¿Quién es Mahamat Said y por qué fue condenado por torturas en Bangui?

Mahamat Said Abdel Kani es un antiguo dirigente de la coalición rebelde Seleka al que la Corte Penal Internacional (CPI) declaró culpable este 23 de septiembre de 2026 de cuatro crímenes de lesa humanidad cometidos en Bangui, capital de la República Centroafricana, durante 2013. Los jueces consideraron probado que participó en un sistema de detenciones, malos tratos y torturas dirigido contra personas consideradas partidarias del expresidente François Bozizé. La condena comprende encarcelamiento o privación grave de libertad, tortura, persecución y otros actos inhumanos.

La respuesta a qué hizo Mahamat Said es bastante menos abstracta que el lenguaje jurídico. El tribunal concluyó que tuvo una responsabilidad directa en el Centro para la Represión del Bandidaje, conocido por sus siglas francesas OCRB, convertido bajo el control de Seleka en un lugar de detención para supuestos enemigos políticos. Allí hubo palizas, interrogatorios violentos, personas atadas en posiciones extremadamente dolorosas y detenidos encerrados en una celda subterránea oscura, sucia y prácticamente sin ventilación. La sentencia no fija todavía cuánto tiempo deberá permanecer en prisión: esa decisión llegará en una fase posterior.

Quién es Mahamat Said y cuál era su papel en Seleka

Mahamat Said Abdel Kani, de 56 años cuando se dictó el veredicto, procede de Bria, en la República Centroafricana. Se incorporó a Seleka en 2012 y fue ascendiendo dentro de la estructura rebelde hasta ocupar responsabilidades de mando. En abril de 2013 asumió un papel relevante en el OCRB de Bangui, justo cuando la nueva autoridad surgida de la rebelión trataba a numerosos partidarios reales o supuestos del antiguo Gobierno como enemigos.

Seleka —la palabra significa aproximadamente “alianza” en sango— había nacido a finales de 2012 como una coalición de grupos rebeldes procedentes principalmente del norte y noreste del país. El 24 de marzo de 2013 sus combatientes conquistaron Bangui y expulsaron del poder al presidente François Bozizé. Michel Djotodia, uno de los dirigentes de la rebelión, pasó a encabezar el Estado durante la transición.

A menudo aquel conflicto se resume como una guerra entre una Seleka predominantemente musulmana y unas milicias anti-Balaka formadas mayoritariamente por cristianos y animistas. Sirve para orientarse, pero se queda corto. Bajo las identidades religiosas había una mezcla bastante más turbia de lucha por el poder, fracturas territoriales, venganzas y pobreza extrema, en un país con instituciones incapaces de contener la violencia. Se documentaron graves abusos contra civiles cometidos tanto por combatientes de Seleka como posteriormente por grupos anti-Balaka.

Qué hizo Mahamat Said en la prisión del OCRB

El núcleo del proceso no era toda la violencia cometida por Seleka en el país, sino lo ocurrido en el OCRB de Bangui entre abril y agosto de 2013. La acusación sostuvo que ese centro funcionaba como una pieza del aparato utilizado para detener a personas consideradas próximas al Gobierno derrocado de Bozizé.

Los jueces dieron por probado que Said participó en interrogatorios y malos tratos y que estuvo presente durante torturas. Entre los métodos descritos en el juicio figura el denominado arbatachar: las manos, los codos y los pies de la víctima eran atados con fuerza detrás de la espalda, forzando el cuerpo en una posición dolorosa. Otros detenidos fueron golpeados con cuerdas o látigos y mojados con agua durante el maltrato.

Una celda bajo el suelo de su oficina

Uno de los elementos más duros del proceso fue la descripción de la celda subterránea situada bajo la oficina de Said. Testigos hablaron de un espacio pequeño, sin ventanas y apenas ventilado. Los presos carecían de instalaciones sanitarias y tenían que hacer sus necesidades dentro. La suciedad, el calor y el hacinamiento formaban parte de unas condiciones que el tribunal consideró relevantes para determinar la responsabilidad penal.

No se trataba, según la sentencia, de una suma accidental de excesos individuales. Los jueces consideraron que Said y otros responsables supervisaban agresiones dirigidas contra personas identificadas como simpatizantes de Bozizé. Esa dimensión organizada es esencial para comprender por qué el caso terminó bajo una figura mucho más grave que la de simples lesiones, detenciones ilegales o abusos cometidos de manera aislada.

Por qué la CPI habla de crímenes de lesa humanidad

La expresión puede sonar lejana, casi de manual de Derecho Internacional, pero tiene un significado muy concreto. El Estatuto de Roma establece que determinados delitos pueden constituir crímenes de lesa humanidad cuando forman parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y el autor conoce ese contexto. Entre esos actos están precisamente el encarcelamiento ilegal, la tortura, la persecución y otros actos inhumanos capaces de causar un sufrimiento grave.

La Sala declaró a Said culpable de cuatro cargos de esta naturaleza. El salto jurídico importa: no se castiga únicamente que una determinada persona recibiera una paliza o fuese encerrada ilegalmente, sino la participación del condenado en un patrón de represión contra civiles seleccionados por su supuesta afinidad política.

Ahí aparece también la persecución, un concepto que en Derecho Penal Internacional va más allá del uso corriente de la palabra. Implica una privación grave e intencionada de derechos fundamentales dirigida contra personas por determinados motivos protegidos por el Estatuto de Roma. En el caso de Said, el grupo señalado estaba compuesto por personas consideradas afines al expresidente François Bozizé.

Por qué fue absuelto de los cargos por crímenes de guerra

Hay un matiz decisivo en la sentencia. Said estaba acusado también de tres crímenes de guerra: tortura, trato cruel y atentados contra la dignidad personal. Sin embargo, los jueces lo absolvieron de esos cargos al concluir que, en el periodo concreto en el que ocurrieron los hechos examinados, no se cumplían los requisitos necesarios para vincular jurídicamente esas conductas al conflicto armado relevante.

Puede parecer una paradoja: culpable por torturas y, al mismo tiempo, absuelto de tortura como crimen de guerra. Jurídicamente no lo es. Para que exista un crimen de guerra debe haber una conexión suficiente con un conflicto armado. Los crímenes de lesa humanidad, en cambio, no necesitan que haya una guerra en marcha; pueden cometerse también fuera de un conflicto armado cuando existe un ataque generalizado o sistemático contra civiles.

Por eso la absolución parcial no significa que el tribunal haya considerado menos graves los malos tratos. Significa algo bastante más técnico: los hechos probados encajaban en los requisitos jurídicos de los crímenes de lesa humanidad, pero no en todos los requisitos específicos que exige calificar esos mismos actos como crímenes de guerra.

Cómo llegó Mahamat Said ante la Corte Penal Internacional

La justicia fue lenta. Mucho. Los hechos juzgados ocurrieron en 2013 y la República Centroafricana remitió la situación a la CPI en mayo de 2014. La Fiscalía abrió formalmente una investigación en septiembre de aquel año. La orden de arresto contra Mahamat Said se emitió bajo secreto el 7 de enero de 2019.

Las autoridades centroafricanas lo entregaron a la Corte el 24 de enero de 2021 y las acusaciones fueron confirmadas parcialmente en diciembre de ese mismo año. El juicio comenzó en La Haya el 26 de septiembre de 2022.

No fue un proceso breve ni basado en un puñado de declaraciones. Antes del fallo hubo 130 audiencias, declararon 58 testigos de la Fiscalía y tres de la defensa y se autorizó la participación de 32 víctimas. La Fiscalía terminó de presentar sus pruebas en noviembre de 2024, la defensa concluyó las suyas en septiembre de 2025 y las alegaciones finales se celebraron en noviembre de 2025. Said negó los cargos.

El estándar aplicado por la CPI es el de culpabilidad más allá de toda duda razonable, no el nivel de sospecha necesario para emitir una orden de arresto o abrir un proceso. De ahí la importancia jurídica del fallo del 23 de septiembre: ya no se habla simplemente de un sospechoso acusado por la Fiscalía, sino de una persona declarada culpable por una sala de primera instancia.

Qué pena puede recibir ahora Mahamat Said

El veredicto de culpabilidad no equivale todavía a la sentencia sobre la duración de la pena. La Corte celebrará una fase separada para determinarla, teniendo en cuenta la gravedad de los delitos, las circunstancias individuales del condenado y las alegaciones de las partes. La decisión también puede ser recurrida ante la Sala de Apelaciones de la CPI.

El Estatuto de Roma permite imponer una pena determinada de hasta 30 años de prisión. Solo cuando la extrema gravedad del delito y las circunstancias personales del condenado lo justifican puede establecerse prisión perpetua. El tiempo que una persona haya permanecido detenida por orden de la Corte debe ser tenido en cuenta al calcular la pena.

Tampoco termina necesariamente ahí el procedimiento. En los procesos de la CPI puede abrirse posteriormente una fase dedicada a las reparaciones para las víctimas, distinta tanto de la declaración de culpabilidad como de la condena penal.

Bangui, 2013, ya tiene una sentencia en La Haya

La condena de Mahamat Said tiene un peso especial para la República Centroafricana porque es el primer miembro de Seleka condenado por la Corte Penal Internacional por los crímenes investigados a partir de la violencia desatada en 2013. La CPI ya había condenado en 2025 a dos dirigentes anti-Balaka, Alfred Yekatom y Patrice-Edouard Ngaïssona, por delitos cometidos desde el otro lado de aquella espiral de violencia.

Más de trece años después, el expediente judicial reduce aquella guerra a algo que las etiquetas religiosas y los mapas militares suelen esconder: hombres concretos, decisiones concretas y víctimas concretas. Mahamat Said no ha sido condenado simplemente por pertenecer a Seleka, sino por su responsabilidad penal en detenciones, torturas, persecución y otros actos inhumanos cometidos contra civiles.

Y esa es, al final, la importancia del fallo. La celda bajo una oficina de Bangui, los interrogatorios y las palizas dejaron de ser únicamente testimonios de una guerra africana que durante años apenas ocupó espacio fuera del continente. Desde el 23 de septiembre de 2026 son también hechos declarados probados por la Corte Penal Internacional y la base de una condena por crímenes de lesa humanidad. La duración exacta de la pena todavía está pendiente; la declaración de culpabilidad, no.