Renfe repite parte de sus oposiciones: ¿qué pasa con los aprobados?

Renfe ha decidido anular y repetir la prueba psicotécnica verbal de sus oposiciones para cubrir 600 plazas de operador comercial. El nuevo examen se celebrará el 25 de julio de 2026 en Madrid, Barcelona, Sevilla y León, apenas dos semanas después de adoptarse la resolución. No tendrán que regresar todos los participantes: serán convocados los 2.213 aspirantes que superaron tanto la prueba de conocimientos como el psicotécnico numérico.

La decisión deja sin efecto la nota obtenida en comprensión lectora el pasado 6 de junio y golpea directamente a los 600 candidatos que aparecían en posición provisional de conseguir plaza. No eran todavía trabajadores de Renfe, aunque algunos ya habían superado entrevistas o reconocimientos médicos y habían reorganizado su vida pensando en una incorporación cercana. La clasificación vuelve a abrirse. Quien estaba dentro puede quedarse fuera; quien había caído por el psicotécnico verbal dispone de una segunda oportunidad. Y todo ello sin que se haya atribuido una conducta irregular concreta a ninguno de los afectados.

Renfe repite solamente el psicotécnico verbal

No se repetirá la oposición completa. Se mantienen los resultados del examen de conocimientos y de la prueba psicotécnica numérica, las dos partes cuya regularidad no ha sido cuestionada. Renfe vuelve a convocar únicamente el ejercicio verbal o de comprensión lectora, construido a partir de varios textos sobre los que los candidatos debían determinar si determinadas afirmaciones eran verdaderas, falsas o no podían deducirse.

La medida afecta a 2.213 personas, muchas más que las 600 que figuraban inicialmente en puestos con opción a plaza. Esto significa que la nueva prueba no será una mera ratificación para quienes habían aprobado. Será otra competición, con la presión añadida de saber que el primer resultado ya no vale y que una mala mañana puede llevarse por delante meses de estudio, viajes, academias y decisiones laborales.

Renfe comunicará de forma individual el horario y el lugar concreto de la nueva convocatoria. Las cuatro ciudades serán las mismas en las que se desarrollaron las pruebas originales: Madrid, Barcelona, León y Sevilla. Una vez publicadas las nuevas calificaciones, la empresa prevé reanudar las fases pendientes del proceso selectivo.

Quiénes deberán presentarse el 25 de julio

La convocatoria incluirá a quienes aparezcan como aptos en conocimientos y en el bloque psicotécnico numérico. No se limitará, por tanto, a los 600 primeros de la relación provisional. La repetición permitirá rehacer la clasificación utilizando el nuevo resultado verbal y las puntuaciones que siguen siendo válidas, incluidos los méritos reconocidos en las bases.

Los candidatos que estaban provisionalmente dentro no conservarán su posición de manera automática. Tampoco partirán con una penalización. Se enfrentarán al mismo ejercicio que el resto de convocados y su nueva nota determinará si continúan entre los aspirantes con plaza. La igualdad se restablece borrando el examen comprometido; una solución limpia sobre el papel, bastante menos aséptica cuando hay alquileres rescindidos, empleos abandonados o negocios puestos en pausa.

Los 600 aprobados aún no tenían una plaza definitiva

Conviene afinar el lenguaje porque aquí una palabra cambia bastante las cosas. Los 600 candidatos no habían obtenido todavía una plaza firme, sino una adjudicación provisional dentro de un procedimiento que debía completar entrevistas, pruebas médicas, elección de destinos, formación y contratación.

Eso no convierte sus perjuicios en imaginarios. Algunos aspirantes comenzaron los reconocimientos médicos, compraron billetes, reservaron alojamiento o prepararon su salida de otros trabajos. Las bases exigen que quienes obtengan finalmente plaza lleguen a determinadas fases en condiciones administrativas compatibles con la incorporación, una circunstancia que empuja a tomar decisiones antes de tener el contrato firmado. La burocracia suele pedir prudencia al ciudadano después de haberle exigido que se mueva deprisa.

Una prueba externalizada que circulaba por internet

El origen del conflicto está en el examen verbal celebrado el 6 de junio. Tras publicarse los resultados, varios opositores denunciaron que una parte sustancial de sus contenidos coincidía con materiales disponibles previamente en internet y utilizados por una academia especializada en preparar procesos selectivos de empresas ferroviarias y de transporte.

La elaboración y corrección de los psicotécnicos había sido encargada a People Experts, una consultora externa que trabaja en procesos de selección. Según la documentación examinada durante la investigación, los archivos difundidos fuera de la convocatoria reproducían el contenido de la prueba oficial. El problema no era una semejanza genérica entre ejercicios —algo habitual en los psicotécnicos—, sino la coincidencia de textos, preguntas, opciones de respuesta y correcciones.

La empresa responsable de la prueba habría reconocido en su informe técnico que los documentos examinados constituían una reproducción del ejercicio utilizado por Renfe y que un número indeterminado de candidatos pudo acceder a ellos. Esa imposibilidad de saber quién vio el material, cuándo lo consultó o si obtuvo una ventaja efectiva terminó por contaminar la prueba completa.

El informe de la Abogacía del Estado

Renfe suspendió temporalmente el proceso y remitió la documentación a la Abogacía del Estado, cuyo informe llegó el 7 de julio. El órgano jurídico no ordenó directamente la repetición —esa competencia correspondía al tribunal de la convocatoria—, pero consideró que mantener el resultado solamente sería defendible si podía acreditarse que la difusión previa no había afectado a los principios de igualdad, mérito y capacidad.

La conclusión práctica era incómoda y bastante evidente: si no puede determinarse quién tuvo acceso al examen, tampoco puede garantizarse que todos compitieran bajo las mismas condiciones. La Abogacía aconsejó dejar sin efecto exclusivamente el psicotécnico verbal y conservar las demás partes del procedimiento. Anular toda la oposición habría extendido el daño a pruebas sobre las que no pesa ninguna sospecha; mantenerlo todo habría obligado a fingir que una posible ventaja conocida de antemano no importa demasiado.

El tribunal aprobó la repetición con los votos de la representación de Renfe y del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios, Semaf. CCOO y UGT rechazaron la medida. La decisión, por tanto, contó con mayoría, pero no con consenso.

CCOO y UGT rechazan que paguen los aspirantes

CCOO sostiene que no existen elementos objetivos suficientes para castigar a quienes participaron conforme a las reglas y obtuvieron un resultado válido según los criterios publicados. El sindicato considera que repetir la prueba genera inseguridad jurídica, altera una clasificación ya conocida y perjudica a cientos de personas sin acreditar que hubieran consultado los materiales difundidos.

UGT comparte el rechazo y pide una investigación externa que trate de identificar a los candidatos que pudieron tener relación con la academia o acceso al contenido comprometido. Su argumento toca el nervio central del caso: una irregularidad externa no debería convertirse automáticamente en responsabilidad colectiva de los opositores.

Renfe defiende justo lo contrario. Al desconocerse quién pudo beneficiarse, excluir solamente a determinadas personas sería arbitrario y mantener la nota conservaría una posible desigualdad. La compañía afirma que la incidencia nació fuera de su organización, aunque reconoce su responsabilidad última como convocante. Una fórmula institucional algo confortable: la culpa vino de fuera, pero la factura se reparte dentro.

Entre ambos planteamientos no hay una salida indolora. Conservar los resultados protege a los aprobados de buena fe, pero también podría consolidar ventajas obtenidas mediante un contenido conocido previamente. Repetir la prueba restaura una igualdad formal, aunque obliga a miles de personas inocentes a demostrar por segunda vez algo que ya habían demostrado.

El nuevo examen puede cambiar toda la clasificación

El examen del 25 de julio permitirá reactivar el proceso, pero difícilmente apagará la controversia. Varios candidatos situados provisionalmente entre los 600 primeros estudian acciones colectivas o individuales contra la anulación. También existen aspirantes inicialmente excluidos que reclaman mayor transparencia, la publicación completa de las plantillas y explicaciones sobre la custodia y elaboración de las pruebas.

La clasificación puede cambiar de manera sustancial. El psicotécnico verbal funcionaba como una prueba de apto o no apto, de modo que un candidato con una buena puntuación en conocimientos y méritos podría desaparecer del proceso si no alcanza el mínimo exigido. Al mismo tiempo, aspirantes que suspendieron el primer ejercicio verbal pero superaron los otros bloques podrán regresar a la carrera por una de las 600 plazas de operador comercial.

Esos puestos incluyen atención al viajero, venta y gestión de billetes, control de accesos, resolución de incidencias y apoyo operativo en estaciones. Renfe los presentó como parte de su oferta de empleo de 2026, destinada a incorporar a más de 2.000 profesionales en distintas categorías. La convocatoria comercial atrajo a más de 9.000 inscritos, una cifra que explica la competencia y también la intensidad del enfado.

Quedan asimismo preguntas empresariales. Por qué se utilizó un material que llevaba tiempo circulando, qué controles aplicó la consultora, cómo verificó Renfe la originalidad del examen y qué consecuencias asumirá el proveedor. Repetir el test resuelve el atasco administrativo, pero no aclara todavía cómo llegó hasta una oposición pública una prueba que otros podían haber ensayado previamente en casa, con café y plantilla de respuestas.

La igualdad recuperada también tiene un coste

Renfe ha elegido la solución con mayor cobertura jurídica: repetir la parte contaminada, conservar el resto y volver a ordenar a los aspirantes. Es comprensible. Cuando un examen deja de medir a todos con la misma regla, su resultado pierde credibilidad, aunque no haya una conspiración cinematográfica ni culpables esperando en un andén oscuro.

Pero la legalidad formal no borra el daño humano. Los 600 candidatos provisionalmente aprobados deberán regresar a un aula con su futuro otra vez sobre la mesa. Algunos han perdido dinero; otros, oportunidades de empleo o semanas de tranquilidad. “Pase lo que pase, yo ya he perdido”, resume uno de ellos. Es la frase que queda cuando una administración intenta reparar la igualdad después del examen: puede imprimir otra prueba, cambiar la fecha y rehacer la lista. Lo que no sabe reprogramar es la vida de quienes confiaron en la primera.