¿Por qué la Audiencia absuelve a Gonzalo Boye del blanqueo de Miñanco?

La Audiencia Nacional ha absuelto a Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont y anteriormente también letrado de José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, de los delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental por los que había sido juzgado dentro de la operación Mito. La Fiscalía Antidroga reclamaba para él nueve años y nueve meses de prisión.

La razón esencial está en la prueba. El tribunal no considera acreditado que Boye participara en la elaboración de los contratos privados utilizados para justificar la procedencia de casi 900.000 euros intervenidos en el aeropuerto de Barajas en febrero de 2017. Dicho de otra manera: la acusación sostuvo que aquellos documentos formaban parte de una maniobra de blanqueo, pero la Sala entiende que no existe base suficiente para atribuir su confección al abogado. Y en materia penal, la sospecha, por aparatosa que sea, no sustituye a la prueba.

El desenlace contrasta con el de Sito Miñanco, condenado en la misma sentencia a 17 años de cárcel por delitos contra la salud pública y blanqueo de capitales en el seno de una organización criminal. El fallo, de 325 páginas, pone así dos destinos judiciales muy distintos bajo el mismo expediente: condena para el histórico narcotraficante gallego y absolución para Boye.

Por qué ha sido absuelto Gonzalo Boye

La acusación contra Boye giraba alrededor de una derivada muy concreta de la operación Mito. El 6 de febrero de 2017 fueron intervenidos en Barajas cerca de 900.000 euros que varias personas trataban de transportar a Colombia. La Fiscalía vinculó ese dinero con la organización de Sito Miñanco y sostuvo que después se intentó construir una apariencia documental que permitiera acreditar un origen legítimo de los fondos.

Entre esos documentos figuraban contratos privados relacionados con compraventas de letras de cambio y préstamos. Boye intervino profesionalmente en las gestiones destinadas a recuperar el dinero incautado, una participación que él nunca negó. Lo que rechazó durante el juicio fue haber fabricado documentación falsa o actuar para blanquear dinero procedente del narcotráfico. Su versión fue que ejercía como abogado de Manuel González Rubio y que trabajó con la documentación facilitada por su cliente.

Los contratos que estaban en el centro de la acusación

Aquí está el detalle que termina inclinando el caso. Tras analizar la prueba practicada, los magistrados concluyen que no pueden atribuir de manera inequívoca a Boye la elaboración de aquellos contratos. La sentencia tampoco considera demostrado que otros acusados señalados por la Fiscalía participaran en esa confección documental.

El tribunal sitúa la elaboración de los contratos en otro acusado, Manuel González Rubio, quien posteriormente habría entregado esa documentación a Boye para presentarla ante el organismo correspondiente. Para la Sala, esa diferencia no es menor: presentar determinados documentos en nombre de un cliente no demuestra por sí mismo que quien los presenta haya participado en su falsificación ni que conociera necesariamente un propósito de blanqueo.

Es ahí donde la acusación pierde pie. La Fiscalía había construido una interpretación bastante más amplia de la actuación del abogado y durante el juicio sostuvo que Boye había superado los límites propios de su trabajo profesional para participar en una operación destinada a recuperar dinero de la organización. El tribunal, después de escuchar testigos, acusados y peritos y de examinar la documentación, no considera probado ese salto.

Qué sostenía la Fiscalía contra Boye

La Fiscalía Antidroga reclamaba para Gonzalo Boye nueve años y nueve meses de prisión por blanqueo de capitales y falsedad documental. Su tesis vinculaba la intervención del letrado con los intentos de justificar el origen y destino del efectivo localizado en Barajas. Según la acusación, el dinero estaba relacionado con la estructura de Sito Miñanco y se dirigía a Colombia para su blanqueo.

Boye sostuvo justo lo contrario durante su declaración. Explicó que su despacho intentó recuperar parte del efectivo después de que González Rubio acudiera a él tras la incautación y que su cometido consistió en prestar asesoramiento jurídico. También negó reuniones con Sito Miñanco relacionadas con aquel dinero y rechazó que el narcotraficante fuese su cliente en esa gestión concreta.

El proceso llegó, por tanto, a un terreno especialmente delicado cuando aparecen abogados en investigaciones por blanqueo: dónde termina la defensa profesional de un cliente y dónde empezaría una posible participación consciente en la actividad delictiva. La sentencia resuelve esa cuestión en favor de Boye porque, con las pruebas examinadas, la Sala no aprecia base suficiente para condenarlo.

La operación Mito iba mucho más allá de los 900.000 euros

La causa principal tenía unas dimensiones considerablemente mayores. La investigación de la operación Mito se desarrolló entre 2016 y 2018 y situó a Sito Miñanco al frente de una estructura relacionada con la introducción de grandes cantidades de cocaína procedente de Sudamérica.

Uno de los episodios centrales ocurrió el 2 de octubre de 2017, cuando fue interceptado cerca de las Azores el buque Thoran, en cuyo interior se localizaron unos 3.305 kilos de cocaína. Poco más de un mes después se intervinieron otros 615 kilos en Países Bajos. La suma ronda las cuatro toneladas que aparecen de forma recurrente en la causa.

El juicio comenzó en noviembre de 2024 y se prolongó durante meses, con decenas de acusados y una extensa prueba testifical, pericial y documental. La sentencia ha llegado más de un año después de terminar la vista. No era precisamente un expediente de sobremesa.

Sito Miñanco, condenado a 17 años de cárcel

La absolución de Boye no modifica el núcleo de la sentencia sobre José Ramón Prado Bugallo. La Audiencia Nacional considera probado que Sito Miñanco lideró la operativa de narcotráfico juzgada y le impone 12 años de prisión por delito contra la salud pública y otros cinco por blanqueo de capitales cometido dentro de una organización criminal. En total, 17 años de cárcel.

También deberá hacer frente a multas superiores a 420 millones de euros. La Fiscalía solicitaba una pena bastante más elevada, de 31 años y seis meses de prisión. Los magistrados aplican la agravante de reincidencia, pero también la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas por el tiempo transcurrido durante el procedimiento.

La sentencia condena igualmente a otros acusados a penas que oscilan entre los tres y los 17 años, mientras que 20 personas físicas y cuatro personas jurídicas resultan absueltas. El resultado dibuja una resolución bastante más matizada que aquella macrocausa inicial en la que decenas de investigados aparecían bajo un mismo paraguas policial y judicial.

Qué significa realmente la absolución de Boye

El fallo supone que Gonzalo Boye queda absuelto de los delitos de blanqueo y falsedad documental que se le atribuían en esta causa. Conviene acotar la frase: la Audiencia Nacional se pronuncia sobre hechos concretos relacionados con la operación Mito y con el intento de justificar el dinero intervenido en Barajas.

Tampoco equivale a que el tribunal haya aceptado necesariamente todas las explicaciones ofrecidas durante el proceso por cada acusado. El estándar penal es otro. Para condenar debe quedar probada la participación del acusado en los hechos delictivos con la solidez exigible en un proceso penal. En el caso de Boye, la Sala concluye que esa atribución no ha quedado acreditada de forma inequívoca.

Es un matiz jurídico, sí, pero de los que cambian por completo una sentencia. Entre estar presente en una determinada gestión profesional y participar deliberadamente en la falsificación de documentos existe una distancia que la acusación tenía que demostrar. El tribunal entiende que no consiguió cubrirla.

Una sentencia que separa responsabilidades

La operación Mito deja finalmente una fotografía menos uniforme de la que acompañó durante años a la instrucción. Sito Miñanco ha sido condenado por narcotráfico y blanqueo; Gonzalo Boye, pese a afrontar una petición cercana a los diez años de prisión, ha sido absuelto de las acusaciones formuladas contra él.

Y esa es, en realidad, la sustancia del fallo. No basta con compartir escenario procesal, clientes o documentos para compartir responsabilidad penal. La Audiencia Nacional ha separado unas conductas de otras después de un procedimiento gigantesco y ha considerado que las pruebas permiten condenar al histórico narcotraficante, pero no permiten afirmar que Boye participara en la maniobra documental que la Fiscalía le atribuía. En tribunales, a veces el detalle que parece pequeño acaba pesando toneladas.