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¿Qué pasó con Ana Buza? La Fiscalía rechaza el atropello intencionado
El juicio por Ana Buza enfrenta tres relatos sobre su muerte en 2019: homicidio imprudente, atropello intencionado o un salto voluntario del coche.

Resumen
- Fiscalía atribuye la muerte de Ana Buza a un homicidio imprudente
- La familia sostiene que hubo un atropello deliberado y pide 20 años
- La defensa mantiene que Ana se arrojó del coche y el jurado decidirá
Siete años después de la muerte de Ana Buza, la pregunta sobre qué ocurrió aquella madrugada en la A-4 ya no se resolverá en un despacho ni con un archivo rápido. Desde este viernes, 18 de septiembre de 2026, un jurado popular en la Audiencia Provincial de Sevilla debe valorar unas pruebas que conducen a tres reconstrucciones muy distintas: la Fiscalía habla de homicidio imprudente, la familia sostiene que hubo un atropello intencionado y la defensa mantiene que la joven se arrojó voluntariamente del vehículo.
El choque ha quedado todavía más claro al comenzar el juicio. La Fiscalía considera “insostenible” la hipótesis de que el acusado atropellara deliberadamente a Ana y rechaza que pueda darse por acreditado un contexto previo de maltrato. La acusación particular, ejercida por los padres de la joven, defiende exactamente lo contrario y pide 20 años de prisión por asesinato. El Ministerio Público reclama tres años por homicidio imprudente. Entre una calificación y otra hay 17 años de diferencia y, sobre todo, dos maneras radicalmente opuestas de reconstruir los últimos minutos de una chica que tenía apenas 19 años.
No existe todavía una respuesta judicial definitiva. El acusado continúa amparado por la presunción de inocencia y serán las pruebas expuestas durante la vista, especialmente las reconstrucciones técnicas y forenses, las que tendrá que examinar el jurado. Eso es precisamente lo que convierte este proceso en algo bastante más complejo que una discusión entre relatos.
Tres versiones para una misma madrugada
Ana Buza murió en la madrugada del 7 de septiembre de 2019. Su cuerpo apareció detrás del quitamiedos de la A-4, en las inmediaciones de la salida hacia Carmona, después de viajar en un coche conducido por quien entonces era su pareja. Según la reconstrucción recogida en las actuaciones, ambos habían discutido previamente en Lora del Río y Ana quiso regresar al piso de estudiantes donde residía en Sevilla.
A partir de ahí las versiones se separan. La defensa sostiene que Ana se arrojó voluntariamente del vehículo en marcha. La familia rechaza desde hace años esa explicación y mantiene que la joven salió del turismo y posteriormente fue atropellada de forma deliberada. La Fiscalía tampoco asume la tesis del suicidio, pero considera que no existen fundamentos suficientes para atribuir al acusado una acción homicida intencionada: sitúa la responsabilidad en una conducción imprudente.
Tres caminos para llegar al mismo punto de la autovía. Y tres consecuencias penales completamente diferentes.
La Fiscalía apunta al exceso de velocidad, no al asesinato
El relato del Ministerio Público se detiene especialmente en la velocidad del vehículo. Según sus conclusiones provisionales, el turismo circulaba a 117 kilómetros por hora al aproximarse al punto kilométrico 511, en una zona donde la limitación era de 80 kilómetros por hora. Ana permanecía, según esa reconstrucción, en el asiento trasero derecho.
La Fiscalía sostiene que el conductor no guardó la prudencia exigible dadas la velocidad, las condiciones del tramo y la situación de tensión existente después de la discusión. En algún momento, y por causas que el Ministerio Público considera no determinadas, Ana cayó del vehículo y sufrió las lesiones que acabaron provocándole la muerte.
Ahí sitúa la responsabilidad penal del acusado: no en una voluntad de matar, sino en haber conducido de manera gravemente imprudente. Por eso pide tres años de cárcel por homicidio imprudente, además de la correspondiente privación del derecho a conducir y una indemnización para los familiares.
Los 117 km/h se convierten en una pieza central
La velocidad parece un número frío hasta que entra en una sala de vistas. Allí se transforma en distancias, tiempos de reacción, resistencia del aire, movimientos del cuerpo, daños en el coche y trayectorias posibles. De ahí que buena parte del juicio vaya a descansar sobre pruebas periciales.
La cuestión no consiste únicamente en demostrar a qué velocidad circulaba el vehículo. También habrá que establecer si las lesiones, las marcas de la carretera y los desperfectos observados son compatibles con una caída desde el coche, con un atropello o con alguna combinación distinta de acontecimientos.
Y ahí empieza el verdadero laberinto técnico del caso.
La familia sostiene que Ana ya estaba fuera del vehículo
Los padres de Ana nunca aceptaron que su hija se hubiera suicidado. Su hipótesis sostiene que la joven se encontraba fuera del coche cuando fue atropellada y que el impacto fue intencionado. Sobre esa reconstrucción apoyan la acusación de asesinato y la petición de 20 años de prisión.
La familia ha impulsado durante años peritajes privados y nuevas revisiones de los elementos recogidos durante la investigación. Entre las cuestiones analizadas aparecen las fracturas que presentaba el cuerpo, los daños del automóvil, determinadas marcas localizadas en la barrera de protección y restos encontrados en el entorno de la carretera. También se ha estudiado la posición de la mochila de Ana, encontrada a distancia del lugar donde quedó el cuerpo.
Nada de esto equivale, por sí solo, a una condena. Existen además informes periciales con conclusiones diferentes. Precisamente por eso el procedimiento ha llegado hasta un juicio con jurado: las discrepancias ya no podían despacharse como una única explicación indiscutida.
Otro elemento que ha adquirido relevancia son las explicaciones ofrecidas sobre lo sucedido aquella noche. Durante la investigación se recogieron distintas versiones acerca de la secuencia previa a la muerte, desde referencias a un posible animal en la carretera o un despiste hasta la afirmación de que Ana se había lanzado del coche. La Audiencia tuvo en cuenta esas discrepancias al valorar la existencia de indicios suficientes para llevar el asunto a juicio.
La defensa mantiene en el proceso la tesis del salto voluntario. Será el jurado quien deba evaluar esas declaraciones junto con el resto del material probatorio, no aisladamente ni como una especie de concurso de credibilidad.
En un caso así, un detalle puede pesar poco durante años y adquirir otra dimensión cuando se coloca al lado de una fractura, una marca sobre el asfalto o un cálculo de velocidad. La prueba judicial tiene esa incómoda costumbre: las piezas no significan exactamente lo mismo cuando empiezan a encajar unas con otras.
De un archivo rápido a un juicio con jurado popular
La muerte de Ana fue considerada inicialmente un suicidio y el procedimiento se cerró con extraordinaria rapidez. Su familia comenzó entonces una larga batalla judicial para que se practicaran nuevas diligencias y se revisara aquella primera interpretación. Siete años después, lo que pareció quedar resuelto en unas horas ocupa varias jornadas de juicio.
En diciembre de 2024 el acusado fue procesado por homicidio imprudente. Los padres recurrieron porque consideraban que las pruebas permitían contemplar un delito doloso. En marzo de 2025, la Audiencia Provincial de Sevilla estimó que la hipótesis de una muerte intencionada tenía entidad suficiente para ser examinada en un procedimiento ante el Tribunal del Jurado. Aquella resolución no declaró culpable al acusado; abrió la puerta para que esa posibilidad fuese sometida a prueba en juicio.
Esa diferencia es esencial. Que una hipótesis llegue al juicio no significa que haya quedado demostrada. Significa que existen elementos que justifican discutirla ante un tribunal y permitir que acusación, Fiscalía y defensa confronten sus respectivas pruebas.
Testigos y peritos marcarán las próximas sesiones
La vista comienza con la constitución del jurado y las alegaciones iniciales. El calendario previsto reserva los días 21 y 22 de septiembre para los testigos y concentra entre el 23 y el 28 las declaraciones de los peritos. El acusado está citado para declarar el día 29. El señalamiento contempla varias sesiones y puede prolongarse hasta comienzos de octubre.
Será probablemente en la fase pericial donde el proceso entre en su terreno más decisivo. Forenses y especialistas tendrán que explicar al jurado cuestiones poco intuitivas: qué lesiones puede causar una caída a determinada velocidad, cómo se desplaza un cuerpo tras un impacto, qué significado tienen los daños observados en un turismo o hasta dónde puede llegar una reconstrucción realizada años después.
La familia ha reclamado durante estos días “justicia, no venganza” y ha pedido calma ante las concentraciones de apoyo que puedan producirse junto a los juzgados. Antonio Buza, padre de Ana, ha reconocido expresamente que el acusado conserva su presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria.
Siete años después, las pruebas tienen la palabra
El juicio de Ana Buza llega a la Audiencia de Sevilla con una peculiaridad difícil de ignorar: ni siquiera las dos acusaciones comparten la misma explicación de la muerte. Fiscalía y familia coinciden en atribuir relevancia penal a la conducta del acusado, pero divergen por completo sobre cómo murió Ana y sobre la existencia de intención.
El Ministerio Público ve una muerte provocada por una conducción imprudente. La acusación particular sostiene que hubo un atropello deliberado y plantea que el episodio debe comprenderse dentro de una relación marcada, según su tesis, por el control y la violencia psicológica. La defensa niega ambas acusaciones y mantiene el salto voluntario.
Ahora esa enorme distancia tendrá que reducirse mediante algo menos vistoso que los titulares, pero bastante más importante: testimonios, autopsias, reconstrucciones, daños materiales, informes técnicos y contradicciones sometidas a examen.
Ana tenía 19 años cuando murió. Han pasado siete años. La justicia llega mucho más despacio que aquella madrugada por la A-4, pero esta vez la respuesta no quedará en manos de una única versión: será un jurado el que tendrá que decidir qué hechos considera probados después de escuchar a todas las partes.












