¿Entraron tropas de EE.UU. en Colombia sin autorización del Senado?

La presencia de militares y aeronaves estadounidenses en Tumaco, en el suroeste de Colombia, está documentada. Lo que todavía no está resuelto es algo bastante más delicado: si esas actividades pueden considerarse constitucionalmente un tránsito de tropas extranjeras y, por tanto, necesitaban autorización previa del Senado colombiano. Esa es la cuestión que ha llevado al senador opositor Iván Cepeda a anunciar una acción de tutela contra el presidente Abelardo De La Espriella.

Cepeda sostiene que el Gobierno permitió la presencia y actuación de fuerzas estadounidenses sin someterla al control previsto por la Constitución. Así que conviene separar las piezas. Está acreditado el vuelo de helicópteros militares estadounidenses sobre territorio colombiano; lo que todavía debe determinarse jurídicamente es si aquel episodio equivale al tránsito de tropas para el que la Carta Política reserva una intervención específica al Senado.

Qué ocurrió realmente en Tumaco

El episodio que ha encendido la polémica ocurrió el 27 de agosto de 2026. Registros oficiales militares de Estados Unidos muestran helicópteros UH-1Y Venom del Cuerpo de Marines volando sobre Tumaco durante lo que Washington denominó una evaluación operacional sobre el terreno. Una de las imágenes difundidas por el sistema audiovisual militar estadounidense muestra dos aparatos volando juntos sobre la localidad colombiana.

No se trata, por tanto, de una aeronave civil de paso ni de una fotografía de procedencia incierta. El material identifica a los aparatos como pertenecientes al escuadrón VMM-365 del Cuerpo de Marines y señala que fuerzas estadounidenses estaban desplegadas en el área de responsabilidad del Comando Sur en apoyo de la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental.

Aquellos movimientos coincidieron con la visita a Colombia del general Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur de Estados Unidos. Donovan se reunió con el ministro colombiano de Defensa, Jorge Eduardo Mora, y con mandos militares del país, y el 27 de agosto participó en actividades en la zona fronteriza entre Colombia y Ecuador centradas en la lucha contra las redes dedicadas al narcotráfico.

La denuncia de Iván Cepeda

Cepeda considera que esos hechos rebasan una simple visita institucional. El senador, líder de la oposición y excandidato presidencial, anunció una acción de tutela al alegar que se vulneró su derecho a la participación política al no permitirse al Senado intervenir en una decisión que, según su interpretación, corresponde constitucionalmente a la Cámara alta.

Su argumento se apoya directamente en el artículo 173, numeral 4, de la Constitución colombiana. La disposición atribuye al Senado la competencia de permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República. El texto es claro respecto a la atribución del Senado; bastante menos sencilla resulta la segunda parte del problema: decidir qué actividades militares extranjeras entran jurídicamente dentro del concepto de tránsito.

Qué exige exactamente la Constitución de Colombia

Hay otro precepto relevante. La Constitución atribuye al Consejo de Estado una función consultiva previa en los casos previstos de tránsito de tropas extranjeras y de estación o tránsito de buques o aeronaves extranjeros de guerra. La propia institución incluye expresamente esa tarea entre las funciones de su Sala Plena.

Y aparece un elemento importante en la controversia. El Consejo de Estado comunicó en septiembre que, tras revisar sus registros, no había localizado una solicitud del Gobierno relacionada con el ingreso, tránsito, permanencia o participación de tropas extranjeras ni con eventuales operaciones militares conjuntas con Estados Unidos durante el periodo consultado.

Eso no resuelve por sí solo el caso. Para concluir que la ausencia de consulta constituye una infracción constitucional habría que establecer antes que lo ocurrido estaba dentro de los supuestos que obligan a realizarla. Y ahí la frontera jurídica se vuelve bastante menos limpia de lo que permite un titular.

Cooperación militar no siempre significa tránsito de tropas

Colombia y Estados Unidos mantienen desde hace décadas una estrecha cooperación en seguridad y lucha antidroga. En agosto de 2026, Colombia formalizó además su incorporación a la Coalición de las Américas Contra los Carteles, A3C, y el Ministerio de Defensa anunció un acuerdo bilateral destinado a reforzar el trabajo conjunto entre la Fuerza Pública colombiana y las autoridades militares estadounidenses.

Ese contexto importa. La presencia de militares extranjeros para tareas de asesoría, formación o cooperación técnica no plantea necesariamente el mismo encaje constitucional que el desplazamiento de una unidad armada que actúe como tropa sobre territorio nacional. Parece una diferencia pequeña escrita desde un despacho; sobre el terreno puede ser enorme.

La discusión, de hecho, tiene antecedentes. En 2020 se produjo una controversia por la llegada a Colombia de integrantes de la Brigada de Asistencia de Fuerza de Seguridad estadounidense, conocida como SFAB. También entonces se discutió si aquel personal, presentado como dedicado a tareas de asesoramiento y cooperación, debía considerarse tránsito de tropas extranjeras. El episodio sirve de precedente político y jurídico, aunque no convierte automáticamente el caso actual en una repetición del anterior.

Por eso el nuevo recurso de Cepeda no conduce de manera automática a una declaración contra el Gobierno. El tribunal deberá examinar el mecanismo judicial utilizado y, sobre todo, qué hicieron realmente las fuerzas estadounidenses, bajo qué autorización y con qué alcance operativo.

Por qué los helicópteros complican el debate

La situación actual incorpora elementos especialmente visibles. Los registros estadounidenses no hablan únicamente de reuniones en despachos: muestran helicópteros UH-1Y Venom de los Marines volando sobre Tumaco durante una evaluación operacional, con personal militar estadounidense participando en esas actividades.

Washington describió aquellos movimientos dentro de sus esfuerzos para combatir organizaciones vinculadas al narcotráfico y reforzar la cooperación regional. Durante la misma visita, altos mandos estadounidenses, colombianos y ecuatorianos trabajaron en una estrategia operacional conjunta contra redes criminales que actúan en la frontera entre Colombia y Ecuador.

Eso, sin embargo, no demuestra por sí solo una operación de combate estadounidense dentro de Colombia. Los documentos disponibles acreditan vuelos militares, personal uniformado, una evaluación operacional y coordinación entre mandos, pero no bastan para afirmar sin más que los Marines ejecutaron acciones de combate en territorio colombiano.

Esa diferencia no es semántica. Es, probablemente, el centro jurídico del caso.

Una disputa que va más allá de un helicóptero

Tumaco tampoco aparece por casualidad en el mapa. Su posición en el Pacífico y cerca de la frontera ecuatoriana convierte esa zona de Nariño en un enclave estratégico dentro de las rutas utilizadas por organizaciones dedicadas al tráfico de cocaína. El encuentro del 27 de agosto entre mandos de Estados Unidos, Colombia y Ecuador estuvo precisamente orientado a coordinar esfuerzos contra esas redes criminales.

La incorporación colombiana a la Coalición de las Américas Contra los Carteles añade otra capa al asunto. El Gobierno colombiano formalizó su entrada en agosto dentro de una estrategia regional promovida para intensificar la cooperación frente al narcotráfico, el crimen organizado transnacional y otras amenazas de seguridad.

Ahí surge la cuestión política y constitucional de fondo, más allá del enfrentamiento entre Cepeda y De La Espriella: hasta dónde puede llegar la cooperación militar con Estados Unidos sin activar los controles reservados al Senado y al Consejo de Estado. La Constitución concede al Ejecutivo amplias competencias en seguridad y relaciones exteriores, pero también establece procedimientos concretos cuando entran en juego tropas o aeronaves militares extranjeras.

El terreno que ahora deberán despejar los tribunales

Los hechos comprobables dejan una fotografía bastante nítida, aunque jurídicamente incompleta. El 27 de agosto hubo aeronaves militares estadounidenses sobre Tumaco, miembros del Cuerpo de Marines participaron en una evaluación operacional y altos mandos estadounidenses y colombianos desarrollaron actividades de cooperación contra el narcotráfico. También consta que el Consejo de Estado no encontró, en el periodo revisado, una solicitud gubernamental relativa a las actuaciones militares extranjeras consultadas.

Lo que no puede darse todavía por demostrado es que el Gobierno introdujera ilegalmente tropas estadounidenses en Colombia. Esa es la tesis planteada por Cepeda y su recorrido dependerá de cómo se califiquen las actividades realizadas, qué autorizaciones existían, qué personal participó y cuál fue el alcance operativo real de los vuelos y desplazamientos.

La polémica, por tanto, no gira únicamente alrededor de unos helicópteros sobre el Pacífico. Toca una vieja costura institucional de Colombia: dónde termina la capacidad del Ejecutivo para cooperar militarmente con un aliado y dónde empiezan los controles que la Constitución entregó al Senado y al Consejo de Estado. Una línea fina. Y cuando hay uniformes, aeronaves militares y soberanía nacional de por medio, bastante menos académica de lo que parece.