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¿Por qué archiva Fiscalía el chalé VPO de Laura Lombraña en Palencia?
La Fiscalía no ve indicios de prevaricación ni tráfico de influencias en el chalé VPO de Laura Lombraña, aunque la vía judicial sigue abierta.

Resumen
- Fiscalía archiva la denuncia por el chalé VPO de Laura Lombraña
- No aprecia prevaricación ni tráfico de influencias tras revisar el expediente
- El decreto es irrecurrible, pero los denunciantes pueden acudir al juzgado
La Fiscalía de Palencia ha archivado las denuncias relacionadas con la adjudicación de un chalé de protección oficial a Laura Lombraña, concejala del PP, porque tras examinar la documentación no aprecia elementos suficientes para sostener delitos de prevaricación administrativa o tráfico de influencias. El Ministerio Público concluye que la edil no intervino en las decisiones sobre la venta del suelo municipal ni ocupó puestos de responsabilidad en la cooperativa que promovió las viviendas.
El decreto pone así fin a las diligencias abiertas por la Fiscalía, pero hay un matiz importante: no equivale a una sentencia judicial ni impide acudir a un juzgado. La resolución del fiscal es irrecurrible dentro de esa investigación, aunque los denunciantes pueden llevar los hechos ante la vía judicial. Dicho de manera sencilla: Fiscalía no ve base penal suficiente para continuar por su cuenta; la puerta de los tribunales no queda cerrada.
Fiscalía no aprecia trato de favor ni intervención de la concejala
El asunto comenzó a adquirir dimensión pública en marzo de 2026. Lombraña había recibido en 2023 uno de los 47 chalés de protección oficial levantados sobre una parcela municipal de Palencia. Las viviendas, con piscina comunitaria, fueron comercializadas por 157.320 euros y construidas después de que el Ayuntamiento vendiera en 2019 el solar por unos 1,89 millones de euros. Por entonces gobernaba el consistorio una coalición de Ciudadanos y PP y Lombraña formaba parte del equipo municipal.
La coincidencia temporal alimentó las sospechas. Pero una cosa es una circunstancia políticamente llamativa y otra, bastante distinta, demostrar un delito. Ese es precisamente el muro que la investigación fiscal no ha conseguido atravesar.
Según el decreto conocido el 24 de septiembre de 2026, en el expediente municipal no consta que Lombraña participara en los trámites o decisiones relativas a la venta de la parcela. Tampoco aparece como fundadora de la cooperativa ni desempeñó un cargo en ella. La sociedad se había constituido en marzo de 2019 y la concejala entró como socia el 6 de agosto de ese año, aportó 3.000 euros y recibió el número 34 como cooperativista. En febrero de 2020 formalizó su adhesión.
Para llegar a esa conclusión, la Fiscalía solicitó documentación al Ayuntamiento de Palencia, la Junta de Castilla y León, la empresa vinculada a la promoción, la cooperativa y el Registro de la Propiedad. Tras revisarla, sostiene que Lombraña participó en la promoción en las mismas condiciones jurídicas que los demás cooperativistas y que no aparecen indicios de que utilizara su posición municipal para obtener la vivienda.
El sorteo de las viviendas estaba en el centro de la polémica
El punto más delicado era el procedimiento utilizado para elegir a los compradores. La Ley 9/2010 del derecho a la vivienda de Castilla y León establece que, con carácter general, la selección de adquirentes de determinadas viviendas protegidas debe realizarse mediante sorteo entre personas inscritas en el Registro Público de Demandantes. Esa regla busca garantizar concurrencia, objetividad, publicidad y transparencia.
En esta promoción no hubo un gran sorteo inicial entre todos los demandantes inscritos. Las viviendas fueron comercializadas y después se celebró un sorteo notarial entre 47 personas que ya se habían incorporado a la cooperativa, destinado a determinar qué inmueble correspondía a cada una. Ahí estaba buena parte de la discusión jurídica.
La condición de cooperativa resulta decisiva
La Fiscalía considera relevante que no se tratara simplemente de una promoción convencional, sino de una cooperativa de viviendas para uso propio. El decreto interpreta conjuntamente la Ley de Vivienda autonómica y su normativa de desarrollo y concluye que este régimen admite un procedimiento específico entre cooperativistas.
Según el razonamiento recogido en la resolución, la regulación contempla distintas fórmulas de selección y permite en este supuesto el sorteo entre quienes integran la cooperativa, que fue justamente el mecanismo aplicado. La Fiscalía no ha encontrado, por tanto, una irregularidad administrativa con entidad suficiente para sostener una investigación penal.
La precisión importa. La legislación establece como regla general el sorteo entre inscritos cuando se accede a vivienda protegida y somete determinados supuestos, entre ellos promociones privadas levantadas sobre suelo cedido o enajenado por una Administración, a los principios de igualdad y transparencia. El archivo, sin embargo, se apoya en la regulación particular aplicada a las cooperativas y en cómo se constituyó y tramitó esta promoción concreta.
Qué significa realmente que el decreto sea irrecurrible
Aquí el lenguaje jurídico puede jugar una pequeña mala pasada. Que el decreto de la Fiscalía sea irrecurrible no significa que el asunto haya recibido una resolución judicial definitiva ni que exista una sentencia absolutoria.
Las diligencias de investigación de Fiscalía son actuaciones previas al proceso judicial. En este caso, el Ministerio Público considera que no existen elementos suficientes para apreciar los delitos denunciados y decreta el archivo de sus actuaciones. Al mismo tiempo, deja constancia de que los interesados pueden acudir a la vía judicial.
Es una diferencia más que semántica. No cabe un recurso ordinario contra ese decreto para conseguir que un tribunal lo revoque directamente, pero los denunciantes conservan la posibilidad de presentar los hechos ante un juez. Sería entonces el órgano judicial quien tendría que decidir si procede abrir diligencias.
Por eso conviene evitar dos lecturas extremas. El decreto no acredita que existiera una adjudicación delictiva, porque precisamente concluye que no se han encontrado elementos para sostenerla; pero tampoco tiene la fuerza de una sentencia judicial firme.
La declaración de bienes queda fuera de este archivo
El expediente tiene todavía otra capa que no debe mezclarse con la adjudicación de la vivienda. Cuando el caso salió a la luz se conoció que el chalé, entregado en abril de 2023, no figuraba en la declaración patrimonial de Lombraña de junio de ese mismo año. En aquel documento aparecía una cuenta bancaria con 7.000 euros, pero no la vivienda.
Fiscalía no entra en esa omisión dentro del análisis que conduce al archivo de las denuncias sobre la adjudicación. Su decreto se refiere únicamente a una declaración posterior, de 2024, en la que sí figuraba la vivienda.
Y precisamente esa declaración de 2024 originó otra denuncia del Ayuntamiento de Palencia por las circunstancias de su presentación. El documento manuscrito aparece fechado el 21 de julio de 2024, que fue domingo, y su recepción fue certificada con firma manuscrita de la entonces secretaria municipal sin constar firma electrónica. Ese episodio constituye un frente distinto y no queda resuelto por el archivo relativo al acceso al chalé protegido.
La secretaria municipal fue posteriormente cesada y una resolución judicial ordenó su readmisión. También aquí resulta conveniente separar planos: una controversia sobre la declaración patrimonial y su tramitación administrativa no convierte por sí sola en irregular la adjudicación de la VPO, ni el archivo de esta última resuelve automáticamente cualquier discusión sobre aquella documentación.
Un archivo penal que aclara el núcleo del caso
La fotografía que queda después de meses de diligencias es bastante más precisa. Laura Lombraña obtuvo un chalé protegido dentro de una promoción de 47 viviendas levantadas en un solar municipal mientras ella formaba parte del Gobierno local. Ese contexto provocó las denuncias y llevó a Fiscalía a recabar documentación para comprobar qué había ocurrido.
La investigación, sin embargo, no ha encontrado pruebas de que interviniera en la venta del terreno, manipulase el procedimiento o utilizase su cargo para favorecerse. También considera que no constan irregularidades en el expediente administrativo de la promoción y la adjudicación. Sobre esa base descarta indicios suficientes de prevaricación y tráfico de influencias y archiva las actuaciones.
Queda así una distinción esencial: una polémica política o administrativa no se transforma automáticamente en responsabilidad penal. Fiscalía ha cerrado su investigación sobre la adjudicación, mientras los denunciantes conservan la posibilidad de llevar el asunto ante un juez si consideran que existen razones para continuar por esa vía.












