¿Qué hay detrás de las demandas antipiratería de LaLiga en España?

Una nueva polémica ha entrado de lleno en la batalla de LaLiga contra la piratería audiovisual. Miguel Galán, presidente y fundador del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol (CENAFE), sostiene que determinados informes empleados en procedimientos judiciales habrían incorporado firmas de inspectores mediante un sistema de “corta y pega”, supuestamente sin el consentimiento de algunos de esos trabajadores.

La acusación es grave, pero conviene colocar cada pieza en su sitio. Por el momento no existe una resolución judicial que haya acreditado una falsificación masiva, ni puede afirmarse que miles de demandas hayan quedado anuladas. Lo que ha aparecido es una denuncia que cuestiona cómo se confeccionaban algunos informes utilizados como prueba y que conecta con informaciones anteriores sobre el funcionamiento de los verificadores de LaLiga.

También hay otra distinción importante. Este asunto parece estar relacionado principalmente con las inspecciones realizadas en bares y restaurantes, mientras que la campaña contra particulares identificados por utilizar AceStream constituye otro frente de la estrategia antipiratería. Mezclar ambos procedimientos puede ofrecer una historia más explosiva, sí, pero también una fotografía bastante menos nítida.

Qué denuncia Miguel Galán sobre las pruebas de LaLiga

Galán asegura haber tenido acceso a documentación y testimonios de inspectores según los cuales algunos informes aportados posteriormente ante los tribunales no habrían sido firmados directamente por quienes realizaron las comprobaciones.

Su denuncia va más allá. Sostiene que LaLiga habría utilizado firmas previamente recopiladas para incorporarlas a documentos posteriores y habla de más de 2.000 procedimientos judiciales potencialmente afectados. A partir de ahí plantea la posible existencia de falsedad documental y cuestiona la legalidad de las pruebas presentadas.

Son, por el momento, afirmaciones de Galán, no hechos declarados probados por un tribunal. Y esa diferencia, poco espectacular pero esencial, separa una denuncia potencialmente relevante de una sentencia.

Una firma insertada mediante una plantilla tampoco equivale automáticamente a una firma falsificada. El asunto depende de cuestiones bastante más concretas: quién autorizó su utilización, con qué finalidad, sobre qué documentos podía incorporarse, si el firmante conocía el contenido y si el informe refleja realmente la actuación que llevó a cabo.

Ahí está el corazón del problema. No tanto en que una firma sea manuscrita, escaneada o electrónica, sino en quién asume la autoría del documento y puede responder por su contenido.

El sistema de firmas ya había salido a la luz

La controversia no nace completamente de cero. Meses antes ya se había descrito cómo se confeccionaban los expedientes de los verificadores contratados para combatir emisiones ilegales en establecimientos.

Los trabajadores realizaban la inspección, identificaban el establecimiento, registraban la fecha y la hora y recopilaban elementos como fotografías. Después introducían la información en la aplicación corporativa. Según los testimonios conocidos sobre ese funcionamiento, su intervención directa terminaba en esa fase.

El documento definitivo utilizado posteriormente en procedimientos judiciales se elaboraba después y la firma podía añadirse utilizando una plantilla confeccionada a partir de una rúbrica proporcionada previamente por el trabajador.

Ese dato cambia bastante el ángulo del caso. Ya no se discute únicamente si existían firmas insertadas técnicamente en los informes, sino algo mucho más delicado: si los verificadores habían autorizado ese uso concreto y si reconocían como propios los documentos finalmente presentados.

La diferencia parece minúscula sobre el papel. En un juzgado no lo es: autorizar una firma para un determinado uso no significa necesariamente autorizar cualquier documento posterior en el que pueda aparecer.

La prueba no termina en una rúbrica

Los informes de los verificadores tenían una función relevante porque documentaban lo observado dentro de bares, restaurantes y otros establecimientos. Una persona podía comprobar presencialmente qué aparecía en una pantalla, identificar el local y registrar los elementos necesarios para determinar si existía una emisión sin la licencia correspondiente.

Ese trabajador podía posteriormente ser llamado a juicio para ratificar lo observado. La prueba adquiría así una dimensión bastante terrenal: alguien había estado allí, había visto aquello y podía explicarlo ante el juez.

Precisamente por eso resulta relevante determinar qué ocurrió con los documentos finales. Si un inspector reconoce el contenido de un informe y había autorizado previamente la incorporación de su firma, el escenario es muy distinto al de un documento confeccionado o modificado sin su conocimiento o consentimiento.

No hay atajos. Habrá que examinar cada procedimiento, cada autorización y cada documento antes de concluir que hubo falsificación o que una determinada prueba debe quedar invalidada.

Los más de 2.000 casos apuntan sobre todo a la hostelería

Otro de los puntos que requiere precisión es la cifra de los más de 2.000 procedimientos. LaLiga lleva años utilizando verificadores para perseguir la retransmisión irregular de fútbol en el sector HORECA —hoteles, restaurantes y cafeterías— y ha construido una importante estrategia judicial alrededor de esas inspecciones.

La organización ha comunicado haber superado las 2.000 sentencias condenatorias contra establecimientos por emisión irregular de contenidos, después de iniciar esta vía de actuación años atrás.

También se ha señalado que el sistema de verificadores habría alimentado más de 2.000 procedimientos judiciales repartidos por distintos puntos de España.

Eso obliga a tratar con cautela la afirmación de que el supuesto problema afectaría a miles de demandas contra simples usuarios particulares. Los datos conocidos encajan mucho mejor con los procedimientos contra establecimientos públicos, aunque será la documentación concreta aportada la que permita delimitar qué expedientes podrían estar afectados.

Y no es un detalle menor. Una demanda contra un bar inspeccionado físicamente y una reclamación contra el titular de una conexión a Internet identificada mediante una dirección IP nacen de pruebas y procedimientos diferentes.

Los inspectores y el cambio de modelo antipiratería

La polémica llega además después de otro cambio relevante. LaLiga prescindió de 22 verificadores que realizaban inspecciones presenciales en establecimientos dentro de un expediente de regulación de empleo.

La patronal justificó el cambio por razones tecnológicas y económicas. Su planteamiento es que las nuevas herramientas permiten detectar y bloquear emisiones ilegales de una manera mucho más rápida, amplia y barata que desplazando inspectores por toda España.

Según los datos conocidos sobre aquel proceso, una detección física suponía un coste estimado considerablemente superior al de las herramientas tecnológicas capaces de actuar sobre grandes volúmenes de conexiones. La automatización de la lucha antipiratería, en términos de escala, juega en otra liga.

La tecnología gana por goleada cuando se cuentan millones de conexiones. El problema aparece cuando esa detección tiene que cruzar la puerta de un juzgado.

Algunos antiguos verificadores han advertido precisamente de eso. Una máquina puede detectar señales, patrones o conexiones a una escala inimaginable para un equipo humano, pero determinadas irregularidades siguen necesitando demostrar qué ocurrió físicamente dentro de un establecimiento y quién pudo comprobarlo.

Los extrabajadores también han cuestionado qué sucederá con los procedimientos todavía pendientes en los que fueron ellos quienes practicaron las inspecciones. Según testimonios conocidos tras los despidos, se plantearon cambios relacionados con su participación en determinados señalamientos y con citaciones judiciales existentes.

Esta circunstancia podría ofrecer a las defensas argumentos para discutir informes cuya ratificación testimonial resulte más difícil. Eso tampoco significa que automáticamente deban archivarse las causas.

Los tribunales tendrán que valorar el conjunto de las pruebas disponibles en cada procedimiento. Una fotografía, los registros técnicos, la identificación de una señal y otros documentos pueden conservar valor independientemente de que aparezca personalmente quien realizó una determinada comprobación. Pero la polémica de las firmas toca precisamente esa zona gris: la distancia entre recoger información y convertirla en prueba judicial.

Los burofaxes por AceStream pertenecen a otro frente

LaLiga mantiene paralelamente una ofensiva contra usuarios cuya conexión ha sido detectada participando en canales de AceStream, una tecnología basada en redes P2P.

En este tipo de actuaciones se han autorizado diligencias preliminares para que las operadoras faciliten la identidad de titulares asociados a determinadas direcciones IP detectadas participando en la difusión de contenido protegido.

AceStream tiene una particularidad técnica relevante: quien reproduce una emisión también puede contribuir automáticamente a distribuir fragmentos del contenido a otros usuarios de la red. LaLiga se apoya precisamente en esa arquitectura para sostener que determinadas conexiones no se limitan a recibir el partido, sino que participan en su distribución.

Con los datos obtenidos a través de los operadores se han enviado posteriormente burofaxes reclamando cantidades económicas como indemnización para intentar cerrar el conflicto sin llegar a juicio.

La estrategia ha alcanzado a miles de comunicaciones potenciales, pero identificar al titular de una conexión no determina por sí solo su responsabilidad sobre una infracción concreta. Esa responsabilidad debe acreditarse en el procedimiento correspondiente.

Una dirección IP conduce a una conexión. No necesariamente cuenta toda la historia de quién utilizó esa conexión, qué hizo exactamente o con qué conocimiento.

Por eso este frente no debe confundirse automáticamente con la controversia sobre los verificadores. Ambos pertenecen a la misma guerra contra la piratería audiovisual, pero utilizan munición probatoria distinta.

Lo que todavía debe demostrarse ante los tribunales

La nueva acusación coloca el foco donde probablemente más incomoda a cualquier estrategia judicial masiva: la trazabilidad de la prueba.

LaLiga tiene derecho a defender sus contenidos audiovisuales y los tribunales han respaldado numerosas actuaciones contra retransmisiones ilegales. La organización acumula un importante volumen de resoluciones favorables dentro de su ofensiva contra la piratería en establecimientos.

Pero combatir una actividad ilícita no rebaja los requisitos exigibles a las pruebas. Al contrario. Cuantas más demandas se presentan y cuanto más automatizado se vuelve el sistema, mayor importancia adquiere saber quién obtuvo cada dato, quién elaboró cada informe y quién asumió su contenido.

La denuncia de Miguel Galán abre una cuestión potencialmente seria, pero todavía está lejos de demostrar el anunciado derrumbe de miles de procedimientos. Será necesario acreditar que existieron firmas utilizadas sin consentimiento, identificar los documentos afectados y determinar qué importancia tuvieron esas firmas dentro de cada causa.

Hasta entonces, hablar de un presunto fraude en las denuncias antipiratería de LaLiga describe una acusación existente. Presentarlo como un fraude probado sería otra cosa. Y en derecho, como tantas veces, una palabra puede pesar más que varios terabytes de datos.