¿Por qué el PSOE llega sin acuerdo al decreto de vivienda con Sumar?

El PSOE no está solo en el Gobierno: Sumar continúa siendo su socio de coalición y las negociaciones siguen abiertas. Pero, a pocas horas del Consejo de Ministros del martes 29 de septiembre, los socialistas no tienen cerrado con su propio socio el contenido del nuevo decreto de vivienda. Sumar sostiene que el acuerdo «sigue muy lejos» y Podemos, desde fuera del Ejecutivo, rechaza expresamente un pacto de mínimos. Esa es, de momento, la fotografía política.

El problema va bastante más allá de una pelea entre partidos de izquierda. El Ejecutivo pretende aprobar un real decreto-ley que después deberá superar la convalidación en el Congreso, donde el Gobierno necesita apoyos ajenos a la coalición. El verdadero atasco, por tanto, tiene dos escenarios: primero el Consejo de Ministros y después una Cámara fragmentada en la que PSOE y Sumar no suman por sí solos los votos necesarios.

Sumar marca distancias con el texto que negocia el PSOE

La discrepancia dentro de la coalición está en la letra pequeña, que en vivienda suele ser precisamente donde vive el elefante. Sumar reclama una protección completa frente a los desahucios, regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones, prórroga y renovación de contratos y medidas contra el fraude relacionado con los pisos turísticos. Según la formación, el borrador que se negociaba este lunes todavía no daba una respuesta suficiente a esos puntos.

Yolanda Díaz ha endurecido públicamente esa posición. La vicepresidenta segunda sostiene que el decreto debe incorporar prórrogas de alquileres, protección frente a los desahucios y regulación de modalidades contractuales que Sumar considera utilizadas para esquivar las limitaciones del alquiler residencial. Mónica García, Sira Rego y Ernest Urtasun también han elevado la presión sobre la parte socialista del Ejecutivo.

La tensión no significa, al menos por ahora, una ruptura de la coalición. PSOE y Sumar continúan negociando y el Gobierno mantiene su intención de llevar el decreto al Consejo de Ministros. La diferencia importa: una cosa es un choque político severo entre socios y otra que el Ejecutivo se haya quedado sin socio. Este lunes existe un desacuerdo importante sobre el contenido de una de las normas más sensibles del tramo final de 2026.

Podemos rechaza un pacto de mínimos

Fuera del Gobierno, Podemos aprieta todavía más. Irene Montero ha rechazado un acuerdo reducido a medidas que su formación considere insuficientes y acusa al PSOE de responder a la movilización social con «parches». Podemos defiende, entre otras propuestas, prohibir los desahucios sin alternativa habitacional, impedir operaciones de compra de vivienda con finalidad especulativa, bajar los alquileres y expropiar viviendas en manos de determinados fondos de inversión.

La posición de Podemos importa por una razón bastante prosaica: los votos. El Ejecutivo necesita articular una mayoría parlamentaria que permita convalidar el decreto, y las posiciones de los partidos potencialmente necesarios están muy alejadas entre sí. En esa negociación aparecen Podemos, Junts, PNV, ERC y EH Bildu, cada uno con exigencias diferentes y, en algunos puntos, incompatibles.

Ahí aparece la paradoja. Para acercarse a Podemos y a otras fuerzas situadas a la izquierda, el texto debería asumir una intervención mayor en alquileres, desahucios y grandes propietarios. Para sumar a Junts y PNV, el Gobierno también debe atender demandas sobre pequeños propietarios, fiscalidad, suelo y seguridad jurídica. La aritmética parlamentaria tiene esa vieja costumbre: no lee manifiestos, cuenta votos.

Qué medidas están realmente sobre la mesa

El decreto todavía no estaba cerrado este lunes por la mañana, de modo que conviene distinguir entre las propuestas negociadas y el contenido definitivo. El Ejecutivo trabaja con medidas de protección frente a los desahucios, restricciones a la compra especulativa de viviendas por fondos de inversión, mecanismos para estabilizar los contratos de alquiler, ayudas para acceder a la primera vivienda y cambios fiscales para propietarios e inquilinos.

También figuran en la negociación el blindaje del parque público de vivienda, la regulación del alquiler de temporada, una mayor tributación de los pisos turísticos y una reducción del IVA vinculada a la construcción de vivienda protegida con calificación permanente. El Gobierno plantea asimismo ayudas a personas con capacidad para afrontar una hipoteca pero que carecen del ahorro necesario para dar el salto inicial a la compra.

Parte de este paquete ya había aparecido en negociaciones anteriores. La propuesta incluye cuestiones que llevan meses sobre la mesa, desde la regulación de alquileres de temporada y habitaciones hasta las prórrogas contractuales y los incentivos fiscales. El problema no ha sido tanto producir ideas como conseguir que partidos con recetas inmobiliarias muy diferentes acepten el mismo decreto.

Junts vuelve a ser una pieza importante

El acercamiento a Junts complica todavía más el equilibrio. La formación catalana ha defendido incentivos fiscales para favorecer que los propietarios coloquen viviendas en el mercado, desgravaciones relacionadas con alquileres e hipotecas y la suspensión de determinados desahucios cuando las viviendas sean propiedad de fondos de inversión. También reclama que las medidas no incrementen los costes de los propietarios ni invadan competencias catalanas.

Eso explica parte del choque actual. El PSOE intenta encontrar un terreno común entre partidos cuya concepción del mercado inmobiliario difiere bastante. Podemos reclama medidas mucho más intervencionistas; Sumar acepta seguir negociando, pero exige preservar sus pilares; Junts pone el foco también en propietarios e incentivos fiscales. Meter todas esas posiciones en el mismo texto no es precisamente una tarea de costura fina.

Un decreto capaz de satisfacer simultáneamente todas esas exigencias empieza a parecerse a montar una mesa con patas de distinta longitud: puede sostenerse, sí, pero hay que medir mucho cada milímetro. Y todavía falta sentarla delante del Congreso.

El caso Maricarmen acelera una negociación atascada

La urgencia política se disparó después del desahucio de Maricarmen, de 87 años, de la vivienda madrileña en la que había residido durante más de siete décadas. El caso provocó protestas y terminó alimentando una acampada en la Puerta del Sol. La presión social ha devuelto la vivienda al centro de la agenda política y ha acelerado unas conversaciones que venían arrastrándose desde antes del verano.

El movimiento ha acercado también a distintas formaciones de izquierda en sus reclamaciones sobre desahucios, contratos y alquileres temporales. La presión sobre el PSOE aumenta precisamente porque su socio de Gobierno y varios grupos con los que necesita negociar coinciden en reclamar un decreto más ambicioso, aunque no todos defienden exactamente las mismas soluciones.

Ese escenario deja al PSOE en una posición incómoda dentro del bloque parlamentario del que suele depender para sacar adelante sus principales iniciativas, aunque afirmar que está literalmente «solo» sería inexacto. Sumar continúa formando parte del Gobierno, Junts ha vuelto a negociar y siguen abiertos contactos con distintos grupos. Lo que no existe a esta hora es un acuerdo cerrado capaz de reunir todas esas sensibilidades.

El verdadero examen llegará al Congreso

Incluso si PSOE y Sumar consiguen pactar el texto antes de la reunión del martes, quedará la segunda mitad del partido: el Congreso. Un real decreto-ley debe pasar por la Cámara después de su aprobación y el Ejecutivo necesita reunir una mayoría suficiente para convalidarlo. De ahí que las conversaciones no se limiten a las dos formaciones que integran el Gobierno.

Por eso el PSOE intenta negociar antes de aprobar. Un decreto puede salir del Consejo de Ministros y encontrarse después con una mayoría parlamentaria adversa. De hecho, el paquete de vivienda ya había sido aplazado durante el verano ante la dificultad de asegurar apoyos, y las conversaciones de septiembre han recuperado buena parte de aquellas diferencias.

Una mayoría construida entre posiciones muy distintas

El Ejecutivo debe combinar demandas que tiran del texto en direcciones diferentes. Una parte de la izquierda reclama más intervención sobre precios, contratos, desahucios y grandes propietarios; otras fuerzas ponen condiciones relacionadas con fiscalidad, suelo y pequeños propietarios. No existe, por tanto, una fórmula evidente que garantice la misma mayoría para todas las medidas.

La vivienda vuelve así a mostrar uno de los problemas estructurales de la legislatura: el Gobierno puede diseñar una medida, pero necesita negociar prácticamente cada pieza de la norma con una mayoría parlamentaria heterogénea. En este decreto, esa dificultad se multiplica porque toca al mismo tiempo alquileres, propiedad, fiscalidad, vivienda turística, fondos de inversión y políticas públicas de construcción.

Un decreto pendiente de su mayoría

El PSOE, por tanto, no está solo en sentido institucional ni parlamentario de forma definitiva. Sigue gobernando junto a Sumar y mantiene interlocución con varios grupos. Pero llega a la víspera del Consejo de Ministros sin haber cerrado con su socio minoritario un texto de vivienda y con Podemos anunciando que no aceptará un acuerdo de mínimos. Ese es el dato relevante, sin necesidad de inflarlo.

Y queda el escollo mayor. La crisis de vivienda ha reunido en una misma negociación cuestiones tan distintas como desahucios, contratos de alquiler, pisos turísticos, fiscalidad, fondos de inversión, vivienda pública y ayudas a la compra. El Gobierno pretende convertir ese puzle en un decreto y después encontrar una mayoría capaz de convalidarlo. El martes puede aprobarse una norma; el acuerdo político, en cambio, todavía está en construcción.