¿Puede Leire Díez anular la causa SEPI por móvil, ordenador y agendas?

La defensa de Leire Díez ha pedido la nulidad de la causa en la Audiencia Nacional y no lo ha hecho por la puerta pequeña: quiere invalidar su detención, la incautación de su teléfono móvil, el ordenador, las agendas, las libretas y, sobre todo, toda la información obtenida a partir de ese material. Es decir, no discute solo una diligencia incómoda. Intenta desmontar el andamiaje probatorio de una investigación que ya mezcla adjudicaciones vinculadas a la SEPI, presuntas comisiones y las llamadas cloacas del PSOE. Casi nada, que diría un ujier viendo pasar cajas de documentación por el pasillo.

El núcleo de la petición es claro: sus abogados sostienen que la detención fue desproporcionada, que no estaba suficientemente motivada y que la Guardia Civil no tenía autorización judicial bastante para incautar y acceder al contenido de sus dispositivos y efectos personales. La defensa alega también que no había riesgo de fuga ni delito flagrante, y que una citación habría bastado para que compareciera ante el juez. En términos prácticos, pide que se borre del procedimiento lo que considera una entrada irregular en su esfera privada: comunicaciones, archivos, documentos y agendas.

La jugada tiene una carga jurídica evidente y otra política, inevitable. Díez, exmilitante socialista y antigua responsable de comunicación en Enusa, aparece en una investigación que ha ido creciendo como esas manchas de humedad que primero parecen una tontería y luego obligan a levantar media pared. En diciembre de 2025 fue detenida por la UCO junto al expresidente de la SEPI Vicente Fernández, en una causa bajo secreto centrada entonces en posibles delitos de fraude, falsedad documental, malversación, tráfico de influencias y prevaricación.

Qué pide exactamente su defensa

El escrito presentado por la defensa solicita la nulidad de las actuaciones relacionadas con la detención y con la incautación de objetos y dispositivos electrónicos, móviles y físicos. También reclama la nulidad de las diligencias y resoluciones judiciales derivadas de ese material, lo que, de prosperar, podría dejar fuera una parte relevante de la investigación. No sería un simple borrón administrativo; sería sacar del tablero piezas que la UCO ha considerado útiles para reconstruir contactos, anotaciones, posibles gestiones y vínculos entre investigados.

Los abogados insisten en que la actuación policial se apoyó en sospechas genéricas y no en datos objetivos suficientes. Según la defensa, los indicios procedían de material intervenido previamente a Joseba Antxon Alonso y no justificaban una detención más de un año después de esas primeras pesquisas. También subrayan que Díez tenía domicilio conocido en España y era una persona pública, dos argumentos con los que tratan de derribar la hipótesis del riesgo de fuga.

La parte más sensible está en el acceso al contenido. Una cosa es incautar un teléfono; otra, abrirlo como quien abre un cajón lleno de cartas, recibos, fotografías, conversaciones familiares y papeles mezclados. La defensa denuncia un volcado masivo e indiscriminado de información, con afectación al secreto de las comunicaciones y a datos privados. En un caso de corrupción, la tentación de “mirarlo todo” siempre ronda la mesa. Pero el derecho, ese aguafiestas necesario, exige límites.

Móvil, ordenador y agendas: por qué importan tanto

El teléfono, el ordenador y las agendas son relevantes porque ahí suelen vivir las investigaciones modernas: mensajes, reuniones, anotaciones, contactos, calendarios, rastros que no huelen a tinta pero pesan en un sumario. La UCO incautó efectos personales en el momento de la detención y también en registros practicados en varios domicilios, donde se requisaron agendas, libretas, ordenadores y otros documentos. La defensa sostiene que parte de ese material se obtuvo sin cobertura suficiente y que su incorporación contamina la causa.

Esta pelea no nace de la nada. En junio, la defensa ya había denunciado que varias agendas incautadas por la UCO no eran de Leire Díez o pertenecían a otro periodo, y pidió retirar de las diligencias documentos ajenos al marco temporal que ella considera investigado, entre 2021 y 2023. Algunas agendas, según esa tesis, pertenecerían al dueño de uno de los domicilios registrados; otras incluirían letra que no sería la suya. En las que sí reconoce como propias, la defensa dice que aparecen datos personales, asuntos médicos y reuniones con abogados que debieron ser apartados mediante un expurgo serio, no con una escoba de juzgado de guardia.

El término expurgo parece burocrático, de archivo polvoriento, pero aquí es decisivo. Significa separar lo que puede tener relevancia penal de lo que pertenece a la vida privada y no debe entrar en la causa. En marzo, el juez Santiago Pedraz ya había ordenado a la UCO presentar los efectos originales intervenidos y prohibió a la unidad investigadora usar el contenido de los dispositivos hasta que se hiciera ese filtrado bajo control judicial. Esa providencia abrió una pieza separada y reservada para apartar lo que no fuera objeto de investigación.

La causa SEPI y la otra pata del caso

La investigación no se limita a los dispositivos de Díez. La Audiencia Nacional indaga una presunta trama relacionada con ayudas y contratos públicos vinculados a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI, en la que aparecen Leire Díez, el expresidente Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso. Según los informes incorporados a la causa, el foco está en operaciones en las que se habrían usado contactos e influencia para favorecer a determinadas empresas a cambio de comisiones. Todo presunto, claro. La presunción de inocencia no es una nota al pie: es el suelo.

El juez Pedraz impulsó recientemente esta línea al citar como investigada a la actual presidenta de la SEPI, Belén Gualda, y a otras 24 personas entre empresarios y responsables públicos. Anticorrupción, apoyándose en informes de la UCO, sitúa bajo sospecha cinco operaciones que suman 132,9 millones de euros de dinero público. Los investigadores calculan que la presunta trama habría ingresado 750.614 euros. Son cifras que obligan a leer despacio, sin espuma partidista, porque aquí el titular fácil puede correr más que el expediente.

Una de las operaciones principales es el rescate de Tubos Reunidos, concedido en julio de 2021 por 112,8 millones de euros a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. También figuran en el radar contratos vinculados al Parque Empresarial Principado de Asturias, Enusa y una inversión relacionada con Forestalia. La investigación apunta a un mapa de intermediaciones, reuniones, supuestas gestiones y pagos; un mapa, en fin, donde la administración pública aparece como territorio demasiado fértil para quienes confunden influencia con ventanilla rápida.

Las cloacas del PSOE y el frente de la UCO

La otra dimensión del caso es aún más inflamable: las presuntas maniobras para presionar o desacreditar a miembros de la UCO y de la Fiscalía Anticorrupción que investigaban causas sensibles para el PSOE, el Gobierno y el entorno de Pedro Sánchez. El juez Pedraz citó como investigados a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director adjunto operativo, Manuel Llamas, después de que lo pidiera la Fiscalía Anticorrupción. Ambos deberán declarar el 16 de julio por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia.

La investigación sostiene que se pudieron instrumentalizar informaciones reservadas contra agentes de la UCO como mecanismo de presión. González ha negado haber participado en ninguna trama y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha mantenido su confianza en ella y en Llamas. La escena es delicada: de un lado, fiscales y guardias civiles hablando de intimidación; de otro, altos cargos defendiendo que no hubo maniobras oscuras. Entre medias, el juzgado, que no está para fabricar épica sino para ordenar hechos.

Para la defensa de Díez, esta ampliación del caso también tiene un problema de origen. Ya había recurrido la negativa de Pedraz a declarar la nulidad del procedimiento y a aceptar la tesis de que se estaría produciendo una duplicidad de investigaciones sobre hechos similares, lo que jurídicamente se conoce como non bis in idem: que nadie sea perseguido dos veces por lo mismo. La Fiscalía, por su parte, se ha opuesto a anteriores intentos de nulidad y ha defendido la consistencia de la investigación.

Qué puede pasar ahora en la Audiencia Nacional

La decisión queda en manos del juez instructor. Si acepta la tesis de la defensa, tendría que valorar qué actuaciones fueron inválidas y qué pruebas derivadas quedan afectadas. En el escenario más intenso, parte del material incautado podría quedar fuera del procedimiento y algunas diligencias perderían apoyo. En el más probable, al menos de entrada, el juez podría limitar el alcance de la nulidad, ordenar un expurgo más estricto o rechazar la petición si considera que hubo cobertura suficiente, urgencia investigadora o control judicial posterior bastante.

La clave estará en algo muy seco, muy poco televisivo y absolutamente esencial: la motivación de los autos, el alcance de las autorizaciones, el momento exacto de la incautación y la trazabilidad del acceso a los dispositivos. Ahí se juega la causa mucho más que en los motes. “Fontanera”, “cloacas”, “trama”: palabras con brillo de neón. Pero un procedimiento penal se cae, o aguanta, por tornillos menos vistosos. Un auto mal motivado puede ser una grieta; una cadena de custodia sólida, un muro.

La UCO y Anticorrupción podrán sostener que la actuación fue necesaria para evitar la destrucción de pruebas, sobre todo si se recuerda que las detenciones de diciembre de 2025 se precipitaron cuando Vicente Fernández detectó un dispositivo de vigilancia antes de una cita con Díez. Según fuentes de la investigación citadas entonces, existía el temor de que los investigados se alertaran entre sí y destruyeran material. Ese argumento no resuelve por sí solo la nulidad, pero explica el clima de urgencia en el que se movió el operativo.

El verdadero choque: garantías frente a eficacia

El caso Leire Díez ya no se entiende solo como una investigación sobre contratos, influencias o presuntas cloacas. Se ha convertido también en una prueba de resistencia del sistema: hasta dónde puede llegar una investigación penal cuando toca poder político, empresas públicas, altos mandos y dispositivos personales cargados de vida privada. La democracia liberal —esa cosa tan vieja y tan necesaria— no consiste en elegir entre perseguir la corrupción o proteger derechos. Consiste en hacer las dos cosas a la vez, aunque sea más lento, más incómodo y menos rentable para el griterío.

La petición de nulidad no absuelve a nadie. Tampoco prueba una conspiración policial. Es una batalla procesal con consecuencias potencialmente enormes: si el juez ve vulneración de derechos fundamentales, parte del caso puede tambalearse; si no la ve, la investigación seguirá avanzando con el material que supere el filtro judicial. Lo importante ahora no es quién grita más fuerte, sino qué documentos son válidos, qué indicios resisten y qué garantías se respetaron. En los sumarios, como en las viejas casas, lo decisivo muchas veces no está en la fachada, sino en los cimientos.