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¿Por qué el policía dice que «desplazó» a la profesora en la huelga?

El agente investigado admite que aparece en el vídeo y sostiene que apartó a la profesora por protocolo durante la huelga educativa de València.

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el policía dice que «desplazó» a la profesora

Resumen

  • El agente admite que es el policía que aparece en el vídeo
  • Alega que apartó a la profesora por protocolo y sin intención de lesionarla
  • La Justicia investiga si la fuerza empleada fue proporcionada

El agente de la Unidad de Intervención Policial (UIP) investigado por el empujón que acabó con una profesora jubilada en el suelo durante la huelga educativa valenciana ha reconocido ante la jueza que es el policía que aparece en las imágenes. Su explicación se apoya en una palabra repetida durante la declaración: «desplazar». Según su versión, apartó a la manifestante de la calzada porque así lo establecía el protocolo y porque faltaban agentes de la Policía Local que controlaran el tráfico en aquel punto de València.

El policía sostiene que no pretendía causarle lesiones y que el resultado del empujón fue accidental. La Fiscalía, sin embargo, puso el foco durante el interrogatorio en una cuestión distinta: la proporcionalidad de la fuerza empleada y la posibilidad de utilizar otros medios menos expeditivos. No hay todavía una sentencia que determine responsabilidad penal. El procedimiento continúa en fase de investigación y el agente mantiene, por tanto, todos sus derechos procesales y la presunción de inocencia.

Qué declaró el policía ante la jueza

La comparecencia se produjo este jueves, 24 de septiembre, ante la titular de la plaza número 16 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València. El agente, que ejercía como jefe del dispositivo de la UIP, contestó a las preguntas de la magistrada, del Ministerio Fiscal y de su propia defensa.

Según la información conocida sobre la declaración, el policía explicó que su actuación del pasado 31 de mayo buscaba retirar de la calzada a participantes en la protesta educativa. Insistió en que actuó conforme al protocolo y señaló la ausencia de Policía Local para regular el tráfico como uno de los factores que condicionaron la intervención.

La tesis coincide, en buena medida, con la reflejada meses atrás en el atestado de la Policía Nacional. Aquel documento calificaba la fuerza utilizada como la mínima reglamentaria y describía la caída como un resultado no buscado después de que el agente tratara de apartar a la mujer de la vía.

La declaración incorpora, eso sí, un elemento que ya no permite discutir quién aparece en las grabaciones: el propio investigado ha reconocido ser el agente del vídeo. El debate judicial se desplaza así hacia las circunstancias concretas de su actuación, la necesidad de emplear aquella fuerza y la relación entre el empujón y las lesiones sufridas por la docente.

El vídeo y la proporcionalidad de la fuerza

Las grabaciones difundidas tras la protesta muestran a la profesora de espaldas cuando un agente se aproxima y la empuja. La mujer cae de bruces sobre el asfalto y otras personas acuden a auxiliarla. Esas imágenes forman parte del material relevante para reconstruir un episodio que desde el principio ofreció dos lecturas enfrentadas: la policial, que defendió una actuación reglamentaria para despejar la calzada, y la de la denunciante y las acusaciones, que cuestionan la fuerza empleada.

Aquí está uno de los puntos centrales de la investigación. Que existiera una orden para retirar personas de la vía pública no resuelve por sí solo si la forma concreta de ejecutar esa orden fue proporcionada. Precisamente por eso el fiscal preguntó al agente si existían alternativas menos contundentes. El policía volvió a remitirse al protocolo y negó cualquier voluntad de lesionar.

Otro policía aparece actuando de manera diferente

Durante el interrogatorio salió a relucir otra escena de las grabaciones. A poca distancia, otro agente aparece acompañando a una mujer para sacarla de la calzada sin recurrir a un empujón similar. Preguntado por esa diferencia, el investigado respondió que aquel compañero no había aplicado el protocolo.

La comparación puede resultar relevante para la instrucción porque coloca bajo la lupa no solo la existencia de unas instrucciones operativas, sino su aplicación real sobre el terreno. Un protocolo policial no convierte automáticamente cualquier intervención en correcta; tampoco una imagen aislada determina por sí misma una responsabilidad penal. Para eso está precisamente la investigación judicial, que deberá valorar vídeos, declaraciones, informes médicos y atestado, junto al resto de pruebas.

Las lesiones que sufrió la profesora

La afectada es una profesora jubilada de 68 años que participaba en las movilizaciones del profesorado valenciano. Las primeras informaciones médicas conocidas después de la caída recogieron una herida en la barbilla que necesitó puntos de sutura, lesiones en la mandíbula y una fractura nasal. Informaciones posteriores sobre la causa señalan también una fractura mandibular.

La docente presentó una denuncia y posteriormente se impulsaron acciones judiciales por lo sucedido. Aquella tarde, tras difundirse las imágenes, el agente fue apartado del dispositivo y se inició un procedimiento disciplinario, según las informaciones publicadas entonces.

El policía declaró ahora que, después de la caída, intentó auxiliar a la mujer, pero que otros manifestantes se lo impidieron y que recibió insultos. Esa es su versión de lo ocurrido inmediatamente después del empujón y deberá ser contrastada dentro del procedimiento con el resto de testimonios y las grabaciones disponibles.

Por qué el agente está siendo investigado

La causa dio un paso importante cuando la Fiscalía se mostró favorable a investigar penalmente los hechos. El Ministerio Público señaló la posible existencia de tres delitos: lesiones con la agravante de prevalimiento de función pública, un delito contra la integridad moral y otro contra los derechos individuales. Que esos delitos estén bajo investigación no significa que hayan quedado acreditados ni que exista una condena.

La jueza citó al policía como investigado después de que fuera identificado. La instrucción deberá decidir si existen indicios suficientes para que el procedimiento avance o si, por el contrario, corresponde archivarlo total o parcialmente. Ese matiz resulta esencial: en el lenguaje cotidiano sigue apareciendo con frecuencia la palabra «imputado», pero la condición procesal actual es la de investigado.

CCOO-PV también promovió acciones judiciales relacionadas con el episodio y solicitó personarse en la causa. El sindicato ha sostenido que la actuación fue injustificada, mientras que el atestado policial defendió que el agente utilizó una fuerza reglamentaria y proporcionada. Son posiciones contrapuestas que el juzgado deberá someter a prueba, no conclusiones judiciales ya establecidas.

Una huelga educativa convertida también en asunto judicial

El incidente ocurrió el 31 de mayo en las inmediaciones de la Conselleria de Educación de València, en plena movilización del profesorado de la enseñanza pública no universitaria. La huelga había generado concentraciones, manifestaciones y una acampada de docentes en la ciudad, dentro de un conflicto abierto entre sindicatos y Administración por las condiciones y recursos del sistema educativo valenciano.

Aquella tarde, un grupo de manifestantes ocupó o trató de ocupar parte de la calzada. El atestado sostuvo que existía riesgo para la circulación y presentó la intervención policial como una maniobra destinada a devolver a los participantes a la acera. Las imágenes muestran el momento físico del empujón, pero será el juzgado quien deba determinar su relevancia jurídica dentro del contexto completo del operativo.

El caso ha ido acumulando capas desde entonces: expediente disciplinario, denuncia, querellas, identificación del agente, posición favorable de la Fiscalía a investigar y, finalmente, declaración judicial del policía. Lo que comenzó como unos segundos de vídeo grabados en una avenida valenciana es ya una causa donde cada verbo pesa bastante más de lo habitual.

Entre «desplazar» y empujar, lo que tendrá que decidir la Justicia

La palabra elegida por el agente —«desplazar»— resume bien el punto de fricción. Describe su propia interpretación de una actuación policial ejecutada para retirar a una persona de la calzada. Las imágenes, las lesiones y las acusaciones obligan, sin embargo, a examinar cómo se produjo materialmente ese desplazamiento y si la fuerza empleada estaba justificada en aquellas circunstancias.

Por ahora hay hechos que no parecen discutirse: el policía ha reconocido que aparece en el vídeo, la profesora cayó después de su intervención y sufrió lesiones, y el propio agente afirma que actuó siguiendo un protocolo y sin intención de causarlas. Lo que permanece abierto es precisamente lo decisivo: si aquella actuación fue proporcional y jurídicamente legítima o si puede generar responsabilidad penal. Esa respuesta ya no pertenece al terreno de las consignas ni de las imágenes virales. Está en manos de la instrucción judicial.

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Fundador de DonPorqué y curioso empedernido. Escribe sobre tecnología, viajes, gastronomía, cultura y todo lo que le genera una pregunta con un buen «¿por qué?» detrás. En su tiempo libre es aficionado a los casinos online y aprovecha esa experiencia para compartir análisis y recomendaciones sobre el sector del iGaming.