¿Cuántos muertos y barcos hundidos deja la ofensiva naval de EE.UU.?

Estados Unidos volvió a atacar el 19 de septiembre una lancha rápida en el Caribe. Cuatro personas murieron en la operación de la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental bajo el mando del Comando Sur, SOUTHCOM, que asegura que la embarcación navegaba por rutas conocidas del narcotráfico y participaba activamente en el transporte de drogas. Las autoridades estadounidenses no difundieron pruebas públicas que permitan verificar de manera independiente qué transportaba el barco ni la identidad de sus ocupantes.

El nuevo ataque eleva el balance publicado por Associated Press a al menos 231 muertos en 69 ataques desde que comenzó esta campaña militar contra embarcaciones supuestamente vinculadas al narcotráfico. El número de barcos destruidos es mayor que el de ataques porque algunas operaciones han alcanzado más de una nave. Los recuentos disponibles sitúan el total alrededor de las 80 embarcaciones destruidas, aunque Washington no mantiene una relación pública única que permita cerrar la cifra con precisión matemática.

Cuatro muertos en el Caribe y pocas pruebas públicas

El SOUTHCOM informó de que la embarcación atacada era una go-fast, el tipo de lancha rápida que suele aparecer en las rutas marítimas clandestinas. Según el mando militar, información de inteligencia confirmó su participación en actividades de narcotráfico y las cuatro personas que viajaban a bordo fueron calificadas por Estados Unidos como “narcoterroristas”.

El vídeo difundido por las autoridades muestra una embarcación desplazándose por el mar y, después, una explosión. Poco más. No se comunicó la posición exacta del ataque, la nacionalidad de los fallecidos, la organización a la que presuntamente pertenecían ni la cantidad o el tipo de droga que supuestamente transportaban. La acusación descansa, por tanto, en la inteligencia estadounidense, sin que se haya divulgado públicamente el cargamento atribuido a la lancha.

La acción llega apenas diez días después de otra operación en el Caribe que dejó tres muertos. El 25 de agosto habían fallecido otras cuatro personas en un ataque semejante y el 23 de agosto otras dos en el Pacífico oriental. Tras un periodo con menos operaciones letales, la campaña volvió a adquirir intensidad al terminar el verano.

El balance de un año: 231 muertos en 69 ataques

La ofensiva comenzó el 2 de septiembre de 2025, cuando Estados Unidos destruyó una embarcación en el Caribe y anunció la muerte de 11 personas a las que vinculó con el Tren de Aragua. Aquel episodio abrió una manera de actuar distinta de la interdicción antidroga clásica: en determinados casos, en vez de perseguir el barco, abordarlo, incautar la carga y detener a sus ocupantes, las fuerzas estadounidenses comenzaron a emplear ataques militares directos.

Un año después, el balance más reciente recogido por AP habla de 231 muertos y 69 ataques. El seguimiento independiente de Just Security había contabilizado el 9 de septiembre 230 muertos —incluidos 23 desaparecidos considerados presumiblemente fallecidos— y tres supervivientes conocidos. Que ambas series no encajen de manera perfecta no significa necesariamente que una esté equivocada: utilizan criterios diferentes y se actualizan en momentos distintos.

La cautela importa. No resulta correcto tomar un recuento cerrado en una fecha y añadir después todas las bajas nuevas como si las bases de datos siguieran exactamente el mismo criterio. Por eso, para el balance general, la referencia más reciente es la de 231 fallecidos; los otros seguimientos sirven para comprender la dimensión de la operación y, también, la ausencia de una estadística oficial consolidada.

Por qué hay más barcos destruidos que ataques

CNN contabilizaba el 9 de septiembre al menos 77 embarcaciones destruidas y 230 muertos. Días después, su seguimiento elevó a 78 el número de naves. A esa secuencia se sumaron nuevas destrucciones documentadas durante la segunda mitad de septiembre, por lo que el total se mueve ya alrededor de los 80 barcos.

La aparente contradicción se explica porque un solo ataque puede afectar a varias embarcaciones. Y hay otro matiz: no todas las naves han sido destruidas con su tripulación dentro. Desde finales de agosto, Estados Unidos ha desarrollado en el Pacífico una modalidad distinta, basada en abordar determinados barcos, desalojar a sus ocupantes y hundirlos posteriormente.

Conviene separar, pues, tres contadores que a menudo aparecen mezclados: ataques militares, embarcaciones destruidas y personas muertas. Sumarlos como si fueran equivalentes produce una fotografía engañosa. Un ataque puede destruir varios barcos; un barco puede ser hundido sin víctimas; y algunas operaciones han dejado supervivientes o desaparecidos.

El giro en Ecuador: abordar primero y hundir después

Desde finales de agosto apareció una segunda vertiente de la ofensiva, especialmente visible frente a Ecuador y en el Pacífico oriental. En estos casos los militares estadounidenses no destruyen necesariamente la nave con sus ocupantes a bordo. Los marines se aproximan, realizan el abordaje, hacen salir a la tripulación, inspeccionan la embarcación y posteriormente la inutilizan o la hunden.

El SOUTHCOM sostiene que algunos de estos pesqueros funcionan como estaciones flotantes de combustible para lanchas dedicadas al transporte de cocaína y vincula varias de ellas con Los Choneros, organización criminal ecuatoriana incluida por Estados Unidos entre los grupos considerados terroristas. El Gobierno de Ecuador ha cooperado con estas operaciones y recibe a las tripulaciones después de determinadas interdicciones.

Desde el 28 de agosto se habían documentado ocho embarcaciones ecuatorianas hundidas: Los Tres Hermanos, Conquista 2, OM2, María Candelaria, Montecristi, Don Rufo, X Siempre Don Carlos y Karla Franccesca. Son barcos de pesca a los que las autoridades estadounidenses atribuyen funciones de apoyo logístico al narcotráfico.

La escena resulta distinta de las explosiones de las go-fast caribeñas. Varios pescadores han grabado con sus teléfonos cómo helicópteros estadounidenses sobrevuelan sus barcos y cómo los marines se aproximan en lanchas. Algunas transmisiones se interrumpieron durante el abordaje. Después, con la tripulación fuera, las embarcaciones fueron destruidas.

Más de un centenar de tripulantes pasaron por la Justicia

El apartado de los detenidos tampoco admite una cifra única para toda la campaña. No existe un balance público estadounidense que reúna en una sola estadística a todas las personas capturadas, retenidas, rescatadas o entregadas a autoridades de países aliados desde septiembre de 2025.

Sí hay cifras bastante más precisas para los recientes pesqueros ecuatorianos. A 19 de septiembre, al menos 56 tripulantes habían quedado en libertad después de que jueces ecuatorianos no encontraran indicios suficientes de delito, mientras otros 78 habían recibido libertad condicional tras ser imputados por presunta asociación ilícita. Son al menos 134 personas sometidas a distintos procedimientos.

Eso no significa que las 134 fueran capturadas directamente por militares estadounidenses. En el caso del Don Rufo, por ejemplo, Estados Unidos entregó parte de la tripulación, mientras otros ocupantes se habían alejado de la zona en pequeñas embarcaciones y fueron localizados después por la Armada ecuatoriana.

La Justicia tampoco ha confirmado automáticamente todas las acusaciones formuladas alrededor de estos operativos. Algunos marineros fueron liberados por falta de indicios; otros continúan bajo medidas cautelares. Las familias de varios tripulantes sostienen que son pescadores sin vínculos con el narcotráfico. El Gobierno ecuatoriano, por su parte, afirma que existe evidencia contra determinadas embarcaciones y evita extender esa acusación al conjunto del sector pesquero.

Operation Southern Spear y la estrategia de Washington

Washington denomina Operation Southern Spear a la campaña militar y antidroga desarrollada desde septiembre de 2025. Al cumplirse el primer aniversario, el propio Comando Sur sostuvo que sus operaciones habían reducido un 65 % la actividad marítima ilícita detectada en el Caribe occidental, un 60 % en el Caribe oriental y cerca de un 50 % en determinadas áreas del Pacífico oriental.

Son cifras oficiales de Estados Unidos sobre los resultados de su propia operación. Miden la actividad marítima detectada, no necesariamente la cantidad total de cocaína que termina entrando en el país, de modo que no permiten por sí solas determinar cuánto ha disminuido realmente el flujo de drogas.

La Administración de Donald Trump sostiene que Estados Unidos se encuentra en un conflicto armado con determinados carteles y organizaciones criminales designados como terroristas, y defiende el empleo de fuerza militar como parte de su estrategia para reducir el tráfico de drogas y las muertes por sobredosis.

El SOUTHCOM asegura de forma reiterada que selecciona los objetivos mediante información de inteligencia y que las embarcaciones atacadas circulan por rutas conocidas del narcotráfico. El problema documental permanece: en la mayoría de los ataques letales no se han presentado públicamente pruebas completas sobre la carga, la identidad de los tripulantes o su pertenencia a una organización concreta.

Una ofensiva con debate jurídico abierto

El marco jurídico de estas operaciones continúa discutido. La Administración estadounidense considera que la designación de determinadas organizaciones y la existencia de un conflicto armado permiten recurrir a herramientas militares. Legisladores, especialistas en derecho internacional y organizaciones de derechos humanos han cuestionado esa interpretación y sostienen que el narcotráfico, en principio, pertenece al terreno de la aplicación de la ley.

La discusión no es académica. Cambia las reglas sobre cuándo puede emplearse fuerza letal, contra quién y bajo qué nivel de amenaza. En una operación policial, la prioridad ordinaria es interceptar y detener salvo que exista un peligro inmediato; bajo un paradigma de conflicto armado, las reglas de enfrentamiento pueden ser diferentes. Precisamente ahí está una de las grandes controversias de Southern Spear.

También existe un problema de transparencia. Los informes públicos disponibles no ofrecen una relación completa, operación por operación, que permita reconstruir sin lagunas todo lo ocurrido desde septiembre de 2025. De ahí las diferencias entre bases de datos, medios y organizaciones que intentan mantener un recuento acumulado.

El mar se convierte en el frente de la ofensiva antidroga

El ataque del 19 de septiembre confirma que la fase letal continúa. Estados Unidos mantiene simultáneamente dos modelos: destruir lanchas con sus ocupantes cuando considera que participan directamente en el transporte de narcóticos y, en otras operaciones, abordar embarcaciones logísticas, retirar a sus tripulaciones y hundir posteriormente los barcos.

El balance más sólido disponible tras el último ataque es de al menos 231 muertos en 69 ataques. El número de embarcaciones destruidas se sitúa alrededor de 80 al integrar los últimos episodios documentados, aunque no existe una estadística oficial única que permita convertir esa cifra en definitiva.

En paralelo, ocho pesqueros ecuatorianos fueron hundidos desde el 28 de agosto dentro de la nueva estrategia de interdicción y al menos 134 tripulantes pasaron por procedimientos judiciales en Ecuador: 56 quedaron libres por falta de indicios y 78 recibieron libertad condicional. No consta un número consolidado de personas detenidas directamente por Estados Unidos durante toda la operación.

Un año después del primer ataque, la fotografía es ya considerable: más de 230 muertos, alrededor de 80 embarcaciones destruidas y una campaña extendida desde el Caribe al Pacífico oriental. Sobre el agua quedan restos de barcos; alrededor de ellos, una discusión mucho más difícil de hundir sobre narcotráfico, inteligencia, soberanía y los límites del uso de la fuerza.