Por qué España lleva más de 1.000 días funcionando con los Presupuestos prorrogados de 2023

¿Puede un país crecer por encima de la media europea, pagar sus pensiones cada mes y sostener toda su administración pública con un presupuesto aprobado hace tres años, por un Parlamento que ya ni existe? España lleva desde el 1 de enero de 2024 demostrando que sí. Este 1 de octubre volvió a vencer el plazo constitucional para presentar unas cuentas nuevas, y van tres seguidas, de modo que los Presupuestos Generales del Estado de 2023 superan ya los 1.000 días de servicio: son los más longevos de la democracia.

No es una excentricidad contable. Los Presupuestos deciden los ingresos públicos equivalentes al 43% de la producción nacional y los gastos del 45%. Que ese mapa se dibuje con cifras pensadas para otra inflación, otra legislatura y otra mayoría tiene consecuencias que van mucho más allá del papeleo.

Qué ocurre exactamente cuando unos Presupuestos se prorrogan

El artículo 134.3 de la Constitución obliga al Gobierno a presentar el proyecto de Presupuestos «al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior». Es decir: el texto debería haber entrado en el registro del Congreso antes del 1 de octubre de 2026. Con Pedro Sánchez en La Moncloa, ese plazo no se ha respetado ni una sola vez.

El siguiente párrafo de la Constitución, el 134.4, explica por qué no pasa nada inmediato: si las cuentas nuevas no se aprueban antes del 1 de enero, las anteriores quedan prorrogadas automáticamente. Es un cortafuegos diseñado para que el Estado nunca se quede sin presupuesto —el equivalente español a evitar los cierres de administración de Estados Unidos—, no una alternativa de gobierno. El problema aparece cuando la excepción se convierte en método: tres prórrogas encadenadas del mismo texto.

Cómo se gasta dinero nuevo con unas cuentas viejas

Un presupuesto prorrogado congela las dotaciones de cada partida, pero no congela el mundo: la inflación de 2026 no es la de 2023 y las pensiones suben cada año. ¿Cómo se paga la diferencia? Con los llamados créditos extraordinarios, suplementos y transferencias de crédito: modificaciones presupuestarias que mueven dinero entre partidas sin pasar por el trámite completo de una ley. La Intervención General del Estado las fiscaliza técnicamente, pero el debate político —qué se prioriza y qué se sacrifica— desaparece del Congreso.

La práctica se normalizó en 2020, cuando la pandemia justificó relajar los controles para mover recursos con agilidad: aquel año las disponibilidades presupuestarias se ampliaron en 76.000 millones. Las compuertas abiertas entonces no se han cerrado. El episodio más polémico lo documentó el Tribunal de Cuentas en su informe sobre la Cuenta General de 2024: Hacienda autorizó en noviembre de ese año una ampliación de crédito de 1.722,1 millones y una transferencia de 667,3 millones —2.389,4 millones en total— sacados del «servicio 50», la sección donde se guardan los fondos europeos del Plan de Recuperación, para pagar complementos de pensiones mínimas y clases pasivas. Sobre el papel, ese dinero solo podía financiar proyectos del plan. El PP sostiene que en 2025 se repitió la maniobra por otros 8.400 millones.

Quién vigila y qué dicen los árbitros

El sistema tiene contrapesos, y todos han ido levantando la voz. La AIReF, la autoridad fiscal independiente, lleva años censurando que los bailes de dinero entre programas hagan imposible analizar la política de gasto real. Su presidenta, Inés Olóndriz, ha recordado que unas cuentas actualizadas son imprescindibles para planificar a medio plazo. El Tribunal de Cuentas cuestionó el desvío de fondos europeos a pensiones, aunque acabó aceptando las alegaciones de Hacienda: sobraban créditos del plan y los gastos eran «ineludibles». Y el Senado ha planteado un conflicto ante el Tribunal Constitucional al entender que la ausencia reiterada de proyecto presupuestario vacía la competencia de las Cortes.

«El Gobierno ha tenido en estas semanas materias urgentes apilándose por encima de lo importante» — Carlos Cuerpo, vicepresidente primero, sobre el nuevo incumplimiento del plazo presupuestario

El argumento político de fondo es la aritmética: con una mayoría de investidura fracturada y el Congreso habiendo tumbado incluso la senda fiscal con los votos de PP, Vox y Junts, presentar un proyecto abocado al rechazo expone al Gobierno a una derrota parlamentaria en plena precampaña del 29N. La prórroga, en cambio, no duele: mantiene la administración funcionando y evita la foto del pleno perdido.

Qué le cuesta al bolsillo común esta anomalía

La economía española aguanta: el FMI la ha confirmado como líder de crecimiento entre las economías avanzadas por tercer año consecutivo y el Banco de España eleva su previsión de PIB para 2027 al 2,2%. Pero los expertos consultados por la prensa económica señalan tres facturas ocultas de gobernar con cuentas de 2023:

• ✓Inversión infrautilizada. Sin presupuesto nuevo, los programas de inversión se ajustan con meses de retraso y se pierden ventanas para ejecutar fondos europeos.
• ✓Opacidad. El gasto real solo se reconstruye sumando decenas de modificaciones publicadas a lo largo del año, fuera del foco mediático y parlamentario.
• ✓Deterioro institucional. Como advirtió la anterior presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, la institución presupuestaria ha dejado de ser la «clave de bóveda» de la política económica que era hasta 2018.
• ✓Riesgo jurídico. Cada apaño con el servicio 50 alimenta recursos ante el Tribunal de Cuentas y los tribunales ordinarios que pueden acabar revisando gastos ya ejecutados.

El calendario que viene: elecciones, funciones y otra prórroga casi segura

Con las generales convocadas para el 29 de noviembre, el calendario hace inviable cualquier presupuesto nuevo en 2026: el próximo Gobierno se constituirá ya entrado diciembre y no tendrá margen para aprobar unas cuentas antes del 1 de enero. Salvo sorpresa mayúscula, España estrenará 2027 con la cuarta prórroga del presupuesto de 2023 —o, si el Ejecutivo de turno se da prisa, con unas cuentas presentadas a mediados de año, algo que la propia Constitución permite al fijar la entrada en vigor de los Presupuestos nuevos cuando se aprueban tarde.

La paradoja es completa: el mecanismo pensado como red de seguridad para evitar el caos se ha revelado tan cómodo que nadie tiene incentivos para abandonar la anomalía. Mientras la economía crezca, la prórroga saldrá gratis en el corto plazo. La factura se paga en otra moneda: transparencia, control parlamentario y la idea misma de que el presupuesto es el lugar donde un país decide qué quiere ser.