¿Por qué EEUU desactiva rastreadores en los móviles de sus tropas?

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han comenzado a desactivar los identificadores publicitarios de teléfonos, ordenadores y otros dispositivos oficiales después de constatar un riesgo que hasta hace poco podía parecer propio de una novela de espionaje digital: datos comerciales de localización, recopilados en gran medida para alimentar el negocio de la publicidad, pueden servir para seguir los movimientos de militares estadounidenses y facilitar su vigilancia en zonas de conflicto.

No se trata simplemente de que un soldado publique una fotografía con la ubicación activada. El problema es bastante más silencioso. Aplicaciones instaladas en un móvil pueden generar información que, combinada con identificadores de publicidad y datos de geolocalización vendidos posteriormente por intermediarios, permite reconstruir desplazamientos. El Mando Central de Estados Unidos, CENTCOM, ha reconocido la existencia de informes sobre adversarios extranjeros que estarían explotando datos comerciales de ubicación para vigilar o localizar a personal estadounidense desplegado.

La respuesta militar busca cerrar una de esas grietas que parecen minúsculas hasta que se mira lo que hay al otro lado. Un identificador creado para saber qué anuncio mostrar a un consumidor puede acabar contribuyendo a determinar qué dispositivos frecuentan una instalación militar, cuándo se desplazan y qué patrones repiten. El problema ya no pertenece sólo al terreno de la privacidad digital; ha entrado de lleno en el de la seguridad operacional.

EEUU corta una pieza del rastreo comercial

La reacción ha llegado por ramas y no exactamente al mismo tiempo. La Fuerza Aérea comunicó que desactivó los identificadores de seguimiento y publicidad en sus dispositivos empresariales Windows y Android entre el 23 y el 27 de julio de 2026, mientras que la restricción también alcanza a los iPhone y iPad administrados por la institución. El Mando de Operaciones Especiales confirmó igualmente que estos identificadores están deshabilitados en sus dispositivos móviles gestionados y que la protección se extendió recientemente a sistemas Windows.

El Ejército aseguró, por su parte, que esos identificadores estaban bloqueados en sus ordenadores Windows desde antes de 2021 y que en móviles Android y Apple se encontraban desactivados por defecto al menos desde febrero de 2026. La Marina también ha confirmado la aplicación de medidas equivalentes en dispositivos oficiales, aunque sin precisar públicamente cuándo comenzaron a imponerse.

El detalle temporal importa. El senador demócrata Ron Wyden y el representante republicano Pat Harrigan han pedido al inspector general del Departamento de Defensa que determine si las medidas adoptadas han sido suficientes para neutralizar el riesgo. Que un demócrata y un republicano coincidan aquí tampoco exige una gran pirueta ideológica: que un adversario pueda comprar información capaz de ayudar a localizar tropas resulta difícil de defender como una inocente externalidad del mercado publicitario.

Qué son los MAID y por qué preocupan al Pentágono

En el centro del problema aparecen los MAID, siglas inglesas de identificadores publicitarios móviles. Son códigos asociados a un dispositivo y utilizados por el ecosistema publicitario para reconocerlo entre aplicaciones, medir campañas, limitar anuncios repetidos y construir perfiles de comportamiento.

Por sí solo, un identificador no revela necesariamente quién lleva un teléfono ni dónde se encuentra. El escenario cambia cuando ese código persistente se combina con datos obtenidos por aplicaciones, redes publicitarias o servicios de localización. Entonces empiezan a aparecer puntos sobre un mapa. Muchos puntos terminan dibujando una rutina: dónde permanece un dispositivo durante la noche, qué instalación visita, qué trayecto repite y a qué horas se mueve.

Los intermediarios conocidos como data brokers recopilan, cruzan y revenden enormes cantidades de información procedente de distintas fuentes. Ese negocio es útil para publicidad, análisis comercial y estudios de mercado, pero la misma arquitectura puede emplearse para algo bastante menos inocente. Un teléfono que aparece cada día dentro de una base militar deja de ser simplemente un consumidor potencial.

La amenaza ya había llegado al campo de batalla

La alarma adquirió una dimensión mucho más seria cuando CENTCOM confirmó haber recibido múltiples informes de amenaza relacionados con el posible uso de datos comerciales de geolocalización contra personal estadounidense desplegado. La información pública disponible no permite atribuir un conjunto concreto de datos a un ataque militar específico ni identificar con certeza qué actor compró cada paquete de información. Conviene mantener ahí la línea: el riesgo está documentado; convertir cada indicio en una operación atribuida sin pruebas sería otra cosa.

El contexto resulta especialmente delicado en Oriente Medio, donde las fuerzas estadounidenses mantienen un despliegue relevante en plena tensión con Irán. Durante el verano apareció además otra vulnerabilidad mucho menos sofisticada: los vídeos grabados y compartidos por los propios militares. El comandante de CENTCOM, el almirante Brad Cooper, advirtió de que determinadas imágenes difundidas desde teléfonos podían proporcionar a fuerzas adversarias información útil para comprobar efectos de ataques y ajustar operaciones posteriores.

Incluso se ha estudiado la posibilidad de retirar temporalmente los móviles a personal desplegado en determinadas áreas. Son dos problemas diferentes que terminan desembocando en el mismo lugar. Uno es visible y voluntario: alguien graba, publica, comparte. El otro funciona debajo de la pantalla, entre permisos, aplicaciones, identificadores y transacciones de datos que el usuario corriente difícilmente podría seguir aunque dedicara media tarde a leer condiciones de privacidad.

Apagar el identificador no vuelve invisible un teléfono

Desactivar un MAID reduce considerablemente la posibilidad de vincular determinadas piezas de información comercial con un mismo terminal, pero no convierte el móvil en invisible. Esa es precisamente una de las cuestiones que preocupa a los legisladores estadounidenses.

Un teléfono continúa produciendo señales técnicas. Una aplicación puede recopilar localización con permiso del usuario; también pueden existir datos de red, características del dispositivo y otros identificadores que, correlacionados entre sí, permitan volver a reconocerlo. Especialistas en tecnología publicitaria consideran que bloquear los MAID dificulta que la ubicación de dispositivos militares termine incorporada a ventas masivas de información, aunque siguen existiendo métodos más complejos para reconstruir identidades y movimientos.

El Congreso contempla varias explicaciones para que continúen apareciendo señales procedentes de instalaciones militares: que las protecciones no se hayan aplicado de forma uniforme, que bloquear el identificador publicitario ya no sea suficiente o que buena parte de los datos proceda de teléfonos particulares de soldados, contratistas y otro personal relacionado con las bases.

Los móviles personales siguen siendo el punto débil

Ahí aparece probablemente la parte más incómoda del problema. Controlar un terminal propiedad del Gobierno es relativamente sencillo: la administración puede modificar configuraciones, imponer políticas de seguridad y restringir aplicaciones. Hacerlo con el móvil personal que cada militar lleva en el bolsillo es bastante más complicado.

Los congresistas quieren que el Departamento de Defensa analice conjuntos de datos comerciales y compruebe qué información continúa saliendo de bases e instalaciones militares. La cuestión central es determinar hasta qué punto los teléfonos privados siguen generando rastros aprovechables y qué controles adicionales pueden imponerse en áreas especialmente sensibles.

El dilema tiene una dimensión cotidiana. Para miles de militares desplegados, el smartphone es también el cordón umbilical con casa: mensajes, videollamadas, fotografías, noticias. Prohibirlo por completo puede aumentar la seguridad, pero tiene un coste humano evidente. De ahí que el Pentágono trate primero de reducir el rastro digital antes de convertir determinadas instalaciones en zonas prácticamente aisladas del ecosistema móvil.

Del negocio publicitario a un problema de seguridad nacional

Lo verdaderamente llamativo es que esta amenaza no depende necesariamente de piratear una red del Pentágono. No hace falta entrar en un servidor secreto con música de suspense. Parte de la información puede circular por mercados comerciales perfectamente ordinarios, creada inicialmente para publicidad, análisis de audiencias o segmentación de consumidores.

Las autoridades estadounidenses conocen desde hace años ese problema. La Comisión Federal de Comercio ha actuado contra compañías acusadas de recopilar o comercializar datos precisos de localización relacionados con lugares sensibles. En uno de los casos investigados, una empresa llegó a manejar cientos de millones de identificadores publicitarios asociados a información de ubicación.

Las instalaciones militares figuran entre los lugares que provocan mayor preocupación, junto con centros médicos, espacios religiosos y otros puntos capaces de revelar información extremadamente sensible. El mismo mapa digital que sirve para inferir dónde compra alguien, qué gimnasio frecuenta o qué restaurante visita puede también mostrar rutinas de personal militar. La tecnología no distingue intenciones; sólo acumula puntos.

Estados Unidos dispone además de normas que restringen la transferencia de determinados datos personales sensibles a países considerados adversarios extranjeros. El problema práctico es controlar una industria fragmentada, con múltiples proveedores, compradores, aplicaciones, intermediarios y cadenas de reventa donde seguir el recorrido completo de un dato puede ser casi tan difícil como seguir al dispositivo que lo generó.

Una guerra donde también se compra información

La decisión estadounidense refleja un cambio que va bastante más allá de los móviles militares. Durante décadas, proteger una base significaba controlar accesos, comunicaciones, radares, documentos y perímetros. Ahora también exige preguntarse qué aplicaciones lleva instaladas una persona cuando cruza la puerta y qué información comercial dejan detrás sus dispositivos.

Desactivar los rastreadores publicitarios es una defensa lógica, pero el propio debate abierto en Washington admite que quizá sea sólo una parte de la solución. Mientras un dispositivo continúe generando datos de ubicación susceptibles de ser agregados y revendidos, la frontera entre publicidad, vigilancia e inteligencia seguirá siendo bastante más fina de lo que parecía hace unos años.

Y ahí está la paradoja. Algunos de los ejércitos tecnológicamente más poderosos del planeta gastan fortunas protegiendo satélites, comunicaciones cifradas y sistemas de armas mientras una pista sobre el movimiento de sus efectivos puede empezar en algo tan banal como una aplicación instalada en un teléfono. La guerra digital también tiene esas ironías: a veces el agujero más serio no está en un búnker secreto, sino en el bolsillo.