Perú: asesinan a un candidato tras amenazas previas

La muerte de Gilbert Infante sacude la campaña de Perú y retrata un proceso electoral cruzado por amenazas, miedo y violencia política cruda.

Perú ha entrado de golpe en una zona gravísima de su campaña electoral. Gilbert Infante, candidato a la Cámara de Diputados por el partido Fe en el Perú, fue asesinado en la noche del martes 24 de marzo en Chorrillos, en Lima, cuando salía de una actividad política de su formación. La versión difundida por Álvaro Paz de la Barra, candidato presidencial del partido, sostiene que el ataque fue de una violencia extrema, con golpes propinados “a ladrillazos”, y que Infante murió después en el Hospital Casimiro Ulloa, en Miraflores, tras haber quedado gravemente herido. No era un incidente confuso, ni un accidente, ni un rumor de campaña: el propio partido lo presentó desde el primer minuto como un asesinato y como la culminación de una cadena previa de amenazas.

El crimen no llega en cualquier momento. Estalla a pocas semanas de las elecciones generales del 12 de abril de 2026, unas elecciones especialmente delicadas porque en ellas Perú elegirá presidente, vicepresidentes, senadores, diputados y representantes al Parlamento Andino, con el añadido de que el país volverá a un Congreso bicameral después de décadas. En otras palabras: no ha sido asesinado un aspirante cualquiera en un margen sin importancia, sino un candidato en pleno proceso electoral, cuando el sistema debería estar concentrado en garantizar discusión pública, voto informado y seguridad básica. Lo que ya estaba siendo una campaña cargada de miedo, inseguridad y promesas de mano dura acaba de cruzar una línea muy seria.

Lo que ocurrió en Chorrillos

Según el relato de Paz de la Barra a medios peruanos, Gilbert Infante había salido de un acto partidario y se dirigía a reunirse con personas que habían acompañado a la formación en el entorno del debate presidencial celebrado esa misma noche. El líder de Fe en el Perú aseguró que no supo con certeza lo ocurrido hasta la madrugada, cuando recibió la confirmación por parte de la esposa y de la familia del candidato. Ahí aparece el primer detalle duro, casi áspero de leer: el partido sostiene que Infante fue atacado cuando ya dejaba atrás la escena política visible del día, fuera de focos, fuera del plató, en ese tramo de calle donde una campaña se vuelve algo mucho más frágil y mucho menos glamuroso. En la política real, la de verdad, muchos candidatos caminan casi a la intemperie.

El propio Paz de la Barra añadió que, tras la agresión, Infante fue llevado primero a una posta donde, según su versión, no llegó a ser atendido, y después trasladado al Hospital Casimiro Ulloa, donde finalmente falleció. Ese recorrido médico tendrá que ser aclarado con todo el detalle que haga falta, porque en un caso así importa tanto la autoría del ataque como la secuencia posterior: qué atención recibió, en qué tiempos, en qué condiciones. De momento, lo firme es que el candidato terminó muriendo horas después del asalto y que el hecho ha pasado de ser una denuncia partidaria a convertirse en un asunto de impacto nacional. La Presidencia de la República trasladó públicamente sus condolencias y recordó que el caso está ya bajo investigación.

No es un matiz menor que todo ocurriera en Chorrillos, uno de esos distritos limeños donde la política de proximidad, la inseguridad y la vida de calle conviven a pocos metros. Allí la campaña no se parece al escaparate impecable de un gran mitin televisado. Se parece más al ruido del tráfico, a una reunión improvisada, a simpatizantes dispersándose tarde, a trayectos cortos que pueden convertirse de pronto en una emboscada. Infante no estaba protegido por la coraza que suele rodear a los nombres realmente grandes de una presidencial. Era un candidato de lista, de territorio, de presencia física, de contacto directo. Y justamente por eso su asesinato retrata con crudeza el nivel de exposición en el que se mueve una parte entera de la política peruana.

Las amenazas previas que ya estaban sobre la mesa

Lo que vuelve el caso todavía más inquietante es que las amenazas previas no aparecieron después del crimen como una coartada improvisada, sino como un elemento que el partido ya venía mencionando en privado y que Paz de la Barra decidió hacer público tras la muerte de su candidato. En su relato, Gilbert Infante le había mostrado mensajes intimidatorios y le había contado que era seguido desde hacía días, incluso desde hacía un par de semanas, después de actividades políticas. El dirigente afirmó también que a su candidato le habían advertido que no lo matarían con arma de fuego, sino de una forma especialmente cruel, “para que sufriera”. Es una formulación espantosa, sí, pero es la que el partido ha puesto sobre la mesa y la que convierte el homicidio en algo más grave que un simple ataque callejero aislado.

Paz de la Barra sostuvo además que otros miembros del equipo habían recibido presiones parecidas. Habló incluso de otro candidato de la zona de San Juan de Lurigancho y de amenazas extendidas a familiares. En paralelo, señaló que esos hechos no habían sido denunciados ante la Policía Nacional del Perú. Ese dato abre una grieta incómoda. Por un lado, dibuja el miedo real que puede llevar a un entorno político a callar cuando siente que el peligro es serio. Por otro, deja al descubierto una carencia institucional obvia: si las amenazas no se formalizan, el Estado llega todavía más tarde y la trazabilidad del riesgo se vuelve casi inexistente. El resultado, en este caso, ha sido devastador.

Hay otro detalle relevante que a veces se pierde en el ruido: la seguridad era una bandera central en el discurso de Fe en el Perú. El propio partido hablaba de un equipo vinculado a la “pacificación” del país, y el entorno de Paz de la Barra llevaba días colocándose en el eje más duro del debate electoral, con recetas de mano firme frente a la criminalidad. La ironía es brutal. Un partido que buscaba proyectarse como respuesta al miedo termina golpeado por el miedo en su forma más desnuda. No en una encuesta, no en una tertulia, no en una consigna. En la calle y con un muerto.

Quién era Gilbert Infante en esta campaña

Gilbert Infante no era uno de los rostros nacionales de la elección, y justamente ahí está una parte esencial de la historia. Se presentaba a la Cámara de Diputados con el número 25 en la lista de Fe en el Perú. No era el candidato presidencial, no era una figura blindada por el dispositivo que rodea a las primeras espadas, no era una celebridad política. Era, más bien, uno de esos nombres que sostienen una campaña desde abajo, con actos pequeños, trabajo territorial, reuniones discretas y exposición permanente. Cuando un asesinato político alcanza a un perfil así, el mensaje que deja no es el de un golpe simbólico a una élite visible, sino el de una vulnerabilidad extendida. Cualquiera que haga campaña fuera del gran escaparate entiende de inmediato lo que eso significa.

Ese punto importa todavía más si se compara con la protección anunciada para la parte alta del tablero. El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, declaró hace unos días que todos los candidatos presidenciales contaban con seguridad personal y con acciones de inteligencia para resguardar tanto a los aspirantes como a los eventos electorales, en especial los debates. Es decir, la Policía había puesto el foco de protección en el nivel presidencial, algo lógico en parte, pero eso también deja al descubierto una diferencia práctica muy clara: los candidatos territoriales, parlamentarios o de menor perfil pueden quedar mucho más expuestos. No hace falta adornarlo. La fotografía es esa.

En ese sentido, el asesinato de Infante funciona como una radiografía bastante cruel de la campaña peruana. Mientras la primera línea electoral discute en estudios y centros de convenciones, el segundo escalón se mueve por barrios, plazas, locales improvisados y desplazamientos cortos donde la seguridad depende más de la suerte que de un protocolo sólido. Infante no deja solo una tragedia personal y familiar; deja también una prueba tangible de que la infraestructura de protección política en Perú no se reparte de manera homogénea. Y en campaña esa desigualdad puede volverse letal.

La noche del debate sobre seguridad

La coincidencia temporal no puede pasarse por alto. La muerte de Gilbert Infante se conoce justo en el contexto del ciclo de debates presidenciales organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, celebrado en el Centro de Convenciones de Lima. La segunda jornada, la del 24 de marzo, estuvo centrada precisamente en seguridad ciudadana, lucha contra la criminalidad, integridad pública y corrupción. Y la tercera fecha se reanudó el 25 de marzo, mientras el crimen ya ocupaba espacio central en la conversación pública. La escena parece escrita con una crudeza casi demasiado perfecta: candidatos discutiendo soluciones contra el crimen al mismo tiempo que un aspirante parlamentario es asesinado al salir de una actividad política.

Eso altera el tono de la campaña aunque nadie cambie una sola coma de su programa. Porque desde ese momento las propuestas sobre mano dura, estado de excepción, cárceles, inteligencia o lucha contra las mafias dejan de sonar a repertorio de debate y pasan a medirse contra un hecho concreto. Un candidato muerto. Una familia avisando de madrugada. Un partido denunciando amenazas previas. Y una pregunta tácita, muy incómoda, flotando por encima de todo: si ni siquiera la campaña puede proteger a los suyos, qué credibilidad conserva el discurso de seguridad del conjunto del sistema. El asesinato, en ese sentido, no solo golpea a Fe en el Perú. Salpica a toda la escena electoral.

Una campaña atravesada por la inseguridad

La inseguridad no era un tema secundario en Perú antes del asesinato de Infante. Era, de hecho, uno de los grandes ejes de la campaña. Las propuestas presidenciales vienen girando desde hace semanas alrededor del sicariato, la extorsión, los ataques al transporte y la sensación creciente de que muchas zonas viven bajo una presión criminal constante. De forma casi paradójica, el jefe de la PNP aseguró recientemente que en lo que va de 2026 los homicidios habrían bajado un 9 % y las denuncias por extorsión un 39 %, con base en datos oficiales atribuidos al INEI. Pero esas cifras conviven con una percepción pública muy distinta, alimentada por una sucesión de hechos violentos que no dejan de golpear la actualidad diaria.

En Lima, por ejemplo, los atentados contra empresas de transporte y conductores han seguido ocupando titulares. Los pasajeros desconfían, los gremios protestan, la Policía promete respuestas y el país avanza con esa rara mezcla de normalidad y sobresalto que acompaña a las sociedades fatigadas por el crimen. En paralelo, la violencia ha tocado también a cargos públicos. El asesinato del alcalde de Coviriali, Iroshi Ureta, y el ataque previo contra el alcalde de Los Aquijes, Edward Amoroto, que murió después de varios días de agonía, habían dejado ya la sensación de que la política local y regional peruana se mueve bajo una amenaza nada abstracta. Infante no aparece, por tanto, en un vacío. Aparece en una secuencia.

Ahí está la parte más dura del contexto. La muerte de Gilbert Infante no es solo la noticia de un candidato asesinado en campaña; es también el punto en el que varias líneas ya visibles se cruzan al mismo tiempo. Violencia criminal, fragilidad institucional, candidatos expuestos, amenazas no denunciadas, debates presidenciales monopolizados por la seguridad y una ciudadanía que lleva meses escuchando promesas cada vez más duras. Todo eso ya estaba ahí. Lo que hace este caso es condensarlo en una imagen insoportable: la política convertida en escenario vulnerable, casi desprotegido, justo cuando debería ser el espacio donde un país discute cómo salir del miedo.

También por eso el crimen puede tener un efecto más profundo que el estrictamente penal. Puede endurecer los discursos, empujar todavía más a los candidatos hacia el populismo punitivo, alimentar la idea de que solo una respuesta excepcional sirve ante una violencia desbordada y dejar aún más arrinconadas las posiciones que apelan a instituciones más lentas, más garantistas o menos efectistas. La noche del 24 de marzo ya dejó, de hecho, un debate presidencial volcado en ese repertorio de promesas de castigo y control. La muerte de Infante añade a ese clima una carga emocional y política inmensa. Y sí, en una campaña eso pesa. Mucho.

Lo que cambia de aquí al 12 de abril

Conviene recordar qué se vota exactamente en estas elecciones, porque no es un dato menor. El 12 de abril, los peruanos no elegirán solo presidente y vicepresidentes. Elegirán también un Senado, una Cámara de Diputados y a los representantes del Parlamento Andino, en una cédula con cinco bloques independientes. La ONPE ha explicado que habrá 130 diputados y 60 senadores, la mitad de estos elegidos a nivel nacional y la otra mitad por distritos electorales. Es un proceso más complejo de lo habitual y, además, históricamente relevante, porque marca el retorno de la bicameralidad. Dicho de otro modo: Perú llega a esta cita con una arquitectura institucional más ambiciosa, pero también con una campaña visiblemente más tensa.

En ese marco, el asesinato de un candidato no es un asunto lateral. Afecta a la legitimidad material del proceso, que no depende solo de contar bien los votos, sino de algo mucho más elemental: que los candidatos puedan hacer campaña, desplazarse, reunirse y regresar a casa sin jugarse la vida en cada acto. La democracia no empieza cuando se cierra el colegio electoral. Empieza antes, en la calle, en el trayecto, en la plaza, en la reunión de barrio, en la mínima garantía de que la competencia política se desarrolla sin coacción mortal. Cuando eso falla, el daño no se limita al partido golpeado. Se extiende al sistema entero.

Además, el caso puede alterar la percepción sobre el propio dispositivo de seguridad electoral. Si la PNP venía subrayando la protección especial a los candidatos presidenciales y a los grandes eventos, la muerte de Infante pone el foco exactamente en el espacio intermedio que muchas veces queda menos cubierto: los actos partidarios de menor escala, los recorridos locales, los candidatos legislativos, los equipos territoriales. Es el agujero por donde suele colarse la realidad. No el gran mitin televisado, sino el desplazamiento posterior. No el líder con escolta, sino el cuadro medio. Ahí es donde este asesinato golpea con más fuerza.

La reacción institucional, por ahora, se ha movido en el plano de las condolencias y de la investigación en curso. Es lógico, pero no basta para disipar el impacto político. Porque la campaña peruana ya ha cambiado de tono aunque mañana mismo no haya ningún giro judicial relevante. La imagen ya está instalada: un candidato asesinado, un partido denunciando que había advertencias previas y un proceso electoral que entra en su recta decisiva con el fantasma de la violencia política sentado a la mesa. La discusión pública en Perú, a partir de aquí, tendrá que cargar con ese peso.

Lo que todavía falta por aclarar

A día de hoy hay algo que conviene separar con claridad: los hechos ya conocidos y las hipótesis todavía abiertas. Lo conocido es robusto. Gilbert Infante fue asesinado la noche del 24 de marzo en Chorrillos; salía de una actividad política; su partido sostiene que había sido amenazado; el ataque fue descrito por Paz de la Barra como especialmente cruel; murió después en el Hospital Casimiro Ulloa; y el caso está siendo investigado por las autoridades. Lo que todavía no está cerrado es la autoría, el móvil exacto y el grado de conexión entre las amenazas denunciadas y el ataque consumado. Ese tramo exige prudencia. No menos firmeza, pero sí prudencia.

Queda por esclarecer, por ejemplo, quiénes lo seguían, si hubo vigilancia previa documentada por cámaras o testigos, si el asesinato tuvo una motivación estrictamente política, si responde a una lógica de intimidación mafiosa, si había antecedentes formales que no trascendieron o si el partido se movía solo con alertas informales entre sus propios cuadros. También deberá aclararse con precisión el recorrido asistencial de la víctima y la eventual relevancia de los tiempos de atención. Todo eso no es detalle accesorio: es la diferencia entre una historia contada a grandes rasgos y una investigación completa de verdad.

Lo razonable, por tanto, es no inflar teorías antes de tiempo. Pero tampoco conviene rebajar lo ocurrido a la espera de una sentencia. Ya hay suficiente material confirmado para afirmar que la campaña peruana ha sufrido un golpe directo. Había amenazas denunciadas públicamente por el partido, hubo un ataque letal al salir de un acto político y la víctima murió pocas horas después. Con esos tres elementos, el caso deja de ser una nota policial más y se convierte en una crisis política de primer orden dentro de estas elecciones. Nada menor. Nada rutinario. Nada que pueda despacharse con un pésame protocolario y un par de frases de circunstancia.

El crimen que cambió el tono de la campaña

La muerte de Gilbert Infante deja una herida muy concreta en Fe en el Perú, pero su alcance es bastante más amplio. Golpea a una campaña que ya estaba dominada por la seguridad ciudadana, por el miedo a la extorsión, por el auge de los discursos de mano dura y por la percepción de que buena parte del Estado corre detrás de los acontecimientos. Golpea también al propio debate público, porque obliga a dejar de hablar de la inseguridad como un concepto abstracto. Desde esta semana, en Perú la inseguridad electoral tiene nombre, apellidos, distrito, hospital y una madrugada de llamadas familiares. Tiene cuerpo.

El 12 de abril seguirá habiendo urnas, cédulas con cinco bloques, candidatos presidenciales, listas para el nuevo Senado y para la Cámara de Diputados. Todo eso sigue en pie. Pero ya no se votará en el mismo clima que hace unos días. El asesinato de un candidato en plena campaña altera la temperatura de cualquier democracia, y más aún en un país donde la criminalidad se ha convertido en el centro del lenguaje político. Perú entra en la recta final de sus elecciones con una campaña herida, con más preguntas que certezas y con una evidencia imposible de maquillar: la violencia ya no solo rodea la política; ha conseguido golpearla por dentro.