¿Qué dijo el testigo rechazado por Peinado en el caso Begoña Gómez?

El profesor de la Universidad Complutense José Manuel Ruano, que compartió responsabilidades académicas con Begoña Gómez en la Cátedra de Transformación Social Competitiva, ofreció ante la Asamblea de Madrid una versión de los hechos que difiere en varios puntos de la tesis sostenida durante la instrucción judicial. Ruano afirmó que fue el rector de la Complutense, Joaquín Goyache, quien promovió la creación de la cátedra, que Gómez no cobraba por dirigirla y que las competencias económicas y contractuales correspondían a la universidad.

Su testimonio ha recuperado protagonismo después de conocerse que la defensa de Gómez pidió que declarara durante la instrucción y que Juan Carlos Peinado rechazó la diligencia. El magistrado terminó abriendo juicio oral contra Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, un procedimiento que deberá ser resuelto por un jurado popular. Peinado se jubiló con efectos del 27 de septiembre de 2026.

El testimonio que Peinado no incorporó a la instrucción

Hay una fecha que conviene dejar clara porque incluso algunas informaciones publicadas arrastraron una referencia errónea: Ruano compareció ante la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid el 18 de diciembre de 2024. Allí respondió sobre el funcionamiento de la cátedra y los estudios vinculados a Begoña Gómez en la Universidad Complutense.

Según explicó entonces, la iniciativa de crear la cátedra no habría partido de Gómez. Ruano relató que Joaquín Goyache coincidió con ella en un acto y que fue el rector quien planteó agrupar en una estructura académica las formaciones en las que ella ya participaba. Es una versión relevante porque sitúa el origen de la cátedra dentro de una iniciativa atribuida al rectorado, no como una decisión unilateral de Gómez.

Eso no resuelve por sí solo las acusaciones que llegarán al juicio. El origen del proyecto es una pieza entre muchas y corresponde al tribunal valorar documentos, declaraciones y demás pruebas. Pero tampoco es un detalle ornamental: saber quién propuso la creación de la cátedra importa para reconstruir la secuencia de decisiones que se investiga.

“Todo eran parabienes” antes de que estallara el caso

Ruano describió además una relación inicialmente favorable entre la Complutense y el proyecto académico. Según declaró, entre 2020 y 2024 “todo eran parabienes para la cátedra”. Su versión es que el clima cambió cuando comenzaron a aparecer informaciones públicas sobre la actividad universitaria de Gómez y la institución terminó alejándose del proyecto.

El profesor sostuvo que Goyache promocionaba aquella actividad y participaba públicamente en iniciativas relacionadas con ella. Es un elemento que introduce contexto en un asunto que posteriormente quedó envuelto en una enorme discusión judicial y política. Lo sucedido después no borra lo anterior, aunque tampoco convierte la interpretación de Ruano en un hecho judicialmente probado.

Precisamente ahí está la diferencia entre un testimonio favorable a una defensa y una sentencia. Las declaraciones de Ruano ofrecen una explicación alternativa de determinados hechos, pero será el proceso penal el que determine qué valor tienen frente a los indicios y argumentos de las acusaciones.

Contratos, remuneración y los 117.000 euros

Otro de los aspectos destacados de su comparecencia afectó al margen de actuación que tenía Gómez dentro de la universidad. Ruano aseguró que no podía contratar por su cuenta ni comprometer económicamente a la Complutense, porque esa capacidad correspondía a los órganos universitarios competentes.

También afirmó que Gómez no percibió remuneración por dirigir la cátedra. La precisión es importante: eso no significa necesariamente que nunca recibiera cantidades por otras actividades docentes desarrolladas durante su relación con la universidad, sino que Ruano se refería específicamente a la dirección de aquella estructura académica.

Ruano negó igualmente que la actividad hubiera causado por sí misma un perjuicio económico a la institución. Frente a esa idea, calculó que los sucesivos cursos relacionados con el proyecto habían aportado aproximadamente 117.000 euros a la Complutense. La eventual existencia de un perjuicio patrimonial, sin embargo, no depende únicamente del saldo general de los cursos y deberá analizarse conforme a los hechos concretos que formen parte del juicio.

Su relato incluía otro elemento: sostuvo que la cátedra se constituyó conforme a la normativa de la Universidad Complutense y defendió que la trayectoria profesional de Gómez justificaba académicamente su participación en la dirección. Esa fue su valoración ante los diputados madrileños; no una conclusión dictada por un tribunal.

El software, la pieza más enrevesada del proyecto

La comparecencia de Ruano también abordó uno de los asuntos que más recorrido adquirieron durante la investigación: el proyecto tecnológico vinculado al máster. En diciembre de 2024 aseguró que el software todavía estaba en desarrollo, que se encontraba aproximadamente al 80% y que pertenecía a la Universidad Complutense.

Según su declaración, no existía entonces un programa terminado registrado a nombre de Begoña Gómez. Ruano sostenía que se trataba de un proyecto en fase de pruebas y que precisamente por no estar completado no podía hablarse todavía de un producto final registrado en esos términos.

La cuestión del software fue objeto de versiones enfrentadas y de diligencias judiciales posteriores. Hubo documentación y declaraciones relativas a su desarrollo, financiación, titularidad y registro. Por eso, la intervención de Ruano en 2024 debe entenderse como su versión sobre el estado del proyecto en aquel momento, no como una resolución definitiva sobre una materia que después continuó investigándose.

El calendario ayuda a no mezclar planos. Ruano habló en diciembre de 2024. La investigación judicial continuó durante 2025 y 2026, acumuló documentación y acabó delimitada por la Audiencia Provincial de Madrid, que mantuvo el procedimiento contra Gómez por tráfico de influencias y malversación y descartó otros delitos que habían formado parte de fases anteriores de la causa.

Por qué Peinado rechazó que Ruano declarara

La defensa de Begoña Gómez solicitó en abril de 2026 que José Manuel Ruano fuera llamado como testigo y reiteró posteriormente esa petición. Peinado no aceptó la diligencia porque consideró que la defensa había dispuesto de tiempo suficiente para plantearla desde el comienzo de la investigación, iniciada en abril de 2024.

Se produce así una situación poco habitual desde el punto de vista informativo: la versión de Ruano es pública, puesto que quedó registrada en una comisión parlamentaria, pero el profesor no prestó ante Peinado la declaración testifical que había solicitado la defensa dentro de la causa penal.

No puede saberse que su eventual declaración judicial hubiese sido idéntica a la pronunciada ante la Asamblea ni qué respuestas habría ofrecido a las partes bajo interrogatorio. Ese matiz es fundamental. Se conoce lo que Ruano dijo públicamente en 2024; atribuirle de antemano una determinada declaración ante el órgano judicial sería ir más allá de los hechos disponibles.

Begoña Gómez afrontará un juicio con jurado popular

Peinado dictó el 21 de septiembre de 2026 el auto de apertura de juicio oral contra Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. También acordó llevar a juicio a Cristina Álvarez, asesora de Gómez en La Moncloa, por presunta malversación.

La causa había sido delimitada previamente por la Audiencia Provincial de Madrid. En julio, el tribunal mantuvo el procedimiento con jurado contra Gómez por esos dos delitos y descartó los de corrupción en los negocios y apropiación indebida que Peinado también había apreciado anteriormente.

La apertura de juicio oral no equivale a una condena. Gómez conserva la presunción de inocencia y las acusaciones deberán acreditar ante el tribunal los hechos que le atribuyen. La Fiscalía ha mantenido una posición contraria a la acusación y ha defendido la absolución, mientras que las acusaciones populares sostienen que existen elementos suficientes para reclamar una condena.

Peinado ya no dirigirá esta nueva etapa. El Boletín Oficial del Estado publicó el 26 de septiembre el acuerdo de su jubilación forzosa por edad, con efectos desde el 27 de septiembre de 2026, cuando alcanzó la edad legal establecida.

Una versión que deberá medirse con las pruebas

El testimonio público de José Manuel Ruano no establece la inocencia de Begoña Gómez ni invalida por sí mismo las acusaciones. Lo que hace es incorporar una versión distinta sobre hechos centrales de la causa: quién promovió la cátedra, qué capacidad de decisión tenía Gómez, cómo se financiaba la actividad, qué ingresos produjo y en qué situación se encontraba el proyecto tecnológico.

Según Ruano, fue el rector quien impulsó la creación de la cátedra; Gómez no tenía autonomía para contratar en nombre de la universidad; no cobraba por dirigirla; los cursos aportaron ingresos a la Complutense y el software seguía siendo un proyecto universitario sin terminar cuando él compareció. Son afirmaciones que hizo públicamente en diciembre de 2024 y cuyo alcance procesal deberá determinarse, en su caso, dentro del juicio.

El escenario, en cualquier caso, ha cambiado. La instrucción de Peinado ha terminado y la causa entra en una fase en la que acusaciones y defensas tendrán que confrontar sus respectivas versiones ante un jurado. Después de más de dos años de titulares, resoluciones y controversias, el centro de gravedad pasa de la investigación a algo bastante menos ruidoso y bastante más decisivo: qué hechos pueden probarse ante el tribunal.