Los mensajes sobre el confinamiento en la DANA, bajo escrutinio

Los mensajes intercambiados durante la tarde de la DANA entre José Manuel Cuenca, entonces jefe de Gabinete de Carlos Mazón, y la exconsellera Salomé Pradas abrieron un frente político y judicial sobre el confinamiento de la población. Cuenca escribió que de confinar, nada, y después pidió a Pradas que se quitara esa posibilidad de la cabeza. Ante el Congreso y ante la jueza que investiga la gestión de la riada, ha negado haber dado órdenes: sostiene que transmitió una reflexión y que carecía de competencias para dirigir la emergencia. Los textos acreditan que intervino en el debate y expresó su oposición a un confinamiento general, pero no demuestran por sí solos que existiera una orden formal ni resuelven qué efecto tuvieron sus palabras.

La diferencia entre esos dos planos —lo que muestran los mensajes y lo que Cuenca dice que pretendía— está en el centro de la controversia. Pradas, que aportó conversaciones a la causa judicial, le comunicaba que la situación empeoraba y que se valoraban restricciones; él contestaba con argumentos contra un cierre de toda la provincia y con referencias a la cobertura legal. La discusión no gira únicamente en torno a si hubo una instrucción explícita, sino también a si una persona sin responsabilidad operativa influyó en quien sí debía valorar medidas de emergencia.

Qué dicen los mensajes de aquella tarde

La conversación conocida no empezó con el confinamiento. Según lo expuesto en sede judicial, Pradas había advertido a Cuenca a las 14.25 de que la situación en Utiel se complicaba. A las 16.28 le comunicó que habían recibido información sobre un fallecido en esa localidad. Cuenca declaró que trasladó a Mazón que la situación se había complicado, pero que no transmitió el aviso de la muerte porque, según explicó, no lo consideró confirmado oficialmente. También sostuvo que desconocía que hubiera víctimas mortales hasta el día siguiente. Ese intercambio previo importa porque sitúa la conversación sobre las restricciones dentro de una jornada en la que ya circulaban avisos graves.

En torno a las 19.45, según la versión de Cuenca, Pradas habló con Mazón. Más tarde, cerca de las 20.00, ella le escribió que la situación era muy mala y que había desbordamientos por toda la provincia. Él respondió que confinar toda la provincia sería una barbaridad y contrapuso esa medida a la posibilidad de actuar por zonas, con referencias a comarcas como la Ribera Alta y la Costera. Pradas explicó que se estudiaban medidas para las áreas afectadas y que las comunicaciones podían repercutir en toda la población. El contenido refleja un desacuerdo concreto sobre el alcance territorial de la respuesta, no una conversación abstracta sobre competencias.

En los mensajes aportados por Pradas aparecen frases de Cuenca como De confinar nada, por favor. Calma, y después Llévate açó del cap per favor, una expresión valenciana que puede traducirse como quítate eso de la cabeza. En otro texto, sostuvo que para confinar hacía falta un estado de alarma y mencionó a la delegada del Gobierno. Pradas replicó que la legislación de emergencias podía permitir decretar un confinamiento. Ese contraste es relevante: mientras ella planteaba una interpretación distinta sobre las facultades disponibles, él insistía en cuestionar la medida y en advertir sobre su base jurídica.

Las referencias temporales publicadas sobre algunos mensajes no coinciden exactamente: una información sitúa el primer texto sobre el confinamiento a las 19.54 y otra describe el intercambio alrededor de las 19.58. La diferencia no cambia el sentido general de la conversación, aunque sí aconseja no tratar cada hora difundida como un dato idéntico o definitivo. En las declaraciones judiciales también se describió una secuencia posterior al envío del Es-Alert, con mensajes en los que Cuenca reiteró su posición. El registro completo, el orden de los intercambios y su relación con las decisiones adoptadas son parte de lo que debe examinarse, no detalles que puedan darse por resueltos a partir de frases aisladas.

Una reflexión, según Cuenca; una intervención, según sus críticos

En su comparecencia ante la comisión de investigación del Congreso, Cuenca negó haber impartido órdenes o instrucciones a Pradas o a otros responsables de la emergencia. Defendió que solo trasladó una reflexión sobre la necesidad de contar con cobertura legal y rechazó haber actuado en nombre de Mazón. También afirmó que no frenó ni impulsó ninguna medida porque, según su versión, no formaba parte de la gestión de la emergencia y no tenía competencias para tomar decisiones técnicas. Su argumento central separa la opinión expresada en un mensaje de una instrucción con autoridad para obligar a la consellera.

Los diputados que lo interrogaron discutieron esa separación. Àgueda Micó le reprochó que negara haber influido en Pradas y planteó que sus mensajes pudieron interferir en la gestión. Mikel Otero centró sus preguntas en las posibles consecuencias de esa intervención, mientras que Patricia Blanquer cuestionó si Cuenca trasladó a Mazón todos los avisos que recibió, incluidos los relativos a un fallecimiento en Utiel y a desbordamientos. El compareciente respondió que había dicho la verdad y negó que diera instrucciones por cuenta propia o del entonces president. El debate parlamentario puso en cuestión el efecto político y operativo de sus comunicaciones, pero las acusaciones de los diputados no equivalen a una conclusión judicial.

En su explicación, Cuenca también sostuvo que el mensaje debía entenderse como una cautela ante una decisión de gran alcance, no como una orden para impedirla. Según declaró, su preocupación era que cualquier medida se adoptara con suficiente respaldo jurídico. Sin embargo, el tono imperativo de expresiones como de confinar nada o quítate eso de la cabeza ha alimentado las críticas: no suenan a una observación neutral, aunque el remitente niegue que pretendiera dar una instrucción. La intención que Cuenca atribuye a sus palabras y la impresión que podían producir en quien las recibía son cuestiones distintas, y ambas cuentan para valorar la conversación.

La discusión tampoco se agota en la jerarquía formal. En una emergencia, una persona puede carecer de autoridad legal para decidir y, aun así, influir en el clima en que decide quien sí tiene esa responsabilidad. Eso no prueba que la decisión final se tomara por presión ni que el confinamiento se hubiera decretado de no mediar esos mensajes. Sí explica por qué la comisión y la investigación judicial se interesaron por el momento, el contenido y el destinatario de los textos. La cuestión de fondo es si una intervención informal tuvo peso real en una deliberación que correspondía a los responsables de la emergencia.

La investigación judicial y la parlamentaria no son lo mismo

Cuenca compareció ante la jueza que instruye la causa por la gestión de la DANA después de que se incorporaran a la investigación los mensajes aportados por Pradas. En esa declaración negó haber transmitido directrices en nombre de Mazón y sostuvo que las conversaciones estaban descontextualizadas. La magistrada le pidió que aportara su propio historial de WhatsApp con Pradas, pero él dijo que no podía recuperarlo porque no tenía una copia de seguridad en el teléfono. Primero expresó reparos a entregar el móvil por motivos de intimidad y después aceptó que se consultara a la Generalitat si era técnicamente posible recuperar las comunicaciones y que se le preguntara entonces si autorizaba su obtención. Que el historial no estuviera disponible para él no demuestra, por sí mismo, que se borrara deliberadamente.

Durante el interrogatorio judicial se revisaron distintos mensajes. Sobre el aviso de un fallecido en Utiel, Cuenca afirmó que no lo trasladó porque no lo consideró oficial; sobre la situación de la localidad, dijo que sí comunicó a Mazón que se había complicado. También negó haber pedido a Pradas que no molestara al president o que se dirigiera únicamente a él. Esas explicaciones se incorporan a una investigación que debe contrastar los testimonios con las comunicaciones disponibles y con el resto de los elementos de la causa. Una declaración recoge la versión de quien comparece, pero no establece automáticamente qué ocurrió ni qué responsabilidad corresponde a cada persona.

La comisión del Congreso, por su parte, examina políticamente la gestión y permite a los diputados interrogar a quienes participaron en ella. En esa sede, Cuenca volvió a negar que sus mensajes fueran instrucciones y aseguró que no tenía un papel operativo. Los parlamentarios le preguntaron por la relación entre sus comunicaciones, la actuación de Pradas y la información que pudo llegar a Mazón. La comparecencia parlamentaria puede esclarecer contradicciones y fijar responsabilidades políticas, pero no sustituye el análisis judicial de los hechos.

Por eso conviene distinguir tres elementos que a menudo se mezclan en la discusión pública: el contenido literal de los WhatsApp, la explicación que Cuenca dio sobre su intención y la determinación de si hubo consecuencias en la toma de decisiones. El primer punto se apoya en los mensajes aportados; el segundo depende, por ahora, de las declaraciones del propio Cuenca; el tercero requiere reconstruir la secuencia de la emergencia y valorar otras pruebas. Presentar como probado que existió una orden formal va más allá de lo que acreditan los datos descritos, del mismo modo que reducir los textos a una reflexión sin efecto reproduce únicamente la versión del compareciente.

El teléfono y los mensajes que no se han recuperado

La desaparición de comunicaciones del teléfono corporativo de Cuenca fue otro de los asuntos más tensos de la comparecencia parlamentaria. Patricia Blanquer le reprochó que no quedara rastro de algunos mensajes intercambiados con Pradas y Mazón y calificó lo ocurrido de obstaculización a la justicia. Cuenca respondió: Yo no he borrado nada. También rechazó haber eliminado comunicaciones de forma deliberada para encubrir al expresident. La existencia de mensajes que no están disponibles y la intención de quien los hubiera borrado son afirmaciones diferentes: la primera debe acreditarse y la segunda no puede darse por sentada sin pruebas.

En la vía judicial, Cuenca sostuvo que no disponía de una copia de seguridad que le permitiera aportar su conversación con Pradas. La jueza preguntó por la posibilidad de recuperar esos datos a través de la Generalitat, una alternativa que dependería de que la operación fuera técnicamente posible y de la autorización correspondiente. La información disponible no permite afirmar que los mensajes se hayan recuperado ni que exista una respuesta definitiva sobre su eventual obtención. La ausencia de una copia en el dispositivo del compareciente no equivale necesariamente a que todas las comunicaciones se hayan perdido, pero tampoco garantiza que puedan reconstruirse.

La preocupación de los diputados no se limitó a los textos sobre el confinamiento. Blanquer preguntó si Cuenca trasladó a Mazón los avisos que Pradas le había enviado sobre la situación en Utiel, la muerte comunicada y los desbordamientos. Cuenca aseguró que comunicó los avisos relevantes y explicó por qué no consideró oficial la información sobre el fallecimiento. Esa discrepancia vuelve a situar el foco en qué datos circulaban, cuándo se transmitieron y qué valor les atribuyó cada interlocutor. Para reconstruir una cadena de decisiones no basta con saber que un mensaje llegó a un teléfono: también importa qué hizo su destinatario con la información.

La controversia por los mensajes ausentes es especialmente delicada porque la conversación conocida procede de una de las partes, mientras que la otra sostiene que no puede aportar su propio historial. Eso no invalida automáticamente los textos presentados por Pradas, pero deja menos elementos para cotejar la secuencia completa desde ambos dispositivos. El examen técnico, si llega a realizarse, podría ayudar a aclarar la integridad del registro; hasta entonces, no es riguroso transformar la falta de una copia disponible en una conclusión sobre destrucción intencionada. La cautela no elimina las preguntas sobre la conservación de las comunicaciones: impide responderlas antes de que haya elementos suficientes.

Qué puede afirmarse y qué sigue abierto

Los datos conocidos permiten afirmar que Cuenca escribió a Pradas para oponerse a un confinamiento general y que insistió en esa posición cuando ella describió una situación muy grave y valoró medidas para las zonas afectadas. También consta que él ha negado haber dado una orden, que atribuye sus mensajes a una reflexión sobre la cobertura legal y que dice no tener competencias en la emergencia. La controversia está documentada; la existencia de una instrucción formal, en cambio, no queda demostrada solo por las frases difundidas.

Permanece abierta la cuestión de la influencia. Un mensaje puede no tener carácter jurídico vinculante y, aun así, ejercer presión o condicionar la conversación, sobre todo si quien lo recibe forma parte de la estructura responsable de responder a una catástrofe. Pero establecer que esa influencia alteró una decisión exige algo más que interpretar el tono: hay que examinar la secuencia completa, las comunicaciones con otros responsables y el contexto en el que se adoptaron las medidas. Hasta que se complete esa reconstrucción, afirmar que Cuenca impidió un confinamiento sería presentar como hecho una conclusión que todavía está en disputa.

También sigue sin aclararse, con la información expuesta en las comparecencias, qué mensajes pudieron recuperarse del teléfono corporativo y si el historial disponible permitirá cotejar de manera completa las versiones. Cuenca negó haber borrado nada y explicó que no tenía copia de seguridad; sus críticos cuestionaron la desaparición de comunicaciones. Son posiciones enfrentadas que deben valorarse con pruebas, no mediante una inferencia automática a partir de la falta de determinados textos. La investigación tendrá que distinguir entre una pérdida técnica, una ausencia de respaldo y una eliminación deliberada, sin confundir posibilidades con hechos acreditados.

La DANA del 29 de octubre de 2024 dejó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia, según la información recogida en las referencias disponibles. Esa dimensión explica por qué el debate sobre quién recibió cada aviso, qué se transmitió y cómo se valoraron las restricciones no es una disputa menor de palabras. A la vez, el dolor y la gravedad de las consecuencias no permiten anticipar responsabilidades individuales sin una reconstrucción rigurosa. La transparencia sobre las comunicaciones es indispensable para entender la gestión, pero solo un análisis completo puede determinar qué peso tuvo cada intervención en una respuesta que sigue bajo escrutinio.