¿Qué explicó Vicente Vallés sobre el jurado popular de Begoña Gómez?

El nombre de Vicente Vallés ha quedado ligado en las últimas horas al futuro juicio de Begoña Gómez después de que el presentador de Antena 3 Noticias comentara la reacción del Gobierno a la apertura de juicio oral. El periodista puso el foco en las palabras de la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, que expresó su confianza en la inocencia de Gómez y en que un jurado ecuánime hiciera justicia. Vallés resumió con ironía esa posición señalando que, según ese planteamiento, hacer justicia consistiría en que los nueve miembros del jurado popular la declarasen inocente.

Más allá de la refriega política, el dato importante es bastante más concreto: Begoña Gómez será juzgada por un tribunal del jurado, compuesto por nueve ciudadanos y presidido por un magistrado profesional. La esposa del presidente del Gobierno afrontará el juicio por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación; Cristina Álvarez, su exasesora en Moncloa, será juzgada por presunta malversación. La apertura del juicio oral no equivale a una condena ni altera la presunción de inocencia. La Fiscalía y las defensas sostienen que deben ser absueltas, mientras las acusaciones populares mantienen la acusación.

Qué dijo Vicente Vallés y de dónde nace la polémica

La intervención de Vallés llegó después de la rueda de prensa del Consejo de Ministros del 22 de septiembre. La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, defendió públicamente la inocencia de Gómez, una posición que el Ejecutivo viene manteniendo frente a una instrucción que ha criticado con dureza. Las palabras sobre el procedimiento provocaron también respuestas desde la oposición.

Vallés centró su comentario precisamente ahí: no en anticipar técnicamente lo que decidirá el tribunal, sino en cuestionar que desde el Gobierno se asocie el concepto de justicia a un resultado concreto antes de celebrarse el juicio. Es una valoración periodística de Vallés, no una descripción jurídica del procedimiento. Conviene separar ambas cosas, porque con un jurado popular hay mecanismos bastante precisos y poco cinematográficos. Aquí no aparecen doce personas encerradas en una habitación al estilo de Hollywood ni es necesaria la unanimidad.

Lo que ocurrirá cuando llegue la vista está regulado por la Ley Orgánica 5/1995 del Tribunal del Jurado. Y ahí el margen para la improvisación se estrecha bastante.

Qué ha decidido realmente el juez Peinado

El juez Juan Carlos Peinado acordó el 21 de septiembre de 2026 la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez y Cristina Álvarez y la remisión del procedimiento a la Audiencia Provincial de Madrid. Con esa resolución se cierra la fase de instrucción de esta parte de una causa iniciada en 2024 y comienza el camino hacia la celebración del juicio.

En el caso de Gómez, el juicio se refiere a los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. Que intervenga un jurado ciudadano no es una elección extravagante del juez ni una particularidad diseñada para este procedimiento: la propia ley incluye expresamente entre las materias atribuidas al Tribunal del Jurado esos delitos.

Tampoco debe confundirse el auto de apertura de juicio oral con un pronunciamiento sobre culpabilidad. Significa que la causa supera la fase previa y que las acusaciones podrán intentar demostrar sus tesis en el juicio, frente a unas defensas que podrán combatirlas. La culpabilidad sigue sin estar decidida. Ahí está, precisamente, el trabajo que todavía falta.

Cómo se elige el jurado popular que juzgará el caso

El tribunal estará formado por nueve jurados titulares, dos suplentes y un magistrado-presidente de la Audiencia Provincial. La ley no exige que esos nueve ciudadanos sean abogados, juristas ni personas acostumbradas a descifrar el pequeño bosque de artículos y jurisprudencia de un procedimiento penal. Su cometido es valorar los hechos y las pruebas practicadas durante el juicio.

El mecanismo empieza mucho antes de que se abra la puerta de la sala. Las listas generales de candidatos a jurado se elaboran mediante sorteo a partir del censo electoral de cada provincia y tienen una vigencia de dos años. Para poder ejercer es necesario, entre otros requisitos, ser español mayor de edad, encontrarse en pleno ejercicio de los derechos políticos y saber leer y escribir. Existen también causas de incapacidad, incompatibilidad, prohibición y excusa.

De 36 candidatos a nueve titulares y dos suplentes

Cuando el juicio tenga fecha, el procedimiento se estrechará. Al menos 30 días antes de la primera vista, se realiza en audiencia pública el sorteo de 36 candidatos de la lista provincial para esa causa concreta. Los seleccionados reciben una citación y un cuestionario donde deben comunicar cualquier circunstancia que pueda impedirles ejercer como jurados.

Después llegará la selección definitiva de los nueve titulares y los dos suplentes. Durante la constitución del tribunal se examinan las posibles incompatibilidades y las partes disponen de los mecanismos de recusación previstos legalmente. El objetivo es formar el grupo ciudadano que permanecerá en la sala durante la práctica de la prueba y que posteriormente deliberará.

De esa criba sale finalmente el grupo que escuchará durante el juicio las declaraciones, periciales, documentos y argumentos de las partes. No será un sondeo de opinión sobre Pedro Sánchez, sobre el Gobierno o sobre la oposición. Jurídicamente, su terreno queda acotado a los hechos sometidos a juicio y a la prueba practicada.

Qué decide el jurado y qué corresponde al magistrado

Aquí aparece una de las confusiones más habituales. El jurado popular no sustituye completamente al juez profesional. Los nueve ciudadanos deben declarar qué hechos consideran probados o no probados y pronunciarse sobre la culpabilidad o inculpabilidad de cada acusada respecto de los hechos delictivos que se les sometan.

El magistrado-presidente mantiene otras funciones esenciales: dirige el juicio, resuelve las cuestiones jurídicas que le corresponden, prepara el objeto del veredicto y, una vez recibido este, dicta la sentencia. Si el veredicto es de culpabilidad, será también el magistrado quien imponga la pena que legalmente proceda y resuelva, cuando corresponda, sobre responsabilidad civil.

Es una arquitectura peculiar: ciudadanos decidiendo sobre los hechos y la culpabilidad; un juez profesional convirtiendo después ese veredicto en una resolución judicial conforme a Derecho.

Siete votos para la culpabilidad y cinco para la inculpabilidad

Tampoco se exige unanimidad. Para declarar probado un hecho perjudicial para el acusado son necesarios al menos siete votos; cuando el hecho es favorable bastan cinco. La misma lógica opera en el pronunciamiento final: se necesitan siete votos para establecer la culpabilidad y cinco para establecer la inculpabilidad.

Esto explica por qué hablar simplemente de nueve personas que decidirán se queda corto. No basta con contar cabezas al final de una discusión. El jurado recibe del magistrado un objeto del veredicto con los hechos que debe examinar, delibera sobre ellos y tiene que motivar mínimamente su decisión en el acta. Después llega la sentencia.

Y sí, esa diferencia entre siete y cinco votos puede resultar contraintuitiva a primera vista. Responde a la protección que el sistema penal concede a la presunción de inocencia: el umbral exigido para una declaración de culpabilidad es superior.

Qué falta para que comience el juicio de Begoña Gómez

La apertura de juicio oral no significa que nueve ciudadanos vayan a sentarse inmediatamente en la Audiencia Provincial. A 23 de septiembre de 2026 todavía no hay una fecha de juicio anunciada. La causa debe llegar a la Audiencia Provincial de Madrid, ser repartida y completar distintos trámites antes del señalamiento y de la constitución efectiva del jurado.

También deberán concretarse las pruebas que llegarán a la vista y las cuestiones procesales pendientes. Solo cuando exista un señalamiento empezará el mecanismo específico de selección de candidatos para esta causa, con aquel sorteo inicial de 36 personas previsto por la ley.

Por eso, aunque la batalla política ya funciona a pleno rendimiento —con declaraciones del Gobierno, respuestas de la oposición y comentarios como el de Vicente Vallés—, el proceso judicial lleva otro reloj. Más lento, bastante menos televisivo y sujeto a unas reglas que no cambian según quién ocupe el banquillo.

El veredicto llegará después, no antes

La notoriedad de Begoña Gómez y su relación con el presidente del Gobierno convierten inevitablemente el proceso en un asunto político de primera magnitud. Eso no modifica, sin embargo, las reglas jurídicas: nueve ciudadanos deberán valorar la prueba, dos jurados permanecerán como suplentes y un magistrado profesional presidirá el tribunal y dictará posteriormente la sentencia conforme al veredicto.

La intervención de Vicente Vallés ha colocado bajo los focos precisamente una paradoja de estos días: mientras Gobierno y oposición discuten ya sobre el significado político del futuro resultado, todavía no conocemos siquiera los nombres de quienes formarán el jurado. Primero llegará el sorteo. Después, el juicio, las pruebas, la deliberación y los votos. Solo entonces existirá algo que jurídicamente pueda llamarse veredicto.