¿Podrás jubilarte sin penalización tras 40 años cotizados en España?

El Congreso de los Diputados afronta este martes 22 de septiembre una votación con consecuencias potencialmente importantes para quienes acumulan una vida laboral especialmente larga. La Cámara decidirá si comienza a tramitar una proposición de ley impulsada por Podemos para que las personas con 40 años o más cotizados puedan acceder a la jubilación anticipada sin que su pensión sufra los actuales coeficientes reductores.

Eso no significa que desde el martes cualquier trabajador con cuatro décadas cotizadas vaya a poder abandonar su empleo cobrando inmediatamente la pensión completa. La propuesta pretende eliminar la penalización económica, pero mantiene las condiciones de edad y los demás requisitos exigidos para acceder a la jubilación anticipada voluntaria o involuntaria. Y hay otra pata relevante: también permitiría revisar determinadas pensiones ya reconocidas.

La diferencia parece pequeña hasta que se traduce a euros. En el sistema actual, adelantar la jubilación puede reducir permanentemente la cuantía de la pensión. El porcentaje depende fundamentalmente de los meses de anticipación y del tiempo total cotizado. Para alguien que lleva trabajando desde muy joven, ese descuento puede acompañarle durante toda su jubilación.

Qué quiere cambiar la jubilación con 40 años cotizados

La proposición plantea modificar los artículos 207 y 208 de la Ley General de la Seguridad Social, que regulan la jubilación anticipada involuntaria y voluntaria. El principio que introduce es directo: cuando el trabajador acredite 40 años de cotización, dejarían de aplicarse los coeficientes que reducen la cuantía de su pensión.

El cambio no crea, por tanto, una nueva edad general de jubilación. En 2026, la edad ordinaria está situada en 65 años para quienes acrediten al menos 38 años y tres meses cotizados. Quienes no alcancen ese periodo deben esperar hasta los 66 años y diez meses. Desde 2027, el umbral quedará en 38 años y seis meses para mantener la jubilación ordinaria a los 65; por debajo de esa cotización, serán 67 años.

Una persona que tenga exactamente 40 años cotizados entra en 2026 en el grupo que puede alcanzar la edad ordinaria a los 65 años. Con los requisitos correspondientes, la jubilación anticipada voluntaria puede adelantarse un máximo de dos años, mientras que la derivada de determinadas causas ajenas a la voluntad del trabajador permite anticiparla hasta cuatro.

El recorte puede ser importante si se adelanta dos años

En la jubilación anticipada voluntaria, una persona situada entre 38 años y seis meses y menos de 41 años y seis meses de cotización soporta actualmente una reducción del 19% si adelanta su retiro 24 meses. Con menos meses de anticipo, el porcentaje va disminuyendo, aunque el recorte continúa afectando a la cuantía de la pensión.

En la modalidad involuntaria los porcentajes pueden ser todavía mayores porque el retiro puede adelantarse hasta cuatro años. Para ese mismo tramo de cotización, una anticipación de 48 meses puede suponer una reducción del 28%. Son cifras que explican por qué el debate lleva años reapareciendo en el Congreso.

La iniciativa de Podemos pretende dibujar una frontera nueva: alcanzados los 40 años cotizados, esos coeficientes dejarían de aplicarse. Quien tuviera 39 años y once meses seguiría sujeto a las reducciones previstas en la ley; quien llegase a cuatro décadas de cotización, de prosperar el texto en sus términos actuales, quedaría fuera de ellas.

No bastaría con cotizar 40 años para jubilarse a cualquier edad

Este es probablemente el matiz más importante para quien busca saber si la reforma permitiría jubilarse inmediatamente después de cumplir cuatro décadas cotizadas. La respuesta es no. La proposición mantiene la edad mínima de acceso y las demás condiciones específicas de cada modalidad de jubilación anticipada.

En la voluntaria, por ejemplo, se exige actualmente un periodo mínimo de cotización efectiva de 35 años y que la pensión resultante supere la pensión mínima que correspondería al interesado según su situación familiar al llegar a los 65 años. El adelanto está limitado, con carácter general, a dos años respecto a la edad ordinaria.

La jubilación anticipada involuntaria tiene sus propias condiciones. Puede adelantarse hasta cuatro años y exige, entre otros requisitos, acreditar al menos 33 años cotizados, haber permanecido inscrito como demandante de empleo durante un determinado periodo y que la extinción laboral responda a alguna de las causas previstas legalmente.

Así que el número 40 actuaría como una llave para eliminar el descuento sobre la pensión, no como un billete automático de salida del mercado laboral. La distinción es importante porque buena parte de los titulares hablan de “jubilarse con 40 años cotizados”, cuando lo que se discute realmente es la supresión de la penalización para quien pueda acceder legalmente a una jubilación anticipada.

Prejubilación y jubilación anticipada no son lo mismo

También conviene separar dos conceptos que suelen mezclarse. En el lenguaje cotidiano se habla de prejubilación, pero la proposición afecta jurídicamente a la jubilación anticipada dentro del sistema público de pensiones. Una prejubilación suele responder a un acuerdo entre una empresa y un trabajador anterior al acceso efectivo a la pensión de la Seguridad Social.

La jubilación anticipada, en cambio, es una modalidad regulada legalmente que permite cobrar la pensión contributiva antes de la edad ordinaria cuando se cumplen ciertas condiciones. Es sobre esa pensión donde actúan los coeficientes reductores que la propuesta pretende suprimir después de 40 años cotizados.

Qué ocurriría con quienes ya están jubilados

La proposición no se limita a los futuros pensionistas. Incluye una disposición específica para las personas que, antes de la eventual entrada en vigor de la norma, ya hubieran accedido a la jubilación con 40 años cotizados. Estas podrían solicitar al Instituto Nacional de la Seguridad Social que recalculase su pensión conforme al nuevo sistema.

Si el resultado del recálculo fuese superior a la pensión que ya cobran, se produciría un incremento. Pero hay un matiz decisivo: según el texto presentado, esa mejora económica se aplicaría desde el momento de la solicitud. No se plantea devolver automáticamente todos los importes que el pensionista dejó de percibir desde la fecha original de su jubilación.

La medida tendría, por tanto, efectos sobre pensiones existentes, aunque no supondría una retroactividad económica completa desde el primer día de retiro. El término “retroactivo” puede resultar algo engañoso leído deprisa: permitiría revisar situaciones anteriores, sí, pero el aumento comenzaría desde la solicitud del nuevo cálculo si este resultara favorable.

Los datos aportados por el Gobierno permiten medir la dimensión económica del asunto. Entre los beneficiarios de jubilación anticipada voluntaria con carreras de 40 años o más, el coeficiente reductor medio es del 11,36%; su tiempo medio de cotización alcanza 43 años y seis meses y la edad media de retiro se sitúa en 63 años y dos meses.

En las jubilaciones anticipadas involuntarias de este grupo, el coeficiente reductor medio señalado por el Ejecutivo es del 18,9%. Esas personas acumulan de media 42 años y once meses cotizados y se jubilaron, también de media, a los 61 años y diez meses.

El Gobierno calcula un coste de 3.358 millones de euros

La principal objeción económica expresada por el Gobierno está en el coste. El Ejecutivo calcula que eliminar los coeficientes reductores de los actuales jubilados anticipados con carreras de al menos 40 años implicaría unos 3.358 millones de euros anuales adicionales para el sistema.

La estimación se divide en 1.345 millones correspondientes a beneficiarios de jubilación anticipada voluntaria y otros 2.013 millones vinculados a jubilaciones anticipadas involuntarias. El Gobierno sostiene que un cambio de esta dimensión debe analizarse dentro del Pacto de Toledo y del diálogo social.

Ahí se cruzan los dos argumentos centrales del debate. Los partidarios de eliminar la penalización consideran que alguien que ha contribuido durante cuatro décadas ya acumula una carrera de cotización suficientemente larga como para no sufrir un recorte permanente. La posición expresada por el Ejecutivo pone el foco en el impacto financiero que tendría modificar esas reglas para los pensionistas afectados.

No es una discusión meramente contable. Quien empezó a trabajar con veinte o veintiún años puede llegar a los 61, 62 o 63 con más de cuatro décadas enlazando nóminas y cotizaciones. Del otro lado, jubilarse antes de la edad ordinaria implica cobrar la pensión durante más años previsiblemente, que es precisamente una de las razones sobre las que descansa el sistema de coeficientes reductores.

El martes se vota la tramitación, no la aprobación definitiva

El Pleno del Congreso decidirá el martes 22 de septiembre si toma en consideración la proposición de ley. Dicho de forma menos parlamentaria: decidirá si la iniciativa puede seguir avanzando por el Congreso. Una votación favorable no eliminaría automáticamente los recortes al día siguiente.

Si supera esta fase, la proposición deberá recorrer el procedimiento legislativo correspondiente, con posibilidad de enmiendas y nuevas votaciones. El texto final, si llegara a aprobarse, podría por ello no ser idéntico al que está sobre la mesa. Hasta entonces, los coeficientes reductores actuales continúan vigentes.

La propuesta tampoco aparece de la nada. Fue registrada en mayo de 2024 y la reivindicación ha pasado varias veces por las Cortes. En noviembre de 2025, el Congreso aprobó una moción que reclamaba impulsar reformas para eliminar estos coeficientes en carreras largas, aunque aquella iniciativa no tenía carácter legislativo.

En junio de 2026, una propuesta de contenido similar presentada por Podemos como enmienda a otra ley fue rechazada con los votos en contra de PSOE y PP. La votación de septiembre abre otra vía, esta vez mediante la toma en consideración de una proposición de ley específica.

Una reforma que todavía tiene camino por delante

Para quien acumula 40 años cotizados, el dato esencial es bastante concreto: la propuesta que llega al Congreso pretende que pueda acceder a la jubilación anticipada sin reducción de la pensión, siempre que cumpla las condiciones legales exigidas para poder jubilarse antes de la edad ordinaria.

También abre la puerta a quienes ya se jubilaron con esa extensa carrera contributiva. Podrían pedir un nuevo cálculo al INSS y, si la cifra obtenida fuera mayor, empezar a cobrar la pensión revisada desde la fecha de la solicitud. No contempla, tal como está redactado el texto, devolver todos los recortes acumulados desde la jubilación.

El 22 de septiembre, por tanto, no aparecerá de golpe una nueva jubilación para quienes hayan trabajado cuatro décadas. Lo que estará en juego es si el Congreso permite avanzar una reforma capaz de cambiar una cuestión mucho más concreta y tangible: cuánto pierde cada mes una persona por haberse jubilado antes después de haber cotizado durante 40 años.