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¿Qué pasó con los 25 millones del CNIO y el denunciante represaliado?
El despido del exdirector de Operaciones del CNIO es nulo: denunció contratos sospechosos por hasta 25 millones y la Justicia aprecia represalias

Resumen
- Un juez declara nulo el despido del directivo que denunció irregularidades
- El CNIO deberá readmitirlo y pagarle 50.000 euros por daños morales
- Anticorrupción investiga contratos sospechosos por hasta 25 millones
La Justicia ha declarado nulo el despido del exdirector de Operaciones del CNIO que denunció ante la Fiscalía Anticorrupción presuntas irregularidades en la contratación del centro por un valor estimado de entre 20 y 25 millones de euros. El Juzgado de lo Social número 12 de Madrid considera que el directivo sufrió una represalia por haber comunicado esas prácticas y obliga al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas a readmitirlo, pagarle los salarios dejados de percibir e indemnizarlo con 50.000 euros por daños morales.
Hay, sin embargo, una distinción importante. El juzgado laboral no ha sentenciado que se robaran 25 millones de euros ni ha resuelto la investigación por corrupción. Esa cuestión continúa en manos de la Fiscalía Anticorrupción. Lo que sí establece esta resolución, recurrible, es que el trabajador que destapó el caso fue despedido como consecuencia de sus denuncias. Y ese dato cambia bastante la fotografía: ya no se trata únicamente de averiguar qué ocurrió con el dinero, sino también de explicar qué ocurrió con quien encendió la alarma.
La Justicia considera que el denunciante fue represaliado
El fallo desmonta las razones disciplinarias utilizadas para despedir al entonces director de Operaciones. El CNIO había formulado cinco imputaciones contra el directivo, incluida una relacionada con un supuesto riesgo radiactivo en las instalaciones. El juzgado considera que esas acusaciones no justificaban el despido y concluye que la verdadera causa estuvo vinculada a las denuncias realizadas por el empleado.
La cronología pesa. El directivo fue despedido el 30 de agosto de 2025, después de haber acudido a Anticorrupción y de haber advertido de las presuntas irregularidades dentro del propio entramado institucional. La decisión se produjo, además, prácticamente al final del mandato de la gerencia interina y pese a las objeciones expresadas desde la representación de los trabajadores.
El resultado judicial es contundente en el terreno laboral: readmisión inmediata, recuperación de los salarios de tramitación y una indemnización de 50.000 euros. El juzgado también reconoce que el despido se produjo como represalia por sus denuncias sobre posibles irregularidades.
No es un detalle semántico. En una institución sostenida en gran parte con fondos públicos, castigar a quien informa de posibles anomalías en la contratación convierte un problema contable en otro institucional. Dos incendios por el precio de uno.
Qué denunció el exdirector de Operaciones del CNIO
El origen de la tormenta está en un dosier de 122 páginas presentado ante la Fiscalía Anticorrupción en junio de 2025. El documento describía un presunto sistema de contratación irregular desarrollado durante años dentro del CNIO y cifraba entre 20 y 25 millones de euros el dinero potencialmente afectado.
Las sospechas se concentran en contratos administrativos, informáticos y logísticos que, según la denuncia, pudieron ser fraccionados, inflados o adjudicados irregularmente. También se investigan supuestos servicios pagados cuya contraprestación habría sido inexistente o de valor muy inferior al facturado.
Por qué se habla de 25 millones y también de 30 millones
La cifra de 25 millones de euros procede de las estimaciones incluidas en la documentación inicial del denunciante, que situaban el volumen de las posibles irregularidades entre 20 y 25 millones. Informaciones posteriores han elevado el alcance potencial del caso hasta unos 30 millones, a medida que aparecían nuevos contratos bajo sospecha.
Conviene no mezclar planos. Esas cantidades forman parte de una investigación y no equivalen todavía a dinero judicialmente declarado como malversado. La investigación de Anticorrupción deberá determinar qué operaciones fueron irregulares, qué cantidades estuvieron realmente comprometidas, quiénes participaron y si existieron delitos.
Contratos bajo la lupa durante años
Las pesquisas apuntan a prácticas que, según la denuncia, habrían podido mantenerse durante un periodo prolongado. Entre las personas señaladas en el origen de la investigación figura Juan Arroyo, antiguo gerente del CNIO, a quien el denunciante atribuyó un papel central en el presunto entramado. Su eventual responsabilidad penal, como la de cualquier otra persona investigada, tendrá que establecerse judicialmente.
La Fiscalía consideró que la documentación tenía entidad suficiente para abrir diligencias. Posteriormente, la Policía Nacional acudió al CNIO para recabar documentación, un episodio poco habitual en uno de los principales centros españoles de investigación contra el cáncer.
El denunciante había avisado al Ministerio de Ciencia
La sentencia añade una pieza especialmente delicada. Antes de su despido, el exdirector de Operaciones había comunicado sus sospechas a responsables del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, departamento del que depende el CNIO.
Según la documentación conocida, el directivo trasladó advertencias durante 2025 a altos cargos, entre ellos el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, y alertó también de que el expediente disciplinario abierto contra él podía constituir una represalia.
Eso no significa que la sentencia atribuya al Ministerio responsabilidad por el presunto desfalco ni que establezca que la ministra Diana Morant conociera personalmente cada detalle de la trama denunciada. Sí acredita un contexto más incómodo: las alertas habían trascendido las paredes del CNIO antes del despido.
Tras conocerse el fallo, el Ministerio ha expresado su respeto por la resolución y ha señalado que los servicios jurídicos del CNIO realizarán un análisis para decidir las actuaciones que procedan. La sentencia todavía puede ser recurrida.
La protección al informante también estaba reconocida
El asunto había llegado, además, a la Autoridad Independiente de Protección del Informante. Una resolución de diciembre de 2025 reconoció al exdirectivo su condición de persona informante con derecho a protección y apreció una relación temporal entre sus comunicaciones sobre las irregularidades y el expediente disciplinario que acabó con su salida.
Ese elemento ha adquirido especial importancia en la sentencia laboral. La legislación española protege a quienes, dentro de un contexto profesional, comunican posibles infracciones graves y prohíbe las represalias derivadas de esas comunicaciones.
El juzgado entiende precisamente que utilizar el poder disciplinario contra quien había informado de posibles anomalías en la contratación pública vulneró esa protección. Dicho de forma menos jurídica: denunciar una posible corrupción no podía convertirse en el motivo para perder el empleo.
Un caso que agravó la crisis interna del CNIO
El escándalo económico no apareció en un centro que atravesara precisamente una balsa de aceite. El CNIO arrastra desde finales de 2024 una profunda crisis de gestión y gobernanza, con enfrentamientos internos, cambios en la dirección y cuestionamientos sobre el funcionamiento administrativo de la institución.
En enero de 2025, el patronato cesó tanto a la entonces directora científica, María Blasco, como al gerente Juan Arroyo. Posteriormente llegaron nuevas investigaciones sobre la contratación y cambios en puestos relevantes del área económica. El propio centro anunció auditorías adicionales para analizar la gestión económica y los contratos de ejercicios anteriores.
El patronato acordó en junio de 2026 iniciar una refundación del CNIO, incluida la modificación de sus estatutos y el refuerzo de los mecanismos de control, responsabilidad y transparencia. La idea es reconstruir una estructura institucional golpeada durante meses por dimisiones, ceses, denuncias y pesquisas judiciales.
Todo ello sucede en un lugar cuya razón de ser está bastante lejos de los organigramas y las guerras de despacho. El CNIO es uno de los principales centros españoles dedicados a la investigación contra el cáncer, financiado de forma muy relevante con recursos públicos y responsable de investigaciones científicas de alcance internacional. Por eso el posible uso irregular del dinero adquiere una dimensión particularmente sensible: cada euro bajo sospecha tenía, sobre el papel, otra misión.
Lo probado por el juez y lo que Anticorrupción aún investiga
La sentencia conocida este 18 de septiembre permite separar por fin dos cuestiones que durante meses han viajado mezcladas. La primera ya tiene una respuesta judicial, aunque no definitiva porque cabe recurso: el exdirector de Operaciones fue represaliado por denunciar las irregularidades y su despido es nulo.
La segunda continúa abierta. No existe todavía una sentencia penal que declare probado un desfalco de 25 millones de euros. Anticorrupción investiga si existió una trama de contratación fraudulenta, cuánto dinero pudo desviarse realmente, durante cuánto tiempo funcionó y quiénes serían responsables.
Esa diferencia importa. Mucho. Hablar de un presunto desfalco no rebaja la gravedad de lo investigado; simplemente coloca cada hecho donde corresponde. El dosier inicial calculaba irregularidades por hasta 25 millones, otras estimaciones han elevado el posible impacto y la Fiscalía mantiene sus pesquisas. Será la investigación penal la que convierta sospechas, documentos y contratos en responsabilidades probadas o descarte parte de las acusaciones.
Lo que desde este viernes resulta bastante menos nebuloso es el destino profesional de quien empezó a remover los papeles. Avisó, denunció y terminó despedido. Un juzgado acaba de establecer que aquella secuencia no fue una coincidencia.












