LaLiga la lía otra vez: bloquea Glovo y webs de esquí

La ofensiva de LaLiga contra la piratería ya alcanza a Glovo y webs de esquí, y abre un choque judicial que sacude Internet en España entera.

La ofensiva de LaLiga contra la piratería audiovisual ha entrado en una fase mucho más incómoda, porque el problema ya no se queda en portales opacos, listas IPTV o páginas de streaming dudoso. El fin de semana del 8 de marzo, varias comprobaciones difundidas por David Peterson, directivo de Proton VPN, mostraron que entre los servicios afectados por los bloqueos asociados a la jornada de fútbol figuraban Glovo y Snow2Day, una web muy usada para consultar webcams de estaciones de esquí. El salto es importante: cuando una guerra contra emisiones ilegales termina rozando un servicio de reparto a domicilio y una página de nieve, el debate deja de ser estrictamente deportivo y pasa a hablar de cómo se está gestionando Internet en España durante los partidos.

Lo que aparece aquí no es un accidente aislado ni una rareza de domingo. Es la prolongación de una dinámica que se arrastra desde hace meses y que ha ido dejando un rastro cada vez más reconocible de daños colaterales sobre webs legítimas. La imagen resulta casi grotesca, sí, pero resume muy bien el alcance del conflicto: una organización privada protege unos derechos audiovisuales que valen millones, las operadoras ejecutan bloqueos sobre determinadas direcciones y, en medio, servicios perfectamente legales se quedan sin acceso durante las franjas de partido. El fútbol quería cazar emisiones pirata; por el camino ha terminado tocando parte de la vida digital cotidiana.

El bloqueo sale del estadio y entra en la vida diaria

El caso de Glovo ha hecho ruido porque no se trata de una web técnica que solo detectan administradores de sistemas o usuarios muy especializados. Es una marca masiva, visible, inmediata. Según la información difundida este 9 de marzo, la IP vinculada a Glovo apareció bloqueada en distintos momentos del sábado 8, coincidiendo con partidos de la competición. En paralelo, Snow2Day también sufrió cortes durante la misma franja. La combinación resulta reveladora por pura lógica: una app de comida y una página de webcams de nieve no tienen nada que ver con la retransmisión ilegal de un encuentro, pero quedaron atrapadas en el mismo cerco. Eso es precisamente lo que ha disparado otra vez la polémica.

Hay además un matiz que agrava el episodio. Glovo no es solo una app para pedir hamburguesas o sushi. También canaliza compras de farmacia, encargos urgentes y gestiones rápidas en comercios adheridos. El corte, por tanto, no se lee solo como una molestia menor ni como una anécdota simpática de redes sociales. Habla de una interferencia real sobre servicios de uso diario, justo en el momento en que LaLiga insiste en que sus actuaciones son selectivas y proporcionadas. Si el método acaba alcanzando herramientas tan integradas en la rutina, el problema empieza a desbordar la esfera del entretenimiento y entra de lleno en la de la normalidad digital básica.

La sentencia que abrió la puerta a los bloqueos dinámicos

El origen jurídico de esta escalada está en una resolución del Juzgado de lo Mercantil número 6 de Barcelona, fechada el 18 de diciembre de 2024, que autorizó a LaLiga y a Telefónica Audiovisual Digital, matriz de Movistar Plus+, a comunicar a los proveedores de acceso las direcciones IP que facilitasen acceso ilícito a contenidos protegidos durante las jornadas de competición. Esa arquitectura permitió aplicar un sistema de bloqueo dinámico, es decir, un esquema mucho más flexible y agresivo que el cierre clásico de una página concreta, porque habilita actuaciones ligadas al desarrollo de los partidos y a la detección en tiempo real de infraestructuras presuntamente implicadas en la distribución ilegal.

Ese respaldo judicial no se quedó congelado en papel. En 2025, los recursos presentados por Cloudflare y RootedCON contra esa base legal fueron rechazados, y el juzgado volvió a avalar la línea de actuación de LaLiga frente a la piratería. Ahí está una de las claves del asunto: la organización presidida por Javier Tebas no actúa al margen de la justicia, sino al amparo de resoluciones que le han dado margen para endurecer la persecución de emisiones ilegales. Otra cosa, muy distinta, es el efecto práctico del sistema. Una medida puede nacer de una cobertura judicial y, aun así, abrir un debate muy serio sobre proporcionalidad, transparencia y afectación a terceros. Ahí es donde el caso se ha ido embarrando de verdad.

Qué se bloquea de verdad cuando se bloquea una IP

El nudo técnico es menos exótico de lo que parece. Cloudflare no es una web concreta, sino una gigantesca infraestructura que da seguridad, rendimiento y distribución de contenido a una parte muy amplia de Internet. Cuando una página utiliza sus servicios, puede quedar escondida detrás de una IP compartida con miles de dominios más. Así que al bloquear una sola dirección no siempre se apaga una sola puerta: a veces se baja la persiana de todo un edificio. Esa es la razón por la que el conflicto ha dejado fuera de juego a páginas que no ofrecían fútbol, no alojaban emisiones pirata y no tenían relación alguna con el negocio audiovisual de LaLiga.

La tensión aumentó todavía más con la expansión de sistemas de privacidad como ECH, que complican a los operadores identificar con precisión el destino final del tráfico web. En otras palabras, si se quiere cortar una emisión ilegal sin tocar lo demás, el trabajo se vuelve más fino, más caro y bastante más difícil. LaLiga sostiene que eso convierte a Cloudflare en una especie de escudo operativo para servicios infractores; Cloudflare replica que el remedio de bloquear infraestructura compartida es torpe, desproporcionado y, a menudo, poco eficaz. Lo que ha quedado claro es que el bloqueo quirúrgico del que se habla tantas veces se parece menos a un láser y bastante más a una redada que arrastra demasiado material inocente.

LaLiga mantiene su versión y descarga la responsabilidad en Cloudflare

La posición oficial de LaLiga no ha cambiado en lo esencial desde que estalló la controversia. En su nota informativa de 15 de febrero de 2025, la patronal negó que estuviera ejecutando un bloqueo “masivo e indiscriminado” y defendió que las IP afectadas estaban vinculadas a la distribución ilegal de sus contenidos, aunque esas mismas direcciones también pudieran alojar páginas legítimas. Su tesis es muy clara: el verdadero responsable de que haya terceros perjudicados sería Cloudflare, por mezclar de forma consciente servicios legales con infraestructura utilizada por organizaciones criminales o plataformas pirata. A la vez, LaLiga llegó a habilitar un buzón para afectados con webs alojadas en Cloudflare, un gesto que, en el fondo, ya reconocía que el impacto sobre páginas legítimas existía y no era menor.

En paralelo, LaLiga ha repetido que una parte muy relevante del ecosistema de emisiones ilegales del fútbol en España se apoya en la red de Cloudflare. En la querella posterior y en otras explicaciones públicas, el porcentaje manejado por la organización se ha movido en torno al 38% o el 40% de los servicios ilícitos detectados. Ese dato sirve a Tebas y a su equipo para justificar el endurecimiento del cerco: si la infraestructura más usada por los infractores sigue intacta, sostienen, el negocio pirata se regenera con demasiada facilidad. Su argumento no es pequeño ni improvisado; responde a una estrategia de años y a la convicción de que la piratería erosiona directamente el valor de los derechos audiovisuales que sostienen la competición.

Cloudflare endurece el choque y la pelea ya ha saltado al terreno penal

La respuesta de Cloudflare ha sido igual de dura, aunque desde un marco distinto. En su informe de transparencia del segundo semestre de 2025, la compañía situó el caso español entre los ejemplos más notorios de sobrebloqueo, y afirmó que, a través de los ISP españoles, se estaban bloqueando IP compartidas por miles de webs durante los partidos, causando caídas severas y sin una supervisión pública suficiente. Añadió además algo especialmente incómodo para la narrativa de LaLiga: no veía evidencia concreta de que ese método tan brusco estuviera resolviendo de forma significativa el problema de la piratería. La crítica, en el fondo, no iba solo contra un titular de derechos, sino contra una forma de intervenir sobre la infraestructura de Internet.

La pelea dio un salto todavía mayor el 4 de marzo de 2026, cuando trascendió que la justicia española había citado como investigado a Matthew Browning Prince, consejero delegado de Cloudflare Inc., en una causa impulsada por LaLiga y Telefónica Audiovisual Digital. El asunto lo instruye el Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid, que fijó su comparecencia para el 7 de abril. La querella acusa a la compañía y a su CEO de delitos contra la propiedad intelectual, amenazas o coacciones y obstrucción a la justicia. Según la documentación conocida, los querellantes sostienen que Cloudflare recibió más de 114 requerimientos formales y que su infraestructura habría impedido la ejecución eficaz de la resolución mercantil que ampara el bloqueo dinámico.

Ese movimiento judicial cambia el tono del conflicto. Ya no se trata solo de una disputa entre una patronal del fútbol y una multinacional tecnológica, ni de un rifirrafe entre ingenieros y abogados sobre cómo funciona un reverse proxy o una CDN. Lo que está en juego es si un intermediario global puede ser considerado, en la práctica, un actor suficientemente implicado como para responder penalmente por la continuidad del ecosistema pirata que usa su infraestructura. Es un precedente de gran calibre para España y también para Europa, porque toca un nervio central de la economía digital: hasta dónde llega la responsabilidad de quien no aloja necesariamente el contenido, pero sí lo protege, acelera u oculta desde el punto de vista técnico.

Los daños colaterales ya tienen demasiados nombres propios

El caso de Glovo no llega, por tanto, sobre un terreno virgen. Antes ya habían aparecido otros nombres que ayudaron a dibujar el mapa de daños. En diciembre de 2025, los bloqueos asociados a la jornada de fútbol afectaron a Madrid Salud, la web de salud pública del Ayuntamiento de Madrid. En febrero de 2026, varios medios tecnológicos documentaron también problemas con Freedom.gov, una nueva plataforma estadounidense vinculada a herramientas de libertad digital. En paralelo, siguieron apareciendo denuncias sobre afectaciones a foros, medios, páginas comerciales y servicios sanitarios o corporativos que compartían infraestructura protegida por Cloudflare. La lista, más que cerrar el debate, lo ha ido ensanchando.

El malestar se ha hecho visible incluso entre empresas y medios que no participan en absoluto del negocio pirata. En las últimas semanas, por ejemplo, HTCMania denunció presiones por parte de LaLiga en pleno choque con Cloudflare, mientras seguían circulando referencias a webs de hospitales y otros servicios que quedaban expuestos a los mismos cortes. El patrón se repite siempre con la misma monotonía: una infraestructura compartida, una orden de bloqueo pensada para derribar accesos ilícitos, y una cadena de páginas legales que se descubre colgando del mismo cable. La sensación de arbitrariedad crece porque el afectado puede pasar de no tener ningún problema a desaparecer de la red española justo cuando empieza un partido.

El conflicto ya llegó al Congreso y dejó de ser solo técnico

La controversia no se ha quedado en blogs especializados ni en la bronca entre LaLiga y Cloudflare. El asunto llegó al Congreso de los Diputados en 2025, donde se formularon preguntas escritas sobre las medidas adoptadas para impedir la afectación de páginas web legítimas durante el bloqueo de contenidos pirata por parte de LaLiga y Movistar. Que el tema acabara en sede parlamentaria es significativo: deja de ser una discusión de nicho para convertirse en una cuestión con dimensión política, vinculada a derechos digitales, a la neutralidad de la red y al funcionamiento normal de servicios legales durante las jornadas deportivas.

También ha cristalizado una reacción civil y profesional alrededor del fenómeno. Distintos afectados han agrupado casos, foros técnicos y argumentos jurídicos para denunciar que la lógica del bloqueo está castigando a terceros sin una vía clara de defensa previa, sin transparencia suficiente sobre el criterio aplicado y sin una evaluación pública convincente de los daños causados. Ahí está el corazón del malestar: nadie discute que la piratería exista ni que el fútbol quiera perseguirla; lo que se discute es si esa persecución puede convertirse en una interrupción recurrente de servicios legales y seguir llamándose proporcionada con la misma tranquilidad.

Lo que revela de verdad el caso Glovo

La aparición de Glovo en esta historia actúa como una especie de prueba de estrés. Hasta ahora, parte del conflicto podía sonar lejano, técnico, incluso abstracto. Se hablaba de IP, de CDN, de ECH, de juzgados mercantiles y de medidas cautelares; demasiada terminología para un problema que, en el fondo, se traduce en algo mucho más sencillo: servicios legales que dejan de funcionar cuando hay fútbol. Glovo rompe esa abstracción porque pone el problema delante de cualquiera. Ya no es una disputa entre expertos. Es una app muy conocida que aparece salpicada por un método pensado para otra cosa. Y eso cambia mucho la percepción pública del asunto.

El caso de Snow2Day tiene, además, una potencia simbólica similar. Las webs de estaciones y webcams de nieve se consultan para ver el estado real de las pistas, el tiempo o la visibilidad antes de salir hacia una zona de esquí. No hay aquí una relación remota con el partido pirateado ni una frontera gris entre legalidad y abuso. Hay un servicio informativo, banal en apariencia pero perfectamente legítimo, que cae dentro del radio de un bloqueo porque comparte infraestructura con otros sitios. Esa imagen resume el problema mejor que muchos informes: el sistema no distingue con la finura que necesitaría para sostener el relato de la precisión.

Cuando el método empieza a volverse contra LaLiga

LaLiga ha construido su estrategia antipiratería sobre una idea comprensible y, desde su punto de vista, innegociable: proteger el valor del fútbol profesional y cerrar el paso a un mercado ilegal que considera devastador para clubes, operadores y titulares de derechos. Esa lógica sigue ahí y nadie en la patronal da señales de querer aflojar. Pero la acumulación de episodios como Glovo, Snow2Day, Madrid Salud o Freedom.gov está desplazando el foco. Cada nuevo caso alimenta menos el rechazo a la piratería y más la sospecha de que el remedio escogido se está comiendo una parte demasiado amplia de la red legítima. Cuando eso ocurre de forma repetida, la discusión deja de girar solo sobre el infractor y empieza a girar sobre quien bloquea.

A corto plazo, el frente judicial seguirá marcando la temperatura del caso. A medio plazo, la pregunta decisiva será otra: si España puede sostener como normal un sistema en el que durante los partidos se vean afectados servicios legales, empresariales o incluso públicos por compartir una capa técnica con terceros. Ahí está la grieta que ha dejado abierta esta historia. LaLiga quiere demostrar que sin dureza no hay forma de frenar el negocio pirata. Sus críticos creen que esa dureza está rompiendo demasiado alrededor. Lo de Glovo no zanja ese pulso; lo deja, en realidad, mucho más expuesto.