Gómez y con el software desarrollado para la cátedra. El juez aprecia indicios también en el posible uso de la dedicación de Cristina Álvarez para tareas que, según su resolución, serían ajenas a las funciones institucionales del puesto.

Nada de esto anticipa el veredicto. El juicio oral es precisamente el lugar donde acusaciones y defensas deberán confrontar pruebas, testimonios y argumentos bajo las reglas del proceso penal. Hasta que exista una resolución firme, sigue vigente la presunción de inocencia.

Por qué la defensa decía que la acusación era defectuosa

Aquí está el origen de buena parte del ruido de estas últimas horas. Durante la audiencia preliminar, el abogado de Begoña Gómez, Jaime Campaner, pidió que se declarara ineficaz el escrito de acusación de Hazte Oír, la acusación popular que reclamó la apertura del juicio oral y solicita una pena de 13 años de prisión para Gómez.

El argumento era técnico, pero no menor. La defensa sostuvo que, en un procedimiento ante el Tribunal del Jurado, el escrito acusatorio debía limitarse en ese apartado a describir los hechos punibles. Según su planteamiento, Hazte Oír había introducido referencias a atestados policiales y declaraciones efectuadas durante la instrucción, elementos que podrían condicionar a quienes posteriormente integrasen el jurado.

Por eso la representación de Gómez habló de “graves defectos insubsanables” y pidió que aquel escrito no sirviera para llevar el procedimiento a juicio. El argumento de la defensa era que las referencias a la fase de investigación podían llegar a “contaminar” al futuro jurado antes de que este valorase las pruebas practicadas en la vista oral.

Incluso Manos Limpias, organización cuya denuncia dio origen a la investigación, había mostrado discrepancias respecto al escrito conjunto de las acusaciones populares y señalado posibles “vicios técnicos y fácticos”. Había, por tanto, una discusión procesal real alrededor de la acusación, más allá del fogonazo de las redes sociales.

Peinado no aceptó esa interpretación

Lo ocurrido este lunes despeja, al menos en esta fase, esa incógnita. Peinado ha abierto juicio oral y no ha acogido las objeciones con las que las defensas pretendían impedir que el procedimiento llegara al banquillo. La representación de Gómez sostenía que el escrito acusatorio no debía permitir ese paso; la resolución del instructor conduce justamente al escenario contrario.

Eso tampoco significa que todas las controversias jurídicas hayan desaparecido. El procedimiento pasa ahora a otra fase y será el tribunal competente el que gestione el juicio. El dato vigente a 21 de septiembre de 2026, sin necesidad de adornarlo demasiado, es claro: la apertura del juicio oral ha sido acordada.

Por qué hay juicio si la Fiscalía pide la absolución

Una de las peculiaridades que más preguntas provoca es que la Fiscalía no sostiene la acusación contra Begoña Gómez. El Ministerio Público y las defensas piden la absolución, mientras que las acusaciones populares coordinadas por Hazte Oír sí reclaman condena y solicitan 13 años de prisión para Gómez.

Eso no ha impedido que el procedimiento avance. Existe una acusación popular que reclama el enjuiciamiento y Peinado ha acordado la apertura de juicio oral. El choque procesal, por tanto, no responde al esquema más habitual de una Fiscalía que acusa frente a una defensa que niega los hechos: aquí el Ministerio Fiscal comparte la petición absolutoria de las defensas, mientras la acusación popular mantiene la imputación.

La Universidad Complutense figura además como perjudicada y reclama 113.509 euros por el perjuicio que atribuye al software desarrollado en el entorno de la cátedra, una responsabilidad civil que dependerá igualmente de lo que se determine judicialmente.

Qué tendrá que decidir el jurado popular

El juicio se celebrará ante un tribunal del jurado. Será durante esa fase cuando deban practicarse y valorarse las pruebas que el tribunal admita y cuando acusaciones y defensas expongan ante los ciudadanos llamados a formar el jurado sus respectivas versiones sobre los hechos.

Eso explica también por qué la defensa concedió tanta importancia al contenido del escrito de Hazte Oír. Su argumento era que determinadas referencias a actuaciones de la instrucción podían influir anticipadamente en el futuro jurado. Peinado, al acordar la apertura del juicio, no ha considerado esa objeción suficiente para impedir que la causa continúe. El debate sobre la imparcialidad del jurado, por tanto, estuvo en el centro de la controversia procesal previa.

“Peinado prevarica”: qué significa realmente esa acusación

La expresión que ha circulado en redes tiene un significado penal mucho más preciso que el que a veces adquiere en la conversación política. La prevaricación judicial no equivale simplemente a considerar equivocada, discutible o severa una resolución. Implica atribuir a un juez la conducta delictiva prevista para quien dicta conscientemente una resolución injusta.

Por eso la frase debe presentarse como lo que es: una acusación formulada contra Peinado. Quienes la utilizan sostienen que el juez ha llevado el caso a juicio apoyándose en una acusación que, según la tesis de la defensa, presentaba defectos que impedían hacerlo. Pero no existe una resolución judicial que establezca que el magistrado haya cometido prevaricación.

El juez, por su parte, fundamenta la continuación del procedimiento en su valoración de los indicios y llega a la apertura del juicio después de una instrucción en la que la Audiencia Provincial de Madrid ha revisado diferentes decisiones y ha recortado parte del perímetro inicial de la causa. Esa trayectoria explica también el alto grado de controversia que ha acompañado al procedimiento.

Del auto al jurado: lo que queda por resolver

El dato sustancial del 21 de septiembre de 2026 es menos espectacular que las mayúsculas de las redes, pero bastante más importante: Begoña Gómez será juzgada por tráfico de influencias y malversación ante un jurado popular. Peinado considera que el procedimiento debe llegar a juicio; la Fiscalía y las defensas piden la absolución, y la acusación popular sostiene la petición de condena.

A partir de aquí conviene distinguir tres momentos que el debate político tiende a meter en la misma batidora: investigación, apertura de juicio y condena. Begoña Gómez se encuentra en la segunda situación. Su responsabilidad penal no está decidida y deberá determinarse durante el juicio con las garantías propias del proceso.

La misma cautela corresponde al hablar del juez. La actuación de Peinado ha recibido críticas muy severas y distintas decisiones suyas han sido revisadas durante la instrucción, pero afirmar que “Peinado prevarica” continúa siendo una acusación de quienes cuestionan su actuación, no una conclusión judicial. La controversia sobre el escrito de Hazte Oír existe; la resolución que prevalece en esta fase también: el proceso ha llegado al juicio oral y será allí donde se decida lo que hasta el momento son acusaciones, indicios y argumentos enfrentados.