Jubilados: proceso abierto para reclamar ingresos extra a Hacienda: ¿quién puede cobrar?

El proceso abierto para reclamar ingresos extra a Hacienda afecta a un grupo concreto de jubilados: antiguos mutualistas que realizaron aportaciones a mutualidades laborales y cuya pensión pudo tributar de más en el IRPF. No todos los pensionistas entran en esta vía. Ese es el primer filtro, frío pero decisivo, antes de imaginar devoluciones con música de caja registradora.

La devolución nace de la aplicación de la disposición transitoria segunda de la Ley del IRPF, que permite reducir la parte de la pensión vinculada a aportaciones que en su día no pudieron deducirse. Dicho en castellano llano: si una parte de esa pensión ya soportó carga fiscal en el pasado y volvió a tributar después, Hacienda puede tener que devolver dinero. La Agencia Tributaria mantiene habilitado un formulario específico para pedir la devolución por aportaciones a mutualidades, con especial impacto en los ejercicios 2019 a 2022 y en años anteriores no prescritos cuando proceda.

Quién puede reclamar ingresos extra a Hacienda

El perfil típico es el de un jubilado que cobró o cobra pensión de jubilación o invalidez y que, durante su vida laboral, hizo aportaciones a mutualidades laborales antes de que el sistema quedara plenamente integrado en la Seguridad Social tal como hoy lo entendemos. La reducción puede aplicarse cuando esas aportaciones se hicieron antes del 1 de enero de 1999 y no pudieron minorar la base imponible en su momento.

No hablamos de una propina ni de una ayuda nueva, aunque algunos titulares lo vendan con fanfarria de tómbola. Se trata de una devolución fiscal: Hacienda recalcula el IRPF porque una parte de la pensión no debió tributar como lo hizo. Si del ajuste sale una cuota menor que la ya ingresada o que las retenciones soportadas, aparece el importe a devolver.

Hay casos claros. Las pensiones satisfechas por el INSS o por el Instituto Social de la Marina pueden dar derecho al ajuste si proceden de aportaciones a mutualidades laborales. Para aportaciones anteriores al 1 de enero de 1967, la parte correspondiente de la pensión puede reducirse al 100%; para las realizadas entre el 1 de enero de 1967 y el 31 de diciembre de 1978, la reducción es del 25%, de modo que solo tributa el 75% de esa parte.

No todos los jubilados entran en el proceso

Aquí conviene apagar el ruido. No basta con ser pensionista. Quedan fuera varios supuestos: pensiones de Clases Pasivas cuando el funcionario solo estuvo incluido durante toda su vida laboral en ese régimen, pensiones de viudedad, pensiones no contributivas y pensiones derivadas de mutualidades laborales de autónomos cuando las aportaciones ya fueron deducibles.

La diferencia parece pequeña, pero pesa como una puerta de ministerio. Una pensión de viudedad, por ejemplo, no entra por sí misma porque no deriva de aportaciones hechas por quien la percibe. En cambio, una persona viuda sí podría aplicar la reducción por su propia pensión de jubilación si cumple los requisitos. El matiz es seco, administrativo, pero decide si hay dinero o solo una tarde perdida peleándose con la sede electrónica.

También existen pensiones complementarias vinculadas a mutualidades, planes de pensiones o fondos especiales de entidades públicas que pueden tener derecho al ajuste en determinadas condiciones. El mapa no es uniforme. Cada vida laboral trae su propio sedimento: banca, industria, comercio, metal, seguros, administración… nombres antiguos, nóminas amarillentas, cotizaciones que hoy vuelven desde el fondo del cajón.

El formulario que mantiene abierto el camino

La solicitud se presenta mediante el formulario de mutualistas de la Agencia Tributaria. Para acceder, se puede usar certificado electrónico, DNI electrónico, Cl@ve o número de referencia. El trámite pide datos básicos: identificación, teléfono y una cuenta bancaria de titularidad del solicitante. En principio no hay que adjuntar documentación adicional, aunque Hacienda puede requerirla si no dispone de información suficiente.

El formulario no es un simple buzón. Al presentarlo, el contribuyente autoriza a la Agencia Tributaria a iniciar el procedimiento que corresponda para determinar si procede la devolución. Después, la propia sede permite consultar el estado: solicitudes en estudio, solicitudes con devolución y solicitudes sin devolución, con explicación del motivo cuando no sale cantidad a favor.

La Ley 5/2025 terminó de ordenar el laberinto al modificar el régimen introducido por la Ley 7/2024. El formulario sirve para iniciar procedimientos relativos a los ejercicios 2019 a 2022, y si ya se había presentado antes de la entrada en vigor de la nueva redacción, se entiende que también cubre 2020, 2021 y 2022. Es decir, no siempre hay que volver a llamar a la puerta. A veces Hacienda ya tiene el papel, aunque tarde en leerlo.

Los plazos que importan en 2026

La fecha clave para muchos afectados fue el 2 de febrero de 2026. Quienes no habían presentado antes ninguna solicitud y querían que el formulario surtiera efectos sobre IRPF 2020, 2021 y 2022 debían hacerlo antes de ese día. A fecha 4 de julio de 2026, ese primer plazo ya ha pasado. No conviene maquillarlo: para quien no movió ficha antes, el ejercicio 2020 puede haberse quedado fuera salvo situaciones de interrupción de la prescripción.

El proceso, aun así, no está cerrado. Para quienes no habían solicitado nada, el formulario puede tener efectos sobre IRPF 2021 y 2022 si se presenta hasta el 2 de febrero de 2027. Para el ejercicio 2022, el límite se estira hasta el 2 de febrero de 2028. Son fechas limpias, de calendario, sin poesía posible.

Hay una vía distinta para quienes sí presentaron una solicitud antes del 22 de diciembre de 2024 y esta quedó sin efecto por el cambio normativo. En ese caso, aquella solicitud interrumpió la prescripción, y el plazo para presentar el nuevo formulario se calcula sumando cuatro años y 217 días a la fecha de interrupción. Una solicitud presentada el 10 de septiembre de 2024, por ejemplo, llevaría el nuevo límite al 15 de abril de 2029.

Qué ejercicios se pueden recuperar

El núcleo del proceso está en los ejercicios 2020, 2021 y 2022, además de 2019 y años anteriores no prescritos cuando el derecho no se haya perdido o cuando una solicitud previa interrumpiera la prescripción. No hay una barra libre retrospectiva hasta los años de pantalón de campana. El derecho existe, sí, pero se mueve dentro de plazos tributarios muy concretos.

Para el IRPF 2023, la modificación normativa no afecta a las solicitudes ya presentadas. La mayoría se siguen tramitando sin necesidad de presentar un nuevo documento salvo requerimiento. Y para 2024 y ejercicios siguientes, el funcionamiento ordinario es automático si la AEAT dispone de la información: el ajuste aparece en los datos fiscales como “Ajuste por Mutualidades – DT2 LIRPF” y se aplica en la declaración.

En la Renta 2025 también se mantiene esa lógica: cuando Hacienda tiene todos los datos, el ajuste se incorpora directamente en la declaración. Cuando no los tiene, el contribuyente puede encontrarse con avisos o con la necesidad de presentar el formulario. El silencio administrativo, ya se sabe, no siempre significa paz; a veces significa que falta una pieza.

El formulario también puede presentarlo un sucesor cuando el beneficiario falleció entre 2019 y 2024. Esta posibilidad existe incluso mediante el número de referencia del fallecido o a través del registro de sucesores cuando corresponda. Es una parte menos visible del proceso, pero importante: el derecho fiscal no siempre muere con quien lo generó.

Las solicitudes antiguas merecen una mirada especialmente fina. Las presentadas antes del 22 de diciembre de 2024 cuya devolución no hubiera sido acordada quedaron sin efecto, pero no fueron inútiles: interrumpieron la prescripción. Las devoluciones ya abonadas, en cambio, no se ven afectadas. Otra vez la letra pequeña, esa patria diminuta donde Hacienda gobierna con lupa.

Cuánto dinero puede devolver Hacienda

No hay una cifra universal. La cantidad depende de la pensión, de los años afectados, de las retenciones, de si se presentó declaración, de la parte de la prestación vinculada a aportaciones a mutualidades y de cómo encaje cada caso en la DT2. Algunos contribuyentes recibirán importes modestos. Otros, cantidades más apreciables. Prometer una suma fija sería tan serio como calcular una pensión mirando los posos del café.

Lo relevante es que puede haber devolución cuando, tras aplicar la reducción, la cuota tributaria resulta inferior a lo ya ingresado o retenido. También pueden corresponder intereses de demora en determinados supuestos. Para ingresos efectuados en una declaración, los intereses se calculan desde la fecha del ingreso; para devoluciones vinculadas a retenciones u otros pagos a cuenta, el cómputo depende del vencimiento del plazo de seis meses desde la primera solicitud.

El dinero no cae solo, pero el derecho existe

La noticia útil es esta: los jubilados mutualistas aún pueden reclamar ingresos extra a Hacienda si cumplen los requisitos y no han dejado morir los plazos. El procedimiento no es una ayuda nueva ni un regalo fiscal, sino la corrección de una tributación excesiva reconocida por la jurisprudencia y encajada después en el mecanismo administrativo de la Agencia Tributaria.

El trámite está vivo, pero con calendario. Quien ya presentó el nuevo formulario antes del 26 de julio de 2025 no tiene que repetirlo para 2020, 2021 y 2022. Quien no había solicitado nada llegó tarde para cubrir los tres ejercicios desde febrero de 2026, aunque todavía puede reclamar 2021 y 2022 hasta el 2 de febrero de 2027, y 2022 hasta el 2 de febrero de 2028. Quien presentó una solicitud anterior al 22 de diciembre de 2024 juega con otro reloj, más largo, porque la prescripción quedó interrumpida.

Al final, todo se reduce a una escena bastante española: un jubilado frente al ordenador, una carpeta con papeles antiguos, una clave que no entra a la primera y Hacienda al otro lado del cristal. Pero esta vez la ventanilla no está cerrada para todos. Para muchos mutualistas, todavía queda una devolución posible. Y conviene llamarla por su nombre: dinero pagado de más.