¿Por qué los medios españoles vuelven a vender la mili obligatoria?

La mili no ha vuelto a España. Lo que ha regresado es su imagen: uniformes en horario de máxima audiencia, encuestas sobre el deber patriótico, reportajes de reclutamiento y preguntas solemnes acerca de quién estaría dispuesto a combatir por el país. El casco, de pronto, vuelve a quedar bien en portada. Mucho mejor, desde luego, que una nómina precaria o un cuartel con goteras.

Este renovado interés responde a una mezcla reconocible: rearme europeo, guerras prolongadas, incertidumbre sobre Estados Unidos, dificultades para captar personal y campañas institucionales destinadas a acercar las Fuerzas Armadas a los jóvenes. Hay razones objetivas para hablar de defensa. Otra cosa es convertir esa conversación en un decorado épico donde aparecen la bandera y el sacrificio, pero desaparecen los muertos, las órdenes equivocadas y la factura política de una guerra.

A 24 de junio de 2026, España no ha restablecido el servicio militar obligatorio. El Gobierno mantiene su respaldo a unas Fuerzas Armadas profesionales y ninguna norma reciente obliga a los jóvenes a incorporarse a filas. Las nuevas convocatorias son de empleo militar y reservismo voluntario. Confundirlas con la antigua mili puede dar muchos clics; explicar la diferencia, por lo visto, exige un esfuerzo mayor.

Por qué el uniforme vuelve al horario de máxima audiencia

El cambio de tono no se limita a un medio ni a una orientación ideológica. Informativos y tertulias han dedicado espacios a la falta de efectivos, a las campañas de captación y a la posibilidad de crear algún tipo de servicio militar temporal. El País Semanal llevó a su portada una pregunta directa sobre la voluntad de luchar por el país. Telecinco abordó la escasez de personal y difundió mensajes de reclutamiento dirigidos a jóvenes con vocación de servicio. Otros programas han tratado la falta de militares como si el problema acabara de aterrizar en la redacción con las botas todavía manchadas de barro.

No todo eso constituye propaganda. Informar sobre la defensa nacional es legítimo, necesario incluso. Una democracia adulta debe saber qué amenazas afronta, qué misiones desarrolla su Ejército y cuánto cuestan. El problema aparece cuando las campañas institucionales entran en el contenido informativo sin suficiente distancia, cuando el lenguaje promocional sustituye a las preguntas incómodas o cuando la juventud es presentada como una cantera de efectivos y no como ciudadanía con derechos.

La guerra posee una ventaja televisiva evidente: ofrece mapas, drones, explosiones nocturnas y generales capaces de pronunciar frases rotundas sin despeinarse. La paz, en cambio, suele consistir en negociaciones lentas, tratados imperfectos y diplomáticos sentados durante horas bajo una luz poco agradecida. No compite igual. La economía de la atención también empuja el relato militarista: el miedo retiene al espectador y una hipotética vuelta de la mili convierte cualquier tertulia en un pequeño referéndum emocional.

España no ha recuperado el servicio militar obligatorio

La prestación militar obligatoria quedó suspendida a finales de 2001. Desde entonces, España funciona con un modelo profesional basado en militares de carrera, tropa y marinería, reservistas voluntarios y personal de especial disponibilidad. El término importante es “suspendida”, no completamente borrada del ordenamiento jurídico. Hay una puerta legal para situaciones excepcionales, pero no está abierta de par en par ni puede activarse mediante una ocurrencia ministerial o una encuesta de sobremesa.

La Ley de la Carrera Militar contempla la figura del reservista obligatorio cuando una crisis grave no pueda ser atendida por militares profesionales, reservistas voluntarios y reservistas de especial disponibilidad. El Gobierno necesitaría solicitar autorización al Congreso y aprobar después las reglas correspondientes mediante real decreto. La declaración podría afectar a personas de entre 19 y 25 años, con reconocimiento de la objeción de conciencia. Es un mecanismo extraordinario de movilización, no el retorno automático de la mili de reemplazo.

La diferencia no es pequeña. Una cosa es que el Estado conserve herramientas jurídicas para una emergencia nacional extrema y otra que exista un proyecto político inmediato para reclutar obligatoriamente a una generación. No hay una ley aprobada para devolver la mili, ni una convocatoria general dirigida a los nacidos en 2007 o 2008, pese a los mensajes alarmistas que han circulado por redes sociales.

Nueve mil plazas y un problema real de personal

El Ministerio de Defensa ha ofertado en 2026 un total de 9.050 plazas de tropa y marinería repartidas entre dos ciclos: 4.527 en el primero y 4.523 en el segundo. También se ha autorizado un máximo de 500 plazas para reservistas voluntarios. Son cifras relevantes, pero describen procesos de selección voluntarios. Quien entra presenta una solicitud, supera pruebas y establece una relación profesional o temporal con las Fuerzas Armadas.

Defensa pretende alcanzar los 127.500 militares en servicio activo en 2029, unos 7.500 más que en el punto de partida de su planificación. Aquí sí existe un debate concreto. Las Fuerzas Armadas necesitan cubrir vacantes, retener especialistas, rejuvenecer determinadas escalas y competir por perfiles técnicos que también reclaman la ciberseguridad, la ingeniería o la industria aeroespacial.

El problema no se resuelve cubriendo la pantalla de banderas. La carrera militar arrastra cuestiones menos fotogénicas: salarios modestos en los empleos iniciales, temporalidad, movilidad geográfica, conciliación familiar, alojamiento, salida profesional después de los compromisos y pérdida de personal formado. Pedir vocación es barato. Mejorar las condiciones cuesta dinero, y ahí suele terminar la música marcial.

Europa sí está cambiando de modelo

Mientras España descarta por ahora la vuelta de la mili, una parte de Europa ha recuperado o ampliado sistemas de reclutamiento obligatorio. La proximidad de Rusia, la invasión de Ucrania y la percepción de que Estados Unidos podría reducir su implicación han alterado las políticas de defensa, sobre todo en los países bálticos y nórdicos.

Lituania recuperó la conscripción en 2015 y Suecia reactivó un sistema selectivo en 2017. Letonia volvió al reclutamiento obligatorio y Croacia lo ha reinstaurado en 2026. Dinamarca ha ampliado su modelo a las mujeres. Finlandia, Estonia, Austria, Grecia y Chipre mantienen fórmulas propias. No existe, por tanto, una única “mili europea”, sino modelos muy diferentes en duración, selección, remuneración, igualdad entre sexos y alternativas civiles.

Importar ese debate a España sin explicar las diferencias produce una fotografía borrosa. La situación geográfica de Estonia no es la de Extremadura. La tradición de defensa total de Finlandia tampoco puede trasplantarse como una maceta al sistema español. Cada país evalúa amenazas, población, alianzas, reservas y capacidad industrial. La comparación es útil; la imitación automática, bastante menos.

La militarización europea, además, no se reduce a convocar reclutas. Incluye compras de armamento, refuerzo de reservas, preparación civil, protección de infraestructuras, ciberdefensa y aumento de la producción industrial. Convertir todo eso en una pregunta sentimental sobre el amor a la patria simplifica un asunto enorme hasta dejarlo del grosor de un eslogan.

El sondeo que mezcla voluntariado y mili

Una encuesta de GAD3 elaborada junto a la patronal de la industria de defensa TEDAE situó en el 64% el respaldo de los jóvenes de 18 a 29 años a un supuesto servicio militar voluntario. El dato ha circulado como señal de un giro generacional. Conviene mirarlo con calma. El alistamiento voluntario ya existe, y llamar “servicio militar voluntario” a una propuesta sin detallar su duración, remuneración, funciones o consecuencias permite que cada encuestado imagine algo distinto.

No es lo mismo apoyar unas semanas de formación remunerada que aceptar varios meses de instrucción. Tampoco equivale a incorporarse a una unidad profesional, quedar disponible como reservista o respaldar la conscripción forzosa. Las palabras importan. “Voluntario” suena a experiencia; “obligatorio”, a orden. Mezclarlas en titulares fabrica una mayoría que quizá no existe fuera del cuestionario.

Otro sondeo reciente, realizado por 40dB, reflejó una realidad bastante menos entusiasta: un 35,2% apoyaba recuperar la mili obligatoria, mientras un 57,7% la rechazaba. La aparente contradicción demuestra que la respuesta depende de lo que se pregunte. La sociedad puede mostrarse favorable a mejorar la preparación civil o crear programas voluntarios y, al mismo tiempo, oponerse a que el Estado vuelva a llamar forzosamente a filas.

Informar no es reclutar

Los medios tienen derecho a abrir este debate, pero no deberían actuar como una oficina auxiliar de captación. Cuando un reportaje reproduce argumentos militares sin confrontarlos con sindicatos profesionales, expertos en derecho, asociaciones pacifistas, antiguos soldados o familias afectadas, el resultado se parece demasiado a un anuncio. Bien producido, eso sí.

Una información completa debe explicar las misiones, los riesgos y las condiciones materiales del oficio. También el control parlamentario, el derecho internacional, las bajas civiles y las alternativas diplomáticas. Defender un país no consiste únicamente en portar armas: incluye proteger sus instituciones, sus servicios públicos, sus comunicaciones, su población y las libertades que justifican esa defensa.

Hay otra ausencia llamativa. Se pregunta con frecuencia si los jóvenes morirían por España, pero rara vez si quienes toman las decisiones asumirían responsabilidades por enviarlos a una guerra evitable. El patriotismo suele bajar de arriba abajo; las órdenes, también. Los ataúdes realizan el recorrido contrario.

La propaganda empieza precisamente ahí, cuando el sacrificio se presenta como una virtud abstracta y sus consecuencias quedan fuera de plano. No hace falta mentir. Basta con seleccionar: mostrar la ceremonia y ocultar la amputación, enseñar el desfile y borrar el estrés postraumático, hablar del enemigo sin explicar los errores propios. Una media verdad, bien iluminada, puede marchar con paso impecable.

Una democracia no se defiende con eslóganes

España necesita hablar de defensa sin infantilismos. Puede necesitar más militares, mejores reservas, especialistas en ciberseguridad y una industria capaz de responder a crisis graves. También necesita diplomacia, autonomía estratégica, protección civil y un control democrático estricto sobre cada despliegue. Las dos dimensiones no se excluyen, aunque el debate televisivo disfrute colocándolas en trincheras opuestas.

La mili obligatoria no ha regresado, pero su fantasma vuelve a recorrer portadas y platós porque concentra miedos, nostalgia, empleo público, negocio industrial y tensión geopolítica. Es una imagen poderosa. Precisamente por eso exige más contexto y menos fanfarria.

Un Estado democrático puede pedir sacrificios extraordinarios cuando su supervivencia está realmente amenazada. Antes debe demostrar que ha agotado las alternativas, explicar los objetivos y someter las decisiones al Parlamento y a la sociedad. La patria no es una palabra mágica que convierta cualquier guerra en justa ni cualquier campaña de captación en periodismo.

Debatir sobre seguridad es razonable. Normalizar la guerra como destino generacional, no. Entre la ingenuidad pacifista y la excitación militarista queda un territorio amplio: el de la información rigurosa, la responsabilidad política y una ciudadanía que no necesita instrucciones para pensar.