La protesta saharaui ante el giro de la ONU sobre el Sáhara

Las protestas de refugiados saharauis en los campamentos de Tinduf, en Argelia, expresan el rechazo a una resolución de la ONU que coloca la propuesta de autonomía de Marruecos en el centro de las negociaciones sobre el Sáhara Occidental. El Consejo de Seguridad aprobó el texto el 31 de octubre de 2025; aunque conserva una referencia a la libre determinación, el Frente Polisario teme que el nuevo marco deje en segundo plano el referendo que debía permitir a la población decidir su futuro, incluida la independencia.

La inquietud no se limita a una disputa sobre palabras diplomáticas. Para quienes viven en el exilio desde hace décadas, el referendo representa una promesa política pendiente y la posibilidad de elegir entre opciones distintas, no solo de aceptar un estatuto dentro de Marruecos. La controversia gira, por tanto, en torno a quién decidirá el estatus del territorio y qué alternativas seguirán realmente sobre la mesa.

Una resolución que cambia el acento de las negociaciones

El texto aprobado por el Consejo de Seguridad alienta a Marruecos, al Frente Polisario, Argelia y Mauritania a continuar las conversaciones tomando como base la propuesta marroquí de autonomía. También mantiene la referencia a una solución política que contemple la libre determinación del pueblo saharaui y señala que una autonomía genuina podría constituir un resultado factible. Esa combinación explica por qué el documento puede presentarse de maneras opuestas: Rabat lo considera un respaldo a su plan, mientras que el Polisario interpreta que altera el equilibrio del proceso.

La diferencia está en el peso relativo de cada elemento. La libre determinación es un principio, pero la propuesta de autonomía pasa a funcionar como punto de partida preferente para negociar. El Consejo no reconoce formalmente la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, pero el nuevo lenguaje da más espacio a la fórmula defendida por Rabat y menos centralidad a una consulta que incluya la independencia. Para el Polisario, conservar una mención general al derecho a decidir no basta si el proceso ya orienta de antemano el resultado posible.

El proyecto fue impulsado por Estados Unidos y aprobado en una votación en la que Rusia y China se abstuvieron, según la información disponible. Antes de la votación, un borrador estadounidense había suscitado especial alarma entre los saharauis porque, en su versión inicial, omitía la referencia a la autodeterminación. La redacción final recuperó esa salvaguarda, pero la resolución sigue marcando un desplazamiento diplomático hacia la iniciativa marroquí.

Por qué el referendo sigue siendo el centro del conflicto

La MINURSO, la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental, se creó en 1991 para supervisar el alto el fuego y preparar una consulta prevista inicialmente para 1992. El referendo nunca se celebró. Las partes no lograron acordar cuestiones decisivas, entre ellas quién tendría derecho a votar, y la misión ha continuado renovándose mientras la solución política permanece estancada. Para varias generaciones de saharauis, la consulta no es una abstracción jurídica, sino una promesa que ha marcado toda una vida.

El Frente Polisario reclama que una votación permita escoger entre la independencia y otras fórmulas, incluida la integración o la autonomía. El plan marroquí, presentado en 2007, propone un autogobierno regional dentro de la soberanía de Marruecos. Su diseño contempla instituciones y competencias locales, pero reserva a Rabat áreas centrales como la defensa y las relaciones exteriores. Por eso, el desacuerdo no consiste únicamente en cuánto poder tendría una administración regional: también afecta a si la independencia puede ser una opción real.

La ONU mantiene al Sáhara Occidental en su lista de territorios no autónomos, una categoría vinculada a procesos de descolonización pendientes. Esa condición no resuelve por sí sola la disputa ni determina de antemano el desenlace, pero sostiene la posición saharaui de que el estatus debe decidirse mediante el ejercicio de la autodeterminación. La protesta denuncia que una negociación centrada en la autonomía podría convertir una alternativa en la única salida práctica, antes de que la población haya podido elegir.

Medio siglo de exilio y una historia todavía abierta

La raíz inmediata de la disputa actual se remonta a 1975. El Sáhara Occidental era entonces una colonia administrada por España, que preparaba una descolonización pendiente cuando Marruecos organizó la Marcha Verde. El 6 de noviembre de ese año, cientos de miles de civiles marroquíes cruzaron hacia el territorio en una movilización promovida por el rey Hassan II. España firmó los Acuerdos de Madrid con Marruecos y Mauritania el 14 de noviembre, y las fuerzas marroquíes ocuparon el territorio. La ONU no reconoce aquel acuerdo como una solución definitiva a la descolonización.

La retirada española y la llegada de las fuerzas marroquíes empujaron a parte de la población saharaui a huir hacia Argelia. Allí se formaron los campamentos de Tinduf, donde viven refugiados y sus descendientes. En 1976, el Frente Polisario proclamó la República Árabe Saharaui Democrática y comenzó una guerra contra Marruecos y Mauritania. Mauritania abandonó después sus pretensiones, mientras el conflicto con Marruecos continuó hasta el alto el fuego de 1991. La consulta prevista tras ese acuerdo no llegó a materializarse.

Ese recorrido explica por qué una resolución actual se recibe como algo más que una actualización anual del mandato de una misión internacional. Para muchos residentes de los campamentos, el exilio se ha prolongado durante toda su vida y la separación familiar sigue formando parte de la experiencia cotidiana. En los territorios bajo control marroquí, activistas denuncian restricciones y temor a represalias. La protesta nace de esa combinación de memoria, desplazamiento y sensación de que el tiempo diplomático transcurre sin acercar una decisión definitiva.

Las manifestaciones en Tinduf y el contraste con los territorios ocupados

Tras conocerse el borrador estadounidense, cientos de personas se manifestaron durante dos días consecutivos en los campamentos de refugiados de Tinduf, de acuerdo con la información publicada sobre aquellas movilizaciones. Los participantes rechazaron que la autonomía bajo soberanía marroquí se convirtiera en el eje del proceso y defendieron la autodeterminación. La marcha mostró que el malestar no se expresa solo en comunicados del Polisario: también se hace visible en una población que lleva décadas esperando una salida política.

Las movilizaciones en Tinduf no deben confundirse con las protestas que pueden producirse en El Aaiún, Dajla u otras localidades del territorio controlado por Marruecos. Los campamentos están en Argelia, fuera del Sáhara Occidental, y acogen a personas refugiadas; en las ciudades del territorio, los activistas se enfrentan a un contexto distinto y denuncian vigilancia, detenciones y represión. La presencia de periodistas u observadores extranjeros ha animado en ocasiones a manifestantes a salir a la calle, porque su visibilidad puede ofrecer cierta protección temporal, aunque no elimina el riesgo.

El contraste ayuda a entender por qué las imágenes de una protesta no reflejan toda la realidad política saharaui. Quienes viven en el exilio pueden manifestarse públicamente con menos exposición directa a las autoridades marroquíes que quienes residen en las zonas ocupadas. Activistas citados en el material de referencia han descrito miedo a que sus declaraciones afecten a familiares que permanecen allí. El silencio en esas ciudades no equivale necesariamente a respaldo al statu quo: también puede ser el resultado de la falta de garantías para protestar.

La autonomía marroquí y lo que dejaría fuera

Marruecos defiende su propuesta como una solución realista que permitiría gestionar los asuntos locales dentro de su soberanía. El plan de 2007 plantea instituciones regionales y competencias en materias sociales y económicas, mientras mantiene en manos del Estado marroquí las decisiones consideradas soberanas. Para Rabat, ese marco ofrecería estabilidad y permitiría cerrar un conflicto prolongado sin modificar las fronteras del reino.

El Polisario sostiene que aceptar la autonomía como base preferente, sin una consulta que incluya la independencia, limita de antemano la capacidad de elección de los saharauis. Su crítica no implica necesariamente que rechace toda negociación: ha señalado que podría dialogar sobre la propuesta marroquí si se presenta como una opción entre varias y si existen garantías para que la población decida libremente. El desacuerdo está en el orden y las condiciones del proceso: una cosa es negociar entre posibilidades y otra hacerlo bajo un marco que ya privilegia una de ellas.

Human Rights Watch también ha advertido que el plan marroquí no garantiza por sí solo el derecho a la autodeterminación. La organización ha señalado que una solución debe abordar, además, los derechos de quienes fueron desplazados, las posibilidades de retorno y las reparaciones por los daños sufridos. Esos aspectos raramente quedan resueltos por el diseño institucional de una autonomía. Un acuerdo sobre competencias regionales no respondería automáticamente a las preguntas sobre quién puede regresar, cómo se protege a la población ni qué reconocimiento tendrían sus derechos.

El giro diplomático y sus límites

El respaldo de Estados Unidos a la soberanía marroquí, anunciado en 2020 durante el primer mandato de Donald Trump, cambió el contexto diplomático. No modificó por sí mismo el estatus del Sáhara Occidental ante la ONU, pero reforzó la posición de Rabat y abrió una etapa en la que otros gobiernos han expresado apoyo a la propuesta de autonomía. La resolución de 2025 se interpreta dentro de esa evolución: no establece formalmente que Marruecos sea soberano, pero acerca el lenguaje del Consejo de Seguridad a la postura marroquí.

España tiene un papel especialmente sensible por su historia como potencia administradora y por sus relaciones actuales con Marruecos y Argelia. En los últimos años, el Gobierno español ha descrito la propuesta de autonomía como la base más seria y creíble para resolver el conflicto, al tiempo que ha defendido que la solución debe canalizarse mediante Naciones Unidas. Esa combinación refleja el equilibrio entre vínculos políticos y económicos con Rabat, la relación con Argelia y la presencia de una comunidad saharaui activa en España.

La resolución tampoco elimina la distancia entre los actores ni obliga al Polisario a aceptar el plan marroquí. El texto orienta las conversaciones, pero no establece un acuerdo final ni resuelve cómo se garantizaría una decisión libre de la población. Su efecto más inmediato es político: modifica el punto de partida y fortalece una narrativa diplomática, sin terminar con el conflicto ni con la disputa sobre el estatus del territorio.

Una misión de paz sin mecanismo para vigilar los derechos humanos

La MINURSO es una pieza central de la presencia internacional en el Sáhara Occidental, pero su mandato no incluye la supervisión sistemática del respeto a los derechos humanos. Esa carencia ha sido criticada por defensores saharauis y organizaciones que reclaman un mecanismo de vigilancia tanto en el territorio como en otras zonas vinculadas al conflicto. En ocasiones anteriores, una propuesta estadounidense para ampliar las competencias de la misión en esa materia fue retirada tras la oposición de Marruecos y el rechazo de otros países.

El Consejo de Seguridad sigue renovando la misión, pero su continuidad no equivale a que exista un proceso eficaz para organizar el referendo. La vigilancia del alto el fuego y la búsqueda de una solución política han seguido caminos distintos: mientras la primera forma parte de las tareas sobre el terreno, la segunda permanece bloqueada por desacuerdos sobre el marco y la participación. Para los saharauis, esa diferencia alimenta la percepción de que Naciones Unidas mantiene el conflicto contenido, pero no garantiza que se resuelva.

La cuestión de los derechos humanos está ligada a la confianza en cualquier fórmula futura. Si una comunidad no puede expresar sus preferencias sin temor, la promesa de que un acuerdo representa su voluntad resulta difícil de verificar. También se vuelve más complejo evaluar las garantías de una autonomía o las condiciones de una consulta. La legitimidad no depende solo de lo que diga una resolución, sino de que existan condiciones para participar, informar y comprobar cómo se cumplen los compromisos.

Por qué la protesta no supone una posición única

El rechazo al nuevo marco no significa que todas las personas saharauis defiendan la misma estrategia. En el material de referencia aparecen voces que reclaman retomar la lucha armada y otras que expresan, sobre todo, el deseo de vivir en paz y de no exponerse a represalias. La frustración de parte de la juventud de los campamentos se mezcla con el cansancio de décadas de espera y con la percepción de que la vía diplomática no ha producido resultados.

Un activista saharaui entrevistado en la información de referencia consideró que el alto el fuego de 1991 debilitó la causa y sostuvo que la juventud pide volver a combatir. Esa opinión representa una postura política concreta, no un consenso que pueda atribuirse a toda la población. El propio contexto descrito muestra las tensiones: hay quienes ven la lucha armada como una respuesta a la ocupación y quienes temen que una nueva guerra agrave el sufrimiento y aleje aún más una salida negociada.

Las manifestaciones contra la resolución deben leerse, por tanto, como una señal de rechazo a un proceso que muchos consideran desequilibrado, no como un mandato automático sobre qué hacer después. El Polisario ha cuestionado la negociación basada en el texto, pero también ha dejado abierta la posibilidad de dialogar bajo otras condiciones. La demanda común que une posiciones distintas es que el futuro del territorio no quede decidido sin una participación saharaui efectiva.

Lo que puede cambiar tras la votación

La aprobación de la resolución refuerza el lugar de la autonomía marroquí en las próximas conversaciones y puede dar a Rabat argumentos adicionales para pedir que otros países respalden su propuesta. También aumenta la presión sobre el Polisario para decidir si participa en un proceso cuyo punto de partida considera desfavorable o si mantiene su rechazo. Ninguno de esos efectos convierte automáticamente el plan en un acuerdo ni obliga a las partes a aceptar un resultado.

La situación sobre el terreno tampoco cambia de un día para otro. Marruecos controla las principales ciudades y la mayor parte del territorio al oeste del muro militar, mientras el Polisario mantiene presencia en zonas menos pobladas al este. La línea de separación, las comunidades refugiadas en Argelia y las familias dispersas no desaparecen con una votación en Nueva York. El reto está en que cualquier avance diplomático tenga consecuencias verificables para quienes viven en esas realidades distintas.

La disputa saharaui expone, finalmente, una tensión que la resolución no resuelve: cómo conciliar una salida considerada negociable por las potencias con el derecho de una población a escoger su estatus político. Mientras el referendo siga aplazado y la autonomía aparezca como opción preferente, las protestas seguirán siendo una forma de recordar que el conflicto no es solo una negociación entre gobiernos. En Tinduf, la movilización expresa el temor a que medio siglo de exilio termine convertido en una decisión tomada sin la voz de quienes reclaman decidir su propio futuro.