¿Qué le pasa al juez Peinado y por qué se le complica todo?

Peinado mantiene viva la causa contra Begoña Gómez, pero entra en abril entre reveses, dudas de fondo y la vigilancia del CGPJ y del Supremo

Juan Carlos Peinado no ha perdido el caso Begoña Gómez, pero llega a este tramo con menos margen, menos autoridad incontestada y más focos encima. La causa sigue abierta, Begoña Gómez continúa investigada, igual que su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, y el magistrado ha vuelto a fijar para el 1 de abril de 2026 la comparecencia en la que pretende encarrilar otra vez la vía del jurado popular. El asunto, por tanto, no está muerto. Lo que sí se ha ido estrechando es otra cosa: la solidez con la que Peinado había logrado presentar cada movimiento como un paso firme hacia una acusación clara. En los últimos meses ha acumulado correcciones de la Audiencia de Madrid, un revés muy serio del Tribunal Supremo en su intento de implicar a Félix Bolaños y, desde esta misma semana, una investigación disciplinaria que el CGPJ se ha negado a cerrar de inmediato.

Eso es lo que ha cambiado de verdad. Hace no tanto, el relato dominante era el de un juez que iba ensanchando el cerco sobre el entorno de Pedro Sánchez a base de diligencias, citaciones y nuevas derivadas. Ahora el paisaje es más áspero para él. La instrucción continúa, sí, pero va dejando a su paso autos anulados, reproches por falta de motivación, quejas por el modo de interrogar y sospechas de que en algunos tramos ha querido estirar la causa más de lo que los indicios permitían. No es una caída limpia ni un derrumbe total; tampoco una marcha triunfal. Es una investigación viva, muy politizada y judicialmente incómoda, en la que el instructor conserva el timón pero ya navega con el casco golpeado.

De un cerco político a un problema procesal

Para entender el momento actual hay que recordar una idea básica: Peinado abrió diligencias en abril de 2024 a partir de la denuncia de Manos Limpias, y desde entonces la causa ha ido creciendo hasta convertirse en una de las piezas judiciales con mayor impacto político de España. Empezó con sospechas ligadas al tráfico de influencias y a la corrupción en los negocios; más tarde fueron entrando la malversación, la apropiación indebida y el intrusismo profesional. La investigación se ha apoyado en dos grandes bloques. Uno, la actividad de Begoña Gómez en relación con la Universidad Complutense, la cátedra de Transformación Social Competitiva y el software vinculado a ese entorno. Otro, el papel de Cristina Álvarez, asesora contratada en Presidencia y presuntamente dedicada también a cuestiones privadas relacionadas con Gómez. Es un sumario ancho, mutante, lleno de pliegues. Y precisamente ahí, en esa anchura, han empezado a aparecer los mayores problemas para el juez.

Durante muchos meses, cada novedad reforzaba una impresión muy concreta: que Peinado estaba logrando acorralar políticamente a la esposa del presidente y, por extensión, convertir el caso en una hemorragia constante para La Moncloa. Esa percepción tuvo una base real. Hubo citaciones, imputaciones, informes, nuevas líneas de pesquisa y un goteo permanente de decisiones judiciales capaces de colonizar el debate público. Pero una cosa es el desgaste político y otra, bastante más seria, la resistencia jurídica de cada paso. Y en eso, en la consistencia procesal, empezaron a sonar las primeras alarmas con fuerza. Porque la Audiencia Provincial no ha discutido solo pequeños detalles. En varias resoluciones ha entrado al nervio del asunto: la justificación de las diligencias, la delimitación de los hechos, la proporcionalidad de algunas medidas y la existencia de indicios suficientes contra determinadas personas.

La maniobra del jurado y el frenazo de la Audiencia

El episodio que mejor resume el momento de Peinado es seguramente el del jurado popular. En septiembre de 2025, el juez informó a Begoña Gómez de su intención de enviar la causa por malversación a un procedimiento ante jurado. Aquella jugada tenía una evidente carga procesal, pero también una enorme potencia simbólica: colocaba la investigación a un paso más visible del juicio y reforzaba la idea de que el magistrado veía base suficiente para seguir avanzando. Después vino la revisión de la Audiencia Provincial de Madrid, y ahí el edificio empezó a crujir. El tribunal anuló la decisión en febrero de 2026 y lo hizo con una crítica nada menor: reprochó al instructor una “falta de fundamentación” y le afeó no haber hecho ni siquiera un “mínimo esfuerzo argumentativo” al delimitar los hechos y la base incriminatoria. No fue una caricia jurídica. Fue un aviso seco.

La Audiencia no dijo que Peinado no pudiera seguir investigando ni que la causa debiera archivarse de inmediato. Dijo algo distinto, y quizá más incómodo: que no bastaba con empujar el procedimiento hacia una fase más avanzada sin concretar bien qué hechos, qué indicios y qué recorrido penal había detrás. Ese matiz cambia bastante las cosas. Porque el juez mantuvo la iniciativa durante meses a golpe de expansión, pero el tribunal superior le recordó que en una instrucción penal no vale con acumular sospechas, correos, testimonios y nombres propios; hay que ordenar todo eso con una lógica incriminatoria reconocible. Y cuando la Audiencia te devuelve la pelota con ese mensaje, el problema ya no es solo el fondo de la investigación, sino la manera en que la estás construyendo.

Peinado, eso sí, no se ha rendido. El 20 de marzo de 2026 dictó una nueva resolución, esta vez de 47 páginas, para volver a transformar las diligencias y proponer otra vez que la causa se sustancie por la Ley del Jurado. Al mismo tiempo citó de nuevo a Begoña Gómez, Cristina Álvarez y Juan Carlos Barrabés para el 1 de abril. La maniobra tiene una lectura doble. Por un lado, demuestra que el juez sigue convencido de que conserva base suficiente para mantener la investigación y llevarla hacia una fase más definida. Por otro, revela que el primer intento había sido demasiado endeble y que necesitaba un auto mucho más elaborado para no tropezar otra vez en la misma piedra. No ha cambiado el empeño del instructor; ha cambiado la necesidad de justificarlo mejor. Y ese cambio ya dice bastante sobre la situación en que se encuentra.

Cuando los autos superiores le dicen hasta dónde puede llegar

En realidad, la Audiencia lleva meses marcándole el perímetro. En diciembre de 2025, por ejemplo, avaló que siguiera investigando a Begoña Gómez y a Cristina Álvarez por malversación, al considerar que las conductas descritas por el instructor podían encajar, en ese momento procesal, en esa figura penal. Ese respaldo fue importante para Peinado porque le permitió sostener una de las derivadas más delicadas del caso: la supuesta utilización de recursos públicos a través del trabajo de la asesora en tareas ajenas a lo estrictamente institucional. Pero casi al mismo tiempo, ese mismo entorno judicial le propinó otros correctivos: revocó su orden de analizar los correos de Begoña Gómez por falta de justificación suficiente y por no respetar, según el tribunal, los principios de proporcionalidad, necesidad e idoneidad. Es decir, la Audiencia no le ha desmontado todo, pero sí le ha ido poniendo semáforos y barreras muy concretas.

Ese patrón se repite una y otra vez. El caso sigue vivo, pero el juez ya no puede moverse como si cada iniciativa quedara blindada por el simple hecho de haberla dictado. Le corrigen unas cosas, le dejan otras, le devuelven algunas para rehacerlas y le cierran determinadas puertas. De ahí nace la sensación de que ha pasado de ser el magistrado que imponía el ritmo a convertirse en el magistrado al que le revisan el paso con una lupa mucho más severa. No es una cuestión estética. Es una mutación sustantiva: el foco ya no cae solo sobre la investigada, también cae sobre la forma en que el instructor está llevando el sumario. Y eso, para un juez que convirtió cada avance en un gesto de autoridad, pesa bastante más de lo que parece.

Bolaños, Moncloa y el portazo del Supremo

Si hay un episodio que ha perseguido a Peinado hasta hoy, es el de Félix Bolaños. En abril de 2025, el juez se desplazó a La Moncloa para tomar declaración al ministro como testigo en la pieza relativa a la contratación de Cristina Álvarez. Aquel interrogatorio se convirtió desde el primer minuto en un choque institucional de alto voltaje. Bolaños había defendido la posibilidad de declarar por escrito, al tratarse de hechos vinculados a su cargo, pero el instructor rechazó esa vía. La declaración fue tensa, bronca por momentos, con reproches por las respuestas del ministro y con una atmósfera que se alejó mucho de la imagen de testifical neutra que suele asociarse a estos casos. Bolaños denunció después actuaciones “absolutamente anómalas”, y esa frase, lejos de apagarse, ha terminado instalándose en el corazón del problema disciplinario que hoy rodea a Peinado.

La tensión no se quedó ahí. Más tarde, el juez elevó una exposición razonada al Tribunal Supremo para que investigara a Bolaños por malversación y falso testimonio. Era una jugada de enorme calibre político: el instructor trataba de llevar la causa directamente a un ministro aforado y, con ello, acercarla aún más al núcleo del Ejecutivo. El resultado fue un revés durísimo. El Supremo archivó la exposición y dejó escrito que existía una “absoluta ausencia de cualquier indicio mínimamente fundado” contra el ministro. Añadió, además, que no había una imputación suficientemente individualizada, que el mero hecho de ocupar un cargo público no permite atribuir automáticamente una malversación y que el juzgado ni siquiera había oído previamente al Ministerio Fiscal antes de enviar el asunto al alto tribunal. No fue solo un no. Fue un no acompañado de una desautorización muy seria sobre el soporte indiciario y el método empleado.

Ese auto del Supremo cambió mucho más que una derivada del caso. Porque cuando la Sala Penal te dice que no ve el más mínimo respaldo para actuar contra un aforado, lo que se resiente no es únicamente esa línea concreta; se resiente el crédito del instructor cuando intenta proyectar la causa hacia arriba, hacia el Gobierno. Y eso se vio poco después en otro episodio decisivo. La Audiencia Provincial de Madrid corrigió a Peinado y ordenó desimputar al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, al concluir que no existía “el más mínimo indicio” de que hubiera participado en una malversación vinculada a la contratación de la asesora. Martín había declarado ya ante el juez y el impacto mediático de aquella imputación había sido enorme. Pero el tribunal superior le recordó que no había base suficiente para haber llegado hasta ahí. En pocas palabras: los dos grandes intentos de elevar la diana hacia responsables del entorno gubernamental acabaron chocando con una pared judicial.

Un interrogatorio que todavía le persigue

La historia de Bolaños no se agotó con el portazo del Supremo. El ministro presentó dos quejas ante el CGPJ por el modo en que fue tratado durante aquel interrogatorio y por la posterior actuación del juez. El promotor de la acción disciplinaria, Ricardo Conde, propuso archivarlas, pero la Comisión Permanente del Consejo decidió el 24 de marzo de 2026 devolver esas diligencias para que se completaran y seguir indagando. La decisión fue unánime, y eso no es un detalle menor en un órgano donde las sensibilidades internas cuentan. El CGPJ no ha sancionado a Peinado, ni mucho menos, pero tampoco ha querido comprar la tesis de que las quejas carecen ya de recorrido. Ha preferido mirar más. Y cuando el órgano de gobierno de los jueces decide que todavía faltan datos para cerrar el caso, el mensaje es bastante claro: la conducta del magistrado sigue bajo examen.

A esto se suma otra diligencia informativa abierta por una presunta filtración relacionada con el caso Begoña Gómez, a raíz de una queja sobre la difusión en prensa del contenido de una providencia antes de su salida oficial del juzgado. En paralelo, el CGPJ sí tomó conocimiento del archivo de cuatro quejas de particulares contra Peinado, algunas basadas en su actuación en la causa y otras en cuestiones ajenas a su función jurisdiccional. El dibujo, por tanto, no es el de un juez formalmente condenado por el Consejo, pero tampoco el de un juez blindado. Tiene asuntos archivados, sí, pero mantiene dos frentes disciplinarios delicados: el de Bolaños y el de la filtración. Y eso, en medio de una instrucción ya de por sí abrasiva, añade una presión institucional nada menor.

La causa que sigue viva: Begoña Gómez, Cristina Álvarez y Barrabés

Con tanto ruido alrededor de Peinado, a veces se pierde de vista que la causa principal no se ha evaporado. A día de hoy, el juez sigue investigando a Begoña Gómez por distintas posibles irregularidades relacionadas con su actividad profesional y con el aprovechamiento presunto de su posición institucional. También mantiene bajo investigación a Cristina Álvarez, cuya contratación y funciones en Presidencia se han convertido en uno de los centros del caso, y a Juan Carlos Barrabés, el empresario que aparece en la causa por su relación con el entorno académico y profesional de Gómez. Ese triángulo continúa siendo el núcleo efectivo del procedimiento. Quien afirme que Peinado se ha quedado con las manos vacías describe más un deseo o una simplificación que el estado real del sumario.

Lo que sí ha ocurrido es que el juez ha tenido que ir soltando piezas que parecían importantes. Judit Alexandra González, secretaria general de Presidencia, fue imputada y luego el propio Peinado archivó la causa contra ella tras oírla. Francisco Martín también salió de la investigación por orden de la Audiencia. Y algunos movimientos orientados a penetrar con más fuerza en el funcionamiento de La Moncloa, como la petición de analizar los correos de Begoña Gómez, fueron desactivados por falta de justificación suficiente. Así que el tablero se ha ido aclarando en un sentido muy concreto: queda el corazón del caso, pero se han deshinchado o corregido varias derivadas que apuntaban más directamente al aparato institucional del Gobierno. No es poca cosa. Porque el relato inicial del cerco se apoyaba precisamente en esa capacidad de irradiación hacia cargos públicos cada vez más altos.

Otro frente que ha pesado en esta última fase es el de Air Europa. La Fiscalía de Madrid acusó en enero de 2026 al magistrado de intentar “engordar” una causa ya muy voluminosa al volver sobre el rescate de la aerolínea, una línea que la Audiencia había cerrado varias veces por falta de indicios y por apoyarse en meras conjeturas. El reproche fue especialmente severo porque no se limitó a discrepar: habló de una “investigación encubierta” y de una decisión improcedente. En la práctica, la Fiscalía vino a sostener que Peinado estaba tanteando de nuevo una puerta que sus superiores le habían cerrado. Y eso alimentó una crítica que acompaña al juez desde hace tiempo: la idea de que, en algunos tramos, su instrucción ha rozado o ha cruzado el terreno de la investigación prospectiva, esa fórmula con la que se alude a buscar algo por si acaso, más que a investigar hechos delimitados con indicios previos suficientes.

Aquí está una de las claves profundas del caso. La discusión ya no gira solo sobre si Begoña Gómez hizo o no hizo algo penalmente relevante. Gira también sobre si el instructor ha ido construyendo la causa de forma proporcionada y jurídicamente robusta. Las defensas llevan tiempo denunciando que no; la Fiscalía ha lanzado varias advertencias en la misma dirección; la Audiencia le ha corregido decisiones concretas; y el Supremo, en el episodio de Bolaños, dejó un auto que pesa como una losa. No significa que todo el procedimiento sea inválido. Significa que cada vez resulta más difícil separar el debate sobre los hechos del debate sobre cómo se están investigando esos hechos. Y cuando esa mezcla se instala, el juez deja de ser solo árbitro de la escena y pasa a convertirse en uno de sus protagonistas.

Lo que se juega Peinado en las próximas semanas

La fecha del 1 de abril no resolverá por sí sola el futuro del caso, pero sí puede retratar muy bien en qué punto está su instructor. Si la nueva resolución de 47 páginas consigue sostener mejor la vía del jurado, Peinado habrá salvado una pieza importante de su estrategia y podrá decir que la Audiencia le obligó a corregir, no a renunciar. Si vuelve a tropezar, el golpe será mayor, porque confirmaría que el problema no era un defecto puntual de motivación sino una debilidad más estructural en la manera de encajar penalmente lo que investiga. No es una cita cualquiera; es una prueba de resistencia para el propio juez. Y en política judicial, a veces eso pesa casi tanto como el fondo del sumario.

Peinado llega a esa estación con un dato a favor y varios en contra. A favor, que la causa sigue en pie y que conserva capacidad para ordenar diligencias y mantener a los principales investigados dentro del procedimiento. En contra, que ya no puede presentar sus movimientos como si fueran autosuficientes. Tiene detrás una Audiencia que le ha respaldado en algunos puntos, pero también le ha parado otros con dureza; una Fiscalía que le discute abiertamente la expansión del caso; un Supremo que le desbarató el intento de llegar a un ministro; y un CGPJ que no ha querido cerrar de un plumazo las quejas más serias. Es una posición extraña: formalmente fuerte porque sigue al mando, materialmente erosionada porque casi cada gran paso viene acompañado de un correctivo, una sospecha o una advertencia.

Un juez que sigue mandando, pero ya no domina el relato

La imagen más ajustada de Juan Carlos Peinado a finales de marzo de 2026 no es la del juez victorioso que está a un paso de desmontar al Gobierno, ni la del magistrado desactivado al que no le queda nada entre las manos. Es la de un instructor que abrió una causa de enorme impacto, la ensanchó hasta convertirla en un problema político de primera magnitud y ahora intenta sostenerla mientras los tribunales superiores y el CGPJ le obligan a justificar casi cada palmo de terreno. El caso Begoña Gómez sigue vivo. Eso es cierto. Pero también lo es que el crédito de su conductor ya no sale intacto de cada curva. Y en una instrucción tan mediatizada, ese desgaste importa mucho. Porque el poder de un juez no depende solo de firmar resoluciones; depende también de que esas resoluciones aguanten cuando otros jueces las miran de cerca.

Peinado conserva la causa, pero ya no conserva la misma posición de fuerza simbólica. Antes, cada novedad parecía estrechar el cerco sobre Begoña Gómez y golpear al Ejecutivo. Ahora, cada novedad obliga también a preguntar qué parte del procedimiento resistirá el siguiente recurso, la siguiente revisión o el siguiente examen disciplinario. Ahí está la clave de estos últimos meses. No se ha quedado sin nada, pero sí ha pasado de parecer un juez que empujaba la historia a ser un juez que debe defender constantemente cómo la está empujando. Y eso, en los tribunales, es una forma muy seria de complicarse.