La retirada del Sáhara: así fue la Operación Golondrina

La Operación Golondrina fue el dispositivo con el que España evacuó a sus militares, civiles y buena parte de sus bienes del Sáhara Occidental entre finales de 1975 y febrero de 1976. El repliegue culminó el 26 de febrero, tras meses de movimientos por un territorio enorme y con infraestructuras escasas. Su dimensión fue extraordinaria: los planes contemplaban retirar alrededor de 12.000 militares, unos 25.000 civiles, cerca de 40.000 toneladas de material y unos 3.500 vehículos. No fue solo una retirada militar, sino una evacuación de población y de estructuras enteras.

La operación se desarrolló durante la crisis que puso fin a la administración española del territorio, en medio de la presión de Marruecos y de una situación política cada vez más incierta. La evacuación, por tanto, tuvo dos caras: la planificación de un repliegue de gran escala y la ruptura repentina de la vida de quienes habían hecho allí su hogar. Para miles de familias, abandonar el Sáhara significó dejar atrás viviendas, trabajos y vínculos construidos durante años.

Una retirada preparada antes de la salida definitiva

La salida española no comenzó de improviso el último día. Los planes de la operación estaban fechados el 10 de octubre de 1975 y fueron elaborados por la Jefatura del Mando Componente Terrestre. El diseño contemplaba la evacuación de las fuerzas desplegadas y de la población civil, además del traslado de equipos, vehículos, enseres y restos mortales. La dimensión del trabajo obligaba a coordinar transporte terrestre, barcos y aviones, con puntos de embarque muy limitados. La preparación anticipada fue clave para convertir una retirada política en una operación materialmente ejecutable.

La crisis se aceleró en otoño de 1975. El 16 de octubre, el Tribunal Internacional de Justicia emitió una opinión consultiva sobre el estatus del Sáhara Occidental y los vínculos invocados por Marruecos y Mauritania. Días después, la Marcha Verde, organizada por Marruecos, aumentó la presión sobre España. El 14 de noviembre se firmaron los Acuerdos de Madrid, que establecieron una administración temporal en la que participaron España, Marruecos y Mauritania. El repliegue se organizó en un escenario diplomático tenso, no como una operación aislada de la política.

La retirada había empezado a tomar forma incluso antes de esos acuerdos. El 28 de octubre comenzó la evacuación de posiciones como Mahbes, Edchera y Hausa, zonas que estaban expuestas a la inestabilidad y a los ataques del Frente de Liberación del Sáhara, según la información histórica disponible. Con la firma de los acuerdos, el calendario y el alcance de la salida quedaron condicionados por el avance de las nuevas autoridades sobre el terreno. Las tropas españolas tuvieron que replegarse mientras el control de los puestos cambiaba de manos.

La escala de la evacuación y sus cifras

Las cifras más citadas para el plan dan una idea del desafío: alrededor de 12.000 militares, de los que unos 7.000 debían viajar por mar y 5.000 por vía aérea; cerca de 25.000 civiles; unas 40.000 toneladas de material y aproximadamente 3.500 vehículos. Son magnitudes del dispositivo previsto, no un recuento sencillo de personas que llegaron a un único destino. La evacuación incluyó movimientos distintos y destinos diferentes, y por eso las cifras publicadas no siempre describen exactamente el mismo grupo. Es importante separar el volumen previsto para toda la operación de los datos parciales de cada puerto o comunidad de llegada.

La diferencia resulta especialmente visible en el caso de la población civil. Algunas informaciones sitúan entre 10.000 y 15.000 a los civiles que llegaron a Las Palmas de Gran Canaria, mientras que el plan global manejaba una cifra cercana a los 25.000. No son necesariamente números incompatibles: uno se refiere a la llegada a Canarias y el otro a la población incluida en la evacuación general. También hubo personas que continuaron hacia la Península o se establecieron en otros lugares. El dato de Las Palmas no debe confundirse con el total de civiles contemplado por el plan.

El traslado de vehículos y material tuvo también varias escalas. En la operación general se calcula un parque de unos 3.500 vehículos, en su mayoría militares; en Las Palmas se acumularon alrededor de 1.000 vehículos vinculados a quienes llegaban desde el territorio. Se evacuaron equipos de uso militar, material logístico y pertenencias civiles, además de documentación y otros bienes. El volumen no se limitaba a armamento: había que desmontar y mover parte de la vida cotidiana y administrativa de la colonia.

Un territorio difícil para mover personas y carga

El antiguo Sáhara español ocupaba una extensión estimada de entre 270.000 y 280.000 kilómetros cuadrados. Las distancias eran grandes y la red de carreteras asfaltadas, reducida; en buena parte del territorio, los desplazamientos se hacían por pistas de arena. Esa geografía convertía cada traslado en una cadena de movimientos: reunir personas y equipos, llevarlos hasta los centros disponibles y embarcarlos o trasladarlos por aire. La arena y la distancia eran obstáculos logísticos tan concretos como la falta de vehículos o de plazas de transporte.

La infraestructura aérea tampoco permitía una solución rápida basada en grandes aviones. El Aaiún y Villa Cisneros contaban con aeropuertos pequeños en los que no podían operar reactores de gran capacidad. Por eso, el componente aéreo debía combinarse con el marítimo y adaptarse a las limitaciones de las pistas. No bastaba con disponer de aeronaves: había que organizar los vuelos según la capacidad de los aeródromos y el tipo de carga o de pasajeros que se trasladaba. La evacuación dependía de una combinación de medios, no de una única ruta de salida.

El embarque por mar tenía sus propias dificultades. Villa Cisneros contaba con un puerto pesquero pequeño, mientras que cerca de El Aaiún se encontraba el pantalán de carga de Fosfatos de Bucraa. La estructura, utilizada para exportar mineral, se adentraba varios kilómetros en el océano porque la plataforma costera dificultaba que los barcos cargueros se aproximaran a tierra. La Compañía Trasmediterránea colaboró en el transporte. Una instalación concebida para sacar fosfatos acabó siendo una pieza útil para mover personas y recursos.

El calendario y la coordinación sobre el terreno

El plazo previsto para completar la retirada era de 160 días, algo más de cinco meses. Sin embargo, la evacuación concluyó en menos de cuatro meses, con la salida militar definitiva el 26 de febrero de 1976. La diferencia entre el calendario planificado y el tiempo real refleja la intensidad del esfuerzo organizativo, aunque no significa que todos los movimientos fueran simples ni que el proceso careciera de tensión. La rapidez se consiguió dentro de una operación de gran escala y bajo presión política.

La coordinación correspondió al Estado Mayor del Sector del Sáhara, dirigido entonces por el coronel José María Bourgon López-Dóriga. El plan debía acompasar el movimiento de unidades, civiles, equipos y vehículos sin contar con una red amplia de carreteras, puertos o aeropuertos. En muchos casos, el repliegue también debía ejecutarse a medida que las fuerzas marroquíes ocupaban posiciones que las tropas españolas abandonaban. La secuencia de salida importaba: cada puesto evacuado alteraba el margen de maniobra del siguiente.

Buena parte de los efectivos estaba formada por soldados de reemplazo, dentro del sistema de servicio militar obligatorio vigente entonces. La disciplina y la coordinación permitieron sostener la retirada pese a la precariedad de los medios y a las distancias. La operación no se recuerda por una batalla decisiva, sino por el trabajo menos visible de mover unidades y cargas sin perder el control de un proceso que afectaba a decenas de miles de personas. Su dificultad estaba en la escala y en la coordinación, más que en una sola maniobra espectacular.

El regreso de los civiles y la vida que quedaba atrás

Entre quienes salieron había militares y funcionarios, pero también comerciantes, trabajadores de distintos oficios y familias asentadas desde hacía años. La presencia canaria fue especialmente importante. Las crisis económicas de las islas habían llevado a muchos a buscar empleo en el Sáhara, un territorio cercano donde había oportunidades ligadas a la administración, la pesca, la construcción y los fosfatos. Algunos se habían instalado con la idea de permanecer allí, habían formado una familia y organizado su vida cotidiana en ciudades como El Aaiún y Villa Cisneros. Para muchos canarios, la evacuación no fue el regreso previsto, sino el final abrupto de una vida establecida fuera de las islas.

La llegada a Las Palmas concentró una parte importante de ese retorno. Se habilitaron tiendas de campaña y participaron entidades como Protección Civil, Cruz Roja y Cáritas, pero la disponibilidad de viviendas y hoteles no bastaba para acoger a todas las personas. Los vehículos y enseres personales se acumularon en una amplia zona junto al muelle. El desembarco resolvía el traslado desde África, pero abría otro problema: encontrar alojamiento, trabajo y una forma de recomenzar. La evacuación terminaba en el puerto; la adaptación empezaba allí mismo.

El impacto no fue igual para todos. Algunas personas regresaron con ahorros o medios para reanudar una actividad económica; otras llegaron con pérdidas materiales y sin una vivienda a la que volver. La prensa local reflejó la preocupación por el empleo y el acceso a la vivienda, en una ciudad que temía que la llegada aumentara la presión sobre recursos ya limitados. Con el tiempo se concedieron indemnizaciones a familias, comerciantes e industriales, y se instalaron viviendas prefabricadas en El Lasso, además de adjudicarse viviendas sociales en distintos barrios. La reintegración fue un proceso prolongado, no una consecuencia automática del desembarco.

Los restos mortales también formaron parte del repliegue

Uno de los aspectos menos conocidos de la operación fue la evacuación de restos mortales desde los cementerios españoles del territorio. La decisión respondía a la voluntad de no dejar allí los restos de ciudadanos españoles, y añadió una tarea delicada a una operación ya sobrecargada. Los traslados se hicieron desde distintos lugares, entre ellos El Aaiún, Villa Cisneros y La Güera. La retirada incluyó también una dimensión funeraria y familiar que no aparece en las cifras de tropas y vehículos.

Los documentos citados para la llegada a Canarias registran 703 restos mortales evacuados, de los que 408 llegaron a Las Palmas el 14 de diciembre desde el cementerio de El Aaiún; otros habían sido trasladados previamente desde Villa Cisneros y La Güera. La cifra no debe sumarse sin matices a los datos generales de carga, pues corresponde a este traslado específico. Para las familias, recuperar los restos significaba llevar consigo una parte de su historia; para quienes organizaron el operativo, suponía añadir una carga sensible a los desplazamientos de personas y material. El traslado de los cementerios muestra hasta qué punto se buscó retirar no solo las unidades militares, sino también huellas de la presencia española.

El final de la presencia española y lo que no resolvió

El 26 de febrero de 1976 se completó la retirada militar española. Dos días después, el 28 de febrero, se arrió por última vez la bandera española en el edificio del Gobierno General del Sáhara, en El Aaiún. Esa diferencia de fechas distingue el final práctico del repliegue militar de la ceremonia que marcó el fin visible de la administración española en la capital. La operación acabó con la salida de las tropas, pero no cerró la disputa sobre el futuro del territorio.

Los Acuerdos de Madrid establecieron una administración temporal compartida por España, Marruecos y Mauritania, pero la retirada no resolvió la cuestión de la soberanía ni culminó el proceso de autodeterminación previsto. El Sáhara Occidental continuó siendo considerado por las Naciones Unidas un territorio no autónomo pendiente de descolonización, mientras Marruecos pasó a controlar la mayor parte del territorio y la República Árabe Saharaui Democrática mantuvo presencia en zonas al este del muro marroquí. La salida española fue un hecho consumado sobre el terreno, no una solución definitiva al conflicto.

La operación dejó así un balance doble. Desde el punto de vista logístico, permitió trasladar en un plazo menor al previsto a miles de personas y una cantidad ingente de material desde un territorio con medios limitados. Desde el punto de vista humano y político, la evacuación separó a comunidades, interrumpió trayectorias vitales y coincidió con el desplazamiento de población saharaui hacia Argelia, donde muchas personas permanecieron en campamentos. La eficacia del repliegue no borra las consecuencias de una descolonización inconclusa.

Una operación logística atravesada por una crisis política

La Operación Golondrina suele describirse como una de las grandes operaciones logísticas de las Fuerzas Armadas españolas de la segunda mitad del siglo XX. Esa valoración se entiende al considerar el número de personas, vehículos y toneladas movilizados, la extensión del territorio y la escasez de infraestructuras. También explica por qué el episodio puede quedar oculto tras los acontecimientos políticos más conocidos de aquel otoño: su éxito operativo fue discreto, mientras sus consecuencias sociales y territoriales continuaron durante décadas. La evacuación fue eficaz como maniobra, pero no fue neutral en sus efectos.

Su historia no se reduce, por tanto, a un calendario militar ni a una suma de cifras. Fue el repliegue de una administración colonial en un contexto de presión internacional, el retorno forzado de miles de residentes y el inicio de una etapa de conflicto que sigue sin una resolución definitiva. La imagen de barcos, aviones y convoyes en movimiento ayuda a entender el esfuerzo material; la de las familias dejando casas, negocios y cementerios permite medir lo que las estadísticas no alcanzan a explicar. En esa distancia entre una operación concluida y un conflicto abierto reside el significado más perdurable de aquella retirada.