¿Por qué la Abogacía acusa al Supremo por el voto de la ley de nietos?

La Abogacía del Estado ha recurrido la decisión del Tribunal Supremo que suspendió cautelarmente los efectos electorales de determinadas inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes, el CERA, vinculadas a la conocida como ley de nietos. Los servicios jurídicos del Estado consideran que la Sala de lo Contencioso-Administrativo se ha “excedido” y que la medida impone una restricción del derecho de sufragio antes de que exista una sentencia sobre el fondo del litigio.

La resolución del Supremo, conviene precisarlo desde el principio, no retira la nacionalidad española ya concedida. Lo que queda afectado de manera cautelar es el ejercicio del voto de determinados nacionalizados inscritos, o pendientes de inscripción, en el censo exterior, salvo que puedan acreditar en los términos exigidos que descienden de españoles que sufrieron exilio. El pasaporte y la urna, aunque aparezcan mezclados en la discusión pública, no son aquí exactamente la misma cuestión.

La batalla jurídica se libra sobre una interpretación administrativa de la Ley de Memoria Democrática y sobre sus consecuencias electorales. De un lado, el Supremo considera que el extraordinario crecimiento del CERA puede comprometer la objetividad y transparencia electoral si finalmente se concluye que parte de las inscripciones carecían de la base jurídica exigible. Del otro, la Abogacía sostiene que no existe un riesgo suficiente para justificar la suspensión de un derecho fundamental y cuestiona incluso las cifras utilizadas para medir ese peligro.

Qué ha recurrido exactamente la Abogacía del Estado

El conflicto procede de los recursos presentados por Vox e Iustitia Europa contra actuaciones relacionadas con la Junta Electoral Central y con las altas en el CERA derivadas de la aplicación de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática. El Supremo acordó después medidas cautelares sobre esas inscripciones mientras estudia el fondo del asunto.

La Abogacía considera que ahí aparece uno de los principales problemas jurídicos. A su juicio, el procedimiento partía de una controversia de naturaleza electoral y el Supremo habría terminado entrando cautelarmente en cuestiones que rozan la propia validez de los efectos derivados de nacionalidades concedidas conforme a una normativa que lleva años aplicándose.

El recurso de reposición sostiene, en esencia, que la cautelar no se limita a conservar una situación hasta que llegue la sentencia, sino que produce entretanto una consecuencia de enorme intensidad: impedir votar a ciudadanos que siguen teniendo nacionalidad española. Para los servicios jurídicos del Estado, una decisión así necesita una justificación especialmente sólida.

El recurso será resuelto por la misma Sala del Supremo que acordó las medidas cautelares. Mientras no sean modificadas o levantadas, continúan produciendo efectos y la administración electoral debe actuar conforme a lo ordenado por el tribunal.

Qué decidió el Supremo sobre el voto de la ley de nietos

El Tribunal Supremo justificó la suspensión por lo que definió como un incremento extraordinario del CERA. Según las cifras manejadas en sus autos, el censo de españoles residentes en el extranjero pasó de 2.328.260 electores en las elecciones generales de 2023 a 2.736.522 a 1 de julio de 2026. La diferencia es de 408.262 electores.

Para la Sala, ese crecimiento, unido a las dudas jurídicas sobre la interpretación utilizada para algunas concesiones de nacionalidad, generaba un peligro “fundado, real y serio” para la regularidad del censo, la transparencia de futuros procesos electorales y la confianza en sus resultados. Se trata del razonamiento empleado para justificar la medida cautelar, no de una declaración definitiva sobre la legalidad de todas las altas afectadas.

La suspensión alcanza tanto a determinadas personas ya inscritas como a nuevas altas vinculadas a esta vía mientras no se acredite que concurren los requisitos que el tribunal considera necesarios. La Junta Electoral Central tuvo que trasladar la decisión a la Oficina del Censo Electoral y activar el procedimiento para distinguir las distintas situaciones.

La excepción para quienes acrediten el exilio

La medida no opera de la misma manera para todos. Quedan fuera de la suspensión quienes puedan acreditar mediante los registros y certificados correspondientes que descienden de un padre, madre, abuelo o abuela originariamente español que sufrió exilio por los motivos recogidos en la ley y perdió o renunció a la nacionalidad.

Eso explica por qué no resulta exacto decir que el Supremo ha eliminado definitivamente el voto de todos los beneficiarios de la ley de nietos. La decisión es cautelar y temporal, contiene excepciones y está pendiente de una sentencia sobre el fondo.

Tampoco ha quedado anulada la Ley de Memoria Democrática ni se han cancelado en bloque las nacionalidades concedidas. El conflicto se concentra en los efectos electorales de determinadas inscripciones y en cómo debe interpretarse el requisito del exilio.

El verdadero nudo está en la instrucción de 2022

La expresión “ley de nietos” es popular, pero jurídicamente imprecisa. El régimen del que se habla está contenido principalmente en la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, de Memoria Democrática.

La norma abrió la posibilidad de optar a la nacionalidad española a personas nacidas fuera de España cuyo padre, madre, abuelo o abuela hubiera sido originariamente español y hubiera perdido o renunciado a la nacionalidad como consecuencia del exilio. También contempló otros supuestos, entre ellos los hijos nacidos en el extranjero de mujeres españolas que perdieron la nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la Constitución de 1978 y determinados hijos mayores de edad de personas que recuperaron la nacionalidad.

La pieza especialmente controvertida llegó pocos días después, con la instrucción de 25 de octubre de 2022 de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Ese texto concretó cómo debían aplicarse los nuevos supuestos en los registros civiles y consulados.

Para quienes salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, la instrucción estableció una presunción de la condición de exiliado siempre que pudiera probarse la salida del territorio español. En cambio, para las salidas producidas entre el 1 de enero de 1956 y el 28 de diciembre de 1978 debía acreditarse específicamente esa condición.

Esa presunción está en el centro del problema. El debate judicial no consiste simplemente en contar cuántos nuevos españoles existen, sino en determinar si la interpretación administrativa utilizada para desarrollar la ley respetó sus límites y, mientras se decide, qué debe suceder con las inscripciones electorales derivadas de ella.

Por qué la Abogacía discute las cifras utilizadas por el Supremo

La Abogacía del Estado rechaza que los 408.262 nuevos electores contabilizados desde las generales de 2023 puedan identificarse automáticamente con ciudadanos nacionalizados gracias a la presunción de exilio discutida en el procedimiento. Ese número refleja el aumento total del CERA durante ese periodo y, según el recurso, engloba situaciones diferentes.

Los servicios jurídicos del Estado sitúan en 168.896 personas el grupo que habría accedido a la nacionalidad utilizando específicamente la presunción prevista para descendientes de españoles que abandonaron el país entre 1936 y 1955.

A partir de esa cifra, la Abogacía aplica una participación histórica del voto exterior cercana al 8% y calcula unos 14.120 votantes potenciales. Según su estimación, representarían aproximadamente el 0,06% de los votos emitidos en unas elecciones generales.

Es importante separar el dato de la conclusión. El cálculo y la interpretación pertenecen al argumentario del recurso de la Abogacía. Su tesis es que esa magnitud no demuestra por sí misma un riesgo capaz de alterar un proceso electoral y, sobre todo, que no puede presumirse en qué dirección votarían esas personas.

El Supremo utiliza otro enfoque. Sus autos no necesitan atribuir una preferencia política a los nuevos electores: el tribunal pone el acento en la posibilidad de celebrar unas elecciones con un censo cuya regularidad jurídica está siendo discutida y en el carácter irreversible que tendría una votación celebrada antes de resolver ese conflicto.

Cuántos expedientes e inscripciones existen realmente

Las cifras administrativas ayudan a entender por qué los números pueden confundirse con facilidad. A 31 de mayo de 2026 se habían presentado personalmente en las oficinas consulares 1.225.188 solicitudes de nacionalidad al amparo de la Ley de Memoria Democrática.

De ellas, las oficinas consulares habían aprobado 571.761 expedientes y practicado 333.696 inscripciones. Solicitar una nacionalidad, obtener una resolución favorable, quedar inscrito en el Registro Civil y figurar después en el CERA son fases distintas; juntarlas bajo una única cifra convierte un procedimiento administrativo bastante enrevesado en una falsa suma de papeletas.

Por esa razón, las 333.696 inscripciones consulares tampoco equivalen necesariamente al número definitivo de personas que terminarán afectadas por la suspensión. La ejecución de los autos obliga precisamente a distinguir qué casos descansan en una acreditación individual del exilio y cuáles dependen de la presunción que se encuentra bajo examen judicial.

El derecho al voto entra de lleno en el conflicto

La controversia tiene una intensidad poco habitual porque afecta al derecho de sufragio, reconocido en el artículo 23 de la Constitución. No se discute únicamente cómo ordenar un registro administrativo: el resultado práctico puede determinar si ciudadanos españoles residentes en el extranjero participan o no en unas elecciones mientras continúa el procedimiento judicial.

La Abogacía considera que suspender cautelarmente ese derecho provoca precisamente un perjuicio que podría resultar difícil de reparar si hubiera elecciones antes de una sentencia. Su recurso reprocha al Supremo que haya impuesto una medida general sobre ciudadanos que no han perdido su nacionalidad y cuya situación individual no había sido examinada previamente en ese proceso.

El Supremo sitúa en el otro plato de la balanza la protección de la integridad del censo electoral. Su razonamiento es que, si determinadas altas acabaran siendo jurídicamente incorrectas, permitir que desplegaran efectos en unas elecciones celebradas antes de la sentencia podría ocasionar un daño irreversible.

Ahí aparece el choque en su forma más limpia: el riesgo de restringir provisionalmente el voto de ciudadanos que finalmente podrían tener pleno derecho a ejercerlo frente al riesgo de celebrar unos comicios con inscripciones censales posteriormente declaradas irregulares. La sentencia sobre el fondo tendrá que resolver una cuestión que las cautelares, por definición, todavía no han decidido.

El pleito se juega en el censo, no en el pasaporte

La controversia de la ley de nietos mezcla tres planos que conviene mantener separados. La nacionalidad española ya concedida no ha sido anulada por estos autos; la interpretación administrativa utilizada desde 2022 está bajo discusión; y determinados efectos sobre el censo exterior permanecen suspendidos mientras el Supremo resuelve el procedimiento.

La Abogacía pide que se levante la cautelar porque considera que el tribunal fue más allá del objeto del litigio, anticipó consecuencias propias de una decisión sobre el fondo y restringió el sufragio sin acreditar un riesgo electoral suficiente. El Supremo, por su parte, ha sostenido que el crecimiento del CERA y las dudas jurídicas sobre determinadas altas justifican una protección provisional de la regularidad censal.

La diferencia no es menor. Afecta a cientos de miles de expedientes, a ciudadanos repartidos por numerosos países y a una norma concebida para reparar las consecuencias del exilio varias generaciones después. Pero el punto jurídico que queda por resolver es bastante concreto: qué inscripciones pueden producir efectos electorales mientras se determina hasta dónde llegaba la ley y hasta dónde podía llegar la interpretación administrativa de 2022.

Hasta que el Supremo resuelva el recurso de reposición o dicte sentencia sobre el fondo, la cautelar continúa marcando la situación. La disputa, con toda su carga política alrededor, permanece donde empezó jurídicamente: en la frontera entre nacionalidad, censo y derecho de voto, tres piezas que normalmente encajan sin ruido y que esta vez han terminado chocando en los tribunales.