Se mofó del calor escolar y gastará 108.900 euros en climatizar

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid ha sacado a concurso un contrato de 108.900,44 euros, impuestos incluidos, para mantener durante un año las instalaciones de climatización de tres sedes administrativas. Una de ellas es el edificio de la calle Alcalá, 31, donde trabaja el consejero Mariano de Paco. La licitación se encuentra pendiente de adjudicación y contempla la posibilidad de prorrogar el servicio durante otro año.

La cifra ha saltado a la conversación pública porque llega apenas unos días después de que Mariano de Paco quitara importancia al calor soportado por alumnos y profesores en colegios madrileños. El consejero afirmó en la Asamblea que las altas temperaturas podían ser una “fuente de inspiración”, recordó que estudió la EGB en Murcia y explicó que había enviado a su hija al colegio con camiseta y pantalón corto. El aire acondicionado de las oficinas no es, por sí mismo, un escándalo. El problema está en el contraste: el confort térmico se considera imprescindible cuando figura en un pliego administrativo, pero parece convertirse en una blandura contemporánea cuando lo reclaman las familias.

108.900 euros para tres sedes, no para un aparato

Conviene empezar por el dato limpio, sin abanicos partidistas. No se van a pagar 108.900 euros por enfriar exclusivamente el despacho personal de Mariano de Paco, como podría deducirse de una lectura apresurada. El contrato abarca el mantenimiento normativo, preventivo y correctivo de los sistemas de climatización y control instalados en tres inmuebles: Alcalá, 31; Talavera, 11, y un local situado en González Dávila, 18.

Tampoco se ha entregado todavía ese dinero a una empresa. El expediente cerró el plazo para presentar ofertas el 12 de junio y permanece pendiente de adjudicación. Su presupuesto base asciende a 90.000,36 euros antes de impuestos y a 108.900,44 euros con IVA. El valor estimado alcanza los 198.000,79 euros sin impuestos porque incluye una posible prórroga de 12 meses y las modificaciones contempladas legalmente durante la ejecución.

La prestación inicial está prevista para 2027. No consiste solo en limpiar filtros o arreglar una máquina cuando deja de expulsar aire frío. Incluye revisiones obligatorias, mantenimiento de calefacción central, grupos refrigeradores, equipos eléctricos asociados, controles de temperatura y calidad ambiental, atención de averías y cumplimiento del reglamento de instalaciones térmicas. Trabajo especializado, vaya.

La propia memoria justificativa sostiene que este mantenimiento es imprescindible para asegurar el funcionamiento de los equipos, garantizar el confort térmico y la calidad ambiental de los edificios administrativos y cumplir las normas de eficiencia energética. Nada que objetar. Una administración debe conservar sus instalaciones, proteger a sus trabajadores y evitar que una avería pequeña termine convertida en una factura monumental.

El matiz incómodo aparece al leer esas palabras junto a las pronunciadas por el consejero. En el expediente administrativo, el confort no es un capricho: es una necesidad técnica, laboral y ambiental. En el debate sobre los colegios, en cambio, el calor quedó reducido a una experiencia casi costumbrista, una suerte de rito de paso mediterráneo que se resuelve acortando mangas y perneras.

La nueva licitación tampoco nace de la nada. La Consejería ya contrató este servicio para las mismas tres sedes en 2024 por 101.211,08 euros, impuestos incluidos, y posteriormente aprobó una prórroga por la misma cantidad. Estamos, por tanto, ante un gasto ordinario y recurrente. Precisamente por eso el contraste resulta más revelador: la Administración planifica con anticipación el mantenimiento térmico de sus oficinas mientras miles de aulas siguen dependiendo de persianas, ventiladores domésticos y botellas de agua traídas de casa.

La frase que convirtió el calor en una batalla política

La polémica comenzó el 4 de junio, durante una sesión de control en la Asamblea de Madrid. Las familias y los docentes llevaban días denunciando temperaturas que superaban los 30 grados en numerosos centros. En algunas aulas se habían registrado valores cercanos o superiores a 35 grados, justo durante el tramo final del curso, cuando se acumulan exámenes, evaluaciones y jornadas largas.

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, ya había resumido el asunto con una frase de una sencillez casi geológica: cuando hace calor, hace calor. De Paco decidió añadir literatura. Contó que había cursado la EGB en Murcia, donde el verano no suele pedir permiso, y señaló que tanto él como muchos otros sobrevivieron a aquellas aulas.

“Y aquí estoy”, vino a decir. La expresión pertenece a una forma bastante extendida de discutir las políticas públicas: convertir la supervivencia personal en prueba de que un problema no existe. Antes se viajaba sin cinturón de seguridad, se trabajaba entre humo de tabaco y se jugaba al fútbol bajo un sol de plomo. Aquí estamos muchos, sí. Otros no tuvieron tanta suerte, y las normas cambiaron precisamente porque una sociedad no debería diseñar su futuro copiando las incomodidades del pasado.

Del pantalón corto a la “fuente de inspiración”

El consejero añadió que aquella mañana había vestido a su hija con camiseta de manga corta y pantalón corto para ir al colegio, “como hemos hecho toda la vida”. La ropa fresca ayuda, naturalmente, pero no transforma un aula recalentada en un espacio adecuado. Un pantalón corto no aísla una cubierta, no crea sombra en un patio asfaltado, no renueva el aire y tampoco reduce la temperatura de una clase orientada al oeste cuando el sol golpea los cristales durante horas.

Después llegó la referencia a Vicente Medina, poeta y dramaturgo murciano. De Paco citó su obra Cansera para sugerir que el calor podía servir de inspiración. La frase pretendía ser irónica, según explicó posteriormente el propio consejero, quien denunció que sus palabras habían sido sacadas de contexto. También defendió las inversiones regionales y recordó su relación personal con la escuela pública.

La ironía, sin embargo, es un instrumento delicado. Funciona mejor cuando apunta hacia arriba que cuando cae sobre quienes piden una solución básica. Una familia que recoge a un niño mareado no suele detectar la filigrana cultural del chiste; escucha a un cargo público relativizar una situación que vive cada tarde, al abrir la puerta del colegio y encontrarse con una cara roja, el pelo pegado a la frente y una botella vacía.

La discusión tampoco debería reducirse a decidir si De Paco se “mofó” de los alumnos en sentido estricto. Sus palabras completas están disponibles y permiten apreciar el tono. Lo sustancial es que un miembro del Gobierno regional eligió responder con recuerdos personales, vestimenta y poesía a una protesta relacionada con salud, infraestructuras y condiciones laborales. Fue una elección política. Y salió regular.

Días después, el pleno regional rechazó una propuesta de Más Madrid para incorporar a la legislación autonómica una horquilla de temperaturas en colegios e institutos: entre 17 y 27 grados. El PSOE respaldó la iniciativa, Vox se abstuvo y la mayoría absoluta del Partido Popular permitió tumbarla. El Ejecutivo defendió que ya existe un plan contra el calor y que la situación de cada centro exige soluciones diferentes.

Esa última afirmación contiene una parte razonable. No todos los edificios escolares son iguales. Algunos tienen muros gruesos y patios arbolados; otros, grandes superficies acristaladas, cubiertas ligeras y explanadas de hormigón que almacenan el calor como una sartén. Instalar aire acondicionado convencional en cada aula tampoco es siempre la solución más inteligente ni la más sostenible. Pero reconocer la diversidad arquitectónica no elimina la necesidad de fijar condiciones mínimas comunes.

Aulas a 35 grados: salud, aprendizaje y una norma desigual

El calor intenso no es únicamente una molestia. Puede provocar fatiga, dolor de cabeza e irritabilidad, deshidratación, mareos y, en los casos más graves, agotamiento o golpe de calor. Los niños presentan una vulnerabilidad especial porque dependen de los adultos para reconocer el riesgo, hidratarse correctamente, reducir la actividad física o abandonar un espacio recalentado.

También afecta al aprendizaje. Una revisión científica elaborada a partir de 18 estudios sobre temperatura y rendimiento escolar concluyó que las tareas psicológicas y académicas mejoraban, como promedio, cuando las aulas pasaban de 30 a 20 grados. Los autores estimaron una diferencia de rendimiento cercana al 20%, aunque advirtieron de que la relación debía interpretarse dentro de climas templados y no trasladarse de manera automática a cualquier contexto.

No hace falta convertir ese porcentaje en un dogma para comprender la escena. Leer un texto complejo, resolver una ecuación o redactar un examen exige atención sostenida. A 34 grados, con el aire quieto y 25 cuerpos produciendo más calor, la mente se vuelve pegajosa. Las palabras entran peor. La paciencia se encoge. El profesor reduce el ritmo, los alumnos piden salir a beber y la clase se fragmenta.

La normativa laboral española establece que los locales donde se realizan trabajos sedentarios, como oficinas, deben mantenerse entre 17 y 27 grados. La regla protege a profesores, administrativos y demás trabajadores de los centros, aunque su aplicación al alumnado no funciona de la misma manera porque los estudiantes no tienen la condición jurídica de empleados. Ahí aparece una paradoja difícil de explicar en el patio: el adulto que enseña posee una referencia térmica legal; el menor que permanece sentado a su lado, no necesariamente.

Los colegios tampoco son oficinas corrientes. En ellos conviven niños pequeños, adolescentes, personal docente, trabajadores de limpieza, monitores y alumnos con enfermedades crónicas o necesidades especiales. Hay actividad física, comedores, gimnasios, cocinas y patios. La gestión del calor exige medir temperaturas reales, analizar humedad y ventilación, revisar horarios, identificar grupos vulnerables y actuar antes de que alguien se desplome.

El problema se agrava porque buena parte del parque escolar español fue construido para un clima distinto. Durante décadas, el objetivo principal consistía en conservar el calor del invierno. Las olas de temperaturas altas eran más breves y quedaban pegadas a julio y agosto, cuando las aulas estaban vacías. Esa frontera se ha movido. Los episodios empiezan antes, duran más y alcanzan el calendario lectivo.

El Observatorio Europeo del Clima y la Salud calcula que unas 16.000 escuelas europeas ya experimentan días con máximas exteriores superiores a 30 grados durante el curso. El sur del continente soporta la mayor exposición y las proyecciones apuntan a un crecimiento notable durante las próximas décadas. El viejo calendario arquitectónico se ha quedado pequeño; el meteorológico, también.

Madrid invierte, pero el problema corre más deprisa

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso rechaza la acusación de inacción. La Comunidad de Madrid asegura haber destinado 17,8 millones de euros durante el curso 2025-2026 a mejorar la climatización y reducir el impacto de las altas temperaturas en centros educativos públicos. La cifra supone un aumento del 33% respecto a los 13,3 millones del curso anterior y se distribuye en 106 actuaciones.

Entre las medidas anunciadas figuran reformas de cubiertas y fachadas, mejoras en la envolvente térmica, sustitución de equipos, instalación de enfriadores evaporativos, toldos, pérgolas, láminas solares y sistemas más eficientes. Las escuelas infantiles públicas con suelo radiante también están recibiendo equipos capaces de producir refrigeración durante el verano.

Son intervenciones necesarias. Aislar bien un edificio puede ser más eficaz que llenarlo de aparatos. Un toldo exterior corta la radiación solar antes de que atraviese el cristal; una cubierta reflectante reduce la acumulación de calor; los árboles proporcionan sombra, humedad y una temperatura más amable en el patio. El aire acondicionado es solo una pieza del puzle y, si se instala sin mejorar antes el edificio, puede convertirse en una máquina costosa que pelea contra paredes ardientes.

La cuestión es la escala. Madrid cuenta con una extensa red de colegios e institutos públicos construidos en épocas, materiales y condiciones muy diferentes. 106 actuaciones pueden representar un avance y seguir siendo insuficientes al mismo tiempo. Las dos cosas caben en la misma frase, aunque la política prefiera escoger una sola.

Familias y asociaciones de directores reclaman un plan integral con calendario, prioridades y financiación plurianual. No piden necesariamente una máquina blanca encima de cada pizarra. Reclaman diagnósticos térmicos, aislamiento, ventilación, patios con sombra, fuentes, espacios frescos de refugio y protocolos claros para suspender o adaptar actividades cuando las condiciones dejan de ser seguras.

El plan regional ante episodios de altas temperaturas permite que los centros modifiquen horarios y trasladen algunas actividades. También recomienda evitar las plantas superiores, utilizar las zonas orientadas al norte y desarrollar clases al aire libre cuando exista sombra. Son medidas de emergencia útiles, pero tienen algo de mudanza improvisada: mover alumnos por el edificio para escapar del sol no sustituye la adaptación estructural.

La autonomía de los centros, tantas veces invocada, presenta otro límite. Un director puede cambiar una clase de planta, bajar persianas o reorganizar un recreo. No puede reformar una fachada, plantar árboles adultos de una semana para otra ni contratar una obra de climatización por su cuenta. Cuando la respuesta institucional descansa demasiado en la capacidad de adaptación de cada colegio, la autonomía acaba pareciéndose a dejar una caja de herramientas vacía sobre la mesa.

También aparece la desigualdad. Los centros con asociaciones de familias más organizadas o con mayor capacidad económica pueden comprar ventiladores, financiar pequeños equipos o presionar con más eficacia. En otros barrios, esas soluciones privadas ni siquiera están disponibles. El resultado es una climatización por código postal: unos alumnos encuentran persianas nuevas; otros, un ventilador que gira despacio en una esquina y reparte el mismo aire caliente.

Los estores de la Asamblea y el espejo de la política

La controversia ganó otra capa al conocerse que la Asamblea de Madrid había adjudicado un contrato para instalar 388 estores solares en sus dependencias. El importe de adjudicación fue de 32.071,92 euros antes de impuestos, unos 38.800 euros con IVA.

La memoria del contrato explicaba que algunas zonas de trabajo carecían de protección o tenían estores deteriorados. La entrada de radiación solar dificultaba el desarrollo normal del trabajo y aumentaba la carga térmica, de modo que las nuevas protecciones permitirían mejorar el confort y ahorrar energía en climatización.

De nuevo, la decisión es sensata. Las ventanas expuestas al sol convierten una estancia en un invernadero; colocar estores adecuados reduce el calor interior y el consumo eléctrico. Lo llamativo no es que la Asamblea proteja a diputados, asesores, funcionarios y visitantes. Lo llamativo es la precisión con la que las instituciones identifican el problema cuando ocurre dentro de sus paredes.

En un pliego público no aparecen evocaciones a la infancia murciana ni recomendaciones de acudir al Parlamento con bermudas. Aparecen conceptos como radiación solar, carga térmica y ahorro energético. El lenguaje técnico tiene esa virtud: al quitarle el ruido ideológico a un asunto, deja el problema desnudo.

La diferencia entre una oficina pública y un colegio no debería ser que la primera tenga derecho al vocabulario de la ingeniería y el segundo deba conformarse con el refranero. Nadie propone apagar la climatización de la Asamblea ni abandonar el mantenimiento de las consejerías. Sería absurdo. La exigencia democrática es otra: aplicar a los ciudadanos la misma seriedad con la que la Administración cuida sus propios espacios.

El debate tampoco puede resolverse enfrentando 108.900 euros de unas oficinas con 17,8 millones destinados a colegios. Son magnitudes, contratos y competencias diferentes. La comparación presupuestaria directa sería tramposa. Lo que sí puede compararse es la jerarquía del discurso: para la sede administrativa, el confort térmico es una obligación planificada; para los alumnos, la respuesta política ha incluido bromas, recuerdos y una camiseta de manga corta.

El confort no debería depender de quién ocupa el edificio

Mariano de Paco no ha cometido irregularidad alguna por trabajar en una sede climatizada, y la Consejería no hace nada extravagante al contratar su mantenimiento. Las máquinas necesitan revisiones, los empleados tienen derechos laborales y los edificios públicos deben funcionar. Convertir el contrato en una historia de lujo personal sería una caricatura fácil y, sobre todo, incorrecta.

La noticia está en otro lugar. Está en la distancia entre cómo actúa una administración y cómo habla. El mismo Gobierno que redacta documentos impecables sobre calidad ambiental puede responder con desdén cuando esa calidad se reclama en las aulas. Esa contradicción no invalida las inversiones realizadas, pero sí debilita su credibilidad.

La política no se mide solo por el dinero presupuestado. También por la capacidad de reconocer un problema sin humillar a quien lo padece. Decir que uno pasó calor de niño no climatiza un colegio. Citar a un poeta no baja la temperatura. Vestirse con ropa ligera ayuda, claro, del mismo modo que abrir un paraguas sirve bajo la lluvia; nadie presentaría el paraguas como sustituto de reparar un tejado.

Madrid necesita un plan sostenido, con diagnósticos edificio por edificio y soluciones que combinen aislamiento, sombra, ventilación, vegetación y refrigeración eficiente. Habrá centros donde baste con actuar sobre cubiertas y ventanas. Otros requerirán sistemas mecánicos. Algunos patios deberán perder cemento y ganar árboles. No existe una receta única, pero sí una obligación común: que estudiar y trabajar no dependa de soportar temperaturas incompatibles con la concentración y el bienestar.

El expediente de Alcalá, 31, ofrece involuntariamente la mejor definición. Mantener la climatización es imprescindible para garantizar el confort térmico y la calidad ambiental. Exacto. El principio no cambia cuando, al otro lado de la ciudad, quienes ocupan el edificio todavía llevan mochila.