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¿Qué se sabe del cura de Soria tras ser denunciado por acoso sexual?

Un sacerdote de Soria permanece apartado tras la denuncia de una menor por presunto acoso sexual mientras avanzan las vías judicial y canónica.

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cura de Soria

Resumen

  • Un sacerdote de Soria está encausado tras la denuncia de una menor
  • La diócesis lo apartó cautelarmente y prohibió todo contacto con la menor
  • El expediente canónico llegó al Vaticano y la causa judicial sigue abierta

Un sacerdote de 67 años que ejercía como párroco en Serón de Nágima, en Soria, ha sido apartado cautelarmente de sus funciones después de que la familia de una menor presentara una denuncia ante la Guardia Civil por un presunto caso de acoso sexual. El religioso está encausado por un juzgado de Almazán, mientras la Diócesis de Osma-Soria ha completado su propia investigación canónica y ha remitido las actuaciones al Vaticano.

Según la información conocida sobre la denuncia, el sacerdote habría pedido a la menor que le mostrara el pecho y posteriormente le habría enviado numerosos mensajes de contenido sexual por WhatsApp. Son hechos denunciados y actualmente sometidos a investigación; no existe una condena y sigue vigente la presunción de inocencia. La diócesis, por su parte, ha prohibido al sacerdote cualquier actividad ministerial en la parroquia y cualquier contacto, directo o indirecto, con la menor.

La denuncia fue presentada ante la Guardia Civil en agosto

La familia presentó formalmente la denuncia ante la Guardia Civil el 17 de agosto de 2026, fecha confirmada por la propia Diócesis de Osma-Soria. Este detalle no es menor porque la institución eclesiástica ha querido corregir algunas informaciones que situaban la denuncia varios días antes.

A partir de ahí comenzaron dos caminos distintos, aunque relacionados. Uno pertenece a la Justicia ordinaria española y otro al ámbito interno de la Iglesia. Según la información conocida, el sacerdote está encausado en un juzgado de Almazán por un presunto delito de acoso sexual a una menor. Paralelamente, la diócesis abrió la denominada investigación previa canónica, el procedimiento utilizado para recopilar y valorar información cuando se conocen hechos que podrían tener relevancia disciplinaria dentro de la Iglesia.

Las investigaciones no deben confundirse. El procedimiento canónico no sustituye al penal ni decide si existe responsabilidad conforme al Código Penal español. De hecho, la propia diócesis comunicó las actuaciones a la Fiscalía Provincial de Soria y expresó su disposición a colaborar con las autoridades civiles.

El sacerdote ha sido apartado cautelarmente de su parroquia

La reacción de la Diócesis de Osma-Soria ha supuesto, por el momento, la retirada del sacerdote de sus funciones. No puede ejercer ninguna actividad o ministerio en la parroquia de Serón de Nágima y tiene prohibido mantener contacto o comunicación con la menor.

Son medidas cautelares, no una sanción definitiva. Esa distinción importa: apartar temporalmente a una persona mientras se esclarecen unos hechos busca evitar situaciones de riesgo y proteger a las personas implicadas, pero no equivale jurídicamente a establecer su culpabilidad.

La diócesis lo ha subrayado expresamente. También ha señalado que la investigación previa canónica se encuentra terminada y que toda la documentación ha sido enviada al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, organismo de la Santa Sede competente para decidir cómo continúa el procedimiento eclesiástico.

El Vaticano tendrá que decidir el siguiente paso

A partir de este momento, corresponde al Dicasterio analizar lo remitido desde Soria y determinar qué actuación procede dentro del derecho canónico. La finalización de la investigación diocesana, ha insistido el Obispado, no constituye una declaración de culpabilidad.

Mientras tanto, las medidas cautelares permanecen vigentes. El sacerdote continúa apartado de la parroquia y sigue prohibido cualquier contacto con la menor. El recorrido penal, por otra parte, depende de las autoridades judiciales españolas.

Hay, por tanto, dos relojes corriendo al mismo tiempo. Uno marca los tiempos de los tribunales civiles; el otro, los de Roma.

El antecedente de Medinaceli y la absolución de 2014

El caso ha adquirido una mayor dimensión pública porque el mismo sacerdote fue juzgado hace más de una década por hechos diferentes relacionados también con menores. Entonces ejercía como profesor de Religión en un colegio de Medinaceli.

En aquel procedimiento, la Fiscalía y la acusación particular solicitaron ocho años de prisión por delitos de abusos sexuales contra tres alumnas. La Audiencia Provincial de Soria terminó, sin embargo, absolviendo al sacerdote en diciembre de 2014 al considerar que no existían pruebas suficientes para establecer los delitos que se le atribuían.

Ese dato exige precisión. La acusación de entonces no terminó en condena y, jurídicamente, no puede presentarse como un antecedente delictivo demostrado. La propia Diócesis de Osma-Soria ha pedido expresamente que aquellos hechos no sean utilizados para atribuir al sacerdote una reincidencia que ningún tribunal ha establecido.

Qué ocurrió después de aquella absolución

Tras aquel fallo, el sacerdote recuperó sus funciones eclesiásticas. Doce años después aparece una denuncia diferente, presentada por otra familia y basada en hechos nuevos que deberán esclarecerse de manera independiente.

Precisamente ahí está la frontera que conviene no borrar. Que exista una acusación anterior puede aportar contexto biográfico y judicial, pero aquella causa acabó con una absolución. La investigación de 2026 deberá sostenerse sobre sus propias pruebas, declaraciones y actuaciones judiciales, no sobre sospechas arrastradas desde 2014.

Qué se conoce sobre los mensajes denunciados

La información difundida sobre el procedimiento señala que el sacerdote habría realizado a la menor una petición de naturaleza sexual y posteriormente le habría enviado numerosos mensajes de contenido similar a través de WhatsApp. Estos hechos forman parte del caso por el que está encausado ante un juzgado de Almazán.

No han trascendido públicamente todos los detalles de las actuaciones, algo especialmente razonable al estar implicada una menor. La propia diócesis ha evitado entrar en una descripción pormenorizada de los hechos para preservar su intimidad.

También existe cierta cautela alrededor de algunos extremos procesales publicados inicialmente. La institución eclesiástica ha puntualizado que no le corresponde confirmar determinadas situaciones del procedimiento penal que no le hayan sido comunicadas formalmente por la autoridad competente. Una frase bastante administrativa, sí, pero esencial: la situación judicial debe fijarla el juzgado, no el Obispado.

Una investigación que sigue abierta en dos ámbitos

A fecha de 24 de septiembre de 2026, los datos firmes dibujan un escenario todavía abierto. Existe una denuncia presentada por la familia de una menor, el sacerdote está encausado en Almazán, la diócesis lo ha apartado cautelarmente de sus funciones y el expediente canónico ha llegado al Vaticano.

Lo que todavía no existe es una resolución judicial que determine la responsabilidad penal del sacerdote. Esa diferencia separa los hechos acreditados hasta este momento de aquello que todavía debe probarse.

La protección de la menor y la presunción de inocencia no son ideas incompatibles ni deberían competir entre sí. Las cautelas adoptadas buscan proteger mientras se investiga; serán la Justicia y, en su propio ámbito, las autoridades eclesiásticas las que deban establecer qué ocurrió y qué consecuencias corresponden.

El caso queda en manos de la Justicia y del Vaticano

El sacerdote de Serón de Nágima permanece apartado de su ministerio mientras avanzan dos procedimientos distintos. En España, el caso sigue su recorrido judicial después de la denuncia presentada el 17 de agosto. Dentro de la Iglesia, Roma dispone ya de la documentación recabada por la diócesis y decidirá cómo continuar.

El antecedente de 2014 resulta inevitable en la cronología, pero también tiene un desenlace que no admite atajos: acabó en absolución. La denuncia de 2026 empieza, jurídicamente, desde otro punto y deberá ser examinada por sus propios hechos.

Queda una investigación en marcha, una menor cuya intimidad debe preservarse y unas medidas cautelares que siguen activas. Lo demás —culpabilidad, responsabilidad penal o eventuales sanciones— todavía pertenece al terreno que deben resolver quienes tienen las pruebas delante.

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Fundador de DonPorqué y curioso empedernido. Escribe sobre tecnología, viajes, gastronomía, cultura y todo lo que le genera una pregunta con un buen «¿por qué?» detrás. En su tiempo libre es aficionado a los casinos online y aprovecha esa experiencia para compartir análisis y recomendaciones sobre el sector del iGaming.