¿Por qué EE.UU. devuelve 125.000 millones tras los aranceles de Trump?

Estados Unidos ha terminado devolviendo más de 125.000 millones de dólares en derechos de aduana durante el ejercicio fiscal hasta agosto, una cifra extraordinaria que tiene detrás el derrumbe judicial de una parte esencial de la estrategia arancelaria impulsada por Donald Trump. El 20 de febrero de 2026, el Tribunal Supremo concluyó que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, la conocida IEEPA, no concedía al presidente la autoridad utilizada para imponer aquellos gravámenes. El resultado fue bastante menos abstracto que una discusión entre juristas: había que devolver dinero.

Las cuentas del Tesoro muestran la dimensión del movimiento. Hasta agosto se habían registrado 292.533 millones de dólares en ingresos aduaneros brutos y 125.225 millones en devoluciones, dejando una recaudación neta de 167.308 millones. El sistema seguía cobrando nuevos aranceles mientras, por otra ventanilla, devolvía los anteriores. Una maquinaria fiscal trabajando en ambos sentidos.

La factura tampoco termina donde acaba la transferencia bancaria. Empresas estadounidenses pagaron gravámenes, alteraron pedidos, buscaron proveedores distintos, cambiaron inventarios y trasladaron parte de sus costes a precios. Cuando meses después llega el reembolso, la economía no vuelve automáticamente al punto de partida. El dinero puede regresar; muchas decisiones tomadas entretanto, no.

El mes en que cobrar aranceles empezó a costar dinero

La paradoja apareció con toda claridad en mayo. El Gobierno federal ingresó 21.930 millones de dólares en derechos de aduana y devolvió 21.972 millones. La diferencia fue pequeña, unos 42 millones, pero el signo había cambiado: por primera vez en esta secuencia, el Tesoro devolvía más dinero por esa partida del que acababa de recaudar.

Junio llevó la anomalía a otra escala. Los ingresos brutos alcanzaron 23.628 millones, mientras que los reembolsos se dispararon hasta 49.183 millones de dólares. El saldo aduanero mensual quedó así en negativo en unos 25.556 millones. No era precisamente la imagen de una nueva fuente de ingresos federales creciendo sin obstáculos.

Julio prolongó el fenómeno. Estados Unidos recaudó unos 24.835 millones en derechos aduaneros, pero devolvió 33.381 millones. Eso dejó otros 8.546 millones de saldo negativo y convirtió el mes en el tercero consecutivo en el que los reembolsos superaban a la recaudación.

Agosto dio algo de oxígeno a las cuentas. La caída del ritmo de devoluciones permitió recuperar un ingreso aduanero neto positivo de aproximadamente 12.840 millones de dólares. Aun así, el agujero abierto durante mayo, junio y julio explica por qué la historia inicial de los aranceles como enorme máquina recaudatoria se ha vuelto bastante más complicada.

De dónde salen los más de 100.000 millones devueltos

El origen principal está en los gravámenes que Trump impuso utilizando la IEEPA, una ley concebida para responder a emergencias económicas internacionales. Antes de que el Supremo invalidara ese uso de la norma, Washington había recaudado alrededor de 166.000 millones de dólares mediante esos aranceles.

La decisión judicial obligó a desmontar aquel sistema y abrió un proceso masivo de reintegros. A finales de julio, la Administración había procesado alrededor de 100.000 millones en devoluciones vinculadas a los aranceles IEEPA, aproximadamente el 60% de lo cobrado mediante esa vía.

Hay un matiz importante. Los 125.225 millones que aparecen en las cuentas del Tesoro hasta agosto corresponden al conjunto de reembolsos de derechos aduaneros del ejercicio fiscal, no exclusivamente a los aranceles IEEPA. Los aproximadamente 100.000 millones anunciados durante el verano estaban vinculados de forma más directa al mecanismo extraordinario activado tras la sentencia.

Tampoco se trata de un cheque gigantesco entregado a una sola compañía. El sistema aduanero procesa millones de operaciones, declaraciones e importaciones. A finales de julio había cientos de miles de solicitudes relacionadas con mercancías que habían entrado en Estados Unidos durante el periodo afectado. La devolución es, en realidad, una inmensa tarea administrativa repartida entre empresas de tamaños muy distintos.

Más de 50 cambios y una política comercial difícil de seguir

La sentencia del Supremo no acabó con los aranceles estadounidenses. Acabó con una determinada forma de imponerlos. La Administración buscó inmediatamente otras bases legales para mantener buena parte de la presión comercial sobre las importaciones.

Tras el fallo, Washington recurrió a la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 para establecer temporalmente un arancel del 10% sobre buena parte de las mercancías procedentes del extranjero. Aquella medida comenzó el 24 de febrero y expiró el 24 de julio. Ese mismo día entró otra etapa, con gravámenes del 10% al 12,5% sobre productos de más de 80 países utilizando la Sección 301.

Mientras tanto han seguido moviéndose los aranceles sobre acero, aluminio, cobre y determinados países o sectores. Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, la política arancelaria estadounidense ha sufrido más de medio centenar de modificaciones entre nuevos impuestos, excepciones, aplazamientos, subidas, rebajas y cambios de fundamento jurídico.

Sobre el papel parece un baile de porcentajes. Para una empresa que compra componentes en China, acero canadiense o maquinaria europea es algo bastante más tangible. Un pedido puede contratarse varios meses antes de tocar puerto. Hay precios pactados, seguros, financiación, almacenes y calendarios de producción. Si el coste de entrada cambia repetidamente, las cuentas deben rehacerse con la mercancía, en ocasiones literalmente, en mitad del océano.

El dinero vuelve a las empresas, no siempre al consumidor

Existe otra diferencia fundamental entre devolver un arancel y deshacer sus efectos. El reembolso corresponde normalmente al importador que pagó el derecho de aduana. Sin embargo, mientras aquel impuesto estuvo vigente, la compañía pudo absorberlo reduciendo su margen, trasladarlo al distribuidor o incorporarlo al precio final que pagó el consumidor.

Eso significa que una devolución realizada meses después no implica que quien compró una lavadora, un par de zapatillas o un ordenador vaya a recibir automáticamente unos dólares en su cuenta. Algunas grandes empresas han optado por utilizar esos recursos para rebajar precios o compensar costes. Otras han recibido cantidades considerables sin establecer una devolución directa generalizada para sus clientes.

Ahí aparece uno de los problemas menos visibles de todo el episodio. El Tesoro puede identificar bastante bien quién ingresó originalmente el arancel. Resulta mucho más difícil reconstruir quién soportó finalmente el coste económico después de pasar por importadores, proveedores, fabricantes, distribuidores y consumidores.

Los aranceles sí llegaron a los precios

Los estudios recientes de la Reserva Federal ofrecen una imagen más precisa del impacto. Investigadores de la Fed de Nueva York estiman que alrededor del 26% del incremento arancelario analizado termina trasladándose a precios al consumidor. Una parte se refleja rápidamente en los bienes importados; otra tarda meses en aparecer porque pasa por componentes, proveedores nacionales y márgenes empresariales.

Según ese trabajo, aproximadamente dos tercios del efecto analizado procede directamente del encarecimiento de variedades importadas. El resto aparece de forma indirecta: los productores estadounidenses pagan más por determinados insumos extranjeros o encuentran espacio para aumentar sus propios márgenes cuando la competencia importada se vuelve más cara. Ese segundo recorrido puede tardar entre nueve y doce meses.

Otros análisis de la Reserva Federal sitúan el impacto de los aranceles recientes en unas décimas de la inflación subyacente. Las estimaciones de Minneapolis apuntaban a unos 0,2 a 0,4 puntos porcentuales de inflación PCE subyacente hasta julio. Importante: eso no convierte a los aranceles en la explicación única del aumento de precios.

La demanda vinculada a la inteligencia artificial, el coste de determinados equipos tecnológicos, la energía y otros factores también han ejercido presión. Es decir, los aranceles encarecen productos, pero atribuirles toda la inflación estadounidense sería reducir un cuadro bastante complejo a una sola pincelada.

Una recaudación enorme que el Tesoro apenas ha conservado

La comparación entre ejercicios fiscales deja una imagen especialmente llamativa. En los primeros once meses de 2026, Estados Unidos había ingresado 292.533 millones de dólares en derechos aduaneros brutos. Pero después de descontar 125.225 millones en devoluciones, quedaban 167.308 millones netos.

Un año antes, en ese mismo punto del ejercicio, las devoluciones eran muchísimo menores. Eso explica el espejismo estadístico: la recaudación bruta se ha disparado, sí, pero también lo ha hecho la cantidad que el Gobierno ha tenido que devolver. Mucho dinero entrando por una puerta y una cantidad extraordinaria saliendo por otra.

La Oficina Presupuestaria del Congreso ha tenido que revisar sus previsiones. Calcula que los ingresos aduaneros netos del ejercicio fiscal de 2026 serán alrededor de 250.000 millones inferiores a lo que proyectaba en febrero, antes de conocerse la sentencia del Supremo y el alcance posterior de los reembolsos.

La institución estima además que la retirada de los aranceles amparados en la IEEPA tendrá un efecto importante sobre las cuentas federales durante la próxima década. Los nuevos gravámenes creados después del fallo recuperarán parte de los ingresos perdidos, pero, según sus proyecciones, no reemplazarán completamente el dinero que se esperaba recaudar con el sistema anterior.

Eso no significa que Estados Unidos haya abandonado los aranceles. Continúan vigentes impuestos comerciales apoyados en otras leyes y dirigidos a países, productos y sectores concretos. La cuestión es distinta: el gran salto recaudatorio prometido con la primera arquitectura arancelaria quedó parcialmente deshecho cuando los tribunales retiraron su base jurídica.

Una devolución que no devuelve el tiempo

Los más de 100.000 millones asociados directamente a las devoluciones de los aranceles de emergencia, y los 125.225 millones de reembolsos aduaneros acumulados hasta agosto, cuentan una historia mayor que la de un simple ajuste contable. Durante meses, las empresas pagaron, cambiaron proveedores, negociaron precios, retrasaron inversiones o trasladaron costes. Después llegó el Supremo y una parte crucial del sistema tuvo que deshacerse.

El dinero puede regresar al importador. Las decisiones tomadas mientras tanto, difícilmente. Contratos renegociados, precios modificados, mercancía almacenada, cadenas de suministro desplazadas y meses de incertidumbre empresarial no desaparecen porque llegue una transferencia del Tesoro.

Washington sigue utilizando otros instrumentos arancelarios, de modo que la historia tampoco termina con las devoluciones. Estados Unidos continúa cobrando miles de millones mediante nuevos gravámenes mientras devuelve miles de millones correspondientes a los anteriores. Una especie de cinta transportadora fiscal funcionando en dos direcciones: recauda, devuelve, cambia la ley y vuelve a recaudar. Y la mercancía, entretanto, sigue llegando a puerto.