¿Por qué Elisa Mouliaá no vuelve de Dubái tras la orden judicial?

Elisa Mouliaá permanece en Dubái porque asegura que está cumpliendo un contrato laboral firmado en abril, vigente entre el 8 de junio y el 31 de julio, y porque sostiene que su defensa solicitó que pudiera comparecer por videoconferencia. El juez Arturo Zamarriego, sin embargo, no ha considerado justificada su tercera ausencia y ha ordenado detenerla para conducirla ante el juzgado cuando regrese a España.

La medida no significa que la actriz haya sido condenada, ni supone que vaya a ingresar automáticamente en prisión. Su finalidad inmediata es conseguir que comparezca como investigada en la causa abierta por las presuntas calumnias contra Íñigo Errejón. Ahí está el núcleo del asunto, sepultado a ratos bajo declaraciones televisivas, vídeos desde piscinas, acusaciones de fascismo y una batalla pública que parece haber perdido el freno de mano.

Mouliaá insiste en que no está fugada y que su estancia en Emiratos Árabes responde a una necesidad económica. Afirma que nadie le había ofrecido trabajo desde que denunció al exdiputado por una presunta agresión sexual y atribuye el deterioro de su carrera a las consecuencias de aquel procedimiento. “Nadie más me ha ofrecido trabajo”, ha dicho, antes de acusar a Errejón de haberla arruinado por “hacer el bien social”.

Su versión merece ser expuesta con exactitud. También la resolución judicial. Una sala de televisión puede amplificar el dolor, la indignación o el enfado, pero no sustituye al juzgado. Y una conexión desde Dubái, por nítida que sea la imagen, tampoco convierte en opcional una citación judicial que el magistrado considera válida.

Por qué Elisa Mouliaá continúa trabajando en Dubái

La actriz sostiene que aceptó el empleo en Emiratos Árabes porque atravesaba una situación económica delicada. Durante una intervención televisiva explicó que necesita facturar, pagar el alquiler y afrontar los daños ocasionados por una inundación en su vivienda. También aseguró que su tienda había sufrido ataques y que llevaba meses negociando la oportunidad laboral que finalmente la llevó a Dubái.

Según su relato, los contactos comenzaron en febrero, el contrato se cerró en abril y el trabajo debía desarrollarse entre junio y finales de julio. No habría sido, por tanto, una salida improvisada después de recibir la última citación. Su defensa afirma haber aportado al juzgado la documentación correspondiente y sostiene que el contrato laboral acredita la razón de su estancia fuera de España.

Mouliaá dice encontrarse en Oriente Medio porque era la única oportunidad profesional que se le había presentado. No había recibido castings ni ofertas en España y, después de varios meses de baja, consideró que no podía renunciar a unos ingresos que necesitaba. Es un argumento humano y comprensible. La cuestión jurídica es distinta: un compromiso profesional no anula por sí solo una comparecencia judicial.

La actriz también alega que acudir personalmente a los tribunales reactiva el trauma que asocia con sus anteriores declaraciones. Ha contado que sufre ansiedad, asma y un fuerte deterioro emocional cuando debe regresar a Plaza de Castilla. Nadie sensato debería frivolizar con ese sufrimiento. Pero los tribunales no valoran únicamente si el malestar existe, sino si constituye una causa que realmente imposibilita comparecer.

Ese matiz lo cambia todo. La discusión no consiste en decidir desde una tertulia si Mouliaá lo pasa mal, algo que ella expresa con claridad, sino en determinar si los problemas de salud y los motivos laborales justificaban legalmente las ausencias. El magistrado ha concluido que no.

La actriz considera desproporcionada la decisión y acusa al sistema de perseguirla. Ha llegado a definir la situación como un intento de “domesticar a las mujeres” y como “fascismo, con todas las letras”. La palabra es gruesa. Tanto, que acaba cubriendo la mesa entera y no deja ver los papeles del procedimiento.

Criticar una resolución judicial forma parte de una democracia. Recurrirla, denunciar una posible indefensión o acudir al Consejo General del Poder Judicial son vías legítimas. Otra cosa es atribuir prevaricación a un magistrado sin que exista una resolución que lo acredite. Ese delito exige que un juez dicte a sabiendas una resolución injusta. No basta con considerar equivocada, dura o insuficientemente motivada una decisión.

Tres citaciones y una advertencia que terminó cumpliéndose

La orden de detención no surgió con la primera ausencia. Mouliaá había sido citada anteriormente en dos ocasiones dentro del procedimiento iniciado por la querella de Errejón. En ambos casos alegó circunstancias relacionadas con su salud y su defensa solicitó aplazamientos judiciales.

La primera comparecencia, prevista a finales de marzo, quedó frustrada después de que no acudieran ni la actriz ni su entonces abogado. La defensa había pedido suspender la declaración por la baja médica de Mouliaá y posteriormente comunicó que el letrado debía someterse a una intervención. El juzgado fijó una nueva fecha.

El segundo intento llegó el 24 de abril. Mouliaá tampoco se presentó y volvió a invocar su estado de ansiedad. En aquel momento se planteó la posibilidad de una comparecencia telemática, pero la actriz no aceptó declarar de esa manera, según consta en la información conocida sobre el procedimiento.

El juez decidió entonces que un médico forense examinara si su estado le impedía participar en la diligencia. El informe concluyó que tenía capacidad adecuada para declarar. Sobre esa base, el magistrado volvió a citarla para el 15 de junio y añadió una advertencia expresa: si no acudía sin causa justificada, podría ordenar su detención y traslado al juzgado.

Mouliaá conocía, por tanto, el riesgo procesal de faltar de nuevo. Su defensa recurrió la medida al considerar que obligarla a comparecer físicamente era innecesario y desproporcionado, especialmente porque había anticipado que podía acogerse a su derecho a guardar silencio.

Guardar silencio no elimina la obligación de comparecer

Toda persona investigada tiene derecho a no declarar contra sí misma, a no confesarse culpable y a responder únicamente a las preguntas que decida. Pero una cosa es guardar silencio ante el juez y otra no presentarse a una citación judicial.

La defensa de Mouliaá argumenta que su voluntad de no declarar ya estaba comunicada y que exigir su presencia física supone un formalismo excesivo. El instructor sostiene lo contrario: la comparecencia debía realizarse y la actriz no acreditó una causa legítima que justificara su ausencia.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal permite que una orden de comparecencia se transforme en una orden de detención cuando la persona citada no acude y tampoco justifica una causa legítima. Esa es la herramienta procesal aplicada en este caso. No funciona como un adelanto de condena, sino como un mecanismo para hacer efectiva la citación.

La petición para declarar a distancia

La actual abogada de Mouliaá, Yurena Carrillo, asegura que solicitó pocos días antes de la tercera cita que su clienta declarase por videollamada desde Oriente Medio. Según la defensa, no recibió una respuesta que valorase realmente esa petición. La actriz afirma que permaneció conectada y preparada para intervenir.

El juez, en cambio, considera que Mouliaá ha mostrado una voluntad reiterada de no comparecer. Para el magistrado, las distintas justificaciones —primero médicas y después laborales— no constituyen una causa suficiente y dibujan un comportamiento destinado a eludir los llamamientos judiciales.

La controversia está servida. La defensa sostiene que el contrato era real, que se presentó documentación y que la declaración remota habría permitido continuar la causa sin perjudicar a nadie. El instructor entiende que ya se habían producido dos ausencias, existía un informe forense y la tercera ausencia llegó después de un apercibimiento inequívoco.

Hubiera sido deseable una explicación más detallada sobre el rechazo de la posibilidad de comparecer por videoconferencia, especialmente en una época en la que testigos, peritos e incluso investigados intervienen a distancia con cierta frecuencia. Pero que una resolución pueda discutirse o recurrirse no significa, por sí solo, que sea arbitraria. En derecho, el adjetivo fácil suele ser el peor abogado.

Qué revelaron realmente los audios del caso Errejón

Los audios difundidos en 2025 forman parte del paisaje que rodea este conflicto, pero no son la causa directa de la actual orden de detención. Procedían de conversaciones entre Mouliaá y una antigua amiga que había organizado la fiesta en la que, según la actriz, se produjo uno de los episodios de la presunta agresión sexual.

En esos mensajes, Mouliaá expresaba miedo a que el testimonio de su amiga pudiera perjudicarla. Le pedía que no relatara determinados detalles de una forma que pareciera contradecir su denuncia y mostraba preocupación por la posibilidad de que la acusaran de denuncia falsa. La interlocutora interpretó aquellas peticiones como una presión e incluso utilizó la palabra chantaje.

El contenido resultó incómodo para Mouliaá. Sonaba a una denunciante angustiada por controlar el relato de una testigo que no compartía plenamente su versión. También aparecían dudas y matices sobre cómo había interpretado inicialmente el comportamiento de Errejón. Todo ello era relevante para valorar la credibilidad de las declaraciones, pero no permitía saltar directamente a una conclusión penal.

El juez Carretero, que instruía la causa por la presunta agresión sexual, rechazó investigar a Mouliaá por obstrucción a la justicia. Consideró que en las conversaciones no aparecían amenazas expresas ni intimidación y que la actriz no había pedido a su amiga que mintiera, sino que no la perjudicase al relatar hechos que la testigo no había presenciado directamente.

La misma resolución descartó investigar a Errejón por una posible presión sobre otro testigo. Ese hombre, pareja de la anterior testigo y propietario de la vivienda donde se celebró la fiesta, había contactado con el expolítico. El juez no encontró pruebas de que Errejón le hubiera indicado qué debía declarar o de que lo hubiera coaccionado.

Por eso conviene evitar dos simplificaciones muy rentables en redes sociales. Los audios no demostraron que Mouliaá hubiera presentado una denuncia falsa. Tampoco certificaron que su actuación fuese irreprochable. Mostraron una conversación tensa y comprometida, pero el magistrado descartó que alcanzara la categoría de obstrucción a la justicia, amenaza o intimidación.

La querella que ahora provoca la orden de detención nace de otro punto. Después de las declaraciones de los testigos, Mouliaá publicó mensajes en los que acusaba a Errejón de haberlos manipulado, comprado o extorsionado para que declarasen a su favor. El exdiputado sostiene que esas afirmaciones le atribuían falsamente un delito y presentó una querella por calumnias con publicidad.

Así se formaron dos procedimientos distintos, aunque en la conversación pública se mezclen como cables detrás de un televisor. En uno, Errejón está acusado por Mouliaá de una presunta agresión sexual. En el otro, Mouliaá está investigada por unas afirmaciones públicas sobre la supuesta manipulación de testigos.

Que el primer juez descartara investigar a ambos por obstrucción no impide automáticamente que otro juzgado analice si las acusaciones difundidas en redes pudieron ser calumniosas. Son figuras penales diferentes, con requisitos diferentes. Tampoco significa que la denuncia sexual sea falsa. Esa afirmación no ha sido declarada por ningún tribunal.

En la causa por la presunta agresión sexual, el juez Carretero apreció indicios para continuar el procedimiento y acordó la apertura de juicio oral. La defensa de Errejón recurrió y la Audiencia Provincial de Madrid debe resolver cuestiones que pueden afectar a la continuidad del proceso.

La Fiscalía, por su parte, ha pedido la absolución al entender que los hechos no constituyen delito y que existió consentimiento hasta que Mouliaá manifestó que no quería continuar. La posición de la Fiscalía no equivale a una sentencia. Tampoco el auto de apertura de juicio convierte a Errejón en culpable.

La presunción de inocencia protege a los dos: a él ante la acusación de agresión sexual y a ella ante la querella por calumnias. El ruido político y televisivo puede repartir veredictos en pocos minutos; los tribunales, al menos sobre el papel, necesitan pruebas.

Qué ocurrirá cuando Elisa Mouliaá vuelva a España

La consecuencia más inmediata es sencilla: cuando Mouliaá regrese a territorio español podrá ser detenida y trasladada al juzgado para comparecer ante el magistrado. La orden tiene una finalidad procesal concreta, que es ponerla a disposición judicial y tomarle declaración, aunque decida ejercer su derecho a guardar silencio.

No se ha decretado públicamente su ingreso en prisión provisional. Tampoco consta que la orden implique que deba permanecer encarcelada después de comparecer. Lo previsible, salvo que aparecieran circunstancias nuevas, es que quede en libertad una vez cumplida la diligencia para la que fue requerida.

El arresto, aun siendo temporal, no es una cuestión menor. Puede producirse en un aeropuerto, en un control policial o en cualquier lugar donde los agentes comprueben la existencia de la orden. Después será conducida ante el juzgado. La imagen resulta aparatosa, pero su función no es castigarla anticipadamente.

La resolución conocida sitúa la ejecución de la medida en su regreso a España. No hay constancia pública de que se haya activado una petición internacional de extradición para traerla desde Emiratos Árabes. Presentarla como una fugitiva perseguida por medio mundo sería inflar la historia hasta que perdiera contacto con el suelo.

Otra cuestión es si las ausencias pueden originar una investigación adicional por desobediencia a la autoridad. El juez ya había advertido de esa posibilidad. Para que existiera una condena tendría que abrirse el procedimiento correspondiente, analizarse la conducta, escucharse a la defensa y acreditarse todos los elementos del delito. No sucede de forma automática por aparecer la palabra desobediencia en una advertencia.

Mouliaá también podrá recurrir la orden y discutir si el contrato laboral, su situación médica y la petición de videoconferencia justificaban la ausencia. Su abogada ha presentado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial y denuncia que se enteraron de la decisión a través de los medios antes de recibir una notificación formal.

Ese extremo, si se confirma, merece aclaración. Las resoluciones deben notificarse a las partes mediante los canales procesales establecidos. Que una noticia llegue antes a una redacción que al procurador alimenta una sensación de espectáculo nada saludable, aunque no invalide automáticamente el contenido del auto.

La actriz, mientras tanto, ha elevado el tono. Se ha definido como una mujer normal con ahorros normales, ha hablado de persecución y ha preguntado qué víctima se atreverá a denunciar después de observar su experiencia. El temor a que un proceso hostil disuada a otras mujeres no es una fantasía.

La exposición pública, la sospecha permanente y el escrutinio de cada gesto pueden convertirse en una segunda intemperie. No obstante, proteger a quienes denuncian violencia sexual no exige suspender las garantías de los demás ni convertir cualquier requerimiento judicial en una agresión institucional.

Una sociedad democrática debe poder sostener dos ideas al mismo tiempo: las denunciantes merecen respeto y protección; las resoluciones judiciales deben cumplirse o combatirse mediante los recursos previstos. Lo demás es convertir el procedimiento penal en una plaza donde gana quien grita más fuerte.

La distancia no suspende el proceso

Elisa Mouliaá puede tener motivos económicos reales para permanecer en Dubái. Puede haber sufrido un daño profesional, familiar y psicológico profundo. Puede considerar que la Justicia la ha tratado con rigidez. Todo eso cabe en la historia. Lo que no cabe es fingir que la tercera citación no existió o que el juez no había advertido expresamente de las consecuencias.

También debe rechazarse la tentación contraria: utilizar sus ausencias, sus contradicciones o los audios para declarar falsa la denuncia contra Errejón antes de que los tribunales resuelvan. La credibilidad no se decide mediante una competición de fragmentos televisivos. Un audio no es una sentencia, del mismo modo que una orden de detención para comparecer tampoco es una condena.

La actriz ha trasladado su defensa al espacio público con una intensidad que quizá le proporciona apoyo emocional, pero que también aumenta sus riesgos. Acusar de prevaricación a un juez, llamar fascista al procedimiento o presentar la querella de Errejón como si fuera idéntica a una acusación por denuncia falsa introduce más ruido que claridad.

Errejón, por su parte, tiene derecho a defender su honor y a acudir a los tribunales si considera que le atribuyeron delitos inexistentes. Ese derecho no borra la causa abierta por la presunta agresión sexual ni convierte su versión en verdadera por adelantado. Cada procedimiento deberá sostenerse sobre sus propias pruebas, sin atajos ni vasos comunicantes construidos desde un plató.

Mouliaá sigue en Dubái porque ha decidido mantener su trabajo y porque considera que podía comparecer a distancia. No se presenta físicamente porque afirma que no puede perder esa oportunidad laboral y porque denuncia un trato judicial desproporcionado. El juez entiende que ninguna de esas razones justifica la tercera ausencia y ha ordenado que sea detenida cuando vuelva para llevarla ante el juzgado.

Ese es el dato firme. Lo demás —la culpabilidad de Errejón, la posible responsabilidad de Mouliaá por calumnias, la validez de sus acusaciones sobre los testigos o la eventual desobediencia a la autoridad— sigue pendiente de decisiones judiciales.

Entre Dubái y Plaza de Castilla hay miles de kilómetros, pero el conflicto real no es geográfico. Es el choque entre una mujer que se siente perseguida, un hombre que afirma haber sido difamado y unos tribunales obligados a separar emociones, indicios y delitos con algo más preciso que el ruido de una conexión en directo.