¿Por qué la Xunta reclama al Gobierno abrir todo el Pazo de Meirás?

La Xunta de Galicia ha vuelto a reclamar al Gobierno central la apertura completa del Pazo de Meirás, en Sada, después de casi seis años desde que el Estado recuperó la posesión del inmueble. La petición no consiste simplemente en ampliar horarios o añadir visitas: el Ejecutivo gallego sostiene que todavía existen espacios que no pueden recorrerse y reclama las actuaciones necesarias para garantizar su conservación y la seguridad del público.

La demanda fue reiterada por el director general de Cultura, Anxo M. Lorenzo, durante el acto celebrado el 16 de septiembre con motivo del 175.º aniversario del nacimiento de Emilia Pardo Bazán. La posición de la Xunta mantiene una secuencia bastante concreta: intervenir en las zonas que lo necesitan, facilitar después el acceso al conjunto completo y avanzar, en paralelo, en el futuro modelo de gestión del Pazo de Meirás.

La discusión llega, además, en un escenario jurídico distinto al de años anteriores. Desde el 14 de agosto de 2026, Meirás está declarado oficialmente Lugar de Memoria Democrática, una figura estatal que reconoce tanto su vínculo con Pardo Bazán como su posterior conversión en residencia oficial y espacio de poder durante la dictadura franquista. Son varias historias acumuladas bajo las mismas torres. Y ninguna resulta secundaria.

Qué reclama exactamente la Xunta sobre el Pazo de Meirás

La Xunta considera que el acceso público actual continúa siendo insuficiente. Anxo M. Lorenzo lamentó que, después del tiempo transcurrido desde la recuperación del inmueble por el Estado, todavía no puedan visitarse todos sus espacios y volvió a pedir que se facilite el acceso completo a la ciudadanía.

No es una reclamación nueva. En marzo de 2026, el Gobierno gallego ya había exigido una rehabilitación integral del Pazo de Meirás. El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, defendió entonces que corresponde al Estado, como titular del inmueble, realizar las actuaciones necesarias tanto en el interior como en el exterior antes de que Galicia pueda asumir eventualmente su gestión.

Ese matiz importa. La Xunta no plantea abrir habitaciones o dependencias de cualquier manera, sino que vincula la apertura total a una intervención previa sobre los puntos que presentan necesidades de conservación o posibles problemas de seguridad. En otras palabras: la discusión se mueve entre quién rehabilita Meirás y quién terminará gestionándolo.

Por qué todavía hay espacios que no pueden visitarse

El Pazo está abierto al público mediante un sistema organizado de visitas, pero el recorrido disponible no supone tener acceso libre a la totalidad del complejo. El itinerario permite conocer distintas partes del recinto, entre ellas zonas exteriores, las Torres, el vestíbulo, la capilla, los jardines y otros lugares vinculados a la evolución histórica de la propiedad.

La propia Xunta viene sosteniendo que determinadas áreas necesitan actuaciones antes de poder incorporarse plenamente al circuito público. En marzo advertía de la existencia de lugares donde serían necesarias intervenciones urgentes, precisamente uno de los motivos que, según el Ejecutivo autonómico, impiden realizar las visitas en la totalidad del conjunto.

Ahí aparece buena parte del nudo administrativo. El propietario es la Administración General del Estado y la Xunta pretende tener un papel mucho más directo en el futuro del inmueble. Pero gestionar un edificio histórico de estas características no consiste en custodiar unas llaves. Hay estructuras, jardines, bienes culturales, seguridad, conservación preventiva y un régimen jurídico bastante más denso de lo que sugiere una simple visita turística.

La futura gestión depende también de las obras pendientes

La voluntad de la Xunta de asumir la gestión lleva tiempo sobre la mesa. En marzo, el presidente gallego, Alfonso Rueda, anunció que su Gobierno volvería a plantear al Ejecutivo central esa posibilidad y señaló que habría que estudiar técnicamente la fórmula, incluida una eventual cesión de uso o transferencia de titularidad.

La posición autonómica establece, sin embargo, una condición previa: que el Estado acometa primero la rehabilitación que considere necesaria. López Campos defendió en el Parlamento gallego que el inmueble debe encontrarse en condiciones adecuadas de conservación y seguridad antes de que la Xunta pueda hacerse cargo de su gestión.

No es un asunto menor. El Pazo de Meirás es Bien de Interés Cultural, patrimonio público y, desde agosto de 2026, Lugar de Memoria Democrática. Cualquier uso futuro tendrá que convivir con esas capas de protección y con obligaciones que van bastante más allá de organizar horarios, entradas y recorridos.

Un nuevo plan director para decidir qué hacer con Meirás

Mientras reclama actuaciones al Estado, la Xunta está elaborando un nuevo plan director de usos. La intención expresada por el Gobierno gallego es actualizar el documento existente e incorporar la totalidad de la trayectoria histórica del inmueble, desde la creación de las Torres vinculada a Emilia Pardo Bazán hasta el periodo franquista y la posterior recuperación del conjunto para el patrimonio público.

Ese planteamiento toca uno de los debates que acompañan a Meirás desde hace años: cómo convertir el lugar, al mismo tiempo, en espacio cultural, patrimonio visitable y enclave para explicar una parte especialmente compleja de la historia contemporánea española. Las funciones no tienen por qué excluirse, pero obligan a hilar fino. Meirás no empieza con Franco, aunque tampoco puede entenderse dejando fuera el franquismo.

De Emilia Pardo Bazán a la residencia de Franco

Las Torres de Meirás fueron impulsadas por Emilia Pardo Bazán y su madre, Amalia de la Rúa, entre finales del siglo XIX y comienzos del XX sobre una antigua propiedad familiar. Para la escritora no eran simplemente una residencia de verano: allí trabajó, reunió parte de su biblioteca y recibió a personalidades de la vida intelectual, cultural y política de su época.

La llamada Torre de la Quimera quedó particularmente asociada a su actividad literaria. El conjunto se convirtió así en una creación estrechamente ligada al universo personal e intelectual de la autora de Los pazos de Ulloa, una dimensión que continúa ocupando un lugar central en los futuros usos culturales del inmueble.

Después llegó una historia radicalmente distinta. En 1938, durante la Guerra Civil, se constituyó la denominada Junta Pro-Pazo del Caudillo con el objetivo de adquirir el inmueble y entregárselo a Francisco Franco. La documentación incorporada a la declaración estatal de Meirás como Lugar de Memoria Democrática sitúa aquella operación en un contexto de aportaciones forzosas, represión y coacción política.

La finca fue ampliándose también mediante incorporaciones de terrenos próximos. Más tarde, en 1941, se formalizó otra escritura de compraventa a favor de Franco que permitiría inscribir registralmente el inmueble a su nombre. Décadas después, los tribunales consideraron fraudulenta esa operación al analizar el proceso por el que el Pazo había terminado convertido en propiedad del dictador.

Meirás como centro de poder durante la dictadura

Entre 1938 y la muerte de Franco en 1975, el Pazo funcionó como residencia oficial de verano del jefe del Estado y como escenario político e institucional. En sus dependencias se celebraron consejos de ministros, audiencias, recepciones y reuniones vinculadas al funcionamiento de la dictadura.

No fue, por tanto, únicamente una residencia familiar utilizada durante las vacaciones. Meirás formó parte de la representación pública del régimen y fue utilizado para proyectar la imagen institucional del dictador. También acogió decisiones políticas de relevancia, entre ellas el Consejo de Ministros de agosto de 1975 en el que se aprobó el Decreto-ley 10/1975 sobre Prevención del Terrorismo, aprobado en los últimos meses de la dictadura.

La gestión del complejo durante aquellos años se sostuvo además, en buena medida, mediante recursos públicos. Esa mezcla entre residencia, patrimonio particular e infraestructura ligada a la jefatura del Estado constituye una de las razones por las que la historia patrimonial de Meirás acabaría teniendo consecuencias judiciales muchas décadas después.

Cómo recuperó el Estado el Pazo de Meirás

Tras la muerte de Franco, el inmueble permaneció durante décadas en manos de sus herederos. La situación comenzó a cambiar con la creciente movilización institucional y social para esclarecer la titularidad del Pazo, un proceso que desembocó finalmente en los tribunales.

La sentencia dictada el 2 de septiembre de 2020 por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña declaró que el inmueble pertenecía al Estado. La resolución consideró fraudulenta la transmisión que había permitido a Franco inscribir la propiedad a su nombre y fue posteriormente confirmada en lo esencial por instancias judiciales superiores.

El 10 de diciembre de 2020 se produjo la entrega de las llaves al Estado en ejecución provisional de la sentencia. Aquella jornada cambió el centro del debate: la pregunta dejó de ser únicamente quién era el propietario de Meirás y pasó a girar también alrededor de su conservación, sus usos, las visitas y la manera de explicar públicamente su historia.

La declaración como Lugar de Memoria Democrática

El último gran cambio jurídico llegó en agosto. Una resolución de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, fechada el 6 de agosto y publicada en el BOE el 14 de agosto de 2026, declaró oficialmente Meirás Lugar de Memoria Democrática. La titularidad corresponde a la Administración General del Estado y la declaración alcanza al conjunto patrimonial.

La resolución incorpora expresamente sus dos grandes dimensiones históricas. Por un lado, reconoce el legado cultural e intelectual de Emilia Pardo Bazán y su papel en la defensa de la educación y la igualdad de las mujeres. Por otro, identifica Meirás con la apropiación patrimonial y con su posterior utilización como residencia oficial y símbolo del poder franquista.

La nueva condición implica también obligaciones de preservación, identificación e interpretación. El Estado contempla recursos explicativos, señalización y elementos destinados a contextualizar la historia del lugar, y establece que cualquier uso deberá ser compatible con la memoria democrática y el reconocimiento de las víctimas.

La fórmula escogida no ha eliminado el debate. El BNG y varias entidades memorialistas han cuestionado el peso concedido al legado de Pardo Bazán dentro de la declaración y han pedido que la dimensión relacionada con las víctimas del franquismo tenga mayor protagonismo. El Gobierno central, por su parte, sostiene que la declaración integra las distintas etapas históricas del conjunto.

El futuro de Meirás pasa por abrir más espacios y definir sus usos

La reclamación de la Xunta devuelve la discusión al terreno más inmediato: qué falta para que todo el Pazo de Meirás pueda visitarse. El Gobierno gallego sostiene que deben completarse las actuaciones de conservación y seguridad necesarias y facilitar después un acceso más amplio. Paralelamente, prepara su nuevo plan director y mantiene su aspiración de asumir la gestión del conjunto.

Abrir Meirás por completo, sin embargo, significa bastante más que incorporar nuevas habitaciones al recorrido. En el mismo espacio conviven el universo creativo de Emilia Pardo Bazán, la transformación de la finca durante el franquismo, décadas de utilización institucional, una larga disputa judicial sobre su propiedad y la posterior incorporación al patrimonio público. Cada estancia arrastra su propio equipaje histórico.

Casi seis años después de que el Estado recibiera las llaves, el debate se ha desplazado desde la titularidad hacia la conservación, la gestión y la interpretación pública del inmueble. La Xunta reclama que el Pazo de Meirás pueda recorrerse al completo; el reto administrativo consiste en determinar cuándo estarán preparadas las zonas todavía restringidas y bajo qué modelo se gestionará un lugar donde patrimonio, literatura, política y memoria ocupan las mismas paredes.