¿Qué cambia en Tailandia para los turistas desde septiembre de 2026?

Tailandia ha endurecido su marco migratorio y, desde el 28 de agosto de 2026, dispone de un procedimiento más rápido y definido para expulsar a extranjeros que vulneren la ley o cuyo comportamiento sea considerado contrario al orden público, la moral pública o el bienestar de la población. No se ha creado, sin embargo, una suerte de catálogo de nuevas multas reservado a quienes llegan con chanclas y billete de vuelta: la norma afecta a todos los extranjeros, incluidos turistas, trabajadores y residentes.

Para los viajeros españoles hay otro cambio todavía más cotidiano. Desde el 15 de septiembre de 2026, España seguirá dentro del programa de entrada sin visado para turismo, pero la estancia autorizada pasará a ser de hasta 30 días, frente a los 60 días del régimen que desaparece. Quien haya entrado antes de esa fecha conservará el periodo que figure autorizado en su sello de entrada. Es decir, no hay recorte retroactivo.

Tailandia acelera la deportación de extranjeros infractores

La nueva regulación de deportación fue publicada en el boletín oficial tailandés el 27 de agosto y entró en vigor un día después. Su sentido práctico es bastante menos cinematográfico de lo que podría sugerir la palabra deportación: pretende que Policía, autoridades migratorias, prisiones y Ministerio del Interior compartan información con mayor rapidez y que un expediente no quede dormido entre ventanillas después de una condena.

Tailandia ya disponía de legislación que permitía expulsar extranjeros. Lo nuevo es, sobre todo, el engranaje administrativo. Se concreta quién comunica los casos, quién recopila los antecedentes y quién decide. La decisión última corresponde al ministro del Interior, no a cualquier agente que se encuentre con un viajero discutidor en una playa de Phuket.

La regulación también intenta evitar que un extranjero condenado permanezca detenido durante semanas simplemente porque la Administración todavía está preparando su salida. Una vez emitida la orden correspondiente, el procedimiento de repatriación debe tramitarse, con carácter general, dentro de un plazo de 30 días.

Seis supuestos concentran la nueva vigilancia

El mecanismo contempla seis grandes categorías. Puede afectar a quien entre o permanezca ilegalmente en Tailandia, trabaje sin la autorización necesaria, desarrolle negocios vulnerando la normativa aplicable a extranjeros, falsifique documentos oficiales o utilice documentos falsificados.

También se incluye a quienes hayan cometido determinados delitos graves, con penas previstas de cinco años de prisión o más, y a quienes hayan intervenido como autores, inductores o colaboradores en las conductas anteriores. Este último detalle importa: la Administración no mira únicamente a quien ejecuta materialmente una infracción.

Conviene distinguir aquí la regulación definitiva de las versiones que circularon durante su tramitación. El borrador aprobado meses antes manejaba un umbral diferente para los delitos graves; la redacción finalmente publicada sitúa la referencia en los cinco años. Entre un borrador y una norma vigente hay a veces apenas unas líneas, pero esas líneas cuentan.

El texto añade otra vía particularmente amplia: la posible intervención ante comportamientos considerados incompatibles con el orden público, las buenas costumbres o el bienestar general. No existe una lista cerrada capaz de convertir cada mala conducta en una casilla automática. Las circunstancias del caso deben ser examinadas y elevadas al Ministerio del Interior.

Un altercado no significa una expulsión automática

Ese es probablemente el punto que más interesa al turista corriente. Tener una discusión, recibir una denuncia o cometer una infracción menor no significa automáticamente acabar en un avión escoltado hasta la frontera. La nueva regulación organiza y acelera el procedimiento; no convierte cualquier incidente en causa inmediata de deportación.

Sí cambia, en cambio, el margen de reacción de las autoridades frente a extranjeros que acumulen conductas graves, provoquen disturbios, amenacen a otras personas o ignoren de manera evidente las leyes locales. El Gobierno tailandés ha ligado expresamente la reforma a los casos de visitantes que generan problemas para residentes y otros turistas.

Y ya existen ejemplos del nuevo tono. En los primeros días de septiembre, el Ministerio del Interior ordenó expulsiones relacionadas con extranjeros condenados por amenazas, intimidaciones y comportamientos peligrosos en Koh Samui. La señal política resulta bastante transparente: el país quiere mantener abierto el grifo turístico —es una pieza enorme de su economía— pero con menos paciencia ante quien confunde vacaciones con territorio sin reglas.

Las autoridades pueden acompañar una expulsión con una prohibición de regresar a Tailandia. Su duración dependerá del caso. Tampoco se trata necesariamente de una exclusión de por vida, aunque una orden de este tipo puede transformar unas vacaciones mal rematadas en años mirando Bangkok desde Google Maps.

Desde el 15 de septiembre, España pasa de 60 a 30 días sin visado

Hay un segundo cambio que afectará a muchos más españoles que las deportaciones. A partir del 15 de septiembre de 2026, Tailandia elimina el régimen de exención que permitía estancias de hasta 60 días a ciudadanos de 93 países y territorios y lo sustituye por nuevos esquemas según la nacionalidad.

Los titulares de un pasaporte español ordinario seguirán pudiendo entrar sin solicitar previamente un visado para viajes turísticos, pero estarán incluidos en el nuevo régimen de hasta 30 días por entrada. España figura entre los países y territorios admitidos en esta modalidad, junto con buena parte de la Unión Europea, Reino Unido, Estados Unidos, Japón, Canadá o Australia, entre otros.

La fecha importa. Un español que entre en Tailandia antes del 15 de septiembre bajo el régimen anterior mantiene la duración que las autoridades hayan estampado en su pasaporte, aunque parte de esa estancia transcurra después de la entrada en vigor de las nuevas reglas. Para quienes lleguen desde el 15 de septiembre será aplicable el nuevo límite de 30 días.

Para estancias más largas habrá que recurrir al régimen migratorio correspondiente. Tailandia mantiene diferentes visados según la duración y el propósito del viaje, desde turismo hasta estudios, negocios, residencia familiar o modalidades específicas para estancias prolongadas. Lo que desaparece es aquella cómoda ventana general de dos meses sin visado que había convertido el país en un destino especialmente sencillo para nómadas, viajeros lentos y quienes todavía creen que organizar un mes y medio por Asia es “improvisar un poco”.

La tarjeta digital de llegada sigue siendo obligatoria

A estos cambios se suma una obligación que ya estaba vigente y que a veces pasa desapercibida entre billetes, hoteles y seguros: la Thailand Digital Arrival Card, conocida por sus siglas TDAC.

Todos los ciudadanos extranjeros que entren en Tailandia deben presentar esta tarjeta digital antes de su llegada, salvo determinados supuestos de tránsito sin pasar por inmigración. El formulario sustituye a la antigua tarjeta en papel y solicita datos del pasaporte, viaje y alojamiento, además de determinadas informaciones sanitarias.

Puede cumplimentarse dentro de los tres días anteriores a la llegada, contando el propio día de entrada. También es necesaria para menores y debe tramitarse de nuevo en cada viaje. La TDAC, importante matiz, no es un visado ni amplía el tiempo de permanencia autorizado. Es simplemente el registro electrónico de llegada.

Para un turista español que viaje después del 15 de septiembre, por tanto, el escenario queda bastante limpio: pasaporte válido, entrada turística sin visado por un máximo de 30 días si se cumplen las condiciones correspondientes, tarjeta TDAC presentada antes de llegar y respeto al periodo de estancia autorizado. Lo demás es sentido común, que sigue sin ocupar espacio en la maleta.

Trabajar como turista puede dejar de ser una pequeña travesura

Otro foco de la reforma es el trabajo ilegal. Tailandia lleva años controlando esta cuestión, pero el nuevo procedimiento facilita que un expediente por actividad laboral no autorizada acabe conectado con una posible expulsión.

Esto afecta especialmente a una zona gris bastante habitual en destinos turísticos: personas que entran como visitantes y empiezan a prestar servicios, gestionar establecimientos o desarrollar actividades comerciales sin el permiso adecuado. Que el trabajo se haga con un portátil frente al mar no convierte jurídicamente una actividad profesional en una sesión especialmente ambiciosa de tomar el sol.

Lo mismo ocurre con los negocios. Operar una empresa vulnerando las normas tailandesas sobre participación o actividad económica extranjera aparece expresamente entre los supuestos que pueden activar el procedimiento. El mensaje gubernamental distingue con claridad entre turismo, residencia, inversión y trabajo. Son categorías distintas y requieren permisos distintos.

Un país abierto al turismo, pero con una frontera más estricta

Tailandia no está cerrando sus puertas al visitante extranjero. Sería difícil imaginar semejante giro en un país que recibe decenas de millones de viajeros y cuya economía turística llena aeropuertos, hoteles, mercados, ferris y calles enteras desde Bangkok hasta Krabi. Lo que está haciendo es estrechar el marco de entrada y permanencia después de varios años de políticas excepcionalmente flexibles.

Para el turista español normal, el cambio más visible será casi prosaico: desde el 15 de septiembre, 30 días sin visado en lugar de 60. Para quienes vulneren la legislación, trabajen ilegalmente, falsifiquen documentos o protagonicen conductas graves, la diferencia es bastante menos administrativa: Tailandia dispone desde finales de agosto de una maquinaria más rápida para estudiar su expulsión y, llegado el caso, impedirles regresar.

El paisaje seguirá siendo el mismo —templos dorados bajo un calor pegajoso, motos zumbando entre coches, islas de postal y puestos callejeros que perfuman media acera—. La frontera, en cambio, ha cambiado de tono. Más ordenada, más corta para muchos viajeros y bastante menos indulgente cuando las vacaciones terminan delante de un juez.