¿Qué países endurecen medidas contra colonias israelíes y por qué?

España y otros once países han elevado la presión sobre el Gobierno de Israel por la expansión de los asentamientos en Cisjordania y la violencia de colonos, con una declaración conjunta que abre la puerta a restricciones comerciales nacionales y europeas sobre los productos procedentes de esas colonias. No se trata de un embargo general contra Israel. El objetivo es bastante más preciso: separar económicamente el territorio reconocido internacionalmente como israelí de los asentamientos construidos más allá de las líneas de 1967.

La declaración está firmada por España, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Islandia, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido y Suecia. Los doce gobiernos sostienen que las actuaciones israelíes en Cisjordania están debilitando la posibilidad de crear un Estado palestino viable junto a Israel y señalan especialmente la expansión de los asentamientos, el aumento de la violencia de colonos y las nuevas licitaciones relacionadas con el polémico proyecto E1, al este de Jerusalén.

La diferencia respecto a muchas condenas diplomáticas anteriores está en una palabra bastante menos ceremonial: comercio. Varios de estos países están trasladando al terreno económico una posición que durante años se había expresado sobre todo mediante comunicados, resoluciones y protestas. La diplomacia tiene fama de medir las comas; las aduanas, en cambio, terminan midiendo cajas, facturas y códigos postales.

Doce países endurecen su posición ante Israel

El comunicado confirma la intención de los firmantes de introducir restricciones nacionales, respaldar medidas europeas sobre el comercio con los asentamientos o estudiar activamente esas opciones. Hay diferencias importantes, eso sí. Reino Unido, Francia y Canadá han avanzado hacia medidas nacionales destinadas a impedir el comercio de productos procedentes de los asentamientos, mientras otros gobiernos se encuentran en distintas fases políticas o legislativas.

Sería incorrecto, por tanto, presentar la declaración como un embargo simultáneo aprobado por los doce países. Comparten una dirección política, pero no necesariamente el mismo instrumento ni el mismo calendario. El movimiento resulta relevante precisamente porque amplía el grupo de aliados occidentales de Israel dispuestos a vincular la crítica diplomática con consecuencias económicas concretas.

La declaración también menciona medidas adoptadas anteriormente por varios países europeos. La novedad no está tanto en inventar una política comercial desde cero como en extenderla y convertirla en una respuesta internacional más coordinada frente a la expansión de los asentamientos israelíes.

España ya prohíbe productos de los asentamientos

En el caso español, la discusión empezó antes. España aprobó en 2025 una prohibición sobre la importación de productos originarios de los asentamientos israelíes situados en territorio palestino ocupado. La medida fue incorporada a la legislación española y posteriormente respaldada en el Congreso.

Su aplicación tampoco quedó en una declaración genérica. Las autoridades aduaneras necesitan conocer la localidad y el código postal de origen de determinadas mercancías declaradas como israelíes para comprobar si proceden de un asentamiento. España dispone de un sistema de identificación territorial destinado precisamente a efectuar esa distinción.

En términos prácticos, una mercancía fabricada dentro de las fronteras internacionalmente reconocidas de Israel y otra producida en una colonia de Cisjordania no reciben necesariamente el mismo tratamiento. Ahí está el fondo jurídico del asunto: las restricciones no buscan bloquear indiscriminadamente el comercio israelí, sino diferenciar Israel de los territorios ocupados.

E1, el proyecto que vuelve a encender las alarmas

La declaración de los doce ministros concede especial importancia al proyecto E1, una zona situada entre Jerusalén Este y el asentamiento de Maale Adumim. Israel ha impulsado planes residenciales en ese enclave, una decisión criticada repetidamente por gobiernos europeos y otros socios occidentales.

E1 lleva décadas apareciendo y desapareciendo del tablero diplomático porque su ubicación tiene un peso geográfico enorme. Una expansión residencial israelí de gran escala en esta zona dificultaría la continuidad territorial palestina entre el norte y el sur de Cisjordania y complicaría todavía más la conexión de Jerusalén Este con un eventual Estado palestino.

Dicho sin mapas llenos de líneas y colores: no todos los asentamientos producen el mismo efecto territorial. E1 se encuentra precisamente en uno de esos lugares donde unos pocos kilómetros pueden alterar el dibujo de una futura frontera. Por eso gobiernos con posiciones distintas sobre otros aspectos del conflicto coinciden desde hace años en considerar especialmente delicado el desarrollo urbanístico de E1.

La preocupación no es sólo cuánto se construye, sino dónde. Si nuevos corredores urbanos israelíes fragmentan todavía más Cisjordania, la expresión «solución de dos Estados» puede conservar una impecable salud en los discursos mientras pierde, parcela a parcela, el territorio necesario para existir.

Por qué los asentamientos están en el centro del conflicto

La posición de estos gobiernos se apoya en un marco jurídico internacional consolidado durante años. Naciones Unidas considera que los asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado desde 1967, incluida Jerusalén Este, carecen de validez jurídica y constituyen una violación del derecho internacional.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó en 2016 la Resolución 2334, que reclama a los Estados distinguir en sus relaciones entre el territorio del Estado de Israel y los territorios ocupados. Esa distinción es precisamente la que después aparece detrás de medidas comerciales como la adoptada por España: no tratar jurídicamente como idénticos dos territorios cuya situación internacional es diferente.

La Corte Internacional de Justicia reforzó esa posición en su opinión consultiva de julio de 2024. El tribunal consideró contrarios al derecho internacional los asentamientos israelíes en Cisjordania y Jerusalén Este y sostuvo que Israel debía cesar las nuevas actividades de colonización.

Israel rechaza esta interpretación política y jurídica del conflicto. Sus autoridades han defendido, entre otros argumentos, que los Acuerdos de Oslo dejaron cuestiones como los asentamientos para las negociaciones sobre el estatus final y cuestionan que su futuro pueda determinarse mediante decisiones internacionales unilaterales. Esa discrepancia explica buena parte del choque actual: una cosa es discutir sobre una futura frontera y otra muy distinta decidir qué consecuencias comerciales produce mientras esa frontera continúa sin acordarse.

La violencia de colonos pesa cada vez más

El comunicado no habla únicamente de viviendas, carreteras y mapas. También coloca en primer plano la violencia de colonos israelíes contra palestinos, cuya escalada se ha convertido en uno de los principales argumentos utilizados por los gobiernos firmantes para justificar un endurecimiento de su posición.

Los informes humanitarios internacionales han documentado durante 2026 numerosos ataques con víctimas palestinas, daños a propiedades y desplazamientos de comunidades. Tras las cifras aparecen situaciones muy concretas: familias que abandonan pequeños núcleos rurales, accesos a tierras agrícolas bloqueados, viviendas atacadas, instalaciones de agua dañadas o agricultores que encuentran cada vez más dificultades para llegar a sus campos.

Los doce ministros reclaman al Gobierno israelí responsabilidades ante esos episodios y una investigación efectiva de las denuncias. Al mismo tiempo, el texto reconoce explícitamente los intereses legítimos de seguridad de Israel, condena los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023 y reafirma el compromiso de los firmantes contra el antisemitismo.

Esa precisión importa. Los gobiernos que firman la declaración intentan establecer una frontera política clara entre la crítica a las decisiones del Ejecutivo israelí en Cisjordania y cualquier cuestionamiento del derecho de Israel a existir y proteger a su población. También separan esa crítica de cualquier tolerancia hacia Hamás y el terrorismo. En un conflicto donde casi cada palabra llega cargada de pólvora histórica, el matiz no es decorativo.

Una fractura creciente entre Israel y sus aliados occidentales

Las restricciones comerciales muestran una distancia creciente entre el Gobierno israelí y algunos de sus aliados tradicionales. Varios países europeos y Canadá se desplazan hacia medidas económicas vinculadas específicamente a Cisjordania y los asentamientos, mientras otros socios occidentales mantienen posiciones diferentes sobre cómo responder.

Para Israel, estas decisiones pueden interpretarse como una forma de presión unilateral sobre cuestiones que deberían resolverse mediante negociaciones directas. Para los países firmantes ocurre lo contrario: consideran que la ausencia de consecuencias ha permitido que la transformación del territorio avance mucho más deprisa que la diplomacia.

Ahí aparece uno de los dilemas que atraviesa toda la crisis. La relación con Israel continúa siendo estratégica para buena parte de Occidente, pero la política de asentamientos erosiona el consenso que durante años permitió combinar apoyo a la seguridad israelí, defensa formal de un Estado palestino y escasas consecuencias materiales cuando la realidad sobre el terreno se alejaba de esa fórmula.

Cuando una frontera acaba pasando por la aduana

La solución de dos Estados lleva décadas instalada en cumbres, declaraciones y resoluciones internacionales. El problema es bastante menos solemne: una solución territorial necesita territorio. España y los otros once firmantes consideran que la combinación de nuevos asentamientos, violencia de colonos y cambios sobre el terreno amenaza con convertir esa fórmula diplomática en una arquitectura sin suelo sobre el que levantarse.

De ahí el salto desde la condena política hacia las restricciones económicas. No significa necesariamente una ruptura occidental con Israel ni una sanción comercial indiscriminada. Significa algo más específico: varios aliados israelíes están empezando a tratar de manera diferente los bienes producidos dentro de las fronteras internacionalmente reconocidas de Israel y los originarios de asentamientos en territorio ocupado.

España aplica esa distinción en sus aduanas y otros países avanzan por una vía semejante o estudian cómo hacerlo. Puede parecer una cuestión burocrática, hecha de etiquetas, certificados y códigos postales. Pero detrás de cada sello aparece la verdadera disputa: dónde termina Israel, dónde empieza el futuro Estado palestino y cuánto territorio quedará disponible para que esa respuesta pueda darse algún día sobre un mapa y no solamente sobre el papel.