¿Por qué miles piden justicia por las residencias de Madrid?

Marcha en Madrid por residencias: miles piden justicia para 7.291 fallecidos y Ley Estatal con ratios, inspecciones y transparencia pública.

La mañana del sábado 22 de noviembre, miles de personas recorrieron el eje Cibeles–Puerta del Sol para reclamar justicia por los fallecidos en las residencias de mayores durante la primera ola de la covid-19 y para exigir un cambio real de modelo en la atención a la dependencia. Convocada por Marea de Residencias, la marcha volvió a colocar en el centro de la agenda un número que no ha dejado de retumbar: 7.291 —la cifra que las asociaciones de familiares reivindican como emblema de su lucha— frente a otro recuento, 7.921, que algunos medios y convocantes manejan para referirse a las víctimas en residencias madrileñas durante la pandemia. La demanda inmediata fue nítida: verdad, justicia, reparación y una Ley Estatal de Residencias que garantice derechos, transparencia y plantillas suficientes.

El mensaje aterriza en tres frentes. Primero, memoria y responsabilidades por lo ocurrido en la primavera de 2020, con especial foco en los protocolos de no derivación que limitaron traslados hospitalarios desde residencias. Segundo, reforma estructural: ratios de personal que respondan a la dependencia real, inspecciones con músculo y datos públicos comparables entre centros. Tercero, financiación y gobernanza: si el dinero es principalmente público, los contratos deben premiar resultados en salud y bienestar, no sólo la ocupación de plazas. Lo que se pide, en resumen, es que el dolor no prescriba en papeles ni en cifras, y que los cambios se midan por horas reales de cuidado y por indicadores verificables, no por eslóganes.

De Cibeles a Sol: carteles, lemas y un itinerario ya simbólico

La columna arrancó a las 12.00 en Plaza de Cibeles y atravesó Alcalá hasta Puerta del Sol, frente a la Real Casa de Correos, sede del Gobierno autonómico. No fue la primera vez ni, a juzgar por los testimonios, será la última. Se escucharon consignas que ya forman parte de una memoria colectiva dolorosa: “Justicia para las víctimas en las residencias y, para los vivos, dignidad y derechos humanos”. Hubo fotografías, nombres propios, fechas. La escena, entre la denuncia y el duelo, volvió a unir a familiares, trabajadores de centros, profesionales sociosanitarios y plataformas como Pladigmare (Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias) o 7291: Verdad y Justicia.

Lo esencial de la petición se repitió en los discursos de cierre: reconocimiento público de lo ocurrido, responsabilidades políticas y judiciales donde proceda, y una hoja de ruta estatal con estándares mínimos de calidad que no dependan del código postal. La reivindicación del modelo público o sin ánimo de lucro ganó espacio en las intervenciones, junto a una idea que atraviesa todo el movimiento: los cuidados no encajan bien cuando la rentabilidad a corto compite con el tiempo que requiere una persona con dependencia severa. Es un debate incómodo, sí, pero concreto.

Las cifras que dividen el relato: 7.291 frente a 7.921

En pancartas, manifiestos y piezas informativas conviven dos números. 7.291 es la cifra que las asociaciones de familiares sostienen desde 2020 para referirse a las personas mayores fallecidas en residencias madrileñas durante la primera ola, con covid confirmado o síntomas compatibles, muchas sin acceso a traslado hospitalario. Se originó en respuestas oficiales, partes diarios y comunicaciones a la Fiscalía recopiladas entonces. En paralelo, 7.921 aparece en algunas coberturas de la protesta y en llamamientos recientes de colectivos para englobar un periodo algo más amplio o criterios distintos de clasificación (confirmados y sospechosos, distintas ventanas temporales). El baile de cifras existe; no invalida el núcleo del reclamo: miles de mayores murieron sin ser derivados, y las familias exigen que se establezca la cadena de decisiones, se asuman responsabilidades y se corrija el sistema para que algo así no vuelva a repetirse.

La discusión sobre el número exacto importa —las cifras ordenan la memoria y la política pública—, pero el objetivo declarado de la marcha fue otro: anclar cambios medibles. Para eso, las asociaciones insisten en pasar del relato a los datos: horas de atención directa por residente y turno, resultados de inspecciones, tasas de infecciones, de caídas, de úlceras por presión, consumo de psicofármacos, uso de sujeciones, rotación de personal, tiempos de respuesta ante emergencias. Un panel público y comparable entre centros y comunidades reduciría la tentación de “maquillar” la realidad y permitiría orientar la financiación a lo que funciona.

Nombres propios y decisiones bajo la lupa: de 2020 a hoy

Cinco años después, los nombres y cargos clave del arranque de la pandemia han vuelto a primera línea. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid; Enrique Ruiz Escudero, entonces consejero de Sanidad; Carlos Mur, director de Coordinación Sociosanitaria en marzo de 2020 y firmante del protocolo que exclusió a determinados residentes del traslado hospitalario; y Francisco Javier Martínez Peromingo, coordinador del llamado “protocolo técnico” que desarrolló aquellos criterios. En mayo de 2025, un juzgado de Madrid citó como investigados a Mur y Martínez Peromingo dentro de una causa reabierta a petición de la Fiscalía Provincial tras la denuncia conjunta de más de un centenar de familiares. Para las asociaciones —Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia, entre otras—, fue “una pequeña luz de esperanza” después de años de archivos, reaperturas puntuales y recursos.

Otro hito reciente condiciona el contexto de la protesta: a finales de octubre, la Audiencia Provincial de Madrid desestimó dos recursos que pedían reabrir procedimientos archivados sobre los protocolos de derivación. La resolución no cerró el debate, ni mucho menos, pero explica por qué, a las puertas del invierno, el movimiento de familiares regresó con fuerza a la calle. Aun con ese telón de fondo judicial, el foco del sábado no fue tanto el pleito como la política pública: ratios, inspecciones, transparencia y un marco estatal que fije mínimos comunes.

En el plano político, el asunto ha tensado Madrid durante toda la legislatura. La polémica se avivó en primavera con la emisión de un documental y con declaraciones posteriores de dirigentes de la oposición sobre las “7.291” muertes, que derivaron en querellas y en un deterioro de relaciones institucionales en el Ayuntamiento y en la Asamblea. Alberto Reyero, exconsejero de Políticas Sociales durante la primera ola, sostiene desde entonces que los protocolos fueron discriminatorios y que existieron cadenas de mando claras. El Gobierno regional defiende la legalidad de su actuación y subraya los numerosos archivos judiciales cosechados en los últimos años. Esa dialéctica —y su traducción penal— sigue abierta, pero el clamor de este sábado giró, sobre todo, alrededor de cómo organizar el cuidado hoy.

Qué piden: una Ley Estatal de Residencias con estándares verificables

Los convocantes no hablan de una declaración de buenas intenciones, sino de una ley con dientes. El esqueleto que plantean tiene piezas concretas. Ratios de atención directa calculadas en horas efectivas por residente y turno, no en promedios mensuales que diluyen la falta de manos en noches y fines de semana. Inspecciones frecuentes sin aviso previo, realizadas por equipos con independencia real y con publicación obligatoria y accesible de sus informes. Límites de tamaño de los centros y puesta en marcha de unidades de convivencia pequeñas (que reducen contagios y mejoran bienestar). Direcciones de centro profesionalizadas, con formación homologada y reciclaje periódico obligatorio. Transparencia de contratos y de resultados en salud y calidad de vida, para orientar la financiación a objetivos (menos infecciones, menos caídas, menos sujeciones; más planes de vida individualizados, más continuidad de cuidadores de referencia).

La ley estatal debería blindar un suelo común entre comunidades autónomas. Nadie por debajo de determinados mínimos, viva donde viva. La atención domiciliaria —reforzada con teleasistencia avanzada, fisioterapia a domicilio, respiro familiar y prevención de la soledad— es otra pata del plan: evitar ingresos innecesarios en residencias y retrasar al máximo la institucionalización. Quienes empujan esta agenda piden, además, un derecho a segunda opinión en cambios bruscos de estado, una prohibición robusta de sujeciones químicas y físicas sin protocolos y revisión externa, y vías de reclamación rápidas, no burocráticas.

Qué ha cambiado en Madrid y qué falta por cambiar

La Comunidad de Madrid aprobó en 2024 una orden de acreditación que actualiza requisitos y fija ratios mínimas de personal de atención directa: 0,45 en residencias de más de 50 plazas y 0,37 en las de 50 o menos. La norma establece periodos de adaptación y refuerza aspectos arquitectónicos (más habitaciones individuales, límites a los tamaños de unidades de convivencia) y de organización del trabajo. El Ejecutivo regional lo presenta como un nuevo modelo alineado con la calidad y la seguridad. Sobre el papel, es un avance respecto a marcos previos, pero sindicatos, sociedades científicas y asociaciones de familiares consideran que el listón aún queda lejos de lo necesario si se mide en tiempo real de cuidado por persona.

Las inspecciones revelan, además, que el salto del BOE o del BOCM a la planta —al turno, al pasillo, a la habitación— no sucede por decreto. Durante 2024 y 2025 se han impuesto sanciones relevantes por déficits de personal, fármacos caducados, sujeciones sin prescripción o protocolos, problemas de conservación de alimentos, temperaturas inadecuadas y falta de supervisión en momentos críticos. Los expedientes no describen un mal sistémico en cada centro, pero sí un patrón de fragilidades que se repite cuando faltan manos o cuando la rotación es crónica. La consecuencia práctica es obvia: sin estabilidad de plantillas, ni la formación continua ni la mejor tecnología logran sostener la calidad.

En paralelo, el Gobierno central ha remitido a las Cortes una reforma de la Ley de Dependencia que, sin ser una ley de residencias estricta, introduce más servicios, menos burocracia y herramientas tecnológicas para seguimiento de casos. El debate parlamentario y su aterrizaje presupuestario influirán en la capacidad de las comunidades para incrementar plantillas, mejorar salarios y profesionalizar perfiles que hoy resultan difíciles de cubrir en turnos rotatorios. Porque los números importan también en el mercado laboral: sin condiciones estables y retribuciones ajustadas a la exigencia del trabajo, la captura y retención de talento es cuesta arriba.

Protocolos de 2020: cronología, documentos y controversia

La primavera de 2020 fijó un punto de no retorno. En marzo, con los hospitales tensionados y la mortalidad disparada, la Consejería de Sanidad difundió documentos con criterios de derivación que establecían exclusiones para determinados residentes por su grado de dependencia, discapacidad u otras condiciones. Carlos Mur figuraba como firmante del llamado “protocolo de no derivación”, y Javier Martínez Peromingo coordinó un “protocolo técnico” que precisaba su ejecución. Enrique Ruiz Escudero, al frente de Sanidad, defendió aquellos criterios como parte de una respuesta sanitaria en un contexto extremo; los familiares, profesionales y juristas críticos hablaron de discriminación y de negación de derechos. La polémica, lejos de apagarse, se judicializó y atravesó la política autonómica y municipal durante toda la legislatura.

La controversia se alimentó de dos vertientes. Una, ética y clínica: si en una crisis se pueden aplicar criterios de exclusión por dependencia y discapacidad sin incurrir en discriminación y sin erosionar derechos básicos. Dos, operativa: si hubo o no medicalización real de residencias, si se activaron refuerzos de personal sanitario a tiempo (la existencia de listados de médicos voluntarios llegó a los periódicos), si se facilitaron equipos de protección y oxigenoterapia suficiente. Lo que la marcha recordó con pancartas y altavoces es que, más allá de las respuestas penales, la política pública debe blindar que, ante cualquier ola futura, ningún residente quede sin evaluación clínica individualizada ni sin opción de derivación cuando esté indicado.

Quiénes sostienen hoy la reivindicación y con qué apoyos

Marea de Residencias coordina desde 2020 a decenas de colectivos de familiares y trabajadores. A su lado actúan plataformas como Pladigmare y 7291: Verdad y Justicia, que han ganado visibilidad en homenajes, actos y en la calle. Entre las voces profesionales, sociedades científicas de geriatría y gerontología, sindicatos y colegios profesionales han aportado estudios sobre tiempos de atención necesarios, ratios óptimas por dependencia y organización de turnos más humanos. En el terreno político, partidos de la oposición en Madrid han acompañado varias de las movilizaciones, mientras el Gobierno regional reivindica el “nuevo modelo” y la actualización normativa y recuerda los archivos judiciales. Las familias replican que la justicia penal no sustituye la obligación de mejorar el sistema.

Queda un plano menos visible pero determinante: los contratos. Cuando buena parte de las plazas están concertadas con financiación pública, la letra del pliego decide tanta calidad como la mejor ley. Las familias piden cláusulas de resultados en salud y bienestar, auditorías externas y quitas cuando no se cumplan estándares, además de incentivos cuando los indicadores mejoren de forma sostenida. Prefieren proveedores públicos o sin ánimo de lucro para las plazas que sufraga la Administración, para evitar tensiones entre cuidado y dividendo. Donde haya operadores privados, exigen transparencia total: costes, distribución de gastos, beneficios y retribuciones directivas.

Lo que cambia con datos: de la teoría del modelo a la práctica del turno

Toda reforma se comprueba a pie de planta. Sirve de poco una ratio anual si no garantiza presencia por turno. Las noches con apenas personal de atención directa se traducen en menos movilidad, más caídas y peor control de infecciones. Las tardes de fin de semana con plantillas bajo mínimos significan menos hidratación, menos acompañamiento, más delirium y síndromes confusionales no detectados. Los estudios de tiempos de atención elaborados en la región han dibujado una cifra orientativa que se repite: 6 horas largas de atención directa por persona y día, distribuidas en tres turnos, para garantizar cuidados básicos dignos en residentes con gran dependencia. Hoy, en demasiados centros, esas horas reales no salen.

La solución pasa por aumentar manos y por reorganizar tareas. Protocolizar un reparto de tareas por competencias, apostar por equipos estables que conozcan a los residentes, reducir rotaciones abruptas y convertir a la enfermería y a la trabajadora social en ejes del plan de vida. La medicina debe estar más presente —no sólo localizable—, con coordinación fluida con Atención Primaria y hospitales. Y los directores, formados y evaluados, necesitan autonomía para ajustar turnos cuando cambie el perfil de la unidad. Nada de esto se improvisa: requiere presupuestos y voluntad política.

Un país que decide cómo quiere cuidar

La manifestación de Cibeles a Sol puso de nuevo nombres y apellidos en el centro de Madrid. Recordó que la cifra —7.291 en la memoria de las familias, 7.921 en algunas crónicas— no es una abstracción. Son vidas. La discusión judicial seguirá su curso, aún con decisiones recientes que frustran reaperturas.

Pero la política pública no puede esperar al último auto. Lo que está en juego es un proyecto de país: cómo cuidar a quienes ya lo han dado todo y cómo prepararse para una sociedad que envejece rápido. Las familias han señalado la salida: ley estatal con estándares medibles, datos abiertos, plantillas suficientes, inspecciones con luz y contratos que paguen resultados y no sólo camas. Ese es el terreno donde se jugará la evolución real del sistema. Y donde se honrará, con hechos, la memoria de quienes no llegaron a tiempo al hospital.