¿Qué busca el juez en el ‘pendrive’ de donantes y cuentas del PSOE?

La investigación sobre la presunta financiación irregular del PSOE acaba de incorporar una pieza especialmente sensible: el Tribunal de Cuentas ha remitido al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno documentación en formato digital con la identidad de donantes del partido. Nombres y apellidos que permitirán comparar lo fiscalizado por el organismo público con la información aportada por Ferraz sobre las donaciones recibidas entre 2017 y 2024.

Eso es, por ahora, lo importante. El ‘pendrive’ no demuestra por sí solo que existiera financiación ilegal, ni convierte a quienes figuran en él en sospechosos. Su valor está en otra cosa: permite a los investigadores cruzar identidades, cantidades y movimientos y comprobar si el dinero que entró oficialmente en las cuentas del PSOE coincide con el origen que se declaró. La investigación busca aclarar, entre otros extremos, si pudo utilizarse el llamado ‘pitufeo’, es decir, el fraccionamiento de cantidades mayores en aportaciones pequeñas aparentemente independientes.

El juez ya tiene los nombres de los donantes del PSOE

El movimiento llega después de que Moreno reclamara tanto al PSOE como al Tribunal de Cuentas la información relativa a las donaciones de los años examinados. La lógica de la diligencia es sencilla sobre el papel, aunque bastante más laboriosa cuando se baja al Excel, al banco y a los justificantes: comprobar si ambas fotografías coinciden.

El Tribunal de Cuentas dispone de información identificativa porque la legislación española no permite que las donaciones ordinarias a partidos políticos sean anónimas. La Ley Orgánica sobre Financiación de los Partidos Políticos establece que deben ser nominativas, proceder de personas físicas y quedar sometidas a límites y mecanismos de control. También prohíbe las donaciones anónimas, finalistas o revocables y fija, con carácter general, un máximo de 50.000 euros anuales por persona. Las aportaciones superiores a 25.000 euros deben ser comunicadas específicamente al Tribunal de Cuentas.

Por eso importa disponer del nombre detrás de cada ingreso. No basta con comprobar que entraron, pongamos, 300 o 600 euros. Los investigadores pueden analizar quién hizo la aportación, cuándo se produjo y cómo encaja con el resto de movimientos detectados durante esos ejercicios.

Y ahí está el nervio de la investigación.

Qué es el ‘pitufeo’ que investiga la Audiencia Nacional

El término tiene algo de dibujo animado, pero el asunto no es precisamente infantil. En investigaciones económicas, se utiliza ‘pitufeo’ para describir el fraccionamiento de una cantidad relevante en numerosos movimientos menores con el propósito de dificultar la identificación de su verdadero origen o evitar controles.

La Audiencia Nacional trata de determinar si ese mecanismo pudo utilizarse en la financiación socialista. La hipótesis que se investiga no significa que las pequeñas donaciones sean sospechosas por naturaleza —sería absurdo: precisamente son una de las vías normales de financiación política—, sino que determinadas aportaciones pudieran haber servido para introducir fondos de procedencia distinta bajo apariencia de donaciones individuales.

De ahí que el ‘pendrive’ resulte útil. Una cifra aislada dice poco. Mil cifras, con nombres, fechas y cuentas, permiten buscar patrones de aportaciones: concentraciones en determinados periodos, personas relacionadas entre sí, ingresos que se repiten, cantidades similares o movimientos que puedan conectarse con otros documentos de la causa.

Naturalmente, encontrar una coincidencia tampoco sería suficiente. Habría que acreditar después su significado y, sobre todo, el origen real del dinero. En una investigación penal la aritmética puede encender una luz roja; no dicta una sentencia.

La investigación nació de los pagos en efectivo de Ferraz

La pesquisa actual no apareció de la nada. Su origen está en las dudas detectadas alrededor de los pagos en metálico realizados por el PSOE y, particularmente, en las cantidades vinculadas al exministro José Luis Ábalos y a su antiguo asesor Koldo García.

La UCO de la Guardia Civil advirtió discrepancias en documentación relacionada con esos pagos dentro de las pesquisas que se desarrollaban en el Tribunal Supremo. El magistrado Leopoldo Puente acabó trasladando esa parte del material a la Audiencia Nacional, donde recayó en el juez Ismael Moreno. La pieza investiga los movimientos de efectivo realizados entre 2017 y 2024 y permanece sometida a secreto.

El PSOE entregó ya en diciembre de 2025 otra memoria USB con la documentación relativa a los reembolsos en efectivo a cargos, militantes y colaboradores. El partido ha defendido desde el principio que esos pagos estaban contabilizados y respondían a liquidaciones de gastos perfectamente legales.

El problema para los investigadores no es que exista efectivo. Pagar en metálico no constituye un delito. La cuestión está en determinar si todo el dinero que circuló puede reconstruirse sin agujeros: de dónde salió, quién lo recibió, qué gasto justificaba y cómo quedó registrado.

Ese pequeño detalle —el origen— suele ser el que convierte una contabilidad aburrida en una investigación judicial.

Qué pretende comprobar Ismael Moreno

La nueva documentación permite comparar dos universos. Por un lado está lo declarado y documentado por el propio PSOE. Por otro, aquello que recibió y fiscalizó el Tribunal de Cuentas. Si las bases de datos coinciden, la hipótesis de irregularidades pierde terreno. Si aparecen diferencias relevantes, habrá que explicarlas.

No significa que el Tribunal de Cuentas hubiera considerado sospechosos a los donantes incluidos en sus archivos. Al contrario: el organismo conserva esos datos como consecuencia de sus funciones ordinarias de fiscalización de la actividad económico-financiera de los partidos. Entre la información que trata figuran datos identificativos y económicos de afiliados, aportantes y donantes.

Tampoco una fiscalización previa funciona como un certificado eterno de inmunidad. Un órgano fiscalizador revisa la documentación que recibe conforme a sus competencias; una investigación penal puede disponer posteriormente de testimonios, movimientos bancarios, comunicaciones o documentación que antes no estaban sobre la mesa.

Por eso el cruce resulta relevante. No porque el ‘pendrive’ sea una caja negra repleta de secretos, sino porque permite enfrentar la contabilidad oficial con el material reunido por los investigadores.

Las cuentas del PSOE y la versión del partido

El PSOE niega que haya existido una caja B o un sistema de financiación irregular. Esa posición no es nueva. La auditoría externa encargada por el partido concluyó que los ingresos de efectivo examinados estaban justificados y que no había detectado movimientos ajenos al circuito oficial de tesorería, aunque sí señaló determinadas anomalías en justificantes de gastos asociados a la etapa de Ábalos.

La formación también ha reivindicado los controles del Tribunal de Cuentas y de sus auditores externos como argumento frente a las sospechas. Jurídicamente, sin embargo, la investigación abierta en la Audiencia Nacional sigue su propio camino y deberá determinar si las explicaciones contables encajan con el conjunto del material recabado.

Conviene mantener esta frontera porque en asuntos de corrupción se desdibuja con una facilidad prodigiosa: una investigación no es una condena, pero tampoco una auditoría favorable obliga a un juez a cerrar los ojos ante indicios nuevos.

El sobre de Aldama y Delcy Rodríguez es otra pieza distinta

La actualidad ha mezclado esta investigación con otro episodio: el documento de PDVSA entregado por Víctor de Aldama, que el empresario relaciona con una supuesta financiación irregular del PSOE y de la Internacional Socialista mediante negocios petroleros venezolanos.

En los últimos días algunos titulares han presentado como una admisión de Delcy Rodríguez el hecho de que su demanda de conciliación contra Aldama niegue que ella le entregara personalmente el sobre, pero no combata expresamente otros extremos sobre su existencia o contenido. Esa lectura debe manejarse con cuidado. Que una parte de una demanda no desmienta una afirmación no equivale a reconocer judicialmente como verdadero todo lo que se afirma alrededor de ella, mucho menos a acreditar una financiación ilegal.

Aldama sí entregó previamente documentación a la Audiencia Nacional y realizó declaraciones sobre la supuesta financiación socialista. Esas manifestaciones pueden originar diligencias y comprobaciones, pero necesitan corroboración independiente. En tribunales, un sobre llamativo puede abrir una puerta; cruzarla exige pruebas.

Mezclar automáticamente el documento venezolano con las donaciones que ahora analiza Moreno produciría un relato espectacular, quizá televisivo, pero jurídicamente prematuro. Son elementos que pueden acabar conectándose o no. Eso es precisamente lo que debe establecer la investigación.

El ‘pendrive’ abre una fase mucho más concreta

Hasta ahora buena parte del debate sobre la financiación del PSOE se movía entre declaraciones, sospechas sobre el dinero en metálico y diferencias contables. La entrega de la información del Tribunal de Cuentas cambia ligeramente el terreno: proporciona al juez datos identificados que pueden cotejarse uno por uno con los registros del partido y con el resto de la documentación bancaria y económica.

El salto parece pequeño. No lo es.

Si los registros coinciden y el origen de las aportaciones puede acreditarse, una de las principales líneas de sospecha podría debilitarse. Si aparecen donantes que niegan haber aportado determinadas cantidades, movimientos incompatibles con su origen declarado o patrones de fraccionamiento difíciles de justificar, la investigación adquiriría otra dimensión. De momento, públicamente no consta que esas comprobaciones hayan producido tales resultados.

Esa es la fotografía a 14 de septiembre de 2026: la Audiencia Nacional investiga una posible financiación irregular, el Tribunal de Cuentas ha puesto a disposición del juez información identificativa sobre los donantes y la investigación intenta reconstruir el recorrido del dinero. Nada menos. Pero tampoco, de momento, nada más. El ruido político puede correr a cien por hora; la prueba judicial sigue viajando bastante más despacio.