¿Por qué sube 2,5 millones el coste de la Junta PP-Vox en Andalucía?

La nueva estructura del Gobierno andaluz de PP y Vox tendrá un coste adicional de 645.656 euros al año en su despliegue territorial. Si la legislatura completa los cuatro años ordinarios, la factura acumulada ascenderá a 2.582.624 euros, algo más de 2,5 millones. No son, por tanto, 2,5 millones adicionales cada año: es la proyección del incremento anual durante todo el mandato.

El grueso del aumento está ligado a la nueva Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, dirigida por Manuel Gavira, vicepresidente segundo de la Junta y principal representante de Vox en el Ejecutivo autonómico. La cartera reúne competencias de considerable tamaño y las acompaña de una estructura territorial poco habitual: 24 cargos directivos repartidos entre las ocho provincias andaluzas.

El dato tiene, además, una lectura política incómoda para una coalición que ha situado entre sus banderas la reducción de burocracia y del denominado gasto superfluo. La desregulación, por esas ironías que a veces regala la Administración, llega acompañada de más casillas en el organigrama.

De dónde salen exactamente los 2,5 millones de euros

La cifra merece una explicación porque, aislada, puede llevar fácilmente a equívoco. El incremento presupuestario anual atribuido a las delegaciones provinciales de la nueva macroconsejería es de 645.656 euros. Multiplicado por cuatro ejercicios completos, el resultado es 2.582.624 euros.

Ese es el origen de los 2,5 millones adicionales. Se trata de una estimación para una legislatura ordinaria completa y no de una nueva partida anual de esa cuantía. Tampoco significa que todo el Gobierno autonómico vaya a costar únicamente esa cantidad más: el cálculo concreto se refiere al refuerzo territorial asociado a la estructura que acompaña a la consejería de Gavira.

La distinción importa. En el debate sobre el gasto político, las cifras suelen viajar deprisa y perder el equipaje por el camino. Aquí la fotografía es bastante nítida: algo más de medio millón de euros adicional por ejercicio, que supera los dos millones y medio cuando se proyecta sobre cuatro años.

No debe confundirse tampoco con otras modificaciones retributivas de los altos cargos aprobadas por la Junta en años anteriores. Este incremento nace de un cambio organizativo, es decir, de la existencia y financiación de nuevos puestos directivos dentro del esquema territorial.

La macroconsejería de Gavira despliega 24 cargos provinciales

La Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local es uno de los departamentos políticamente más singulares del nuevo Ejecutivo. No solo porque queda en manos de Vox, sino porque reúne bajo un mismo techo competencias muy diferentes que anteriormente estaban distribuidas entre distintas áreas de la Junta.

Su dimensión territorial explica buena parte de la factura. La estructura prevista contempla ocho delegados territoriales, uno en cada provincia andaluza, y 16 secretarios generales, lo que eleva a 24 el número de puestos directivos vinculados a ese nivel administrativo.

La diferencia está precisamente en esas secretarías. Mientras la configuración habitual reserva una por provincia para determinadas consejerías, la cartera de Gavira tendrá dos. Andalucía tiene ocho provincias; la multiplicación, esta vez, no requiere una comisión de expertos.

Dos secretarías generales en cada provincia

Una de las secretarías provinciales estará especializada en Turismo, sector que representa una parte fundamental de la economía andaluza y que Vox ha querido conservar con suficiente autonomía dentro de la macroconsejería. La segunda asumirá las materias relacionadas con Justicia, Administración Local y Desregulación.

El diseño permite separar la gestión turística del resto de competencias y evitar que un único órgano provincial tenga que manejar ámbitos administrativos bastante distintos entre sí. Una cosa es tramitar políticas turísticas y otra, bastante diferente, coordinar asuntos judiciales, relaciones con ayuntamientos o simplificación administrativa.

Pero la consecuencia presupuestaria existe igualmente. Duplicar esas secretarías provinciales implica más responsables, retribuciones y estructura de gestión. Organizar mejor cuesta dinero; discutir si compensa ese dinero es exactamente el debate que corresponde tener.

La Junta pasa de 301 a 314 altos cargos

El cambio no se limita a la consejería controlada por Vox. La reestructuración del Ejecutivo andaluz supone un incremento de 13 altos cargos respecto a la organización precedente, pasando de 301 a 314 puestos en la cúpula administrativa.

El Gobierno mantiene 13 consejerías, el mismo número con el que terminó la legislatura anterior, aunque por debajo de las 14 existentes al comienzo de aquel mandato. Sobre el papel, por tanto, no hay una expansión del número de departamentos políticos. La ampliación se produce un escalón más abajo: secretarías, direcciones y otros centros directivos.

Ahí está uno de los matices esenciales. Reducir o mantener el número de consejerías no significa necesariamente reducir la Administración política. Una consejería puede adelgazar en el cartel colocado en la puerta y engordar varios pisos más abajo. El tamaño real del organigrama se mide también en sus centros directivos.

La nueva Junta alcanza así una estructura especialmente amplia pese a que la coalición PP-Vox ha defendido la necesidad de racionalizar la Administración, simplificar trámites y controlar aquellos gastos institucionales considerados prescindibles.

Más mandos intermedios para una administración más compleja

La posición del Ejecutivo andaluz parte de una lógica diferente. Mantener un número contenido de consejerías mientras se redistribuyen competencias puede justificar la existencia de más cargos intermedios, sobre todo cuando varios departamentos absorben materias anteriormente separadas.

El argumento tiene sentido desde el punto de vista administrativo. Una macroconsejería puede parecer una reducción desde fuera —una sola cartera donde antes había varias estructuras— y, sin embargo, necesitar secretarías o direcciones especializadas para que esa concentración no termine convirtiéndose en un embudo.

La cuestión es dónde se coloca la frontera entre especialización necesaria y proliferación burocrática. No existe una cifra mágica. Trece altos cargos más pueden ser perfectamente defendibles si mejoran la gestión; también pueden convertirse en capas adicionales de mando si sus competencias se solapan. El organigrama, por sí solo, no resuelve el debate.

La nueva organización tendrá que demostrar su utilidad en cuestiones mucho más concretas: tiempos de tramitación, coordinación entre departamentos, ejecución presupuestaria y calidad de los servicios. La burocracia se juzga mejor por lo que consigue que por el grosor del decreto que la crea.

Desregulación con más estructura, la paradoja política

El flanco político más evidente está en el nombre de la propia consejería. Vox entra en el Gobierno andaluz gestionando una cartera que incorpora expresamente la Desregulación, concebida para simplificar normas, reducir trabas administrativas y eliminar cargas consideradas innecesarias.

Que esa misma consejería estrene una estructura territorial reforzada ofrece una contradicción demasiado cómoda como para pasar inadvertida. Se promete reducir burocracia mientras crece el número de despachos. La imagen funciona sola, aunque la realidad administrativa sea algo más compleja que el eslogan.

Porque desregular no significa necesariamente despedir funcionarios ni eliminar órganos públicos. Puede consistir en revisar procedimientos, suprimir autorizaciones redundantes, acortar plazos o evitar que un ciudadano entregue tres veces el mismo documento a tres ventanillas diferentes. Menos regulación y menos estructura no son conceptos idénticos.

Lo que sí resulta políticamente exigible es explicar por qué cada nueva pieza resulta necesaria. Especialmente cuando PP y Vox han construido parte de su discurso sobre la reducción del gasto institucional. Pedir esa explicación no es una cuestión ideológica; es aplicar a quien gobierna el mismo criterio que reclamaba cuando estaba en la oposición.

Una cifra pequeña para el presupuesto, grande para el discurso

Los aproximadamente 645.000 euros anuales representan una cantidad reducida dentro de unas cuentas autonómicas que manejan decenas de miles de millones de euros. Presentar el incremento como un problema capaz de desequilibrar las finanzas de Andalucía sería exagerado. No lo hará.

Pero el tamaño presupuestario no elimina su interés público. Dos millones y medio de euros siguen siendo dos millones y medio, y hablamos de dinero destinado a la estructura política y directiva de una Administración. Precisamente por eso merece conocerse con precisión, sin convertirlo ni en una catástrofe financiera ni en calderilla irrelevante.

La cuestión de fondo será mucho más sencilla de evaluar con resultados sobre la mesa. Si la nueva organización consigue agilizar competencias tan distintas como Turismo, Justicia, Administración Local y Desregulación, el Gobierno podrá defender que el coste adicional tenía sentido. Si únicamente multiplica niveles de mando, la promesa de adelgazar burocracia habrá envejecido bastante mal.

De momento queda una fotografía peculiar del estreno de la coalición. PP y Vox mantienen 13 consejerías, aumentan en 13 los altos cargos del conjunto de la Junta y reservan a la macroconsejería de Gavira una potente implantación provincial: 24 puestos directivos, 645.656 euros adicionales cada ejercicio y una previsión superior a 2,58 millones durante cuatro años.

No arruinará Andalucía. Tampoco es gratis. Y en política, cuando se gobierna en nombre de la eficiencia, el precio de cada nueva silla pesa un poco más.