¿Por qué la oposición de Nicaragua pide a Sheinbaum frenar a Ortega?

Un grupo de 23 opositores nicaragüenses ha pedido a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que encabece una ofensiva diplomática latinoamericana contra el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La iniciativa pretende elevar la presión política sobre Managua, proteger a los presos sometidos a aislamiento y llevar las privaciones arbitrarias de nacionalidad hasta la Corte Internacional de Justicia.

La petición llegó mediante una carta fechada el 11 de junio, pocos días antes de la 56.ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, que se celebrará del 22 al 24 de junio en Ciudad de Panamá. Los firmantes esperan que México convenza a otros gobiernos progresistas de apoyar una resolución más contundente contra la pareja que gobierna Nicaragua como copresidentes.

No es una solicitud protocolaria, de esas que acaban durmiendo entre carpetas diplomáticas. Reclama decisiones concretas: declarar políticamente ilegítimo al régimen nicaragüense, denunciar las desapariciones y detenciones arbitrarias y explorar una demanda internacional por el despojo de la ciudadanía a centenares de personas.

Hasta la publicación de esta información, Claudia Sheinbaum no había dado una respuesta pública a la misiva.

Una carta firmada por víctimas directas de la represión

Entre los firmantes aparecen antiguos dirigentes de la revolución sandinista, periodistas, juristas, escritores, académicos, activistas y exfuncionarios que terminaron enfrentados al aparato construido por Ortega y Murillo. Muchos han pasado por la cárcel, el destierro o la confiscación de sus bienes. Otros fueron privados de su nacionalidad, una suerte de borrado administrativo que pretende convertir al adversario político en extranjero de su propia biografía.

La carta está suscrita, entre otros, por la escritora Gioconda Belli; las excomandantes sandinistas Dora María Téllez y Mónica Baltodano; el exvicecanciller Víctor Hugo Tinoco; el exmagistrado Rafael Solís; la periodista Sofía Montenegro; el economista Enrique Sáenz; la exdiputada Edipcia Dubón; la abogada Azahálea Solís y los juristas Yader Morazán y Juan Diego Barberena.

La variedad de nombres importa. No se trata únicamente de la oposición tradicional ni de una derecha regional empeñada en ajustar cuentas con el sandinismo. Entre quienes reclaman una condena hay personas que participaron en la lucha contra la dictadura de Anastasio Somoza y que después ocuparon responsabilidades dentro del Frente Sandinista. El conflicto, por tanto, atraviesa la propia historia de la revolución.

Su argumento es incómodo para el Gobierno de Managua: quienes un día combatieron una dictadura sostienen que el sandinismo oficial ha terminado reproduciendo un poder familiar, cerrado y represivo. La ironía histórica tiene esas malas costumbres; vuelve cuando nadie la invita.

Por qué los disidentes buscan el liderazgo de México

México no ha sido elegido al azar. Es uno de los países con mayor peso político y diplomático de América Latina, mantiene interlocución con gobiernos de muy distinto signo y conserva una larga tradición de asilo. También está gobernado por una fuerza progresista, lo que permitiría desmontar la habitual explicación de Managua según la cual cualquier crítica procede de Washington o de la derecha continental.

Los opositores quieren que Sheinbaum mueva a países como Brasil, Colombia y Uruguay, cuyos gobiernos pueden influir en la posición regional sin aparecer como apéndices de la política estadounidense. Una condena promovida desde ese espacio tendría un efecto distinto: rompería la comodidad ideológica que durante años ha permitido mirar hacia otro lado cuando el autoritarismo se presenta envuelto en viejas banderas revolucionarias.

México, sin embargo, ha defendido con frecuencia una interpretación estricta del principio de no intervención. Esa doctrina ha servido históricamente para proteger la soberanía de los Estados frente a injerencias extranjeras, pero también puede convertirse en un biombo cuando se utiliza para evitar cualquier pronunciamiento sobre abusos sistemáticos.

Los firmantes intentan entrar precisamente por esa grieta. Sostienen que defender los derechos humanos y exigir información sobre personas detenidas no equivale a decidir el futuro político de Nicaragua desde el extranjero. La soberanía protege a los pueblos; no debería funcionar como una manta echada sobre las cárceles.

La presión sobre los gobiernos progresistas

La carta coloca a la izquierda latinoamericana ante una contradicción que ya no cabe debajo de la alfombra. Resulta difícil reclamar democracia y libertades frente a gobiernos conservadores mientras se guarda silencio cuando la represión política lleva uniforme revolucionario.

Los opositores piden que los gobiernos progresistas respalden en Panamá una resolución que refuerce la condena aprobada por el Consejo Permanente de la OEA. También quieren que se declare la ilegitimidad del régimen Ortega-Murillo, aunque una declaración de este tipo tendría un alcance esencialmente político y no produciría por sí sola un cambio de Gobierno.

Aun así, la batalla diplomática cuenta. Reduce el margen de normalidad internacional del régimen, dificulta que sus representantes actúen como si Nicaragua atravesara una simple disputa partidista y deja constancia de que las denuncias no proceden exclusivamente de Estados Unidos o de gobiernos enfrentados ideológicamente con Managua.

El caso de Brooklyn Rivera sacude la petición

La muerte del dirigente indígena miskito Brooklyn Rivera ocupa un lugar central en la carta. El antiguo diputado permaneció detenido desde septiembre de 2023, sin contacto regular con su familia y bajo un prolongado régimen de incomunicación. Murió el 30 de mayo de 2026 mientras continuaba bajo custodia estatal.

Poco antes de conocerse su fallecimiento, las autoridades habían difundido imágenes en las que aparecía visiblemente deteriorado. Su familia y distintas organizaciones internacionales denunciaron durante meses la falta de información sobre su estado de salud, su lugar de reclusión y las condiciones en las que estaba detenido.

La muerte convirtió un expediente represivo en algo mucho más difícil de disimular. Ya no se discutía solamente sobre procedimientos judiciales opacos o restricciones políticas, sino sobre un hombre que entró vivo bajo custodia del Estado y salió muerto. Los expertos de Naciones Unidas reclamaron una investigación independiente, mientras Estados Unidos respondió imponiendo nuevas restricciones de visado a funcionarios nicaragüenses y familiares.

Los firmantes temen que otros presos se encuentren en situaciones parecidas. De ahí una de las frases más graves de su petición: alzar la voz puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. No es literatura diplomática. Brooklyn Rivera es el precedente que convierte esa advertencia en un hecho tangible.

Presos sin abogados ni información

Las organizaciones de derechos humanos llevan años denunciando detenciones sin garantías, incomunicación, vigilancia de familiares y ausencia de información médica. El aislamiento no funciona únicamente como castigo para el detenido; también extiende el miedo hacia quienes preguntan por él.

El informe de 2026 del Grupo de Expertos de Naciones Unidas describe una fase represiva dirigida a eliminar cualquier espacio de crítica, incluso dentro del propio aparato estatal y de las filas sandinistas. Periodistas, estudiantes, dirigentes campesinos, religiosos, indígenas, afrodescendientes y familiares de exiliados figuran entre los perfiles perseguidos.

El Gobierno nicaragüense no cooperó con esos expertos ni respondió a sus solicitudes de información. Managua rechaza habitualmente las acusaciones internacionales y las presenta como parte de una campaña extranjera contra la revolución. El problema es que las cárceles, confiscaciones y destierros dejan bastante más rastro que un eslogan.

La desnacionalización y un poder sin contrapesos

La segunda gran demanda de la carta mira más allá de la OEA. Los opositores proponen que varios países impulsen una acción ante la Corte Internacional de Justicia por la retirada arbitraria de la nacionalidad a 452 nicaragüenses.

No sería una demanda presentada directamente por los afectados, ya que la corte resuelve controversias entre Estados. Haría falta que uno o varios gobiernos asumieran el caso y sostuvieran que Nicaragua ha incumplido sus obligaciones internacionales.

La propuesta se apoya en la Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961, a la que Nicaragua se adhirió en 2013. El tratado prohíbe privar de nacionalidad a una persona por motivos raciales, étnicos, religiosos o políticos y contempla que las controversias entre Estados contratantes puedan llegar a la Corte Internacional de Justicia.

Eso no significa que una demanda esté asegurada ni que su admisión sea automática. Habría que delimitar quién puede iniciarla, demostrar la existencia de una controversia jurídica entre Estados y analizar las reservas formuladas por Nicaragua al adherirse al tratado. El camino existe, pero no es una autopista; tiene curvas, peajes y abogados.

La retirada de la ciudadanía ha afectado a opositores, periodistas, sacerdotes, intelectuales y antiguos aliados del sandinismo. En numerosos casos fue acompañada por la confiscación de propiedades, la cancelación de pensiones, la anulación de registros civiles o la prohibición de regresar al país. No bastaba con expulsarlos: había que borrar sus papeles.

Daniel Ortega regresó a la Presidencia en 2007 y fue desmontando gradualmente los límites institucionales a su permanencia. Tras las protestas de 2018, reprimidas con un elevado número de muertos y detenciones, el Gobierno cerró el espacio político, persiguió a candidatos opositores, intervino universidades y canceló miles de organizaciones civiles, religiosas y empresariales.

Las reformas constitucionales aprobadas en 2025 convirtieron a Ortega y Murillo en copresidentes, ampliaron el mandato presidencial de cinco a seis años y reforzaron el dominio del Ejecutivo sobre las instituciones, las fuerzas de seguridad y los medios de comunicación. La separación de poderes quedó reducida a una decoración constitucional bastante austera.

El Grupo de Expertos de Naciones Unidas sostiene que la represión no responde a excesos aislados, sino a un sistema coordinado que desciende desde la cúpula presidencial hasta las estructuras locales. También ha documentado represión transnacional contra exiliados mediante amenazas, vigilancia, cancelación de pasaportes, eliminación de títulos académicos y presión sobre familiares que permanecen dentro del país.

Nicaragua formalizó su salida de la Organización de los Estados Americanos en noviembre de 2023, pero abandonar el organismo no ha hecho desaparecer la crisis ni ha impedido que los demás países la discutan. Salirse de la sala es relativamente sencillo; conseguir que nadie hable de lo ocurrido dentro resulta bastante más complicado.

México ante una decisión que retrata a la región

La carta obliga a Claudia Sheinbaum a elegir entre mantener la cautela tradicional de México o utilizar su peso diplomático para elevar el coste político de la represión nicaragüense. No le están pidiendo una intervención militar, un cambio de Gobierno diseñado desde fuera ni una aventura de despacho. Le reclaman una posición pública, coordinación regional y respaldo a mecanismos jurídicos internacionales.

Una respuesta firme podría alterar el equilibrio dentro del progresismo latinoamericano. También enviaría una señal a Ortega y Murillo: las afinidades históricas no conceden inmunidad eterna y una revolución no conserva su legitimidad simplemente porque siga llamándose revolución.

El silencio, por supuesto, también sería una decisión. Y tendría lectura propia. En política exterior, como en las fotografías antiguas, lo que queda fuera del encuadre a veces explica mejor la escena que aquello que aparece en el centro.