¿Fue Juan Carlos I quien cedió el Sáhara a Marruecos?

La historia de 1975 que unió a Juan Carlos I y Hasán II y selló la salida española del Sáhara: decisiones, documentos y efectos que perduran.

La salida de España del Sáhara Occidental en 1975 fue una decisión de Estado: se plasmó en el Acuerdo Tripartito de Madrid (14 de noviembre), por el que España puso fin a su administración del territorio y la transfirió a Marruecos y Mauritania. No hubo traspaso de soberanía —la cuestión jurídica quedó abierta—, pero sí un cambio decisivo sobre el terreno. En ese engranaje, el entonces príncipe Juan Carlos, jefe del Estado en funciones, desempeñó un papel determinante para acelerar la retirada y encarrilar la negociación con Hasán II ante el riesgo de un choque militar y en pleno ocaso del franquismo. Fue un proceso colegiado, con Gobierno, altos mandos y aliados externos, pero su liderazgo pesó.

La cronología ayuda a entenderlo: 16 de octubre de 1975, la Corte Internacional de Justicia dicta que no existen vínculos de soberanía de Marruecos o Mauritania sobre el territorio, aunque reconoce lazos históricos; 6 de noviembre, Hasán II lanza la Marcha Verde con cientos de miles de civiles hacia la frontera, desbordando la capacidad de respuesta de una España con Franco agonizante; 2 de noviembre, Juan Carlos viaja a El Aaiún para ordenar la disciplina en los cuarteles y evitar decisiones temerarias; y 14 de noviembre, se firman en Madrid los documentos que formalizan la retirada. El resultado: el referéndum prometido nunca se celebró y el contencioso quedó congelado durante décadas.

1975: el momento que lo cambió todo

Aquel otoño comprimió todos los vértigos. La opinión consultiva de La Haya no cerraba la puerta a la autodeterminación saharaui, pero Hasán II transformó el dictamen en palanca política interna y externa. La Marcha Verde no fue solo una movilización espectacular —banderas, rezos, caravanas—, fue también un modo de forzar a España a elegir entre sostener una provincia en armas o pactar una salida rápida antes del relevo en la Jefatura del Estado. En Madrid, el Estado Mayor debatía escenarios con tensiones dentro de los propios cuarteles; en Rabat, el Palacio real calculaba que la presión humana y simbólica inclinaría la balanza; en Washington, el tablero magrebí se miraba con el prisma de la Guerra Fría. Todo se precipitó.

De La Haya a la Marcha Verde

El dictamen de la Corte Internacional de Justicia, fechado el 16 de octubre, subrayó el derecho de los saharauis a decidir su futuro. A la vez, al reconocer “lazos de allegiantia” con el sultán en determinados periodos históricos, ofreció a Rabat munición retórica para su reclamación. Hasán II movió ficha con rapidez: un dispositivo logístico enorme, frontera mediante, y una consigna clara de contención militar para evitar el casus belli. España respondió con una retirada ordenada y con la vista en un objetivo doméstico: evitar una guerra imposible de sostener con el régimen en fase terminal y el heredero forzado a ejercer como jefe del Estado de facto.

El viaje a El Aaiún y la disciplina de los cuarteles

El 2 de noviembre, Juan Carlos se plantó en El Aaiún. No fue un gesto vacío. El ambiente en algunas unidades estaba caldeado, con oficiales partidarios de mantener la posición “cueste lo que cueste” y otros abiertamente conscientes de que aquello no era sostenible sin un respaldo político y logístico que ya no existía. La visita y los mensajes a la tropa buscaban un objetivo: mantener la cadena de mando y ganar margen para negociar. La idea de una intervención directa a gran escala se fue desinflando. Sobre la mesa, una salida: papeles firmados en Madrid con Marruecos y Mauritania y el compromiso de gestionar una transición rápida del control administrativo.

Qué se firmó exactamente en Madrid

La Declaración de Principios entre España, Marruecos y Mauritania —el llamado Acuerdo Tripartito de Madrid— establecía que España “ponía término a las responsabilidades y poderes” como potencia administradora, diseñaba una administración temporal tripartita y acordaba la retirada de las fuerzas españolas. La soberanía, jurídicamente, no se transfería; el Sáhara siguió figurando como territorio no autónomo pendiente de descolonización en la ONU. En la práctica, Rabat ocupó la mayor parte del territorio y Nuakchot la franja sur (Tiris al-Gharbía).

La letra pequeña tuvo consecuencias duraderas. El texto mencionaba a la Yemaa —asamblea de notables— como cauce representativo, pero el referéndum de autodeterminación quedó para una fase que jamás llegó. Cuando Mauritania se retiró en 1979 tras su guerra con el Frente Polisario, Marruecos ocupó ese vacío, consolidando su control de facto. Y desde 1991, una misión de la ONU (MINURSO) vigila un alto el fuego que ha tenido periodos de tensión y episodios de ruptura declarativa por parte del Polisario, especialmente desde 2020.

Administración, soberanía y la letra pequeña

Conviene trazar la distinción que a menudo se confunde. España no “entregó la soberanía” —no podía hacerlo de manera unilateral según el derecho internacional—, pero sí facilitó que Marruecos y Mauritania se hicieran con la administración efectiva. La consecuencia fue doble: en lo jurídico, la ONU siguió hablando de descolonización pendiente; en lo político y geoestratégico, Rabat ganó el control del terreno, con infraestructuras, muros defensivos y una integración administrativa progresiva, mientras el Polisario consolidaba su retaguardia en Tinduf (Argelia). Esa ambivalencia —de iure versus de facto— explica el pantanoso medio siglo siguiente.

“Amigos íntimos”: una sintonía con efectos de Estado

La relación personal entre Juan Carlos I y Hasán II fue real y, en momentos clave, operativa. Se forjó en aquellos días de 1975 y se prolongó con gestos visibles —viajes, mediaciones discretas, presencias significativas como el 70 cumpleaños de Hasán II en Rabat en 1999 y el funeral dos semanas después—. Charles Powell, historiador y director del Real Instituto Elcano, sostiene que el entonces príncipe antepuso la estabilidad de España y la unidad de las Fuerzas Armadas a cualquier otro vector en la gestión del Sáhara, y que cultivó canales directos con Washington. Hay episodios que encajan con ese guion: los contactos con la Administración estadounidense, la mirada de Henry Kissinger al Magreb en plena Guerra Fría y esa frase, reservada y cruda, que el propio Juan Carlos deslizó en 1980 ante Jimmy Carter: los españoles se comportaron, “en cierto sentido”, “como traidores” con los saharauis al abandonar el territorio sin garantizar el referéndum prometido. Dura. Y reveladora.

Hay más. En 1979, ya como rey, Juan Carlos comentó en una conversación con el senador Ed Muskie escenarios tan sensibles como Melilla o Ceuta. No se materializó nada, pero el simple hecho de que esas hipótesis se verbalizasen en un despacho ilustra el nivel de incertidumbre estratégica de aquellos años. A la vez, el delicado equilibrio con Marruecos —cooperación migratoria, fronteras, pesca, seguridad— dependía en buena medida de la química entre las coronas y de una interlocución que permitía apagar fuegos o ganar tiempo cuando las cosas se torcían.

¿“Entrega” personal del territorio? No. Hubo un acuerdo firmado por el Estado español. ¿Influencia decisiva del heredero en la dirección de los acontecimientos? Sí. Su presencia en el terreno, su papel en la contención de los impulsos militares, su apuesta por el pacto con Hasán II y su papel de intermediario con Estados Unidos inclinaron la balanza hacia la retirada pactada. El resto —la consolidación marroquí, el olvido del referéndum, la larga espera— llegó después.

Medio siglo después: de la guerra al plan de autonomía

Tras 1975, el Frente Polisario proclamó la RASD y, con apoyo argelino, inició una guerra de desgaste contra Marruecos y Mauritania. Nuakchot se retiró en 1979; Rabat aguantó, construyó el sistema de muros y apostó por la administración plena del territorio. En 1991 se pactó el alto el fuego y nació MINURSO con un mandato pensado para organizar un referéndum que nunca se realizó. En 2007, Marruecos presentó su plan de autonomía: autogobierno limitado bajo soberanía marroquí, con competencias locales y sin opción de independencia.

Durante años, el Consejo de Seguridad habló de soluciones “realistas, creíbles y mutuamente aceptables”. El gran giro llegó el 31 de octubre de 2025 con la resolución 2797 (2025): renovó MINURSO y, sobre todo, señaló el plan de autonomía marroquí como base para la negociación. El Frente Polisario y Argelia rechazaron ese marco por considerar que margina la autodeterminación mediante referéndum, pero la correlación diplomática cambió. Estados Unidos empujó, España y Francia acompañaron, y Rabat lo celebró como un aval internacional de primer orden. La fotografía política, medio siglo después de la Marcha Verde, es otra.

España había adelantado ese movimiento en marzo de 2022, cuando el presidente Pedro Sánchez envió una carta a Mohamed VI calificando la propuesta marroquí como la “base más seria, creíble y realista”. Aquella decisión rompió con la tradicional “neutralidad activa” española, desató una crisis con Argelia —gas mediante— y generó divisiones en Madrid. Pero encajó con la tendencia que, tres años más tarde, cristalizó en Nueva York.

En paralelo, los tribunales europeos han recordado que ningún acuerdo comercial que afecte al Sáhara puede ignorar el consentimiento del pueblo saharaui. Esa dimensión jurídico-comunitaria convive, tensa, con la realidad política de un Consejo de Seguridad que ha abrazado el paradigma de la autonomía. Dos vías, ritmos distintos.

Impacto en la política española y el tablero del Estrecho

Para España, el Sáhara es un espejo incómodo donde se cruzan memoria histórica, política exterior y seguridad. En 1975, la prioridad fue evitar una guerra y proteger la Transición. La retirada reforzó la imagen de un Juan Carlos capaz de mandar en circunstancias límite y abrió paso a la monarquía parlamentaria. A la vez, dejó una deuda moral con la población saharaui que reaparece cíclicamente en la conversación pública y en la diplomacia cotidiana.

Con Marruecos, la relación es la definición misma de dependencia recíproca: fronteras (Ceuta, Melilla), migración, cooperación antiterrorista, pesca, tránsito comercial, el día a día en el Estrecho. Con Argelia, energía y política regional. Los giros en un frente repercuten en el otro. Y la caja de herramientas es limitada: notas verbales, visitas de alto nivel, comunicados conjuntos, “pausas” en aduanas y consignas compartidas para que las crisis no se desboquen. En ese contexto, el giro de 2022 colocó a España en el carril de la autonomía. No cerró el expediente, pero redujo la fricción bilateral con Rabat y encuadró la conversación en términos de proyectos, inversiones y seguridad.

Mencionar Ceuta y Melilla no es una licencia periodística. Estuvieron —y están— en el cálculo estratégico. La simple posibilidad de que un día formaran parte de una negociación fue evocada en 1979 al calor de una conversación de alto nivel. Nunca ocurrió. Pero condiciona cómo se sienten las plazas en cada crisis y cómo se gestionan la valla, el puerto, el comercio atípico o los controles.

Y está el factor EE UU. En los años setenta, la prioridad norteamericana era evitar que el eje Argel–Polisario se convirtiera en una palanca soviética en el Atlántico. Hoy, el marco es otro: competencia global, estabilidad del Sahel, energía, tránsito marítimo. El vector Washington–Rabat sigue pesando, y Madrid se mueve en un equilibrio pragmático, con margen para matices pero sin desmarques dramáticos.

Un desenlace decidido a toda prisa

Mirado con calma, el relato se sostiene sobre tres planos que conviene no mezclar. El jurídico: España no transfirió soberanía en 1975; puso fin a su administración y la ONU mantuvo el Sáhara como territorio no autónomo. El político-institucional: el Estado español, representado por su Gobierno y con Juan Carlos como jefe del Estado en funciones, eligió pactar una retirada con Hasán II y Mauritania para evitar un conflicto en el umbral de la Transición. Y el resultado material: Marruecos consolidó el control de facto y la autodeterminación saharaui se difuminó hasta la irrelevancia práctica, pese a seguir viva en el derecho internacional.

Responder a la pregunta de si Juan Carlos “entregó” el Sáhara exige esa mirada en capas. No fue una decisión personal y aislada. Sí fue un proceso en el que su liderazgo —visitas, llamadas, gestos, interlocución exterior— aceleró el pacto con Hasán II y Washington, con la vista fija en la estabilidad interna. La otra cara es la amistad entre ambos monarcas, tejida a base de confianza mutua y utilidad recíproca. Esa sintonía actuó a menudo como lubricante de la relación bilateral y, en ocasiones, como acelerante de decisiones amargas.

Cincuenta años después, el Consejo de Seguridad ha dado un paso inédito al asumir la autonomía como base de trabajo, España se ha alineado con ese marco desde 2022, y el Polisario insiste en un referéndum que ya no encaja en la correlación diplomática actual. Mientras, El Aaiún crece con inversión pública marroquí y Tinduf mantiene viva la memoria de un pueblo en espera. Hasán II logró su objetivo; Juan Carlos consiguió evitar la guerra y afianzar su posición; los saharauis cargaron con el coste más alto.

Ese es el balance incómodo y, a la vez, útil. 1975 no fue una anécdota colonial tardía, sino un punto de inflexión que condicionó medio siglo de política española y magrebí. Juan Carlos I y Hasán II fueron protagonistas de esa escena, cada uno con su libreto y ambos con el mismo telón de fondo: una decisión urgente, tomada a toda prisa, bajo el ruido de la historia.