¿Qué se sabe de Los Rochos y la supuesta oferta para apartar a Biedma?

Una supuesta propuesta para apartar a la magistrada Beatriz Biedma de las causas que investigaba ha colocado al clan conocido como Los Rochos en uno de los capítulos más delicados del llamado caso Leire. Según una información publicada el 21 de septiembre, el ofrecimiento habría consistido en facilitar el cierre de procedimientos que afectaban al clan a cambio de intervenir contra la jueza. Esa versión procede, por ahora, de una fuente que asegura haber conocido las conversaciones y no constituye un hecho probado judicialmente.

Lo que sí consta documentalmente es que Biedma ha pedido personarse como acusación particular en la causa que instruye la Audiencia Nacional y ha puesto en conocimiento del juez la existencia de contactos con personas vinculadas a un clan de Badajoz. La propia magistrada introduce una cautela decisiva: el alcance concreto de esos contactos y su verdadera finalidad deberán determinarse durante la investigación. Es decir, hay indicios incorporados al procedimiento; otra cosa distinta es dar por demostrada la supuesta oferta que ahora se publica.

La supuesta oferta a Los Rochos para apartar a Biedma

La información conocida este lunes atribuye al exmagistrado Luis José Sáenz de Tejada el papel de interlocutor con miembros de Los Rochos durante la primavera de 2025. Según la versión publicada, habría trasladado una propuesta según la cual las causas pendientes contra personas del clan podrían acabar archivadas si contribuían a sacar a Biedma de la investigación relacionada con David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

El medio que publicó la información sostiene, citando a una fuente presente en las negociaciones, que Los Rochos no aceptaron el ofrecimiento, al desconfiar de que pudiera cumplirse. Esa afirmación tampoco aparece, por el momento, respaldada públicamente por una resolución judicial que dé por acreditado el pacto, su contenido exacto o quién habría autorizado la propuesta. Ahí está la frontera entre una revelación periodística y un hecho fijado en sede judicial. Y no es un detalle menor.

La expresión utilizada en aquella información, referida a “eliminar” a Biedma, tampoco debe leerse automáticamente como una orden de agresión física. En el relato publicado se emplea en relación con apartarla de la instrucción. Distinto es que la propia magistrada haya manifestado posteriormente su preocupación porque determinadas actuaciones pudieran haber llegado a comprometer incluso su seguridad personal. Son dos planos diferentes y conviene no mezclarlos.

Qué ha denunciado realmente Beatriz Biedma

El terreno más sólido está en el escrito presentado por Biedma ante la Audiencia Nacional. La magistrada sostiene que habría sido objeto de actuaciones dirigidas a obtener información sobre ella, desacreditarla profesionalmente, promover denuncias, investigar su entorno y apartarla de determinados procedimientos. Su solicitud se apoya también en un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que, según el documento, identifica a Biedma como uno de los objetivos de una de las líneas de actuación investigadas.

La jueza vincula esas maniobras con su trabajo al frente de la investigación que afectó a David Sánchez Pérez-Castejón. Aquella causa terminó con una sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz que condenó al hermano del presidente del Gobierno a nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa; la sentencia no era firme y podía ser recurrida.

Según el escrito de Biedma, las actuaciones investigadas podrían haber perseguido no solo perjudicar su reputación, sino neutralizar o perturbar la investigación judicial que tenía encomendada. También atribuye a Leire Díez la supuesta indicación a Sáenz de Tejada para que promoviera denuncias contra ella ante la Fiscalía General del Estado. Todo ello forma parte de las hipótesis sometidas a investigación, no de una sentencia.

Los contactos con personas vinculadas al narcotráfico

El tramo más delicado aparece cuando la magistrada se refiere a contactos supuestamente promovidos desde el grupo investigado con personas relacionadas con un clan asentado en Badajoz. El escrito no da por establecida su finalidad. Al contrario: subraya expresamente que deberá investigarse.

Biedma señala que esas aproximaciones podrían resultar especialmente graves si se comprobara que pretendían obtener información, generar hostilidad, presionarla, desacreditarla o comprometer su seguridad personal por sus decisiones como jueza. Esa formulación resulta importante porque evita convertir una sospecha en certeza: la magistrada pide que se investigue precisamente porque todavía queda por saber qué ocurrió detrás de esos contactos.

El nuevo testimonio de Cintia Rocho

Este 21 de septiembre apareció otra pieza. Cintia Rocho, identificada por Mediaset como persona vinculada a Los Rochos, afirmó en televisión que alguien relacionado con el entorno de Leire Díez le había facilitado datos personales de Biedma, entre ellos información sobre su domicilio, fotografías de la magistrada y datos sobre sus rutinas. Según su relato, no recibió una instrucción explícita sobre qué debía hacer, pero interpretó el envío como una posible forma de inducirla a actuar contra la jueza.

Ese matiz vuelve a ser esencial. Rocho sostiene haber recibido información privada, pero su interpretación sobre la finalidad del envío es suya. La investigación tendrá que establecer quién remitió esos datos, de dónde salieron, qué relación tenía esa persona con los investigados y, sobre todo, con qué propósito se compartieron. El testimonio publicado no acredita por sí mismo que existiera una orden para intimidar físicamente a Biedma.

Leire Díez, por su parte, ha defendido que algunas anotaciones de sus cuadernos están siendo interpretadas fuera de contexto. Su explicación no despeja por sí sola las sospechas planteadas en el procedimiento, del mismo modo que las acusaciones publicadas tampoco permiten anticipar las conclusiones judiciales. La investigación tendrá que separar anotaciones, interpretaciones y hechos acreditados.

La conexión con el caso Leire

El episodio de Los Rochos no aparece aislado. Forma parte de la causa abierta en la Audiencia Nacional sobre una presunta estructura que habría tratado de obstaculizar investigaciones sensibles relacionadas con el PSOE y el Gobierno. En ese procedimiento figuran varios investigados y la instrucción continúa abierta.

La UCO ha recogido actuaciones relacionadas con Biedma y la obtención de información sobre su entorno. Pero una cosa es esa documentación y otra, bastante más concreta, probar la existencia de un intercambio: retirar a una jueza a cambio de cerrar investigaciones contra un clan. Esa segunda parte es precisamente la revelación que deberá ser contrastada con declaraciones, comunicaciones, documentos y otras pruebas que puedan incorporarse a la causa.

Aquí el ruido político puede ser ensordecedor. El expediente judicial, en cambio, avanza con otra cadencia: nombres, fechas, teléfonos, mensajes y testimonios. Menos épica y bastante más papel.

Por qué Biedma era una figura decisiva

Beatriz Biedma adquirió especial relevancia pública al instruir el procedimiento sobre la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz. El proceso acabó llegando a juicio y, en julio de 2026, la Audiencia Provincial condenó a David Sánchez por prevaricación administrativa, aunque lo absolvió del delito de tráfico de influencias. La resolución no era firme.

La magistrada sostiene ahora que las maniobras investigadas contra ella estaban directamente relacionadas con su condición de instructora. No plantea únicamente un posible perjuicio personal. Habla también de un problema institucional: intentar alterar desde fuera el funcionamiento de un procedimiento judicial mediante campañas de descrédito, denuncias o presiones sobre quien lo dirige.

De confirmarse, la gravedad no residiría simplemente en que alguien quisiera que una jueza dejara un asunto —las recusaciones y otros mecanismos procesales existen precisamente para discutir la imparcialidad de un magistrado—, sino en los medios presuntamente empleados para conseguirlo.

Lo acreditado y lo que todavía debe probarse

A 21 de septiembre de 2026, hay una base documental para afirmar que Biedma se considera perjudicada, que ha solicitado ejercer la acusación particular y que ha denunciado contactos con personas vinculadas a un clan de Badajoz. También consta que la UCO la identificó, según su escrito, como objetivo de una de las líneas de actuación investigadas.

Lo que aún no puede presentarse como probado es que existiera exactamente el pacto descrito este lunes, que alguien pudiera garantizar el archivo de procedimientos de Los Rochos o que esa promesa respondiera a una decisión de dirigentes concretos del PSOE, de la Fiscalía o de cualquier otra institución. Eso necesita prueba judicial, no únicamente el testimonio de una fuente conocedora de las supuestas conversaciones.

La aparición del testimonio de Cintia Rocho añade material al asunto, y no precisamente menor, pero tampoco sustituye esa comprobación. El centro de la investigación está ahora en averiguar quién contactó con quién, qué información circuló y qué se pretendía obtener. Entre la sospecha y el hecho probado hay una distancia incómoda, a veces enorme. En este caso, recorrerla corresponderá a la Audiencia Nacional.