¿Por qué Egipto deporta refugiados sudaneses de vuelta a la guerra?

Egipto ha endurecido las detenciones y deportaciones de refugiados sudaneses mientras la guerra, el hambre y los ataques contra civiles continúan al otro lado de la frontera. El giro responde a una combinación incómoda: crisis económica, presión migratoria y creciente hostilidad social, junto con una nueva legislación de asilo que concentra más poder en manos de las autoridades egipcias.

El resultado es que personas que huyeron buscando protección están siendo devueltas a un territorio donde esa protección sencillamente no existe. Desde noviembre de 2025, las autoridades habrían deportado a más de 5.500 personas, una escalada abrupta frente al centenar aproximado de expulsiones formales registrado cada año en 2023 y 2024.

Egipto no publica estadísticas migratorias detalladas, por lo que la cifra no ha podido verificarse de forma independiente. Sí existe, sin embargo, una acumulación de testimonios sobre redadas en viviendas, calles y lugares de trabajo, detenciones en vehículos sin distintivos y traslados a cárceles abarrotadas donde escasean el agua, la comida y el espacio para dormir.

El Gobierno egipcio niega que exista una campaña general contra los refugiados y sostiene que las expulsiones se ejecutan mediante procedimientos legales. Abogados, activistas y antiguos detenidos describen otra realidad: hacinamiento, extorsiones, palizas, abusos sexuales y atención médica insuficiente. El refugio, en estos casos, terminó pareciéndose demasiado a una ratonera.

Las cárceles que encontraron quienes huían de la guerra

Al-Nazir Al-Sadig tenía 18 años, estudiaba secundaria y había escapado de Jartum con su familia. En enero fue detenido junto a tres amigos frente a su vivienda en Badr, un suburbio situado al este de El Cairo. Había cruzado las fronteras desde Sudán en octubre de 2024 y todavía no había regularizado su residencia egipcia.

El joven acabó encerrado durante más de tres semanas en una celda de apenas 6 metros por 6, compartida por más de 140 personas y cargada de humo. Los presos dormían por turnos porque el suelo no alcanzaba para todos. Respirar, según uno de sus compañeros, era difícil: solo funcionaba un aparato de aire acondicionado averiado.

El agua salía de una manguera instalada dentro de la zona de los retretes. La comida se reducía a pan y queso, mientras otros internos robaban los alimentos que llevaban las familias durante las visitas. También le quitaron la ropa, incluido el jersey con el que trataba de protegerse de las noches frías de El Cairo.

Cuando empezó a sufrir una infección respiratoria, Al-Sadig pidió medicamentos. Sus familiares sostienen que no recibió tratamiento dentro del calabozo. Durante la última visita de su madre se quejó del dolor en el pecho; al día siguiente, un agente llamó a la familia para comunicar su muerte. La causa registrada fue una neumonía, aunque no ha podido confirmarse de manera independiente.

Ese mismo día, los amigos detenidos junto a él fueron deportados a la localidad fronteriza sudanesa de Halfa. El viaje duró unas 18 horas. Permanecieron con las manos y las piernas encadenadas, sin comida, agua ni posibilidad de dormir, y no recibieron una explicación clara sobre el motivo de la expulsión.

Al-Sadig no es la única muerte conocida. Durante 2026 se han documentado otros dos fallecimientos de refugiados sudaneses bajo custodia: un hombre de 30 años que se desplomó 72 horas después de ser arrestado y otro de 67 años que padecía diabetes. Responsables de seguridad elevan a nueve los ciudadanos sudaneses muertos en centros de detención, aunque no se conocen las circunstancias de todos los casos.

Dormir tenía precio, beber también

Diez antiguos detenidos describen un patrón parecido: hacinamiento extremo, golpes, robos de alimentos, agua sucia y abusos cometidos por otros presos ante la pasividad o la participación de algunos agentes. Los sudaneses y otros internos de piel más oscura sufrían una violencia especialmente intensa.

Un solicitante de asilo de 23 años, encerrado durante tres semanas en una comisaría, relató que había que pagar por casi todo, incluido un hueco donde tumbarse. Quien no podía entregar dinero permanecía de pie durante horas, a veces durante días, hasta padecer agotamiento y alucinaciones.

Una refugiada eritrea que disponía de residencia egipcia y documentación de Naciones Unidas contó que policías vestidos de civil la detuvieron mientras vendía té. Uno de los agentes rompió su permiso de residencia antes de trasladarla a un calabozo.

Durante la reclusión, aseguró haber sufrido una agresión sexual perpetrada por otras internas con una botella de agua. Los documentos médicos emitidos tras su puesta en libertad reflejan que recibió tratamiento por una hemorragia uterina. Desde entonces apenas sale de casa, ha perdido el trabajo y sobrevive gracias a la ayuda de sus vecinos.

También fue arrestado Abazar Youssef, ciudadano británico-sudanés de 37 años que visitaba a su familia con un visado válido. Pasó dos semanas encarcelado después de una redada en el centro de El Cairo y afirmó haber presenciado extorsiones, chantajes, agresiones entre internos y palizas durante las formaciones matinales.

Youssef fue finalmente deportado al Reino Unido. Las autoridades británicas confirmaron que prestaron asistencia consular a un ciudadano detenido en Egipto y que mantuvieron contactos con las instituciones egipcias sobre su situación.

Una campaña que el Gobierno egipcio niega

Los testimonios de decenas de refugiados, abogados y defensores de los derechos humanos describen detenciones realizadas por agentes vestidos de civil, vehículos sin distintivos y operaciones en barrios con una importante población sudanesa. Algunas personas fueron interceptadas en sus domicilios; otras, al salir del trabajo o caminar por la calle.

Entre los arrestados figuran refugiados registrados ante ACNUR y familias que llevaban meses esperando una cita para obtener la residencia egipcia. Ese limbo administrativo convierte una demora burocrática en una amenaza muy concreta: detención, separación familiar y deportación.

El Gobierno de Abdel Fatah al Sisi rechaza que exista una ofensiva indiscriminada. El Servicio Estatal de Información afirma que las deportaciones se practican con garantías judiciales y solo cuando una persona ha vulnerado la ley o representa una amenaza para la seguridad nacional.

Las autoridades recuerdan también que millones de sudaneses y otros migrantes viven, estudian y trabajan en Egipto, donde acceden a servicios públicos como la educación y la sanidad. El país recibió a más de un millón de personas después del inicio de la guerra civil sudanesa en 2023.

La versión oficial choca con el alcance de las detenciones descritas. Egipto puede alegar que combate la inmigración irregular; el conflicto jurídico y moral aparece cuando una infracción administrativa termina con alguien devuelto a una guerra.

Más de un millón de refugiados bajo presión

En mayo de 2026 había aproximadamente 1.100.600 refugiados y solicitantes de asilo registrados en Egipto. Los sudaneses constituían el grupo mayoritario, por delante de sirios, eritreos y ciudadanos de otras nacionalidades.

La población aumentó con rapidez después de abril de 2023, cuando estallaron los combates entre el Ejército sudanés y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido. Egipto se convirtió en el principal refugio regional, pero también en una especie de dique migratorio al sur del Mediterráneo.

La llegada masiva ha aumentado la presión sobre viviendas, colegios, hospitales y un mercado laboral castigado por la inflación y la pérdida de poder adquisitivo. ACNUR reconoce esa carga sobre los servicios públicos. Reconocerla, sin embargo, no convierte las deportaciones indiscriminadas en una respuesta legítima.

La crisis posee además una dimensión europea. La Unión Europea acordó con Egipto un paquete de 7.400 millones de euros para el periodo 2024-2027, destinado a la estabilidad económica, las inversiones, la seguridad y la gestión de la migración.

El acuerdo no demuestra que Bruselas financie las expulsiones denunciadas. Sí deja a la vista una cuestión política menos cómoda: hasta qué punto Europa está dispuesta a ignorar ciertos abusos cuando un socio contiene los movimientos migratorios que podrían continuar hacia el Mediterráneo.

La nueva ley de asilo endurece el terreno

Egipto aprobó en 2024 su primera nueva ley de asilo de carácter nacional. Sobre el papel reconoce derechos como el acceso al trabajo, la educación y la atención sanitaria. Sus normas de aplicación, publicadas en junio de 2026, entregan al Estado el control directo sobre el registro y la concesión de protección.

El sistema crea un Comité Permanente para Asuntos de los Refugiados, responsable de estudiar las solicitudes y decidir quién puede permanecer en el país. Hasta ahora, buena parte de esas funciones habían sido gestionadas por ACNUR.

La regulación obliga a quienes hayan entrado irregularmente a presentar su solicitud en un plazo máximo de 45 días. El comité dispone de hasta seis meses para resolver los expedientes de entradas legales y de un año cuando el acceso se produjo sin autorización.

Los refugiados deberán entregar sus tarjetas actuales de ACNUR antes de su vencimiento y sustituirlas por la documentación emitida por las autoridades egipcias. El cambio despierta inquietud entre familias que temen quedar desprotegidas durante la transición o ser rechazadas por criterios administrativos amplios.

El Gobierno presenta la reforma como una ordenación necesaria del sistema. Sus críticos señalan que las causas para denegar o retirar el estatuto de refugiado son demasiado imprecisas y conceden una enorme discrecionalidad a los organismos de seguridad. La letra ofrece refugio; el procedimiento levanta el muro.

El punto más delicado es el principio de no devolución, conocido en derecho internacional como non-refoulement. Esta norma impide enviar a una persona a un territorio donde su vida, su libertad o su integridad física estén seriamente amenazadas.

Egipto afirma que su legislación respeta ese principio y garantiza la protección frente a la discriminación y los tratos degradantes. ACNUR mantiene que las condiciones actuales en Sudán no permiten regresos seguros ni sostenibles y ha mostrado preocupación por las detenciones de mujeres, menores y refugiados registrados.

Regresar a Jartum no significa volver a casa

En estaciones y puntos de salida de El Cairo se acumulan familias cargadas con maletas, colchones y bolsas de plástico. Algunas utilizan trenes gratuitos organizados para trasladarlas hasta Asuán y continúan después en autobús hacia Sudán.

Estos desplazamientos son presentados como retornos voluntarios. La palabra voluntarios pierde buena parte de su significado cuando las alternativas son esconderse, exponerse a una detención o contemplar cómo los hijos pueden ser deportados por separado.

Hosna, una maestra de 40 años, decidió regresar con sus cuatro niños. La familia tenía estatus de refugiada reconocido por Naciones Unidas, pero seguía esperando la residencia egipcia. Temía que sus dos hijos adolescentes fueran detenidos después de conocer la expulsión de menores que vivían en su mismo edificio.

Prefería afrontar el peligro en su tierra antes que perder a sus hijos en Egipto. No era una elección libre, sino una decisión tomada bajo miedo, presión y ausencia de alternativas seguras. Escoger desde qué precipicio caer, poco más.

El Ejército sudanés recuperó amplias zonas de Jartum en 2025, pero la capital continúa sometida a ataques con drones y conserva servicios básicos muy deteriorados. Numerosos hospitales, escuelas, mercados y redes de abastecimiento apenas funcionan.

La guerra ha fragmentado Sudán y provocado campañas de violencia étnica, especialmente en Darfur. Millones de personas sobreviven con una sola comida diaria mientras comunidades enteras dependen de una ayuda humanitaria irregular, bloqueada con frecuencia por los combates.

A finales de 2025, Sudán seguía padeciendo la mayor crisis de desplazamiento interno del planeta, con unos 9,1 millones de personas expulsadas de sus hogares dentro de sus propias fronteras.

El Programa Mundial de Alimentos calcula que cerca de 19,5 millones de sudaneses sufren niveles críticos de hambre. Unos 825.000 menores de cinco años podrían padecer desnutrición aguda grave durante 2026.

En las áreas más castigadas, algunas familias pasan jornadas enteras sin comer y recurren a hojas, semillas o pienso animal. Devolver refugiados a ese escenario no equivale a facilitar su regreso. Es depositarlos en mitad del incendio y entregarles el recibo.

La frontera entre el refugio y la expulsión se ha borrado

Egipto soporta una presión migratoria real, una economía frágil y una responsabilidad regional que muchos gobiernos observan desde una distancia bastante confortable. Nada de eso elimina sus obligaciones ni justifica que personas protegidas terminen encarceladas en condiciones degradantes.

Las denuncias requieren investigaciones independientes, transparencia y responsabilidades concretas. El Gobierno egipcio tiene derecho a aportar datos y demostrar que los abusos no representan una política sistemática. La ausencia de estadísticas públicas y la repetición de testimonios coincidentes dibujan, sin embargo, algo más serio que una sucesión de incidentes aislados.

Europa tampoco puede reducir esta crisis a una cuestión de fronteras exteriores. Cuando la gestión migratoria se convierte en una zona gris donde nadie mira demasiado, la protección internacional acaba siendo una promesa de papel: correcta en los discursos, inútil ante la puerta de una celda.

Al-Nazir Al-Sadig salió de Sudán para no morir en una guerra y acabó muerto en una prisión de El Cairo. Esa paradoja brutal resume la historia. El refugio deja de existir cuando la documentación, el color de piel o una redada nocturna pueden convertirse en el billete de regreso al peligro.