¿Qué responsabilidad tiene Vivas en la crisis de Ceuta y sus errores?

La crisis de Ceuta tiene demasiadas capas como para despacharla colocando toda la responsabilidad sobre un solo despacho. Juan Vivas tiene responsabilidades políticas y administrativas importantes, particularmente en la atención social, la protección de menores, la Policía Local, la protección civil y determinados servicios de la ciudad. Pero no dirige la frontera, no controla la Policía Nacional ni la Guardia Civil y tampoco decide sobre extranjería, expulsiones o asilo. Atribuirle el origen de la entrada masiva de finales de julio sería, sencillamente, confundir las competencias. El propio decreto estatal aprobado durante la crisis distingue entre las funciones de la Administración General del Estado y los recursos dependientes de la Ciudad Autónoma.

Otra cosa es la gestión posterior. Ahí aparecen zonas bastante más incómodas para el presidente ceutí: información previa que todavía genera dudas, decisiones discutidas sobre los menores, cambios de criterio respecto a los espacios de acogida y una escalada del enfrentamiento con el Gobierno central. Todo ello mientras Ceuta ha ido acumulando semanas de tensión hasta llegar a escenas como las del 20 de septiembre, cuando el coche de la diputada de Ceuta Ya! Julia Ferreras fue atacado en el puerto durante una protesta y la Policía Nacional tuvo que intervenir.

Eso no permite responsabilizar a Vivas de una agresión cometida por particulares; hacerlo exigiría pruebas que no existen. Sí obliga a examinar algo más amplio: qué ha hecho su Gobierno desde que estalló la crisis, qué podía hacer realmente y dónde su discurso político ha terminado chocando con decisiones administrativas anteriores.

La frontera no es competencia de Juan Vivas

Conviene empezar por aquí porque buena parte del ruido político nace precisamente de mezclar administraciones. La seguridad de la frontera, extranjería, identificación, protección internacional y buena parte del dispositivo de orden público corresponden al Estado. En la situación excepcional declarada en Ceuta, el Gobierno central asumió expresamente tareas relacionadas con el control fronterizo, la inmigración irregular y la seguridad ciudadana.

Por tanto, si se busca quién debía impedir que decenas de miles de personas cruzaran desde Marruecos los días 30 y 31 de julio, la responsabilidad operativa de la frontera no recaía sobre Vivas. Tampoco puede el presidente ceutí ordenar unilateralmente devoluciones, dirigir a la Guardia Civil en el Tarajal o modificar la política española hacia Marruecos.

La Ciudad Autónoma, sin embargo, no es un espectador sentado en la grada. Tiene responsabilidades en asistencia social, protección de menores, Policía Local, protección civil, higiene y servicios municipales. El decreto sobre la situación de interés para la seguridad nacional volvió a identificar precisamente esos recursos de Ceuta como parte del dispositivo necesario para afrontar la emergencia.

Ese matiz cambia bastante la fotografía. Vivas no es responsable de abrir o cerrar la frontera, pero sí responde políticamente de cómo funcionan las áreas bajo el control de su Ejecutivo cuando la crisis ya está dentro de la ciudad.

Qué sabía Vivas antes del 30 de julio

Este es uno de los puntos políticamente más delicados, y también uno de los que conviene manejar con cuidado porque las versiones se cruzan como cables detrás de un televisor. Vivas sostiene que llevaba días alertando al Gobierno central del aumento de la presión migratoria y ha explicado que el 27 de julio reclamó una reacción más contundente. Moncloa ha rechazado parte de su versión y sostiene que el presidente ceutí fue atendido aquel día. Hay, por tanto, dos relatos enfrentados sobre la intensidad y el contenido de aquellos avisos.

La publicación posterior de documentos oficiales ha confirmado que existían avisos e información previa sobre movimientos y convocatorias, aunque eso no equivale automáticamente a demostrar que Vivas conociera con precisión la magnitud de la entrada que terminaría produciéndose. Los documentos y declaraciones conocidas han abierto, de hecho, una discusión sobre quién recibió qué información, cuándo la recibió y cómo se transmitió dentro de las distintas administraciones.

Vox y otras fuerzas han utilizado esa zona gris para exigir explicaciones a Vivas. El asunto, entretanto, ha salido del rifirrafe parlamentario: la Audiencia Nacional ha citado al presidente de Ceuta como testigo para el 30 de septiembre dentro de las diligencias sobre la entrada masiva y ha solicitado a organismos policiales y militares las alertas y análisis de riesgos que pudieran haber emitido. Ser citado como testigo no implica acusación alguna contra Vivas.

Ahí se concentra una de las cuestiones que más explicación exige: no tanto la idea de que existiera una alarma definitiva y perfectamente detallada —eso no está acreditado en esos términos— como la necesidad de conocer qué información manejaba el Gobierno ceutí, qué nivel de riesgo atribuía a esos avisos y qué medidas adoptó con ellos.

Menores, acogida y espacios: el terreno más incómodo

Si la frontera conduce directamente a Madrid, los menores migrantes no acompañados llevan el foco mucho más cerca del Palacio de la Asamblea. La protección de menores forma parte de las responsabilidades asumidas por la Ciudad Autónoma y la saturación provocada por la crisis ha convertido esa competencia en uno de los mayores puntos de fricción entre Ceuta y el Gobierno central.

El Ministerio de Juventud e Infancia remitió el 28 de agosto al Ejecutivo ceutí una propuesta para trasladar a 500 menores a recursos de acogida en la Península, con plazas, protocolo de traslado y financiación estatal. Durante la polémica posterior, el Gobierno de Ceuta discutió el carácter formal de ese planteamiento y defendió que seguían pendientes cuestiones técnicas. La existencia del ofrecimiento y sus detalles, sin embargo, fueron documentados posteriormente.

La discusión sobre el correo no resolvió el problema

La batalla semántica —propuesta, ofrecimiento, planteamiento— tiene bastante menos importancia que el dato de fondo: cientos de menores seguían sin una solución estable semanas después del inicio de la crisis. Las estimaciones publicadas durante septiembre han variado según el momento y el recuento utilizado, desde varios cientos hasta alrededor de un millar fuera de los recursos ordinarios o en situaciones precarias.

Ahí resulta difícil para el Ejecutivo de Vivas limitar todo el problema al Gobierno de España. Madrid tiene obligaciones y competencias propias, y la redistribución de menores requiere coordinación con otras comunidades, pero Ceuta mantiene responsabilidades directas sobre su sistema de protección. Los traslados, además, han continuado de forma parcial: distintas comunidades habían recibido menores procedentes de la ciudad durante las semanas anteriores.

Algo parecido ha sucedido con los lugares destinados a alojar temporalmente a migrantes. El Gobierno ceutí rechazó utilizar varios polideportivos municipales, propuso emplazamientos alternativos y después surgió otra disputa alrededor de terrenos del puerto. Entre informes, objeciones técnicas y acusaciones cruzadas, la elección de los espacios de acogida acabó convertida en otro frente político. El campamento portuario terminó siendo habilitado y acogía ya a más de 1.700 personas según la información publicada el 20 de septiembre.

Puede haber razones técnicas para modificar una posición inicial. Eso ocurre en cualquier emergencia. El problema aparece cuando un cambio de criterio no queda suficientemente explicado y permite que cada administración presente el movimiento de la otra como una maniobra política. Incluso los informes del puerto han entrado en esa disputa, con interpretaciones distintas sobre el alcance real de los riesgos descritos.

Vivas ha endurecido el discurso durante la crisis

Durante años, Juan Vivas construyó buena parte de su perfil público alrededor de la moderación institucional, la convivencia y la búsqueda de acuerdos en una Asamblea fragmentada. La crisis de julio ha venido acompañada de un lenguaje considerablemente más duro, tanto frente a Marruecos como en el choque con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Ese desplazamiento también se ha convertido en materia de disputa partidista. El Gobierno central acusa al presidente ceutí de alinearse con la estrategia nacional del PP, mientras los populares defienden que el cambio de tono responde a la gravedad de una situación excepcional. Vox, desde el otro extremo del tablero, reprocha a Vivas su trayectoria de pactos y entendimientos con el PSOE. Las críticas llegan así desde direcciones políticas distintas, aunque por motivos casi opuestos.

También se ha abierto una controversia sobre su posición respecto a los menores. Informaciones publicadas en septiembre han señalado que Vivas ha pasado de considerar inviable en etapas anteriores una devolución generalizada a Marruecos a defender con mucha más insistencia la repatriación dentro de los procedimientos legales. Ese cambio de énfasis forma parte del desgaste político que rodea al presidente, aunque las decisiones concretas están condicionadas por la legislación de extranjería y protección de menores.

Hablar, sin embargo, de un Vivas políticamente “enterrado” va más allá de lo que permiten afirmar los hechos disponibles. Está sometido a una presión extraordinaria y gobierna en un escenario muy deteriorado, pero no existe un nuevo resultado electoral que permita medir de manera objetiva cuánto apoyo ha perdido por esta crisis. El desgaste político puede observarse en los conflictos, las críticas y los cambios de discurso; convertirlo en una sentencia electoral sería otra cosa.

Los disturbios del puerto muestran una tensión más profunda

El episodio registrado en el puerto durante la noche del 20 al 21 de septiembre añadió una imagen especialmente áspera a la crisis. El vehículo de Julia Ferreras, diputada de Ceuta Ya!, fue rodeado y atacado durante una protesta contra la llegada de integrantes de una asociación procedente de Pamplona. Ferreras denunció los hechos ante la Policía y el episodio terminó con enfrentamientos entre manifestantes y agentes.

La responsabilidad de esos actos corresponde a quienes los cometieron. No hay base para trasladarla automáticamente al presidente de la Ciudad. Pero la escena sí demuestra hasta qué punto la crisis migratoria ha terminado contaminando la convivencia y el debate político local, en un ambiente de manifestaciones, acusaciones cruzadas y creciente crispación.

La gestión de Vivas debe analizarse precisamente ahí, sin atajos. Sus palabras pesan porque preside la Ciudad, igual que pesan las del Gobierno central, el PP nacional, Vox, la izquierda ceutí y el resto de actores. En una ciudad sometida durante semanas a una presión excepcional, las decisiones administrativas y el lenguaje político terminan mezclándose con facilidad. Y cuando ocurre, cada rectificación cuesta más que la anterior.

La responsabilidad de Vivas tiene límites, pero también contenido

La responsabilidad de Juan Vivas en la crisis de Ceuta existe, aunque tiene fronteras bastante nítidas. No le corresponde dirigir la frontera exterior, la política de extranjería ni las fuerzas estatales de seguridad. Esas funciones dependen fundamentalmente del Estado. Culpar al presidente ceutí de no haber impedido por sí mismo la entrada masiva sería exigirle competencias que legalmente no posee.

Su balance político se juega en otro terreno: la anticipación con la información disponible, la coordinación con Madrid, la tutela de menores, la gestión de instalaciones, los servicios municipales y la coherencia de las decisiones adoptadas. Ahí sí aparecen cambios de criterio, desencuentros administrativos y explicaciones que han alimentado las críticas de sus adversarios.

El dato quizá más revelador es que varias responsabilidades pueden coexistir. El Gobierno central puede responder por errores cometidos en materias estatales mientras el Ejecutivo de Ceuta responde por las decisiones tomadas dentro de sus propias competencias. La política suele preferir un único culpable porque cabe mejor en una pancarta. La crisis de Ceuta es bastante más compleja que una pancarta.

Y el futuro político de Vivas continúa abierto. Sus adversarios intentan erosionarlo, su partido mantiene el respaldo, las administraciones siguen enfrentadas por distintos aspectos de la acogida y la Audiencia Nacional todavía trata de reconstruir qué información circuló antes de los acontecimientos de julio. Hay desgaste, contradicciones y responsabilidades que aclarar; no hay todavía un veredicto electoral que permita dar por amortizado a Juan Vivas.