¿Cómo documenta la ONU la violencia sexual rusa durante la invasión?

La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha documentado 1.004 casos de violencia sexual relacionada con la guerra de Ucrania y atribuye el 89% de los casos verificados a autoridades rusas, entre ellas miembros de las Fuerzas Armadas, el servicio penitenciario y el Servicio Federal de Seguridad, el FSB. La investigación describe un patrón que alcanza a civiles y prisioneros de guerra y en el que la violencia sexual aparece asociada a torturas, intimidación y coacción.

El dato, publicado este 18 de septiembre de 2026, no debe confundirse con una estimación de todas las agresiones ocurridas. La ONU insiste en que se trata de casos que ha podido documentar y verificar y que este tipo de violencia permanece ampliamente infradenunciado. Hay otra precisión importante: cada “caso” corresponde a una persona superviviente y puede contener varios episodios de violencia sufridos a lo largo del tiempo. Dicho de otro modo, 1.004 no significa necesariamente 1.004 agresiones; el número real de hechos puede ser considerablemente mayor.

El 89% de los casos verificados se atribuye a autoridades rusas

El informe examina la violencia sexual documentada por la Misión de Vigilancia de los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ucrania desde el comienzo de la invasión rusa a gran escala, el 24 de febrero de 2022, hasta el 31 de julio de 2026. La nota pública de la ONU sitúa en 1.004 los casos documentados desde el inicio de esa ofensiva; el documento técnico precisa que el conjunto incorpora también 20 casos anteriores a 2022 que no habían sido incluidos previamente en sus informes.

La distribución es muy desigual. Naciones Unidas atribuye el 89% de los casos a autoridades de la Federación Rusa y el 11% a autoridades ucranianas. En el primer grupo incluye a integrantes de las fuerzas armadas rusas, del Servicio Penitenciario Federal y del FSB. En el segundo aparecen miembros de las fuerzas armadas ucranianas, del sistema penitenciario y del Servicio de Seguridad de Ucrania.

La diferencia no es solo numérica. La ONU señala que las autoridades rusas perpetraron violencia sexual contra prisioneros de guerra ucranianos, personal médico retenido y civiles detenidos de forma generalizada tanto en territorio ocupado como dentro de la propia Federación Rusa. Los abusos aparecen en distintas fases de la privación de libertad: desde la captura y los traslados hasta los interrogatorios, los registros, las duchas o los momentos inmediatamente anteriores a un intercambio o una liberación.

La mayoría de las víctimas documentadas son hombres

Uno de los elementos que rompe con la imagen más extendida de la violencia sexual en los conflictos armados es el perfil de las víctimas. En los casos analizados por Naciones Unidas, la mayoría son hombres, especialmente prisioneros y detenidos.

Eso no significa que mujeres y menores hayan quedado al margen. La diferencia está, sobre todo, en los escenarios. Entre los hombres aparecen de manera recurrente centros de detención y cautiverio; entre mujeres y niñas, la ONU registra violaciones y otras agresiones principalmente en zonas ucranianas bajo ocupación rusa, incluso dentro de viviendas.

Las formas de violencia descritas abarcan violación y violación en grupo, intentos de violación, mutilación genital, agresiones sexuales, desnudez forzada, golpes en los genitales, descargas eléctricas y otros actos degradantes de carácter sexual. No se trata, por tanto, únicamente de violación en el sentido convencional del término. La categoría de violencia sexual relacionada con el conflicto comprende también prácticas utilizadas para humillar, castigar, aterrorizar o quebrar a una persona durante un interrogatorio o una detención.

Descargas eléctricas y violencia durante la detención

Entre los testimonios analizados aparece de forma repetida el uso de electricidad en los genitales. Algunos supervivientes relataron el empleo de un viejo teléfono militar soviético conocido como “tapik”, además de dispositivos eléctricos. Según la ONU, 155 prisioneros de guerra ucranianos y miembros de personal médico retenido —el 27% del grupo analizado al que se refiere ese apartado— sufrieron al menos una vez este tipo de violencia.

La lógica que describe el documento resulta especialmente relevante: la agresión sexual no aparece siempre como un episodio separado de otras torturas, sino mezclada con palizas, interrogatorios, amenazas y humillaciones. El cuerpo se convierte así en otro terreno del cautiverio. Una forma de castigo, de obtención de información o sencillamente de sometimiento.

La ONU ha recogido también testimonios de prisioneros que denunciaron penetraciones forzadas con objetos y de civiles sometidos a agresiones sexuales durante su detención. Son relatos extremos, pero el informe no los presenta como anécdotas aisladas: los integra dentro de un patrón repetido de malos tratos y tortura sexual.

Mujeres y niñas agredidas en zonas ocupadas

Fuera de los centros de detención, el mapa cambia. Naciones Unidas señala que en áreas ocupadas por Rusia fueron principalmente mujeres y niñas quienes sufrieron violaciones, violaciones en grupo, intentos de violación, agresiones sexuales, desnudez forzada y amenazas.

Muchas agresiones documentadas se produjeron en viviendas particulares. El informe recoge el caso de una mujer de la región de Zaporiyia que denunció violaciones reiteradas durante aproximadamente un mes por parte de un soldado ruso, así como el de otra mujer en Jersón que relató abusos repetidos y amenazas de violación en grupo. Naciones Unidas también documentó una violación grupal cometida en 2022 en la región de Kiev después de que soldados rusos mataran al marido de la víctima.

La amplitud de edades resulta igualmente reveladora. La superviviente de violación más joven documentada por la ONU era una niña de cuatro años; la de mayor edad, una mujer de 82. En ambos casos, Naciones Unidas atribuye las agresiones a autoridades rusas. Son dos extremos de una horquilla que deja poco margen para imaginar que existe un perfil único de víctima.

La ONU también documenta abusos cometidos por Ucrania

El informe no limita su examen a las fuerzas rusas. El 11% de los casos verificados se atribuye a autoridades ucranianas y afecta principalmente a prisioneros de guerra rusos, ciudadanos de terceros países y detenidos relacionados con el conflicto.

Aquí la ONU introduce una diferencia sustancial: casi la mitad de las violaciones atribuidas a autoridades ucranianas consistieron exclusivamente en amenazas de violencia sexual. En el resto aparecen desnudez forzada, golpes y descargas eléctricas en los genitales, malos tratos mientras las víctimas estaban desnudas y otras formas de humillación sexual. El informe identifica asimismo dos agresiones sexuales y dos intentos de violación. Estos abusos se concentraron principalmente en las primeras fases del cautiverio.

Naciones Unidas reconoce que Ucrania ha adoptado reformas legales, órdenes dirigidas a la cadena de mando y mecanismos de cooperación con observadores internacionales para prevenir estas conductas. Pero introduce inmediatamente una reserva: la rendición de cuentas sigue siendo limitada y, según la información disponible para la Oficina de Derechos Humanos, ninguno de los casos conocidos había superado todavía la fase de investigación.

La comparación, por tanto, no consiste en borrar los abusos de una parte porque los de la otra sean mucho más numerosos. La propia ONU exige a Rusia y Ucrania investigaciones rápidas, completas e imparciales y que los responsables respondan ante la justicia con independencia de su rango o afiliación. Al mismo tiempo, remarca que la escala y extensión de las violaciones atribuidas a las autoridades rusas son muy superiores.

El problema de contar lo que casi nunca se cuenta

Hay un límite inevitable en cualquier cifra sobre violencia sexual durante una guerra. Quien está detenido no siempre puede denunciar; quien vive bajo ocupación puede temer represalias; quien ha sido liberado puede tardar meses o años en contar lo sucedido. A eso se suman el estigma, las secuelas psicológicas y el miedo, la destrucción de servicios públicos y algo tan elemental como la imposibilidad de acceder físicamente a determinados territorios.

Por eso Naciones Unidas recalca que sus cifras son representativas, no exhaustivas. La organización lleva años señalando que el miedo, la vergüenza, la inseguridad y la falta de servicios mantienen ocultos numerosos casos. En los conflictos armados, la violencia sexual continúa siendo uno de los delitos más difíciles de medir. Y esa dificultad no rebaja su gravedad; simplemente vuelve más borrosa la fotografía.

También importa qué se está contando. Algunos supervivientes sufrieron agresiones reiteradas durante semanas; otros pasaron por distintos lugares de detención y denunciaron desnudez forzada, golpes o descargas eléctricas en varias ocasiones. Naciones Unidas decidió contar supervivientes documentados, no sumar cada episodio individual, precisamente porque muchos entrevistados no podían determinar cuántas veces habían sido sometidos a determinadas prácticas.

De la documentación a la responsabilidad penal

La violencia sexual en un conflicto armado no es una categoría menor del daño bélico. La violación y otras formas graves de violencia sexual pueden constituir crímenes de guerra y, cuando concurren los requisitos jurídicos correspondientes —como formar parte de un ataque generalizado o sistemático contra población civil—, también pueden encajar entre los crímenes contra la humanidad.

La dificultad está en pasar del relato verificado a la responsabilidad individual. Hay que identificar autores, mandos, lugares, fechas y cadenas de mando; conservar pruebas que a menudo se obtienen meses después; proteger a las víctimas y demostrar cada conducta con garantías procesales. En territorios ocupados, esa tarea se vuelve todavía más áspera. La investigación penal necesita pruebas, testimonios y responsabilidades concretas, no únicamente una descripción general del horror.

Sobre Rusia, la Oficina de Derechos Humanos sostiene que no ha observado medidas discernibles para prevenir, investigar o procesar la violencia sexual cometida por su personal y afirma que Moscú no ha colaborado con ella específicamente sobre esta cuestión. La ONU también cuestiona disposiciones rusas que, a su juicio, proporcionan una amplia impunidad a determinados delitos cometidos durante el servicio militar.

Una cifra que deja fuera una parte del horror

Los 1.004 casos documentados sirven para establecer un patrón comprobable, no para poner una cifra definitiva al fenómeno. El informe retrata la violencia sexual como parte de un repertorio de coerción y tortura que ha afectado especialmente a hombres detenidos y prisioneros de guerra, mientras mujeres y niñas han sufrido agresiones particularmente graves en territorios bajo ocupación.

El desequilibrio en la atribución es nítido: 89% a autoridades rusas y 11% a autoridades ucranianas. Pero el mensaje de Naciones Unidas se dirige jurídicamente a ambas partes: investigar, proteger a los supervivientes y llevar a los responsables ante la justicia. La diferencia está en la dimensión del patrón descrito y en la respuesta institucional que la propia ONU dice haber observado.

Cuatro años largos después del inicio de la invasión a gran escala, hay ciudades destruidas que pueden fotografiarse desde un dron y muertos que pueden, con enormes dificultades, contabilizarse. La violencia sexual deja otra clase de ruina, menos visible. El nuevo informe intenta precisamente fijar esa huella antes de que el silencio, el miedo o el paso del tiempo la borren.