¿El feminicidio no existe? El exgeneral ultra que escandaliza Italia

Roberto Vannacci ha convertido la negación del feminicidio en una de las banderas de Futuro Nacional, el partido ultraderechista levantado alrededor de su figura tras romper con la Liga de Matteo Salvini. Durante la asamblea constituyente celebrada en Roma el 14 de junio de 2026, el exgeneral afirmó que el feminicidio no existe como fenómeno penal diferenciado y que matar a una mujer es un homicidio como cualquier otro.

El problema es que la ley italiana dice exactamente lo contrario. Desde diciembre de 2025, el Código Penal reconoce como feminicidio el asesinato de una mujer cuando responde al odio, la discriminación, el abuso de poder, el control, la posesión, el dominio, el rechazo a aceptar una ruptura sentimental o la voluntad de limitar su libertad. No basta, por tanto, con que la víctima sea mujer. Debe existir una motivación vinculada al género y a una relación de poder. Ese matiz, pequeño en apariencia, desmonta buena parte del argumento de Vannacci.

Sus palabras tampoco fueron una improvisación ante un micrófono mal colocado. Formaban parte del discurso con el que cerró la asamblea fundacional de su partido en el Auditorium della Conciliazione, muy cerca del Vaticano. La prensa no pudo acceder al recinto, aunque los actos se retransmitieron por internet. Dentro, la afirmación fue recibida con aplausos. El general había encontrado la frase adecuada para su público: sencilla, rotunda y lo bastante abrasiva como para dominar la conversación política.

Vannacci sostiene que distinguir el feminicidio del homicidio ordinario significa valorar más una vida que otra. Es una formulación eficaz, pero engañosa. El artículo 577-bis no declara que la vida de una mujer valga jurídicamente más que la de un hombre. Lo que hace es reconocer que existen asesinatos cometidos dentro de un patrón específico de odio, posesión y sometimiento, igual que el derecho penal distingue entre matar por accidente, por lucro, con premeditación, durante un robo o para ocultar otro delito.

La frase que convirtió una ley en enemigo cultural

El líder de Futuro Nacional no se limitó a cuestionar la conveniencia técnica de la norma. Fue bastante más lejos. Presentó el reconocimiento del feminicidio como una forma de lavado de cerebro de la ciudadanía y acusó al legislador de alterar artificialmente la gravedad de un delito según el sexo de la víctima.

Su razonamiento parte de una igualdad entendida como uniformidad absoluta: hombres y mujeres, afirma, deben quedar sometidos a las mismas reglas, sin protecciones específicas. Para ilustrarlo comparó el feminicidio con los asesinatos de personas mayores y preguntó por qué no existe un delito denominado «ancianicidio». También enlazó esta posición con su rechazo a las cuotas femeninas y a las políticas públicas que intentan corregir desigualdades históricas.

La operación retórica resulta familiar. Se toma una idea difícilmente discutible —todas las vidas poseen el mismo valor— y se utiliza para negar que determinadas violencias tengan causas, escenarios y víctimas predominantes. Es como declarar que todos los incendios queman igual y, acto seguido, prohibir que los investigadores distingan entre una chispa eléctrica y una botella de gasolina arrojada contra una casa.

El derecho penal no funciona con una venda sobre los ojos. Examina el resultado, pero también el motivo, la relación entre autor y víctima, la vulnerabilidad de la persona atacada y la forma de ejecución. Matar sigue siendo matar, claro. Sin embargo, no recibe siempre la misma calificación ni la misma pena. La propia tradición jurídica que Vannacci invoca lleva siglos estableciendo circunstancias agravantes cuando existe parentesco, ensañamiento, precio, recompensa, alevosía o finalidad terrorista.

La particularidad del feminicidio no reside en una supuesta superioridad moral de la víctima femenina. Está en el contexto: un hombre que considera que su pareja le pertenece, que no acepta una separación, que transforma los celos en vigilancia y la vigilancia en amenaza, que mata para impedir que ella ejerza su libertad. No se castiga una identidad; se castiga una lógica de dominio que culmina en el asesinato.

Eso puede debatirse jurídicamente. Algunos penalistas italianos han cuestionado la redacción del nuevo delito, la dificultad de probar determinados elementos subjetivos y el riesgo de utilizar el Código Penal como instrumento simbólico. Es una discusión legítima y bastante más compleja que un aplauso de auditorio. Una cosa es dudar de la eficacia de crear una figura penal autónoma; otra, negar que exista el fenómeno que intenta describir.

Vannacci borra esa frontera. No discute únicamente cómo debe responder el Estado. Discute que haya algo específico a lo que responder.

La ley italiana no castiga más una vida, sino un motivo

Italia aprobó definitivamente la Ley 181 de 2025 el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La norma entró en vigor el 17 de diciembre e incorporó al Código Penal el artículo 577-bis, que contempla la cadena perpetua para determinados asesinatos de mujeres vinculados a discriminación, odio, control, posesión o dominio.

La ley fue aprobada por unanimidad. No fue una maniobra solitaria de la izquierda, una ocurrencia de colectivos feministas ni una imposición llegada en un sobre con membrete de Bruselas. La respaldaron las fuerzas parlamentarias italianas, incluidas las que sostienen el Gobierno de Giorgia Meloni. De ahí que el ataque de Vannacci tenga también una dimensión interna: no golpea solamente a la oposición, sino a la derecha gobernante que aceptó construir un consenso institucional sobre la violencia contra las mujeres.

El texto legal es más preciso de lo que sugiere el discurso del exgeneral. No convierte automáticamente en feminicidio cualquier muerte violenta de una mujer. Cuando no aparecen las circunstancias descritas en el artículo 577-bis, se aplica el delito ordinario de homicidio. Una mujer asesinada durante un atraco, una disputa económica o una acción criminal sin componente de género no entra necesariamente en la nueva categoría.

Este detalle es decisivo. Ser mujer es una condición necesaria, pero no suficiente. La acusación debe acreditar que el crimen se produjo como acto de odio o discriminación, como ejercicio de posesión o control, como respuesta al rechazo de una relación o como forma extrema de limitar la libertad individual de la víctima.

La norma pretende nombrar una secuencia que los tribunales conocen bien: aislamiento, vigilancia del teléfono, control económico, prohibiciones, amenazas, agresiones, persecución tras la ruptura y, finalmente, asesinato. No siempre aparecen todos esos escalones, ni en ese orden. A veces la violencia estalla de forma repentina. Otras veces se anuncia durante meses con mensajes, denuncias y órdenes de alejamiento incumplidas. El cadáver suele ser el último dato de una historia que llevaba tiempo haciendo ruido.

Vannacci responde que la igualdad exige prescindir del sexo de la víctima y del agresor. Pero la igualdad jurídica no obliga a ignorar la realidad. Al contrario: obliga a examinar por qué determinados grupos sufren ciertas formas de violencia de manera desproporcionada. Tratar igual situaciones radicalmente diferentes puede producir una igualdad de cartón, impecable en el discurso y bastante inútil cuando se cierra la puerta de una casa.

La protección penal diferenciada no es una rareza inventada para las mujeres. Existen delitos y agravantes vinculados a menores, personas con discapacidad, funcionarios, familiares, víctimas de terrorismo o grupos atacados por motivos racistas y religiosos. El sistema reconoce que el motivo transforma el significado social del crimen, aunque el daño físico final pueda parecer idéntico.

El argumento de la igualdad y su trampa

El discurso de Vannacci funciona porque toca una intuición poderosa: nadie quiere que el Estado clasifique las vidas humanas en categorías de primera y segunda. El general presenta la ley como si el asesinato de un hombre fuera considerado menos grave. No es eso lo que establece el Código Penal italiano.

Un hombre asesinado puede recibir, y recibe, la máxima protección jurídica. Su homicida puede ser condenado a cadena perpetua cuando concurren las circunstancias previstas en la legislación. La existencia del feminicidio no rebaja la gravedad de esas muertes ni concede permiso para mirar hacia otro lado.

La diferencia está en la identificación de una violencia que no se dirige solamente contra una persona concreta, sino contra su autonomía como mujer. El agresor no mata porque la víctima se encontrara por casualidad en el lugar equivocado. Mata porque ella quiso marcharse, rehacer su vida, negar una relación, escoger sus amistades, trabajar, vestirse de cierta manera o dejar de obedecer.

Puede discutirse si el derecho penal es capaz de reparar esa estructura social. Probablemente no. Una ley llega siempre tarde al lugar del crimen: cuando interviene, la violencia ya ha ocurrido. La prevención depende también de los servicios sociales, la educación, los centros de atención, la policía, los juzgados especializados, la protección policial, las medidas cautelares y la capacidad de reconocer el peligro antes de que el cuchillo salga del cajón.

Pero de esa limitación no se desprende que el fenómeno sea imaginario. Un paraguas defectuoso no demuestra que la lluvia no exista.

Los números no describen un homicidio cualquiera

Los datos oficiales italianos ofrecen un paisaje bastante menos abstracto que el escenario de Roma. En 2024, el Instituto Nacional de Estadística estimó 106 feminicidios presuntos entre 116 mujeres asesinadas. De esas víctimas, 62 murieron a manos de su pareja o expareja y, en 61 casos, el autor fue un hombre.

La proporción resulta especialmente reveladora al compararla con los homicidios de varones dentro de la pareja. El riesgo de que una mujer sea asesinada por su compañero o antiguo compañero fue muy superior. Las mujeres no constituyen la mayoría de las víctimas de todos los homicidios, pero sí presentan un patrón diferencial: mueren con mucha más frecuencia dentro de relaciones afectivas o familiares.

En otras palabras, el espacio de peligro no suele ser para ellas una calle oscura ni una guerra entre bandas. Es la vivienda, el dormitorio, la cocina, el portal donde espera un exnovio. Lugares cotidianos, con llaves conocidas y fotografías enmarcadas. Ahí está la singularidad que el término feminicidio intenta sacar a la luz.

Los datos sobre violencia no mortal completan el cuadro. La encuesta italiana publicada en 2025 calculó que unos 6,4 millones de mujeres de entre 16 y 75 años habían sufrido violencia física o sexual desde los 16 años. El 12,6% de las mujeres con pareja actual o pasada declaró agresiones físicas o sexuales dentro de la relación.

Los excompañeros aparecían como responsables de una parte especialmente importante de esas conductas. Solo una minoría de las víctimas había denunciado los hechos ocurridos durante los cinco años anteriores. El silencio no implica que la violencia sea leve; muchas veces significa miedo, dependencia económica, vergüenza, desconfianza institucional o la convicción de que nadie va a creerlas.

Es verdad que no toda violencia contra una mujer es violencia de género y que no todo asesinato de una mujer es feminicidio. Confundir ambas cosas empobrece el análisis. Pero la conclusión opuesta —considerar todos los homicidios fenómenos intercambiables— tampoco resiste los datos disponibles.

El patrón existe y puede medirse. Se repite en la relación entre víctima y agresor, en los antecedentes de maltrato, en la reacción ante las separaciones y en la idea de posesión que aparece en numerosos procedimientos judiciales. La estadística no dicta sentencias, pero permite observar lo que una anécdota aislada oculta.

Vannacci utiliza casos de mujeres que matan a otras mujeres o de hombres agredidos por sus parejas para cuestionar la categoría completa. Es un recurso frecuente: localizar una excepción real y emplearla como martillo contra la regla estadística. Esos crímenes existen, deben investigarse y merecen una respuesta penal plena. Nada de eso impide reconocer que las mujeres asesinadas por parejas y exparejas sufren una violencia con dimensiones propias.

La igualdad democrática no exige esconder las diferencias. Exige evitar que se conviertan en condenas anticipadas.

Futuro Nacional, un partido con uniforme de campaña

La frase sobre el feminicidio no apareció en un debate universitario de derecho penal. Fue pronunciada durante la puesta de largo de Futuro Nacional, la organización creada por Vannacci después de abandonar la Liga en febrero de 2026.

El exgeneral había llegado a la política electoral de la mano de Matteo Salvini. Su popularidad nació con la publicación de Il mondo al contrario, un libro en el que defendía una visión tradicionalista de Italia y atacaba ideas asociadas al feminismo, la inmigración y los derechos de las personas LGTBI. La polémica lo convirtió en una celebridad política. Salvini creyó que podía aprovechar esa energía. Al final, la energía salió por la puerta con partido propio.

Vannacci fue elegido eurodiputado en 2024 y construyó una base personal que nunca terminó de integrarse en la maquinaria de la Liga. Su salida dejó a Salvini con el incómodo aspecto de quien invita a un huésped para animar la cena y descubre que el huésped se ha llevado la mesa entera.

Futuro Nacional se presenta como una derecha sin complejos, opuesta a la moderación institucional de Meloni y al desgaste de Salvini. Sus posiciones combinan nacionalismo, rechazo a la inmigración, críticas a la Unión Europea, escepticismo ante la ayuda militar a Ucrania y una intensa guerra cultural contra el feminismo y las políticas de diversidad.

La formación aseguraba haber reunido cerca de 100.000 afiliados y algunos sondeos la situaban alrededor del 4,6%, cerca de la Liga. No es una cifra suficiente para gobernar Italia, pero sí para alterar el equilibrio del bloque conservador. En unas elecciones ajustadas, cuatro puntos pueden ser una llave, una grieta o las dos cosas.

El partido también había atraído a varios parlamentarios procedentes de las fuerzas gubernamentales. Su estructura interna, según el reglamento preparado para la asamblea constituyente, concentra un poder considerable en la presidencia. Los órganos de garantía, una parte de los delegados y numerosos miembros de la dirección dependen directa o indirectamente del líder. Democracia interna, sí, pero con el general cerca del mapa y el rotulador.

Ese modelo ayuda a entender la escenografía de Roma. Los trabajos se desarrollaron sin acceso directo de la prensa, aunque con retransmisión en línea. Los discursos giraron alrededor de la identidad del partido y de la autoridad de Vannacci. La ovación a su rechazo del feminicidio no fue solo una reacción espontánea: funcionó como ceremonia de pertenencia.

Giorgia Meloni lleva años intentando presentar Hermanos de Italia como una fuerza conservadora fiable, capaz de gobernar, negociar en Bruselas y mantener la relación atlántica. Vannacci le disputa precisamente el electorado que considera esa evolución una traición ideológica.

Su mensaje es simple: la derecha gobernante se ha ablandado. Ha aceptado compromisos europeos, ha respaldado a Ucrania, no ha expulsado a suficientes inmigrantes y ha aprobado leyes que, según el general, reproducen el lenguaje de la izquierda. Frente a ella, Futuro Nacional ofrece pureza ideológica, disciplina y frases que caben en una pancarta.

El feminicidio se convierte así en algo más que una cuestión jurídica. Es una frontera identitaria. Quien acepta el término, según este relato, se habría rendido ante el feminismo; quien lo rechaza demostraría valentía frente a la corrección política. La realidad de las víctimas queda atrapada entre dos uniformes discursivos.

Vannacci sabe que la controversia produce visibilidad. Una propuesta detallada sobre juzgados especializados, protección policial o financiación de centros de acogida exige explicaciones. Decir que el feminicidio no existe necesita siete palabras. En la política contemporánea, siete palabras bien colocadas pueden recorrer el país antes de que un jurista termine la primera nota a pie de página.

La paradoja es que el general invoca la dureza mientras simplifica un problema extremadamente duro. Habla de mérito, disciplina y realidad, pero reduce la violencia de género a una disputa semántica. La palabra sería el enemigo. Como si borrando el nombre pudiera limpiarse la escena.

Cuando negar el nombre forma parte del programa

El discurso de Roma dibujó un proyecto más amplio. Vannacci defendió una escuela «dura y selectiva», criticó los baños neutros, los programas sobre género y la presencia de símbolos vinculados a la izquierda. Propuso recuperar mecanismos para facilitar que los adolescentes puedan trabajar desde los 14 años y fijó un límite del 4% para la población inmigrante admitida en Italia.

También insistió en la denominada remigración, concepto utilizado por sectores de la extrema derecha europea para promover el retorno o expulsión de inmigrantes, y presentó a Futuro Nacional como una fuerza preparada para acudir a elecciones anticipadas.

Todas esas propuestas comparten una gramática: orden frente a complejidad, autoridad frente a mediación, identidad frente a pluralidad. El feminicidio encaja en esa arquitectura porque reconocerlo implicaría aceptar que la igualdad formal no ha eliminado determinadas relaciones históricas de poder.

Vannacci prefiere una igualdad declarativa. Hombres y mujeres son iguales; asunto terminado. El inconveniente es que la democracia no vive solamente de declaraciones. También debe observar quién denuncia, quién amenaza, quién controla el dinero, quién persigue después de una ruptura y quién aparece muerto.

Negar el feminicidio permite evitar esas preguntas. Si todos los homicidios son iguales, no hace falta estudiar por qué una mujer corre más riesgo cuando abandona a una pareja violenta. Tampoco habría que examinar los fallos en las órdenes de protección, los avisos ignorados o la dependencia económica que impide escapar.

El exgeneral convierte la ceguera en imparcialidad. No mirar el género sería, en su esquema, la forma más pura de justicia. Pero una balanza no es justa porque el juez cierre los ojos ante los hechos. Lo es porque pesa todos los elementos relevantes sin prejuicios.

La polémica tiene, aun así, una utilidad involuntaria. Obliga a separar tres debates que suelen mezclarse. El primero es la existencia de una violencia específica contra las mujeres, respaldada por estadísticas y expedientes judiciales. El segundo es la conveniencia de convertir el feminicidio en delito autónomo. El tercero es la eficacia real de las leyes y de las políticas preventivas para evitar nuevos asesinatos.

Se puede reconocer el fenómeno y criticar la norma. Se puede apoyar la norma y exigir mejores políticas preventivas. Se puede discutir la cadena perpetua, la prueba del motivo o la precisión de conceptos como dominio y control. Lo que no resulta intelectualmente serio es saltar desde las dudas jurídicas hasta la inexistencia del problema.

Esa es la trampa principal del discurso de Vannacci. Toma una controversia razonable sobre los límites del derecho penal y la transforma en una negación total, fácil de celebrar y difícil de aplicar. El aplauso llega rápido. La protección de una mujer amenazada, bastante menos.

Borrar la palabra no borra el patrón

Roberto Vannacci no ha descubierto una contradicción secreta en la ley italiana. Ha elegido un terreno cultural que moviliza a su electorado y lo ha convertido en prueba de fidelidad política. Su mensaje enfrenta la igualdad con el reconocimiento de la violencia de género, aunque ambas ideas no sean incompatibles.

La ley aprobada en 2025 puede ser sometida a crítica, interpretación judicial e incluso control constitucional. Así funciona un Estado de derecho. No es un texto sagrado ni una vacuna automática contra los asesinatos. Su aplicación planteará dificultades probatorias y dependerá de que fiscales y jueces acrediten las circunstancias específicas de cada crimen.

Pero el fenómeno que intenta describir no desaparece porque un dirigente lo considere absurdo. Las mujeres asesinadas por parejas que no aceptaron una separación no murieron dentro de una abstracción ideológica. Murieron en casas, garajes, calles y vehículos; después de amenazas, controles o agresiones que demasiadas veces ya eran conocidos.

El feminicidio no significa que todos los hombres sean culpables ni que todas las mujeres sean víctimas. Tampoco convierte cualquier homicidio femenino en crimen de género. Nombra una forma concreta de violencia en la que el agresor pretende conservar el poder sobre la vida y la libertad de una mujer.

Vannacci ofrece una palabra menos y promete, con ella, más igualdad. La democracia debería desconfiar de esas rebajas lingüísticas. Hay silencios que aclaran y silencios que tapan. En este caso, bajo la palabra que el general quiere borrar siguen apareciendo los mismos datos, los mismos vínculos afectivos convertidos en jaulas y las mismas víctimas.

El derecho puede equivocarse al nombrar. También puede llegar tarde. Lo que no debe hacer es fingir que todas las muertes cuentan la misma historia. Porque no es así.