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¿Por qué Aznar pide militarizar Ceuta y acusa a Sánchez de traición?
Aznar defiende militarizar Ceuta y acusa a Sánchez de traición mientras la crisis migratoria mantiene miles de personas en la ciudad autónoma.

Imagen: World Travel & Tourism Council / Wikimedia Commons, CC BY 2.0
Resumen
- Aznar defiende militarizar Ceuta y endurece sus ataques a Sánchez
- El Ejército ya está desplegado en tareas de vigilancia y apoyo
- Entre 9.000 y 10.000 migrantes continúan en la ciudad autónoma
José María Aznar ha reclamado “militarizar” la respuesta en Ceuta y reforzar el papel de las Fuerzas Armadas ante la crisis abierta tras la entrada masiva de migrantes desde Marruecos. El expresidente del Gobierno ha elevado además el choque político al acusar a Pedro Sánchez de “cobardía, incompetencia y traición”, unas palabras pronunciadas este viernes 18 de septiembre durante una entrevista en Antena 3. Se trata de acusaciones políticas formuladas por Aznar, no de hechos acreditados sobre las intenciones o la conducta del presidente del Gobierno.
La propuesta tiene un matiz importante. Las Fuerzas Armadas ya están desplegadas en Ceuta en misiones de presencia, vigilancia y apoyo desde principios de agosto. Aznar no plantea, por tanto, enviar por primera vez militares a la ciudad autónoma, sino darles un peso mayor en la respuesta a una situación que él considera una amenaza para la integridad territorial española. Defensa confirmó en agosto que esa presencia se mantendría durante el tiempo que fuera necesario.
Qué ha pedido exactamente José María Aznar para Ceuta
Aznar ha defendido sin ambigüedades una mayor intervención militar. Preguntado por la posibilidad de militarizar la ciudad autónoma, respondió afirmativamente y sostuvo que las Fuerzas Armadas tienen una responsabilidad constitucional en la defensa del territorio. Su planteamiento parte de una interpretación política muy concreta de lo sucedido: considera que la entrada masiva registrada a finales de julio supuso una quiebra de la soberanía y de la integridad territorial de España.
El expresidente vincula esa posición con Marruecos. A su juicio, Rabat tiene responsabilidad en la crisis y el Gobierno español está actuando de manera contraria a los intereses nacionales. También sostiene que una degradación prolongada de las condiciones de vida en Ceuta beneficiaría las aspiraciones marroquíes sobre la ciudad. Son valoraciones de Aznar; el Ejecutivo mantiene una interpretación distinta y defiende la cooperación con Marruecos como parte de la respuesta a la crisis.
Aznar fue todavía más lejos al describir la actuación de Sánchez con tres términos: “cobardía, incompetencia y traición”. Al mismo tiempo, rechazó la iniciativa de Vox para llevar al presidente del Gobierno ante el Tribunal Supremo por un supuesto delito de traición y defendió que la respuesta debe darse en el terreno político. Esa diferencia no es menor: una cosa es utilizar la palabra en el combate partidista y otra atribuir una responsabilidad penal, que exige requisitos jurídicos y pruebas.
El Ejército ya está en Ceuta, pero su misión es distinta
En Ceuta no existe una ausencia militar que la propuesta de Aznar pretenda corregir de golpe. El Ministerio de Defensa informó el 12 de agosto de que unidades del Tercio “Duque de Alba” 2.º de la Legión llevaban once días realizando labores de presencia, vigilancia y apoyo. La ministra Margarita Robles aseguró entonces que las Fuerzas Armadas permanecerían allí el tiempo necesario.
La discusión real está, pues, en hasta dónde debe llegar esa intervención. Una cosa es que unidades militares desarrollen labores de apoyo, protección o vigilancia; otra es que el Ejército adquiera un protagonismo mucho mayor en la gestión de una crisis que también tiene dimensiones migratorias, policiales, diplomáticas, humanitarias y administrativas. La palabra “militarizar” concentra todo ese debate en apenas once letras. Y pesa.
Qué dice realmente la Constitución sobre los militares
Aznar ha apoyado su posición en las funciones constitucionales de las Fuerzas Armadas. El artículo 8 de la Constitución establece que tienen como misión garantizar la soberanía y la independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Esa función existe y está expresamente recogida en el texto constitucional.
Eso no significa, sin embargo, que ese artículo determine automáticamente cómo deben emplearse los militares ante cualquier episodio fronterizo. La Ley Orgánica de la Defensa Nacional atribuye al Gobierno la política de defensa y al presidente del Ejecutivo la dirección de esa política, la gestión de las crisis que afecten a la defensa y la facultad de ordenar las misiones de las Fuerzas Armadas.
Ahí está la diferencia jurídica que el ruido político a veces aplasta. La Constitución fija las grandes misiones de los ejércitos, mientras que su empleo concreto corresponde a los poderes públicos dentro del ordenamiento legal. Por eso pedir una respuesta más militarizada es una propuesta política sobre cómo utilizar los instrumentos del Estado, no una consecuencia automática del artículo 8.
Una crisis que empezó con más de 70.000 entradas
Las declaraciones de Aznar llegan unas siete semanas después del episodio que transformó por completo la situación en Ceuta. Según las cifras oficiales del Gobierno, más de 70.000 personas cruzaron desde Marruecos durante los días 30 y 31 de julio. El Ejecutivo sostiene que entre el 90% y el 95% regresó a Marruecos en las primeras 24 o 48 horas.
Desde entonces, el Gobierno ha defendido una respuesta basada en la combinación de control fronterizo, retornos, acogida y cooperación con Rabat. Aznar interpreta esa estrategia desde el extremo opuesto: considera insuficiente la reacción del Ejecutivo y sostiene que la crisis exige una demostración mucho más clara de autoridad y capacidad militar.
El Gobierno decidió además publicar información sobre los avisos e informes generados durante aquellas jornadas. La documentación oficial recoge alertas y comunicaciones de distintos organismos, entre ellos el CNI, la Guardia Civil y estructuras militares, durante el 30 y el 31 de julio. El contenido y la gestión política de esas advertencias se han convertido también en parte de la batalla sobre las responsabilidades por lo ocurrido.
Ceuta sigue lejos de recuperar la normalidad
La controversia política coincide con una jornada especialmente delicada sobre el terreno. Este viernes se ha desarrollado el traslado de migrantes asentados en las playas de Benítez y El Trampolín hacia el nuevo dispositivo temporal del puerto, preparado para unas 1.700 personas. El operativo registró momentos de tensión al inicio y una fuerte presencia policial.
Las cifras explican la dificultad. El Gobierno calcula que permanecen en Ceuta entre 9.000 y 10.000 migrantes. Con la apertura del centro del puerto, alrededor de 6.000 personas habrán sido alojadas en diferentes recursos, mientras otras 3.000 o 4.000 seguirían pendientes de una solución habitacional.
Ese paisaje da una medida bastante más tangible de la crisis: playas utilizadas durante semanas como asentamientos improvisados, centros provisionales, policías y militares sobre el terreno, procedimientos de retorno y protección internacional, menores que requieren una respuesta específica y una ciudad de apenas unos kilómetros cuadrados soportando una presión excepcional. La situación no cabe cómodamente en una consigna, por contundente que resulte ante una cámara.
De Perejil a la nueva crisis con Marruecos
La posición de Aznar tiene también una biografía política detrás. Gobernó España entre 1996 y 2004 y era presidente durante la crisis del islote de Perejil de 2002, cuando España recurrió a las Fuerzas Armadas después de la ocupación del islote por efectivos marroquíes. Ese precedente reaparece inevitablemente cuando el antiguo jefe del Ejecutivo habla de Ceuta, Marruecos, soberanía y respuesta militar.
Pero los dos episodios no son equivalentes. Perejil fue una crisis territorial con presencia directa de fuerzas marroquíes en un enclave disputado; la situación de Ceuta en 2026 mezcla migración, frontera, seguridad, diplomacia y atención humanitaria. Compararlos permite entender la cultura política desde la que habla Aznar, aunque no convierte ambos escenarios en una misma clase de conflicto.
El expresidente lleva semanas endureciendo su posición. El 27 de agosto viajó a Ceuta para respaldar al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, y afirmó que se había vulnerado la integridad territorial española. También reclamó estabilizar de forma permanente la frontera y modificar la política exterior hacia Marruecos.
La controversia ha adquirido además dimensión europea. El Parlamento Europeo aprobó el 17 de septiembre un texto sobre Ceuta que utiliza el término “invadida” para referirse a la entrada masiva de julio. La formulación salió adelante con apoyo de fuerzas de derecha y ultraderecha y rechazo de grupos progresistas, de modo que tampoco constituye una descripción política consensuada de los acontecimientos.
El choque ya no es solo sobre inmigración
La discusión abierta por Aznar desborda desde hace tiempo la política migratoria. En realidad contrapone dos enfoques sobre la crisis: uno basado principalmente en cooperación con Marruecos, gestión policial, acogida y retornos, defendido por el Gobierno, y otro que reclama un componente militar y territorial mucho más visible, como plantea el expresidente.
Lo verificable a 18 de septiembre es menos estridente que buena parte del enfrentamiento político, aunque no menos relevante. El Ejército ya está desplegado; miles de migrantes continúan en Ceuta; el Gobierno sigue habilitando recursos temporales y la actuación de las administraciones durante los días críticos permanece bajo un intenso escrutinio político.
Aznar ha colocado la palabra “militarizar” en el centro de esa discusión. No describe exactamente la situación actual, porque las Fuerzas Armadas ya tienen presencia en Ceuta. Describe un cambio de escala: otorgar a los militares un papel mayor frente a la crisis y adoptar una posición más dura hacia Marruecos. Entre esa propuesta y la estrategia del Gobierno se ha abierto una brecha política considerable; Ceuta, mientras tanto, sigue lidiando con la parte menos retórica del problema: miles de personas, recursos limitados y una frontera que continúa condicionando la vida cotidiana de la ciudad.

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