La jueza cita a Feijóo por sus comunicaciones con Mazón durante la DANA

La jueza que investiga la gestión de la DANA en Catarroja ha citado como testigo a Alberto Núñez Feijóo para aclarar qué información le trasladó Carlos Mazón durante la emergencia del 29 de octubre de 2024. La decisión, solicitada por la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-0, se apoya en las declaraciones públicas del líder del PP, quien aseguró que el entonces president de la Generalitat le había informado en tiempo real. La magistrada considera que Feijóo podría aportar datos sobre lo que Mazón sabía y comunicaba mientras evolucionaba la catástrofe.

La citación no convierte a Feijóo en investigado ni le atribuye responsabilidad en la gestión del temporal. Su relevancia para el juzgado es otra: si recibió información de Mazón, sus recuerdos y las comunicaciones que conserve podrían ayudar a reconstruir cómo circulaban los avisos y qué conocía el responsable político valenciano. La instructora también le ha ofrecido la posibilidad de presentar voluntariamente, en un plazo de cinco días, el listado de llamadas y los mensajes, correos electrónicos y WhatsApps relacionados con el caso. El foco está en los hechos y su cronología, no en su posición política.

La frase pública que llevó la conversación al juzgado

El origen de la diligencia está en unas declaraciones realizadas por Feijóo el 31 de octubre de 2024, dos días después de las inundaciones. En una comparecencia en el Centro de Coordinación de Emergencias de l’Eliana, junto a Mazón y al presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, afirmó que el president le venía informando en tiempo real desde el lunes anterior. La jueza ha pedido a RTVE la grabación de aquella intervención para incorporar a la causa el registro audiovisual completo y fijar con precisión qué dijo y cuándo. Una afirmación hecha ante las cámaras se ha convertido así en una pista susceptible de comprobación judicial.

La magistrada no da por probado, solo a partir de esa frase, qué información concreta recibió Feijóo ni en qué momento. La expresión en tiempo real tiene un sentido amplio en el debate político, pero una investigación penal necesita precisar si hubo contactos, a qué hora se produjeron y qué contenido tuvieron. La declaración como testigo puede aportar contexto; los registros de llamadas y los mensajes, si existen y se presentan, permitirían contrastarlo con elementos más objetivos. El juzgado trata de pasar de una descripción general a una secuencia verificable.

La resolución explica que el líder del PP podría dar razón de comentarios que Mazón hubiera hecho sobre los datos que iba recibiendo de Salomé Pradas, entonces consellera de Justicia e Interior y una de las personas investigadas en la causa. La hipótesis que se examina es una cadena de información: Pradas recibía datos sobre la emergencia, podía trasladarlos a Mazón y este, a su vez, habría informado a Feijóo. No se afirma que esa secuencia esté acreditada en todos sus eslabones; precisamente, la utilidad de la declaración consiste en aclarar qué parte puede confirmarse. El interés judicial se concentra en el recorrido de la información.

Qué comunicaciones se piden y por qué importa la hora

El auto comunica a Feijóo que puede aportar voluntariamente, dentro de cinco días, el listado de llamadas con Mazón del 29 de octubre de 2024, además de los mensajes, correos electrónicos y WhatsApps que hubiera recibido de él y tengan relación con el objeto de la investigación. No se trata de una petición abierta sobre toda su actividad ni de una exigencia de entregar cualquier conversación privada: la resolución circunscribe la documentación a las comunicaciones pertinentes para la causa. El plazo de cinco días se refiere a esta aportación voluntaria, no a una conclusión de la investigación ni a una declaración ya celebrada.

La hora es central porque el procedimiento intenta reconstruir qué se sabía durante las fases más graves del episodio y cuándo se adoptaron las decisiones de respuesta. Según la información incorporada al debate judicial, los registros conocidos sitúan dos llamadas entre Mazón y Feijóo a las 21:27 y a las 21:31. Esos contactos habrían tenido lugar después del envío del Es-Alert, que se produjo a las 20:11, y después de que Mazón se incorporara al Cecopi. La diferencia entre esos contactos y la referencia pública a información en tiempo real es un punto que requiere contexto, no una prueba automática de que no hubiera otras comunicaciones. Una llamada registrada no responde por sí sola qué se habló antes ni por otros canales.

La investigación tendrá que comparar el testimonio con los registros disponibles y con el resto de las pruebas. Una lista de llamadas puede acreditar que hubo contacto, pero normalmente no revela el contenido de una conversación; un mensaje puede ofrecer más detalle, aunque también debe leerse junto a su contexto y su hora. Por eso la jueza ha solicitado tanto la grabación de las declaraciones públicas como la posible documentación de comunicaciones privadas. La cronología se construye al cruzar fuentes distintas, no al aislar una frase o un dato.

El precedente de Maribel Vilaplana y el alcance de la diligencia

Para justificar la citación, la instructora recuerda el criterio de la Audiencia Provincial de Valencia sobre la comparecencia como testigo de Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón el día de la DANA. En aquel caso, la citación se consideró pertinente para aclarar qué pudo hablarse durante el encuentro. La jueza señala que, en el caso de Feijóo, no parte únicamente de una posibilidad: existe una declaración pública del propio dirigente sobre las comunicaciones con Mazón. El precedente sirve para explicar por qué escuchar a una persona ajena al dispositivo de emergencias puede ser útil.

La comparación no significa que las dos situaciones sean idénticas. Vilaplana podía aportar información sobre una comida y sobre lo que se hubiera dicho en ella; Feijóo, sobre contactos con el entonces president y los datos que este pudiera transmitirle. En ambos casos, la relevancia procesal depende de que el testigo ayude a aclarar hechos relacionados con la causa, no de su notoriedad pública. La condición de testigo responde a la utilidad potencial de lo que una persona conoce, no a que el juzgado la considere culpable de un delito.

La citación de Feijóo fue solicitada por la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-0, personada como acusación particular. Que una acusación proponga una diligencia no implica que la jueza deba aceptarla automáticamente: corresponde a la instructora valorar si puede contribuir a esclarecer los hechos. En este caso, la magistrada ha considerado pertinente escucharle por la relación entre sus palabras públicas y el papel informativo que pudo tener Mazón. La resolución judicial recoge una decisión de investigación, no un veredicto.

La causa principal: qué se investiga en Catarroja

El juzgado de Catarroja investiga la respuesta institucional a las lluvias torrenciales e inundaciones del 29 de octubre de 2024, que causaron 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia, además de graves daños materiales. La causa no juzga el fenómeno meteorológico en sí, sino las decisiones y omisiones que pudieron producirse en la gestión de la emergencia. Entre las cuestiones centrales figuran la información disponible para las autoridades, la coordinación entre organismos y el momento en que se alertó a la población. El objeto de la instrucción es reconstruir la actuación pública ante un desastre ya en marcha.

Entre las personas investigadas se encuentran Salomé Pradas, entonces consellera de Justicia e Interior, y Emilio Argüeso, quien ocupaba un puesto de responsabilidad en su departamento. La causa examina posibles delitos de homicidio y lesiones imprudentes, sin que esa condición equivalga a una condena. En resoluciones anteriores, la jueza ha analizado la responsabilidad de quienes tenían funciones de protección civil y la posible obligación de actuar ante los riesgos conocidos. La investigación penal debe determinar si existieron conductas relevantes y si pueden atribuirse a personas concretas.

La expresión posición de garante, utilizada en el análisis jurídico de la causa, alude a la responsabilidad especial que puede tener quien ocupa una función con deberes de protección frente a un riesgo. Su aplicación y alcance dependen de los hechos y de la valoración judicial; no basta con ostentar un cargo para que exista automáticamente responsabilidad penal. En este procedimiento, la discusión pasa por qué competencias tenía cada autoridad, qué información manejaba y qué decisiones podía adoptar. La jerarquía política y la responsabilidad penal no son conceptos intercambiables.

El Cecopi y el aviso a los móviles, en el centro de la cronología

El Cecopi, el Centro de Coordinación Operativa Integrado, reúne a responsables y servicios implicados cuando una emergencia requiere coordinación entre distintas administraciones y organismos. La reunión de la tarde del 29 de octubre se ha convertido en uno de los focos de la investigación porque allí se examinó cómo responder a una situación que se agravaba. El juzgado busca determinar qué información llegó a sus integrantes, qué decisiones se debatieron y cómo se gestionó el aviso a la población. El funcionamiento del Cecopi es clave para entender el proceso de decisión, no solo quién estuvo presente.

El mensaje de alerta masiva Es-Alert se envió a los teléfonos móviles a las 20:11. Para entonces, algunas zonas estaban inundadas y había personas atrapadas, según la reconstrucción recogida en el material de referencia. La jueza ha puesto el foco en el momento de envío y en la deliberación previa, incluida la decisión de activar el sistema. La causa examina si el aviso pudo haberse emitido antes con la información disponible y qué obstáculos, si los hubo, influyeron en esa decisión. El debate judicial no se reduce a la hora del mensaje: también abarca cómo se llegó a ella.

Durante la jornada hubo avisos meteorológicos y se acumuló información sobre la evolución de las lluvias y las inundaciones. La investigación debe reconstruir qué datos recibió cada nivel de la administración y en qué momento los recibió, porque conocer que existe un episodio meteorológico intenso no equivale necesariamente a conocer la situación exacta de cada municipio. Ese matiz ayuda a explicar por qué los contactos entre Mazón y Feijóo pueden interesar al juzgado: podrían ofrecer una ventana a lo que se comunicaba fuera de la reunión de coordinación. La pregunta de fondo es qué información concreta estaba disponible cuando aún podían tomarse decisiones.

El papel de Mazón y los límites de la investigación sobre sus actos

Mazón era el president de la Generalitat el día de la catástrofe y, por tanto, su actuación y sus comunicaciones forman parte del contexto que examina el juzgado. La causa busca aclarar su presencia y sus contactos durante las horas críticas, así como el conocimiento que pudo tener sobre la gravedad de la situación. La citación de Feijóo puede ayudar a precisar esa parte del relato, pero no sustituye la investigación sobre las decisiones tomadas por quienes tenían responsabilidades operativas o de coordinación. El testimonio del líder del PP es una pieza potencial dentro de un expediente más amplio.

La situación procesal de Mazón también está condicionada por su condición de diputado en Les Corts Valencianes, que le otorga aforamiento. Según los datos del artículo de referencia, dimitió como president el 3 de noviembre de 2025, pero mantuvo el acta parlamentaria. Por ese motivo, el marco judicial aplicable a una eventual investigación penal directa sobre él no es el mismo que el de las personas sometidas al juzgado ordinario de Catarroja. El aforamiento afecta al órgano competente y al recorrido procesal, no borra los hechos que puedan investigarse.

Tras la salida de Mazón de la presidencia, Juan Francisco Pérez Llorca tomó posesión como nuevo president el 2 de diciembre de 2025, de acuerdo con la información de referencia. Ese relevo cambió la dirección política de la Generalitat, pero no alteró la fecha ni el objeto de la investigación: las decisiones examinadas corresponden a la jornada del 29 de octubre de 2024. La instrucción continúa mirando hacia atrás, a los avisos, las comunicaciones y la respuesta institucional de aquel día. El calendario político avanza; la reconstrucción judicial permanece anclada en la emergencia.

Qué implica declarar como testigo

Ser citado como testigo no significa estar acusado ni investigado. La persona comparece porque puede aportar información útil sobre hechos que el juzgado intenta aclarar. En términos generales, el testimonio debe referirse a lo que el declarante conoce, recuerda o ha percibido, y la declaración se desarrolla dentro del procedimiento judicial. La situación es distinta de la de una persona investigada, que comparece con garantías específicas vinculadas a su derecho de defensa frente a una posible imputación. La citación de Feijóo tiene carácter testimonial, según la resolución descrita.

En este caso, las cuestiones previsibles están delimitadas por el motivo de la diligencia: si mantuvo comunicaciones con Mazón el 29 de octubre, cuándo se produjeron y qué información recibió. La jueza no le ha citado para que valore la actuación de la Generalitat ni para que dictamine si el Gobierno central debía declarar una emergencia nacional. Esos argumentos pertenecen al debate político; la declaración interesa al procedimiento en la medida en que aporte hechos sobre la circulación de información. La frontera entre opinión política y conocimiento directo resulta especialmente importante en una causa de estas características.

La memoria puede ser imprecisa, sobre todo cuando se pregunta por una jornada compleja y transcurrido un tiempo. Por eso la documentación puede servir para completar o contrastar un recuerdo, aunque cada registro tenga límites: una llamada muestra que hubo contacto, pero no necesariamente de qué se habló; un mensaje puede conservar el contenido escrito, aunque no siempre explique por sí solo el contexto. Si se aportan comunicaciones, el juzgado tendrá que valorarlas junto con las demás pruebas y las declaraciones. La utilidad de los registros está en que permiten contrastar versiones, no en que resuelvan automáticamente el caso.

La respuesta de Feijóo y el siguiente tramo de la investigación

Feijóo dijo que se había enterado de la citación por la prensa durante un acto de campaña en Talarrubias, Badajoz, y aseguró que era la primera noticia que tenía. También defendió que su papel aquel día consistió en ejercer sus funciones como jefe de la oposición y reclamar al Gobierno que declarase la emergencia nacional. Presentó esa posición como su actuación durante la crisis y dijo que mantenía ese criterio. Su respuesta pública se centró en el papel político que reivindica, mientras la jueza busca precisar sus comunicaciones personales con Mazón.

La distinción explica por qué las declaraciones políticas no bastan para cerrar el interrogante judicial. Reclamar una emergencia nacional puede describir una postura pública, pero no aclara por sí mismo si hubo llamadas privadas, qué información contenían ni cuándo se produjo cada contacto. Del mismo modo, la existencia de una comunicación no prueba por sí sola que el receptor conociera todos los detalles de la emergencia o que pudiera intervenir en su gestión. La causa debe separar el relato político de los datos que puedan acreditarse.

El próximo desarrollo dependerá de las diligencias que acuerde el juzgado, de la posible aportación voluntaria de comunicaciones y de la fecha en que se señale la declaración. La grabación solicitada a RTVE permitirá fijar la intervención pública de octubre de 2024, mientras que el resto de las pruebas seguirá alimentando la reconstrucción del Cecopi y del proceso de envío del Es-Alert. No hay, por ahora, una conclusión judicial sobre lo que Feijóo supo ni sobre el alcance de las conversaciones. La citación abre una vía para aclarar la cronología, no anticipa el resultado de la instrucción.

En una investigación de esta naturaleza, las piezas pequeñas pueden adquirir importancia al colocarse unas junto a otras: una declaración pública, una llamada, un mensaje o el registro de una reunión. La comparecencia de Feijóo interesa porque puede ayudar a establecer si la información circuló como él describió y qué relación tuvo con lo que Mazón sabía durante la tarde. La respuesta definitiva dependerá de la valoración conjunta de testimonios y documentos, dentro de una causa que aún examina las decisiones tomadas ante una emergencia devastadora. La cuestión que atraviesa el expediente sigue siendo qué se sabía, cuándo se supo y cómo se actuó.