¿Qué hizo Pilar Bernabé en la DANA? 66 llamadas mientras Mazón comía

La reconstrucción judicial del 29 de octubre de 2024 añade un dato difícil de ignorar a la cronología de la DANA de Valencia: Pilar Bernabé realizó 66 llamadas entre las 14.50 y las 19.00 horas, prácticamente el mismo intervalo en el que Carlos Mazón mantuvo su comida con la periodista Maribel Vilaplana en el restaurante El Ventorro. La delegada del Gobierno habló con responsables de Emergencias, alcaldes, mandos de la UME y la Guardia Civil, Adif y la Confederación Hidrográfica del Júcar mientras la situación empeoraba en municipios como Utiel, Requena y varias localidades de la Ribera.

El contraste llama la atención. El registro entregado voluntariamente por el entonces presidente de la Generalitat a la causa comienza a las 17.37 horas y recoge 10 comunicaciones hasta las 19.00. En el conjunto de la documentación conocida, Bernabé acumuló 207 comunicaciones entre las 8.07 del día 29 y las 7.21 de la mañana siguiente, mientras Mazón aportó 26 entre las 17.37 y las 23.37. Salomé Pradas, entonces consellera responsable de Emergencias, registró 110. Ahora bien, conviene poner freno antes de que la aritmética sustituya al derecho: contar llamadas permite medir actividad telefónica, no determina por sí solo quién gestionó bien una emergencia ni establece responsabilidades penales.

Las 66 llamadas de Pilar Bernabé durante las horas críticas

La secuencia empieza a adquirir velocidad a las 14.53. Bernabé habla con Salomé Pradas y, apenas un minuto después, contacta con Virginia Barcones, entonces directora general de Protección Civil y Emergencias. Poco antes de las tres de la tarde trata de localizar repetidamente al alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón. Lo intenta hasta siete veces antes de conseguir hablar con él a las 15.00, durante unos dos minutos.

No era una conversación de cortesía institucional. Utiel estaba ya metido de lleno en la emergencia y su alcalde reclamaba ayuda públicamente mientras el agua avanzaba. A las 15.02 Bernabé contactó con el teniente coronel Ángel Martínez, de la UME; a las 15.08, con el subdelegado del Gobierno; a las 15.13 volvió a hablar con Gabaldón y cuatro minutos después llamó a un general de la Guardia Civil. En mensajes conocidos posteriormente, la delegada comunicó al alcalde que también había activado al Grupo de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil para colaborar en evacuaciones.

A las 15.56 aparece otro nombre relevante, Adif, en una jornada en la que la circulación ferroviaria entre Madrid y València había quedado suspendida. Después llega Requena: Bernabé habla a las 16.08 con quien entonces era su alcaldesa, Rocío Cortés. Y a las 16.17 y 16.37 contacta con Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Dos minutos después de esa segunda conversación mantiene una llamada de ocho minutos con Pradas. El teléfono, ese día, no parecía precisamente un objeto decorativo.

El Ventorro y el registro telefónico entregado por Mazón

La comparación resulta especialmente delicada por una razón temporal. La comida de Carlos Mazón en El Ventorro comenzó alrededor de las 14.50 y terminó en torno a las 19.00, justamente cuando la emergencia fue adquiriendo una dimensión catastrófica. Durante ese periodo se agravó la inundación de Utiel y terminó desbordándose el barranco del Poyo, cuya riada arrasaría municipios de l’Horta Sud.

El registro que Mazón aportó voluntariamente a la investigación comienza a las 17.37, cuando conversa por primera vez ese tramo con Pradas después de dos intentos anteriores de la consellera que no habían prosperado. Hasta las 19.00 figuran diez comunicaciones. Entre ellas aparecen Pradas, el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó; el alcalde de Cullera, Jordi Mayor; un director general y Juanfran Pérez Llorca, entonces síndic del PP en Les Corts y posteriormente presidente de la Generalitat.

Hay una precisión importante. Que el listado facilitado por Mazón empiece a las 17.37 no demuestra que no existiera ninguna comunicación anterior; significa que las llamadas de la mañana y buena parte de la comida no figuran en esa relación aportada al juzgado. Es una diferencia pequeña en apariencia, pero esencial cuando se habla de una investigación judicial. Una cosa es lo que consta documentalmente y otra lo que se puede concluir a partir de ello.

Bernabé ya había ofrecido la UME horas antes

Las llamadas conocidas este agosto encajan con otros datos que llevaban meses incorporados a la reconstrucción de la jornada. Bernabé declaró como testigo que a las 12.23 horas ya había hablado con Pradas y le había planteado la posibilidad de movilizar a la Unidad Militar de Emergencias. La intervención no se formalizó entonces y ambas volvieron a mantener diversas comunicaciones durante las horas siguientes.

La cuestión de la UME ha sido uno de los focos recurrentes de la investigación y del enfrentamiento político posterior. Bernabé sostiene que ofreció el despliegue antes de que la Generalitat lo solicitara formalmente; Pradas ha dado su propia explicación sobre aquella secuencia. Lo relevante para la nueva información es que las 66 llamadas no aparecen aisladas, sino dentro de una actividad de coordinación que había empezado mucho antes de las cinco de la tarde.

Qué ocurrió cuando comenzó el Cecopi

Poco después de las 17.00 arrancó la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado, el Cecopi, con Bernabé conectada de manera telemática. Durante aquella reunión hubo interrupciones de la conexión de quienes participaban a distancia, una circunstancia que también forma parte de la reconstrucción de las decisiones adoptadas durante esas horas.

Antes de comenzar el Cecopi, Bernabé volvió a conversar con Miguel Polo. Durante una de las interrupciones, alrededor de las 17.50, mantuvo otra llamada con el presidente de la CHJ durante unos diez minutos, habló con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, e intentó ponerse en contacto con alcaldes de municipios como Montroi, Catadau y l’Alcúdia. A las 18.20 habló dos minutos con Diana Morant, ministra de Ciencia y dirigente socialista valenciana.

La lista continúa con nuevos contactos con Adif y la UME y con alcaldes de localidades afectadas. A las 18.34, por ejemplo, Bernabé llamó al alcalde de Cullera, Jordi Mayor, que también había recibido una comunicación de Mazón. Tras las 19.00 habló hasta tres veces con Pradas para reclamar que el Cecopi recuperara la conexión con las instituciones que seguían la reunión a distancia.

El aviso a los móviles llegó a las 20.11

Toda esta cronología desemboca inevitablemente en uno de los momentos centrales de la tragedia: el envío del ES-Alert a la población a las 20.11 horas. Para entonces, la riada había atravesado ya numerosos municipios y había personas atrapadas en viviendas, vehículos, comercios y tejados.

Los registros conocidos anteriormente reflejan que Pradas intentó contactar varias veces con Mazón alrededor de las 19.10, 19.16 y 19.36; finalmente hablaron a las 19.43. Volvieron a hacerlo a las 20.10, apenas un minuto antes de que se enviara el mensaje masivo.

La alerta tardía está en el corazón de la investigación porque la causa no pretende decidir quién utilizó más el teléfono, sino reconstruir qué información tenía cada responsable, qué capacidad de decisión poseía y qué hizo —o dejó de hacer— ante ella. Ahí está la frontera entre el ruido político y una instrucción penal.

Qué significan realmente las llamadas en la causa de la DANA

El dato de las comunicaciones de Bernabé resulta relevante, pero necesita contexto jurídico. La magistrada que instruye la causa rechazó en julio ordenar que la delegada aportara su factura telefónica a petición de la defensa de Pradas. Bernabé había mostrado durante su declaración como testigo un registro de comunicaciones, pero había alegado el carácter personal del teléfono. Como se investigan posibles delitos imprudentes y ella compareció como testigo, la jueza recordó que la entrega de esas comunicaciones tenía carácter voluntario y estaba afectada por el derecho constitucional a la privacidad.

La situación era distinta en el caso del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, porque este había aportado previamente su factura telefónica a la comisión de investigación de Les Corts. Precisamente por ello la instructora consideró posible solicitarle ese documento directamente.

En otras palabras: las llamadas de Pilar Bernabé no son una sentencia ni una exoneración. Son otra pieza documental para reconstruir una jornada en la que las competencias estaban repartidas, aunque la dirección autonómica de la emergencia correspondía a la Generalitat Valenciana. Saber quién habló con quién, a qué hora y durante cuánto tiempo permite comprobar declaraciones, cruzar versiones y situar decisiones. El teléfono deja huellas; las responsabilidades necesitan bastante más.

Una investigación que sigue mirando minuto a minuto el 29-O

La causa que instruye el tribunal de Catarroja mantiene bajo examen la gestión de la emergencia y los posibles delitos de homicidio y lesiones por imprudencia. Salomé Pradas y el exdirector general de Emergencias Emilio Argüeso continúan entre los investigados. En julio de 2026 la magistrada elevó a 231 el número oficial de víctimas mortales vinculadas a la DANA en Valencia al incorporar a la causa la muerte de un hombre de Benetússer.

La situación procesal de Mazón requiere también precisión. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana confirmó en abril de 2026 su decisión de no investigarlo penalmente al considerar que no existían en aquel momento indicios sólidos y cualificados suficientes. Posteriormente, la Audiencia Provincial permitió al expresidente personarse en la causa, lo que le da acceso a las actuaciones. Por eso resulta incorrecto convertir cada nueva revelación del sumario en una imputación automática contra él.

Eso no elimina la dimensión política, claro. Y ahí las reglas son distintas. Un presidente autonómico puede no ser penalmente responsable de una actuación y, al mismo tiempo, tener que explicar dónde estaba, qué sabía y cómo ejerció su responsabilidad durante una catástrofe. Los tribunales buscan delitos; la política también responde ante los ciudadanos.

Dos teléfonos y una tarde que todavía pesa sobre Valencia

Las 66 llamadas de Pilar Bernabé entre las 14.50 y las 19.00 no resuelven por sí solas el enorme puzle de la DANA, pero iluminan una parte que hasta ahora estaba menos documentada. Enseñan a una delegada del Gobierno hablando repetidamente con alcaldes, Protección Civil, la UME, la Guardia Civil, Adif, la CHJ y responsables políticos mientras la emergencia crecía por minutos.

Al otro lado aparece el registro que Mazón decidió entregar: 26 comunicaciones desde las 17.37 hasta las 23.37, diez de ellas antes de las 19.00. La diferencia numérica es notable: 66 frente a 10 durante el periodo de El Ventorro. Pero sería demasiado cómodo —y demasiado simple— convertir una tragedia de 231 muertos en una clasificación de minutos telefónicos.

Lo verdaderamente incómodo está detrás de los números. Mientras unas agendas se llenaban de llamadas, el agua avanzaba más deprisa que las decisiones. Y casi dos años después, la Justicia continúa haciendo algo que aquella tarde resultó dolorosamente difícil: ordenar los tiempos, cruzar la información y averiguar qué ocurrió exactamente antes de que el aviso llegara a los móviles.