¿Sumar quiere desahuciar la Corona de la Constitución del 78?

Sumar reabre la reforma constitucional: aborto blindado, vivienda reforzada y giro federal; la república asoma, aún sin propuesta registrada.

Sumar ha vuelto a poner la reforma de la Constitución sobre la mesa con una mezcla calculada de urgencias sociales y bandera política: quiere blindar nuevos derechos —con el foco en la interrupción voluntaria del embarazo—, reforzar el encaje del derecho a la vivienda y empujar hacia un Estado más federal. Y, en paralelo, deja dicho —sin rodeos— que su cultura política es republicana, que la forma de Estado debería revisarse… aunque admite que no tiene previsto registrar ahora una iniciativa concreta para pasar de monarquía a república. La idea está, el trámite, por el momento, no.

El anuncio llega en un día de alto simbolismo institucional: este martes 17 de febrero de 2026, el Congreso celebra un acto por el récord de longevidad de la Constitución de 1978 con Felipe VI y Letizia al frente, en una ceremonia que se adelanta por agenda y por cómo se cuentan los días. El 17 de febrero se iguala el récord histórico si el cómputo se hace desde el referéndum del 6 de diciembre de 1978; si se mira desde la entrada en vigor del texto, el “sorpasso” real llega más tarde, ya en marzo. Ese detalle de calendario, casi de relojero, no cambia el ruido de fondo: el hemiciclo se reúne para celebrar estabilidad constitucional y, a pocos metros, Sumar plantea que esa estabilidad también sirve para revisar la carta magna con bisturí social… y con un bisturí institucional más delicado.

Sumar pone precio a la reforma: derechos y modelo territorial

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha verbalizado la tesis con un argumento simple, de los que se recuerdan: si la Constitución ha sido capaz de aguantar casi medio siglo, también debería ser capaz de absorber derechos que hoy forman parte de la vida social y del marco democrático. En su planteamiento, el paquete no es una frase suelta ni un gesto para un titular; es un mapa con tres carreteras principales: derechos reproductivos, vivienda y federalismo. Y, sí, una cuarta carretera señalizada al fondo con un cartel grande: república.

La idea de introducir nuevos derechos en la Constitución no es nueva en Sumar. Ya venían trabajando el blindaje del aborto como derecho expreso, y han defendido que el Gobierno ha dado pasos en ese sentido. Ese “dar pasos” es un concepto resbaladizo, pero en política significa algo concreto: el debate ya no se queda en el terreno moral, baja a la arquitectura institucional, al texto duro, a la frase que se podría leer dentro de veinte años sin depender del color del Consejo de Ministros. Aquí, la Constitución se vuelve un candado: una vez echado, cuesta muchísimo abrirlo.

El segundo bloque, el de la vivienda, tiene un trasfondo que se entiende sin necesidad de tecnicismos: hay un derecho recogido en la Constitución, sí, pero no tiene el mismo “músculo” que otros. Y cuando un partido pide reforzarlo, lo que está diciendo —sin decirlo— es que el modelo actual deja demasiadas grietas para que el problema siga creciendo. El tercer bloque, el del Estado más federal, vuelve a la discusión territorial de siempre, pero con un matiz: Sumar intenta presentarlo como una evolución del Estado autonómico, no como una ruptura, mientras en su entorno político conviven sensibilidades plurinacionales que piden más reconocimiento y más margen.

El aborto como derecho constitucional: el artículo 43 en el punto de mira

El núcleo más definido de la propuesta es el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Sumar lleva tiempo defendiendo que debería quedar escrito en la Constitución con una formulación explícita, ligado al artículo 43, el que habla de la protección de la salud. No es casual ese lugar: si el aborto se introduce ahí, se conecta con el sistema sanitario y con la idea de garantía pública. En su planteamiento, no se trata solo de “permitir” o “regular”, sino de reconocer un derecho libre, informado, pleno y universal, y obligar a los poderes públicos a garantizarlo respetando la autonomía de las mujeres. No es una reforma estética: es tocar una palabra y cambiar el rango jurídico del debate.

La insistencia en constitucionalizar el aborto tiene un motivo práctico que, en España, se comenta a media voz pero se vive a diario: la desigualdad territorial y logística del acceso. La ley puede reconocer el derecho, pero luego aparecen los cuellos de botella: servicios concentrados en pocas áreas, derivaciones, tiempos de espera, y la cuestión —siempre polémica— de la objeción de conciencia. Cuando Sumar pide el blindaje constitucional, intenta levantar el debate por encima de los vaivenes y de las resistencias: “Esto no se discute cada legislatura”, viene a decir. Se fija.

En paralelo, el partido también está moviendo piezas en el entorno normativo del aborto, donde la discusión no es solo sanitaria sino de seguridad y de clima social. En los últimos días ha defendido endurecer el marco frente al hostigamiento y los escraches contra profesionales sanitarios relacionados con interrupciones de embarazo. Ese hilo, el de proteger el acceso real y a quienes lo prestan, conecta con lo que quieren escribir en la Constitución: una cosa es el derecho en el papel y otra, el derecho cuando hay ruido en la puerta del centro de salud. Sumar intenta atar ambos planos para que no se contradigan.

República, monarquía y la frase que desata tormenta

La parte más explosiva de la noticia no es la del aborto —que ya tiene debate, sí, pero también recorrido legislativo previo—, sino la del cambio de modelo de Estado. Martínez Barbero lo ha expresado sin maquillaje: “Somos organizaciones republicanas y, por lo tanto, para nosotras la forma de Estado es la república. Y esto merecería una revisión en el texto constitucional”. La frase está medida: afirma identidad, plantea revisión, pero no anuncia iniciativa inmediata. En política española, eso equivale a dejar una bengala encendida en el suelo… y seguir caminando.

Ese matiz —ser republicano y no registrar hoy un texto para cambiar la Corona— tiene una lectura institucional clara: pasar de monarquía a república no es una reforma cualquiera. No es cambiar un artículo social; es tocar el Título II, el de la Corona. Y ahí la Constitución se pone seria, con un procedimiento tan exigente que parece diseñado para que solo suceda si hay un consenso casi histórico. La propia Sumar, al admitir que no tiene prevista una iniciativa concreta sobre esa segunda cuestión, reconoce el tamaño de la montaña: subirla sin oxígeno parlamentario es imposible. Y oxígeno, hoy, no hay.

En el ecosistema político, además, la monarquía no se discute solo como institución: se discute como símbolo de continuidad, como pieza central de la Transición, como muro o como puente según quién mire. Por eso la propuesta republicana de Sumar funciona también como marcador ideológico. No es solo “queremos cambiar esto”, sino “somos esto”. Y, de paso, abre una línea de tensión con otros partidos que, incluso si aceptaran reformas sociales, no entrarían en un debate de jefatura del Estado. Ahí se parten las aguas.

Compromís dentro de Sumar: Ibáñez y Micó elevan el tono

Si Martínez Barbero dejó la república en un plano de “revisión”, el diputado de Compromís Alberto Ibáñez, integrado en el grupo de Sumar, apretó el acelerador con una frase más áspera, más de choque frontal: “A esta Constitución le sobra la corona, le sobra la monarquía y tiene que avanzar hacia un modelo de República más democrático y más plural”. No es lo mismo decir “revisemos” que decir “sobra”. Ahí ya no hay prudencia institucional; hay convicción lanzada a la cara del edificio.

La otra voz que se suma al empuje es la de Àgueda Micó, diputada de Compromís en el Grupo Mixto. Su formulación también apunta a un paquete de reforma amplio: consolidar y profundizar en derechos fundamentales, proteger un Estado plurinacional y pasar de monarquía a república. La palabra “plurinacional” no es decorativa: implica un enfoque territorial que va más allá de un federalismo administrativo; se acerca al reconocimiento político de distintas naciones dentro del Estado. En ese punto, la reforma constitucional se vuelve un cruce de caminos: derechos sociales, sí, pero también identidad territorial y arquitectura institucional. Todo junto.

Este detalle interno —Compromís empujando con un tono más duro— también revela un juego de equilibrios dentro de la izquierda parlamentaria. Sumar quiere sostener una coalición diversa, con sensibilidades distintas, y al mismo tiempo hablar al país como bloque. En ese equilibrio, hay frases que se lanzan para marcar perfil y frases que se dosifican para no incendiar la negociación posible. Ibáñez, Micó y Martínez Barbero dibujan, en pocas líneas, esas tres velocidades: la del impulso, la del perfil y la del cálculo.

El camino legal: cómo se cambia la Constitución y por qué casi nadie se atreve

En España, hablar de reforma constitucional es fácil; aprobarla, otra historia. La Constitución fija dos rutas, y conviene contarlas sin jerga de facultad, pero con precisión. La ruta “ordinaria” exige una mayoría reforzada de tres quintos en el Congreso y el Senado, y deja una puerta abierta a referéndum si lo pide una décima parte de cualquiera de las cámaras en un plazo concreto. Con 350 diputados, tres quintos se traducen en 210 votos en el Congreso, una cifra que obliga a sumar bloques que hoy suelen mirarse con desconfianza. Esta es la vía por la que han entrado las reformas puntuales de las últimas décadas: cuando el acuerdo es amplio y el cambio, acotado.

La ruta “agravada” es otra liga. Se activa si se plantea una revisión total o si se toca el Título Preliminar, el catálogo central de derechos fundamentales o, clave aquí, el Título II de la Corona. En ese caso, la Constitución exige mayorías de dos tercios, disolución inmediata de las Cortes, elecciones, ratificación por las nuevas cámaras y referéndum obligatorio. Es un mecanismo con un mensaje claro: si quieres cambiar la jefatura del Estado, no basta con una mayoría coyuntural; necesitas un consenso que sobreviva a unas elecciones, a una campaña, a un país votando otra vez. No hay atajos.

Esta estructura explica por qué Sumar empuja el blindaje del aborto y la vivienda como reformas con recorrido potencial —en teoría, entrarían por el procedimiento ordinario si el cambio se formula sin tocar los núcleos “protegidos”— y por qué la república queda, de momento, en el plano declarativo. Decir “somos republicanos” es político; activar el artículo de reforma agravada es institucionalmente otra cosa. Y, además, es aritmética: con la distribución actual del Congreso, ninguna reforma relevante sale sin acuerdos transversales. Sin el PP, por ejemplo, alcanzar 210 votos es prácticamente inviable.

De 1992 a 2024: tres retoques, mucha resistencia

La Constitución de 1978 no es un texto intocable por definición, pero sí por costumbre. En casi medio siglo, solo ha sido reformada tres veces, y cada una de esas reformas fue puntual. La primera llegó en 1992, ligada al encaje europeo y al derecho de sufragio de ciudadanos de la Unión en elecciones municipales. La segunda, en 2011, tocó el artículo 135 y metió en la Constitución el principio de estabilidad presupuestaria, en plena crisis económica. La tercera, en 2024, reformó el artículo 49 para actualizar el lenguaje y el enfoque sobre los derechos de las personas con discapacidad, eliminando una terminología que había quedado socialmente inasumible y ampliando la protección constitucional. Tres retoques, tres momentos de consenso, tres pruebas de que se puede… pero solo cuando el acuerdo es ancho y el texto es quirúrgico.

Ese antecedente de 2024 es importante por dos razones. Primero, porque demuestra que el bloqueo no es absoluto: si PP y PSOE coinciden, la reforma puede salir adelante. Segundo, porque muestra cómo funciona el sistema de frenos: basta con que un grupo parlamentario reúna una décima parte y pida referéndum para que el trámite se complique, y por eso las reformas suelen cocinarse con cuidado, para evitar sorpresas. En el caso del artículo 49, el acuerdo fue tan amplio que el proceso no se convirtió en un plebiscito. Eso no sería tan fácil con el aborto o con la Corona.

En este punto entra un dato que pesa como un termómetro social. El barómetro del CIS de febrero de 2026 dibuja un país que, mayoritariamente, ve necesaria una reforma: el 84,3% considera que la Constitución necesita cambios y, dentro de ese grupo, una mayoría habla de reformas importantes, no de retoques cosméticos. Ese clima es gasolina para partidos que quieren abrir el melón constitucional, pero también es un aviso: la gente piensa en reformas, sí, pero no necesariamente en las mismas reformas ni en el mismo sentido. El CIS, además, sitúa la vivienda como principal problema del país con cifras altas y persistentes. En ese contexto, no extraña que Sumar vincule reforma constitucional y derecho a la vivienda: es una manera de subir el asunto al techo institucional. Más alto, más visible.

La ceremonia del récord: reyes, ausencias y un hemiciclo con grietas

Mientras Sumar hablaba de reformar el texto constitucional, el Congreso se preparaba para una escena de liturgia democrática: acto institucional, discursos, protocolo, el hemiciclo con esa mezcla de solemnidad y madera vieja que impone incluso a quien viene con ganas de bronca. Felipe VI y Letizia presiden la ceremonia, y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, toma la palabra en un evento que también reúne a las principales autoridades del Estado. En la recepción figuran nombres que son, en sí mismos, un mapa del poder institucional: el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el presidente del Senado, Pedro Rollán; el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido; y la presidenta del Tribunal Supremo, María Isabel Perelló. En la foto aparece también el líder del principal partido de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. El Estado en formato panorámico.

Pero la foto no está completa. Varias formaciones nacionalistas e independentistas han decidido no asistir: ERC, Junts, EH Bildu, PNV y BNG han avanzado su ausencia con el argumento de que “no hay nada que celebrar”. Esa decisión no es un detalle de protocolo; es un mensaje político en alta definición. En el caso del PNV, la explicación mira hacia atrás: la Constitución no habría sido respaldada mayoritariamente en Euskadi. Bildu, por su parte, suele enmarcar el rechazo en una crítica a un texto que, a su juicio, niega derechos nacionales y sociales y no concede legitimidad a la Casa del Rey. Ausencias distintas, razones distintas, pero un mismo efecto: un acto pensado para exhibir consenso se convierte también en escaparate de fracturas.

En ese clima, la intervención de Sumar suena doblemente incómoda para algunos y doblemente coherente para otros. Incómoda porque se plantea reformar la Constitución en el mismo momento en que se la celebra; coherente porque, precisamente por celebrarla como marco de convivencia, se discute qué debe contener hoy. Y ahí aparece el juego político: Sumar no boicotea el acto, al contrario, acude. Martínez Barbero va en representación del grupo. El gesto —estar dentro y a la vez discutir el texto— busca ocupar un espacio que no es el de la ruptura, sino el de la reforma. Una posición difícil en un país donde, con facilidad, todo se interpreta como blanco o negro.

Lo que puede salir adelante y lo que queda en el debate

La pregunta práctica, la que se hace la política cuando apaga los focos, es qué parte de todo esto puede convertirse en un trámite real y qué parte se queda, de momento, como posición ideológica. En el terreno de lo posible, el blindaje del aborto en la Constitución tiene recorrido teórico porque se puede intentar encajar en el procedimiento ordinario, y porque ya existe un trabajo previo de redacción y de discusión pública. Pero la dificultad es enorme: necesita 210 votos en el Congreso y acuerdos que, hoy, obligan a entenderse con partidos que no comparten el enfoque. En términos fríos, una reforma constitucional sin el PP se queda coja. Y si el PP no entra, la reforma no camina. Así de simple, así de crudo.

El derecho a la vivienda es otro punto con potencial de consenso social, aunque el consenso político sea más complejo. Blindarlo “más” en la Constitución puede significar muchas cosas: desde reforzar el mandato a los poderes públicos hasta elevar su protección jurídica. El problema aparece cuando el debate baja a lo concreto: competencias autonómicas, regulación del alquiler, fiscalidad, suelo, inversión pública, modelo de ciudad. Ahí los acuerdos se vuelven más difíciles, porque cada partido llega con su receta y con sus líneas rojas. Aun así, el contexto empuja: la vivienda sigue siendo el gran nudo del momento, y por eso Sumar la coloca en el corazón del paquete. No es un adorno, es el nervio.

El modelo territorial —ese “Estado más federal”— es el capítulo donde el debate puede extenderse sin fin si no se acota con precisión. Federalizar puede ser clarificar competencias, mejorar la financiación autonómica, reforzar mecanismos de cooperación; también puede ser, para otros, abrir la puerta a un reconocimiento plurinacional con más calado político. Sumar lo menciona con una fórmula que busca sonar pragmática, pero en España esa palabra activa alarmas y entusiasmos a la vez. Y en ese mismo tablero, la ausencia de ERC, Junts, Bildu, PNV y BNG en el acto del Congreso recuerda que la discusión territorial no está en pausa: está viva, con su propia música, a veces discordante.

Y luego está la república, el gran titular que Sumar lanza con convicción y con freno al mismo tiempo. Convicción porque la reivindica como forma de Estado coherente con su identidad; freno porque no anuncia iniciativa inmediata. Si algún día ese cambio se intenta de verdad, no será una reforma más: activará el procedimiento agravado, exigirá dos tercios, elecciones, ratificación y referéndum. Es decir, exigirá que el país entero se siente a la mesa, no solo un bloque parlamentario. En ese sentido, la república hoy funciona como un marcador de posición y como una forma de ordenar el debate: mientras se habla de derechos sociales y de vivienda, se recuerda que el texto constitucional también define quién es el jefe del Estado y por qué. Sumar ha decidido no separar esas discusiones, aunque sepa que no avanzan al mismo ritmo.

En el fondo, lo que ha ocurrido este 17 de febrero de 2026 es que, en el día de la foto solemne, se ha abierto otra foto, más incómoda y más real: un país que celebra su Constitución más longeva mientras admite —según el termómetro social— que quiere reformarla, una Cámara que reúne a las instituciones del Estado mientras asume ausencias relevantes, y un partido, Sumar, que intenta convertir demandas sociales muy concretas —aborto, vivienda, derechos— en una discusión constitucional sin perder de vista su horizonte político —república—. Todo eso, junto, no es un capricho discursivo: es el retrato de una España que discute su marco con la misma intensidad con la que lo utiliza. Y esa tensión, por incómoda que sea, también es política en estado puro.

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Este artículo ha sido redactado basándose en información procedente de fuentes oficiales y confiables, garantizando su precisión y actualidad. Fuentes consultadas: Agencia EFE, Europa Press, RTVE, BOE, CIS, EL PAÍS.